La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha venido realizando una serie de talleres pedagógicos junto a excomabientes para hablar acerca de las retenciones ilegales hechas por las extintas FARC, y de esta manera resarcir el daño hecho a quienes han sido desaparecidos forzosamente y a sus familias. Recientemente se realizó uno de estos encuentros en la capital del Meta, el segundo departamento con más víctimas de este flagelo en el país. 

En el marco del plan de acompañamiento implementado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para comparecientes de las Farc, se realizó durante el 3, 4 y 5 de marzo de este año el taller regional sobre el Auto 019 de 2021 de la JEP, el cual tiene como objetivo “Determinar los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, y ponerlos a su disposición”. 

Las FARC se bautizaron en el Meta

El Meta fue un departamento duramente azotado por el conflicto. En 1966, los hombres que empezaban a constituirse como grupos armados, se bautizaron como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hecho que se dio durante una Conferencia Nacional Guerrillera celebrada en la cuenca del río Duda, en el municipio de Uribe, donde se constituiría una sede importante de la guerrilla. 

Según las fuentes consultadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, durante muchos años el Secretariado de las FARC contó con una sede campamentaria fija en Uribe y allí pernoctaban sus dos principales miembros, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. 

De ahí la trascendencia del Bloque Oriental, el cual se convirtió en uno de los más grandes de esta organización insurgente. Estaba encargado de desplazarse hacia la cordillera oriental y tomarse Bogotá. Este ocupó todo el territorio colindante con la frontera con Venezuela en el tramo que existe desde los departamentos de Boyacá y Arauca, pasando por Vichada, Guainía y Vaupés, así como al interior del país en los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare y una parte del Caquetá. 

El Bloque Oriental fue uno de los que más perpetuó desapariciones forzadas

A este Bloque se le atribuye la mayor parte de las privaciones de la libertad, las cuales se dieron entre 1998 y 2002, coincidiendo con la Zona de Distensión (área otorgada por el entonces presidente Andrés Pastrana a las FARC dentro de una negociación de paz) en su mayor número. En particular, los departamentos más afectados fueron Guaviare, Vaupés, Caquetá, Meta, Vichada, Arauca y Casanare. 

Es por eso que estos talleres regionales, que se están realizando a nivel nacional, han representado un espacio de asesoría y debate permitiendo a las y los comparecientes expresar dudas y reflexionar sobre los hechos cometidos durante el transcurso de la guerra, asumir responsabilidades y plantear propuestas para reparar a las víctimas. “A cada paso, los firmantes de paz, hacen de su compromiso con la verdad un ejercicio de reconstrucción de memoria que se convierte en la oportunidad de recolectar datos para la reconstrucción de las demandas de las víctimas”, dice en un comunicado de la JEP. 

El Cuarto Mosquetero se contactó con el coordinador jurídico del equipo de defensa integral de comparecientes de las Farc, Juan David Bonilla, quien comentó que durante los talleres se han agrupado a excombatientes con rango medio dentro de la organización, es decir, que ocuparon cargos de comandantes de frentes o estructuras como columnas civiles o miembros del Estado Mayor Central, un órgano de colegiado de dirección y toma de decisiones.  

Bonilla relató que durante el encuentro, de manera pedagógica se habló del Caso 001, referente a la “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”. Para esto, se contó con el apoyo y asesoría de psicólogas gracias al convenio de la JEP con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Según la JEP, el objetivo de esta alianza es dar continuidad a la defensa de los excombatientes que son comparecientes ante la Jurisdicción y no están en condiciones de pagar un abogado.

¿Por qué es tan importante el Caso 001?

Después de Antioquia, el Meta es el departamento con más víctimas de este flagelo en el país, con cerca de 11.865 personas desaparecidas forzadamente, según datos de la Unidad de Víctimas. Este tipo de acto, componía para la extinta guerrilla una estrategia usada a menudo con el fin de infundir terror en las y los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los y las más allegadas del desaparecido/a, sino que afecta a su comunidad y a la sociedad en general.

Pero, si bien las propias víctimas, muchas veces torturadas, son quienes más padecen por esta práctica inhumana, la familia y amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si el desaparecido/a vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluido/a, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos/as también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

De ahí lo fundamental del Caso 001 y de las jornadas creadas para hablar con las y los excombatientes acerca de los hechos más representativos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de seguir recopilando información y contribuyendo a la verdad y paz para las víctimas y sus familias, nos comentó Bonilla.

El recuerdo de un líder que le apostaba a la paz

Aunque las y los excombatientes han mostrado, según Bonilla, disposición plena para brindar información sobre las y los desaparecidos durante el conflicto armado y aportar a la justicia, verdad y reaparación para las víctimas, también se tomaron el espacio para reflexionar sobre el genocidio que han enfrentado desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. Incluso recordaron al líder del proceso de reincorporación en Uribe, quien fue asesinado en 2020 en esa zona. Sus compañeros/as lo invocaron con una sentida frase: “Aquí falta Albeiro Suárez”. 

De hecho, Bonilla también guarda memorias de Juan de Jesús Monroy Ayala (mayormente conocido como Albeiro), porque reflejaba la necesidad de que las y los firmantes de paz fueran escuchados. “Era una persona juiciosa, participativa, siempre mostraba iniciativa en los talleres, metodologías y dinámicas”, relató. 

Y no es para menos, Albeiro gestionó proyectos productivos para su comunidad. La mañana antes de que lo asesinaran había coordinado la recepción de una maquinaria que sería otorgada por parte de la Alcaldía para adecuar una vía, también estaba a punto de empezar con una iniciativa chocolatera con producción de cacao en la zona. Pero el 16 de octubre del 2020, fue a la vereda El Planchón, donde lo habían citado para matarlo. El recuerdo del líder sigue fresco en la memoria de las y los excombatientes, que han declarado continuar con los planes de su compañero, quien hasta la muerte, le apostó a la paz. Cabe recalcar que en la región oriental se contabilizan más de 35 firmantes de paz asesinados, según la JEP.

Al final de la jornada, señaló Bonilla, las y los excombatientes regresaron a sus respectivos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con una tarea esencial: recolectar información con sus compañeros o vecinos sobre las desapariciones que aún se mantienen en incógnito. También se establecieron Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador – Restaurador (TOAR), los cuales deben realizar las y los comparecientes ante la JEP para contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, como condición de permanencia, al igual que para efectos de obtener una solución definitiva de su situación jurídica.

Pero así como las y los firmantes de paz están aportando a resarcir el daño hecho a las víctimas, también exigieron la debida implementación del Acuerdo y las garantías para la reincorporación. De esta manera, dejaron clara “su férrea intención de seguir contribuyendo a la construcción de paz”, se lee en otro apartado del comunicado de la JEP. 

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.