En pocos meses la crisis económica en las regiones cocaleras del sur del Meta y Guaviare cumplirá dos años. El cambalache ya no es una opción y abundan las veredas fantasma, mientras el programa de sustitución parece no avanzar y tampoco se ve viable la implementación de nuevas estrategias para dar fin a la problemática de cultivos de uso ilícito, ni los esfuerzos institucionales para auxiliar al campesinado que está azotado por el hambre.

“Aquí debido a la situación no conocemos ya qué es la plata (…) la que nos ha sustentando durante todo este tiempo ha sido la Mona, la de La Carpa, pues ella tiene un negocio y pues al menos nos ha recibido el producto cuando hay, a algunos nos fía y así, pero ya nos dijo que ya no, no aguantaba más. Pues igual uno la entiende porque si no hay plata pa’ ella, pues ella cómo va a hacer pa’ surtir el negocio (…) y así nos vemos en la obligación hasta de dejar esas matas quietas, porque ya qué va a hacer uno si no tiene ni pa’ la remesa ni pa’ mantener las matas”, relató Andrés David Gamba de la Junta de Acción Comunal de La Reforma, quien espera que el Gobierno Nacional pueda ayudarlos con construir la vía que comunique estas veredas con la cabecera municipal y así poder comercializar con otros productos.

Este testimonio demuestra que el campesinado que se dedica al cultivo de la hoja de coca tiene la voluntad para cambiar su forma de sustento, pero el fracaso del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS agudizó la desconfianza ya existente hacia la institucionalidad. 

Del Acuerdo de Paz con las FARC surgió una esperanza para el campesinado cocalero que sigue anhelando garantías para trabajar en economías lícitas. Pero la implementación del PNIS no funcionó -en algunas veredas decidieron no acogerse- y los cultivos de coca siguieron trayendo el sustento que el Estado no otorgó. Hoy la crisis humanitaria en la región del Guayabero ya cumplió un año y medio -en otros departamentos va a completar dos años- y muchos se cuestionan cómo habría sido la situación si la sustitución de cultivos ilícitos hubiese sido paulatina, dialogada y completa.

Otra dificultad que analiza Córdoba, es que la inflación de hace siete años cuando empezó a implementarse el PNIS ha incrementado sustancialmente. Según el DANE, en el año 2017 la inflación se ubicó en 4,09%, mientras que para el 2023, fue de 9,28%. Esto se traduce en alza de los costos, reducción del poder adquisitivo de las comunidades afectadas y desestabilización de las regiones involucradas. 

Para que el PNIS avance, Irson considera importante que se revise el equipo que está implementándolo, reactivar las instancias del Decreto 362 de 2018 y hacer pedagogía para que las comunidades se apropien del Decreto 896 del 2017, el cual creó el programa de sustitución, pues de esta manera, pueden hacerse seguimiento y veeduría, aportando a su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, así como asegurar que el programa se adapte adecuadamente a las necesidades y realidades del territorio.

Campesina en vereda caño cabra Foto: Edilson Álvarez.

Las loterias desafortunadas

Para Alfredo Molano, quien en vida investigó ampliamente los Llanos de Colombia, el campesinado ha ganado varias loterías desafortunadas “ser pobres, sin propiedad y labriegos de un país que se perpetúa en manos de las élites que disfrutan la tenencia de la tierra”, y este bien podría ser el sorteo que ganaron y han tenido que afrontar las y los campesinos de la región del Guayabero:

Enfrentarse con el Estado para mantener un cultivo que no les deja mayores ganancias sino que suple en determinados momentos sus necesidades básicas, un contraste irónico con el prejuicio común de quienes viven alejados de esta realidad al pensar que el campesinado siembra coca para hacerse millonario. “Mucha gente piensa que porque uno está por acá raspando coca, uno es un traqueto o un guerrillero, pero las cosas no son así, uno está acá es por la necesidad de trabajo, porque afuera la cosa es más complicada que no estar en el campo”, contó Miguel Arias, un joven que desde antes de las 5:00 a.m. está en los cocales trabajando para poder garantizarles un bienestar -dentro de sus posibilidades- a su esposa y a su hija que está a poco de cumplir los dos años de edad. 

Así como él, son muchos y muchas quienes tratan de pervivir en estos territorios a los que llegaron en las oleadas de colonización, pero que luego fueron catalogados como áreas protegidas y por lo que ahora son tildados de destructores de la naturaleza. Como si fuera poco, viven en medio de actores armados legales e ilegales, que al disputarse el control territorial los dejan inmersos en violencia, estigmatización y judicialización.

Las y los habitantes de la vereda La Carpa se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y como a gran parte de los campesinos y campesinas cocaleras, el Estado les falló. Algunos esperan que todavía les cumplan. Esto representa que la economía en esta zona sea inestable. De a poco han podido encontrar otras fuentes de ingreso que les permita sostener a sus núcleos familiares, más no pueden ser generadores de empleo, por ello la crisis que viven sus vecinos no solo los afecta directamente al disminuir el flujo de dinero que dinamizaba el comercio y tiendas de la vereda al ser zona de puerto, sino que además, les ha hecho ser más estrictos en recordar que solo reciben pesos y no gramos de coca.

Los programas de sustitución son resultado de procesos de resistencia como las marchas de los campesinos y campesinas cocaleras, que inclusive dieron su vida luchando por ser tratados como sujetos de derechos en vez de delincuentes.  En contraste, los programas de erradicación no han funcionado porque fueron pensados para generar condiciones de subsistencia a largo plazo, acceso a mercados legales, apoyo financiero y capacitación técnica para el campesinado, sino que se centraron principalmente en cumplir con indicadores de erradicación, considerando que solo con desaparecer las matas de coca solucionaran las condiciones de precariedad que inicialmente llevaron a que esas personas se dedicaran a economías ilícitas.

El PNIS parecía ser un programa de sustitución que, de haber sido implementado como se estipuló en el papel, resultaría exitoso. Su ejecución estaba planeada en articulación con la Reforma Rural Integral con el objetivo de avanzar en la reducción de las causas estructurales que llevan a la presencia y persistencia de los cultivos ilícitos, dentro de los siguientes 10 años. 

Esta articulación se pensaba para complementar sus objetivos, pues ambas iniciativas buscan promover el desarrollo rural sostenible y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. El PNIS contribuiría a la construcción de paz y al desarrollo rural integral contemplado en la Reforma Rural Integral. 

Además, tanto el PNIS como la Reforma Rural Integral podrían establecer acciones conjuntas para brindar asistencia técnica, acceso a tierras, infraestructura básica, servicios públicos y otras medidas de apoyo necesarias para la consolidación de proyectos productivos sostenibles en las zonas rurales afectadas por los cultivos ilícitos.

“En el marco de la Reforma Rural Integral, se debe generar las condiciones para que un cultivador que se acoja al Programa y no tenga tierra, se le den condiciones para desarrollar su proyecto productivo con una tierra”, explicó Irson. 

Pero siete años han pasado y problemas como incumplimientos, entregas de insumos erróneos, desfinanciación, y falta de voluntad política por parte del Gobierno de Iván Duque con su debida implementación, hicieron que el campesinado perdiera la confianza en esa estrategia. Para muchas familias, la esperanza de cambio se transformó en enojo, “todos creímos que la vida nos iba a cambiar y por eso hicimos el contrato para cortar la coca, pero nos dieron en la cabeza (…) le da uno hasta rabia acordarse de eso”, explicó Luis Fernando Vaca, beneficiario en el Guaviare del Programa. 

Teniendo en cuenta lo escrito anteriormente, se deduce que la implementación de este programa estuvo atravesada por varios factores que llevaron a su fracaso como: 

Falta de voluntad política: El cambio de Gobierno de Juan Manuel Santos a Iván Duque Márquez, y las diferencias ideológicas afectaron la continuidad y la consistencia en la implementación del programa.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad sostiene que, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz (cuatro años a cargo de Duque) «la lenta y parcial implementación de lo pactado, sumada al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas, han obstaculizado la posibilidad de avanzar decididamente hacia la construcción de paz».

Frecuentemente, el presidente Gustavo Petro ha mostrado, a través de sus discursos, su compromiso con las comunidades cocaleras. En marzo de 2023 el director del Fondo Colombia en Paz, Camilo Cetina, afirmó que el Gobierno ordenó la asignación de 1,7 billones de pesos para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz, priorizando inversiones en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, financiación de infraestructura para las comunidades en los territorios y el desarrollo del Catastro Multipropósito.

Pero en enero de este año el Presidente reconoció que el PNIS fracasó, luego de que la Fundación Ideas para la Paz – FIP señalara a finales de 2023 que no había datos para evidenciar los indicadores de avances socioeconómicos en municipios con cultivos de uso ilícito. 

El fallo en el PNIS, afirmó el Gobierno Nacional en un comunicado, se debió a la falta de pagos por parte de los intermediarios a las familias agricultoras. También explicó que los recursos para que las comunidades sustituyeran sus cultivos, fueron destinados al pago de sus deudas o para adquirir alimentos. 

Ante esto, el mandatario afirmó durante una jornada en el Litoral Pacífico, que es necesario construir una economía diferente, “para lo cual se necesitan vías, puertos, colegios, salud, saberes y créditos”. Sin embargo, hasta el momento no se ha dejado claro cuál será el nuevo rumbo del PNIS. 

Falta de articulación entre el PNIS y la ART: La FIP expone que el PNIS se planteó como mecanismo para conectar a las comunidades cocaleras con la Reforma Rural Integral. Mientras que la Agencia para la Renovación del Territorio- ART fue pensada como el vehículo para llevar la reforma a los territorios focalizados. 

Por eso, la organización sostiene que, “lograr la articulación real entre estas dos entidades permitiría avanzar en el propósito de sincronizar la sustitución con el desarrollo rural. La financiación del PNIS, siempre escasa, solo traerá frutos en la medida en que se conecte con la reforma. En este sentido deben ir los cambios del PNIS”.

Inseguridad y conflicto armado: Aunque se firmó un Acuerdo de Paz con las FARC, la violencia en Colombia continuó con disidencias y otros grupos armados al margen de la ley, creando un entorno peligroso para la implementación del PNIS, ya que los grupos ilegales han tratado de mantener el control sobre las áreas de cultivo de coca.

Según comentó el analista político Camilo Prieto a CNN, el Gobierno de Duque eligió cumplir el acuerdo con las FARC a medias, lo que implicó que un enorme número de personas que hacía parte de este grupo armado y que estaban dispuestas a acoger la paz, volvieran a las filas de grupos como las disidencias, o los que antiguamente combatían, como por ejemplo grupos paramilitares de bandas criminales organizadas.

Falta de recursos: El PNIS requiere una inversión significativa en términos de recursos financieros, logísticos y humanos para llevar a cabo la sustitución de cultivos ilícitos de manera efectiva. En muchas ocasiones, la falta de recursos adecuados limitó la capacidad de implementación. 

Cultivos de uso ilícito como sustento: Para muchas comunidades rurales, la hoja de coca es una fuente importante de ingresos. La falta de alternativas económicas viables y sostenibles ha hecho que sea difícil lograr que el campesinado abandone la única base económica que le ha garantizado su pervivencia en el territorio.

Corrupción: Este ha sido un problema persistente en Colombia y ha afectado negativamente la implementación del PNIS. La corrupción y la mala administración de los recursos han socavado la efectividad del programa. 

Cabe destacar que, el expresidente Duque estuvo inmerso en un escándalo en 2022 porque al menos, 500 mil millones de pesos destinados a proyectos del Acuerdo de Paz habrían sido usados para el pago de coimas de funcionarios del Gobierno, la Contraloría y congresistas.

En nuestra investigación La sustitución que no llega, jaque al campesinado del Meta, puede ampliar la información sobre las diferentes causas que llevaron al fracaso de la implementación del PNIS.

El Cuarto Mosquetero tuvo la posibilidad en los últimos años de comprobar este impacto en la vida del campesinado del Meta y del Guaviare. A partir del trabajo investigativo que hemos adelantado en la región del Guayabero, actualmente podemos encontrar similitudes entre lo que están viviendo campesinos por ejemplo de veredas como el Limón y Caño San José donde son muy pocas las familias que todavía se mantienen en su terruño, frente a las pocas familias que lograron sobrellevar la crisis que dejó el PNIS al fallar en veredas como La Tigra. Sin contar que la afectación del 2017 todavía sigue marcando la vida de quienes habitan en esta región.

Luego de tres años sin este equipo visitar La Tigra, vereda que se convirtió en territorio fantasma tras los incumplimientos del programa de sustitución, decidimos llegar al núcleo de Nueva Colombia vía fluvial desde La Carpa, Guaviare, fueron más de cinco horas al rayo del sol navegando por un Guayabero casi seco por el inclemente verano. De camino paramos en La Tigra y nos encontramos con la misma realidad desoladora, la vereda no logró reponerse, la mayoría de edificaciones están destruidas, llenas de polvo y con huellas de algunos electrodomésticos que mientras funcionaron, alegraron a sus dueños. Las escasas familias que intentaban reponerse a lo vivido, actualmente están sumidas en una realidad de precariedad de la vida, ya que por la recesión económica, el hambre y la incertidumbre volvieron a tocar sus puertas.

“Yo hubiera estado todavía de presidente acá, yo habría concientizado a la gente que no hubiera hecho eso ¿por qué razón? porque esto fue el acabe de esta región, de esta vereda, mejor dicho, porque todo mundo se acogió a ese plan y el gobierno les quedó mal y yo sí les dije a varios de ellos, que se embarcaron mal porque el gobierno a uno nunca le va a cumplir lo que le promete”, recuerda Nelson Galindo, quien desde hace 43 años vive en la región, y ahora solo espera que todo mejore para poder pasar su vejez en lo que considera su hogar.

Durante varios meses, las y los campesinos siguieron cultivando la hoja, recogiéndose y, posteriormente procesándola; luego, la pasta base la almacenaron y de vez en cuando la usan para cambalachearla entre vecinos, o cuando ocasionalmente las tiendas logran surtir, para comprar los productos necesarios. Ellos viven con la esperanza de que en cualquier momento lleguen a comprarles el producto.

La sobreoferta de pasta base de coca llevó a que el campesinado cocalero esté inmerso en esta crisis, generando otros problemas sociales y de garantías de vida digna que por ahora no parecen tener solución, así lo muestra nuestra más reciente investigación sobre esta problemática Crisis, desarraigo y hambre: En el Guayabero nadie compra coca.

Pero también factores como actores armados, diálogos de paz, disputa y control territorial, serían las razones que han llevado de manera diferencial a que haya recesión o crisis humanitaria en territorios cocaleros. No es posible brindar estadísticas exactas, solo indicios, porque como dice la experta en temas de drogas, Estefanía Ciro, “Las economías ilegalizadas como la cocaína, no tienen medición, no hay una federación de cocaleros que nos de datos sobre precios, sobre costos de insumos, sobre hectáreas. Entonces nosotros cuando investigamos las economías ilegalizadas, estamos tratando de percibir un fantasma”. De hecho, la condición de ilegalidad, lleva a que ni siquiera el Gobierno cuente con datos que puedan explicar la crisis que vive hoy el Guayabero.

Para Estefania hay un aumento de incertidumbre que se compagina con la sobreproducción, lo que influye en la inestabilidad a nivel territorial del comercio de la pasta base. “Todo mercado se basa en incertidumbre y cuando usted construye un mercado, para que funcione tiene que disminuirla. Ejemplo, tengo que asegurar que el que me compre la papa, me pague y me deje eso en mi cuenta bancaria y tengo que asegurar que a quien yo le entregue la papa, se la lleve y sea de buena calidad. Hay una serie de negociaciones que los mercados legales tienen asegurados”, compara Estefanía, recordando que  en el mercado de la coca al no haber regulación, está más propenso a que hechos, pero también rumores, aumenten la incertidumbre.

Pero esta crisis no solo puede analizarse desde el impacto por la inestabilidad en el comercio de la pasta base de coca. Sino también en la incapacidad del Estado de haber dejado cimientos sólidos de garantías de vida digna en las y los campesinos cocaleros. En el 2017 el campesinado cocalero de gran parte de Colombia, específicamente 99.097 familias se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, para hacer así un tránsito hacia economías lícitas, en cambio el gobierno les pagó incumpliéndoles los acuerdos, llevando a -lo que está sucediendo también actualmente- la precariedad de la vida, tener que desplazarse, que se fueran para el actor armado del territorio, entre otras problemáticas sociales.

“Se rompió la confianza entre el Estado y el campesinado cocalero (…) había que respetar y cumplir el compromiso que se había adquirido con la población”, expone Estefanía recordando que el panorama actual no parece muy prometedor, teniendo en cuenta que una cosa dice el Acuerdo de Paz, otra los decretos, y otra lo que hacen los funcionarios del PNIS, y sino hay una armonía no va a haber una real transformación territorial, porque estaría una dirección de política de drogas por un lado, el PNIS haciendo otra política y desarticulados de la apuesta de Paz Total. “Tenemos tres actores institucionales con tres formas de pensar la política de drogas, con un campesinado que no quiere saber nada de legitimidad del Estado porque ya les incumplieron y en medio de una situación de orden pública tremenda”, añadió.

Expertos concluyen que no ha habido una reacción rápida sobre este fenómeno nacional, que amerita una reacción para proteger la vida campesina, pero lo que ha reinado es el silencio institucional.

Hay unas diferencias evidentes entre la región del Guayabero con otras áreas cocaleras a nivel nacional. En primera medida, allí las y los campesinos al no contar con carreteables, están aislados y no es tan fácil conectarse con otras partes del Guaviare, Meta y mucho menos a nivel nacional. Por ello solo el actor armado que tiene el control territorial, en este caso el Estado Mayor de las FARC es quien comercializaría y/o permitiría el ingreso de intermediarios. No hay disputas territoriales por ahora en esta región del Meta. Y no podría hablarse que hay comercio de la pasta base de manera ocasional o disminuida como a nivel nacional, pues específicamente en esta zona, en el último año y medio  solo han comprado entre tres a cuatro veces al comercio -tiendas y gasolineras mayoritariamente-, para que puedan comprar remesa y aliviar el hambre de las y los lugareños, en vez de verse esto como comercialización podría analizarse como una ayuda que debería adelantarse desde el Estado, pero que terminan haciéndolo terceros como a lo largo de la historia de Colombia ha sucedido, donde en muchas ocasiones han sido los actores armados los que han promovido creación de vías, puentes, escuelas, centros de salud, entre otros.

También hay una diferencia  en el proceso de comercio frente a otros territorios, que inicia desde el momento de transformación de la pasta base. En primera medida, cada campesino/a tiene su hectárea de coca cultivada, y en su misma casa está adecuado “el laboratorio”, que con bases de madera y techos de zinc, albergan canecas con químicos y una guadaña. No hay grandes laboratorios que compren a otros productores la hoja de coca; no hay máquinas especializadas para triturarla que ahora estén silenciadas, allí cada cual coge su hoja, si es mucha contratan a algunos raspachines de la zona para que les ayuden, luego la llevan a los cambullones para transformarla en pasta base, y finalmente la transportan al caserío de cada vereda, principalmente de Nueva Colombia donde solían comprárselas.

Por su parte, el Gobierno Nacional presentó recientemente la Política Nacional de Drogas, que tendrá efecto entre el 2023 y el 2033, y que tiene como propósito principal asegurar que los costos asociados a la lucha contra los cultivos ilícitos no recaigan mayormente en los productores y países de tránsito.

La estrategia global delineada por el Gobierno tiene como meta reducir 90.000 hectáreas de cultivos de coca ilegales para el año 2026, lo que representa una disminución del 43% en la producción de cocaína y la eliminación de aproximadamente 11.800 millones de dosis del mercado.

La Política Nacional se basa en dos pilares denominados «oxígeno» y «asfixia», y también incluye ejes de acción enfocados en transformar narrativas estigmatizantes y regular los mercados de cannabis para uso adulto y otros usos no psicoactivos de la hoja de coca.

Por ahora las expectativas están latentes frente a esta Política que tiene un enfoque diferente a lo que ha sido históricamente la “lucha contra las drogas”. Sin embargo, a nivel local, departamental o nacional el Estado no se ha hecho presente para paliar la crisis.

Mientras los ojos no están puestos en Meta, Guaviare y Caquetá por encontrarse rezagados a nivel nacional en este mercado, están con mayores condiciones de vulnerabilidad. “Son campesinos que son más expuestos, que traen otras dificultades que son los enormes niveles de violencias que ejecutó el gobierno de Iván Duque sobre ellos con la Operación Artemisa (…) arrastran todo este proceso de violencia y detona en un acaparamiento de tierras, una desterritorialización (…) un desplazamiento de campesinos”, concluyó Estefanía Ciro, exponiendo que en la situación actual,  las y los campesinos tienen doble presión, el que no hay mercado y que tienen que irse y dejar sus tierras a merced de extraños.

“… la crisis económica de estas regiones evidencia y nos recuerda con dureza la realidad que todos conocemos: la supervivencia de estas comunidades depende de la coca y de los grupos armados que controlan el negocio. Y hay otra verdad: el Estado no está preparado para atender esta crisis humanitaria”, señala la Fundación Ideas para las Paz.

¿La situación sería diferente de haberse implementado exitosamente el PNIS?

Con los múltiples factores planteados anteriormente, es una pregunta difícil de responder, y menos con una única respuesta. Sin embargo, de haberse implementado el PNIS de manera exitosa, muy probablemente el campesinado habría obtenido beneficios como:

• • Mejorar sus condiciones de vida, al acceder a proyectos productivos legales, asistencia técnica, infraestructura y mercados que les permitan generar ingresos sostenibles y dignos.
  • Reducir los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el cultivo de coca, como la violencia, la estigmatización, la persecución y la criminalización.
  • Proteger el territorio y los recursos naturales, al evitar la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad que genera la producción de cultivos ilícitos.
  • Fortalecer el tejido social y la participación ciudadana, al construir confianza entre el Estado y las comunidades, y al fomentar la organización y el liderazgo del campesinado.
  • Disminuir el impacto de la deforestación abordando las causas subyacentes de la pérdida de cobertura forestal, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y restaurando ecosistemas degradados en las áreas afectadas por los cultivos ilícitos.

Según el análisis de la Fundación Ideas para la Paz, en el contexto actual no es acertado pensar que el PNIS, o cualquier programa de desarrollo alternativo, tenga la capacidad de recuperar los territorios afectados por la violencia y el narcotráfico. Incluso la Agencia para la Renovación del Territorio, que ha ganado capacidad en los últimos años, sigue sin tener suficiente presencia a nivel local ni el poder político necesario para atraer la oferta y las inversiones interagenciales necesarias para apalancar el desarrollo en las regiones más necesitadas.

Pese a los fallos expuestos a lo largo de este texto, el campesinado del Guayabero alberga aún la esperanza en la efectividad del PNIS -o algún otro programa de sustitución voluntaria-, vislumbrando un horizonte de transformación para sus comunidades. La posibilidad de dejar atrás la estigmatización y la violencia asociadas al cultivo de coca les llena de optimismo, así como también la reconstrucción del tejido social de las regiones rurales afectadas por las dinámicas del conflicto armado, que a su vez, están atravesadas por el narcotráfico. 

Y es que, la implementación exitosa del PNIS, como ya expusimos, podría haber tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los campesinos y campesinas, pero enfrentó obstáculos y desafíos que debieron ser superados con una visión integral, participativa y territorial. Sin embargo, esto no sucedió y evitó que, en este caso, las y los habitantes de la región del Guayabero, pudieran al fin y tras décadas de sufrir los impactos del conflicto armado y la desigualdad social, alcanzar una vida digna.