Desde hace varios años, la comunidad viene denunciando la presencia de rastros de hidrocarburos en el agua y oponiéndose a la presencia de la industria del petróleo en su territorio. Hoy, Campo Guamal, representa la amenaza más grande para la naturaleza en esa zona.

Al río Humadea y al ecosistema a su alrededor, lo están destruyendo de a poco. El ‘Oro negro’ se sigue extrayendo de las profundidades de la tierra para ser transformado, lo que estaría contaminando el agua con residuos de esa operación. La Corporación Ambiental y Turística Alas del Humadea (Corpohumadea), ha venido jalonando iniciativas de resistencia y de defensa territorial desde hace 10 años, pero la ‘aplanadora extractivista’, como se le dice en círculos de activismo ambiental, arrasa cuando de multimillonarias utilidades económicas se trata. 

El Río Humadea es uno de los más limpios y conservados del Meta y fue declarado como Patrimonio Turístico y Cultural del departamento, al punto que se estima es visitado por más de 21.000 turistas al año. Este importante afluente abastece tanto el acueducto municipal de Guamal, como al de Castilla La Nueva, el interveredal Guamal-Castilla y el comunitario de la vereda Humadea el cual surte al Centro Poblado Turístico del mismo nombre. Eso sin contar que, en el piedemonte llanero nacen diversas fuentes hídricas que forman parte de la importante cuenca del Orinoco y la subregión del Ariari, que limita con los ya citados municipios y es una de las zonas más ricas y fértiles para la economía agroalimentaria en Colombia.

Edgar Cruz y Marlen Arévalo son defensores de derechos humanos y ambientalistas quienes llevan juntos 33 años, 28 de ellos en matrimonio. Marlen ha realizado trabajo social toda la vida, Edgar inició mucho después. La defensa de los derechos humanos y del territorio ha fortalecido su relación, ambos han abanderado la lucha por tratar de evitar que la industria minero-energética prive a las comunidades de su derecho humano al agua.

Pero antes de eso, Marlen enfrentó una lucha personal que ganó gracias al apoyo incondicional de su familia, que le ayudó a superar el diagnóstico de un tipo de cáncer muy agresivo, aun cuando los médicos le pronosticaron pocos meses de vida.

Además de ser pareja, dirigen Corpohumadea, desde donde se convirtieron en activistas ambientales tras descubrir que el río Humadea corría peligro. Con botas pantaneras y el sentimiento de lucha intacto, se adentraron en lo que podrían ser los vestigios de abundancia hídrica, para mostrarle, de primera mano, a El Cuarto Mosquetero la historia escondida tras 10 años de lucha por la defensa del territorio y de la permanencia digna de las comunidades en este.

A la orilla del río Humadea se ubica el centro poblado que lleva su mismo nombre y donde el turismo figura como la mayor fuente de ingresos. Se extiende sobre la vía que comunica al municipio de Guamal con los municipios de San Martín y Cubarral. Allí nos esperaban Marlen y Edgar, quienes al calor y agradable aroma de varias tazas de café, producidas de manera sostenible por familias y comunidades de la región del Ariari nos contaron su historia y nos mostraron también lugares en los que se ubican plataformas petroleras que amenazan el ecosistema aledaño.

En más de una ocasión, Edgar advierte que es imposible recoger todo lo que ha sucedido durante una década de resistencia. Es detallado en su relato, conoce de memoria las fechas, las licencias, los estudios y las normas en torno a la industria del petróleo, sobre todo, si esta amenaza el río Humadea, tributario del Guamal, el cual, a su vez, luego de encontrarse con el río Guayuriba, forman parte del río Meta, uno de los más importantes del departamento.

Gracias a un largo proceso de adjudicación surtido ante el desaparecido Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la pareja llegó en 2006 desde Cundinamarca, con la esperanza de hacer amanecer un sueño y desarrollar un proyecto productivo al borde del río Humadea. El Incoder les adjudicó una finca llamada ‘El Refugio’ y allí echaron raíces. Iniciaron la implementación de un proyecto ecoturístico, con una unidad de producción de cabras lecheras como actividad central. Tres años después escucharon rumores acerca de la entrada de la industria petrolera al territorio, situación que fue confirmada tras reuniones de socialización, exploración sísmica y la perforación de un pozo cerca del río. Cuando se dieron cuenta, Ecopetrol había creado en 2010 el proyecto CPO-09, del que hace parte el área de perforación CPO-09.

En su labor de defensa territorial los peligros no han dejado de acecharles. El 3 de agosto del 2013, se trasladaban a su finca abordando un pequeño campero Suzuki LJ 80, cuando un desconocido que manejaba un motocarro, “me cerró y yo por no golpearlo traté de hacerle el quite”, recuerda Edgar, pero en el proceso les sacaron de la vía y fueron a parar al río, no sin antes dar varios botes al interior del carro. Él estuvo a punto de perder uno de sus brazos, ella tuvo tres fracturas de columna. “Está caminando de milagro”, dice aún con sorpresa pese a los años que pasaron desde aquel extraño accidente.

Entrando a Guamal también les atacaron, iban en su carro a la mitad del puente que está en la entrada del pueblo sobre el río Guamal, cuando un disparo quebró el panorámico del vehículo, “Íbamos con nuestra hija y una amiga”, comenta Edgar. También, a Marlén la amenazaron en noviembre de 2018 a la salida de un juzgado, en esa ocasión le advirtieron dos individuos que se trasladaban con cascos de vidrios oscuros en una motocicleta de alto cilindraje, que si no frenaban las actividades del pozo Lorito 1 los iban a matar.

Al día siguiente de sostener una conversación con el padre Javier Giraldo, director en ese momento del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEPP), la Unidad Nacional de Protección (UNP), se comunicó con él ofreciéndole un esquema de seguridad. Edgar había estado comentando con amigos la situación de riesgo en la que se encontraba y le advirtieron que, si el Gobierno le ofrecía un esquema de seguridad con vehículo blindado y personal de protección, lo aceptara, pero bajo la condición de poder elegir a los escoltas, “La sugerencia se derivó del hecho que, en varios casos de asesinatos de líderes protegidos por esquemas de la UNP asignados por el gobierno, al parecer efectivos que formaban parte del esquema les hacían un estudio de seguridad a usted y luego entregan esa información y posteriormente atentaban en contra de su integridad”, le dijeron.

— Aquí nos han ofrecido de todo — dice Marlen.
— La estrategia de las tres P: Puestos, Plata y Plomo — complementa Edgar.

De hecho, Colombia es uno de los países más peligrosos para líderes y lideresas ambientales. Según la ONG Global Witness, entre 2012 y 2020, 1.540 defensores de la tierra fueron asesinados en el mundo, de estos, 290 se registraron en Colombia. En 2020 y 2021 el país ocupó el primer lugar teniendo la mayor cantidad de ambientalistas víctimas de homicidio.

Pero, pese a los peligros que han estado enfrentando, Marlen dice con firmeza: “Es un compromiso con la vida, con el agua, con el territorio, pero sobre todo con las comunidades”.

En 2011 Corpohumadea confirmó las intenciones de Ecopetrol, junto a una empresa aliada. Empezando fue la empresa canadiense TALISMAN, propietaria del 45% del proyecto y, posteriormente y hasta el día de hoy, la empresa petrolera española Repsol, la cual compró la participación a la canadiense. Pretendían intervenir la cuenca del río Humadea y se logró establecer que era con el fin de construir unas infraestructuras para el establecimiento de plataformas petroleras.

Finalmente, y luego de interponer recursos jurídicos, de realizar acciones en línea de defensa territorial y de acceder a diversas herramientas para la exigibilidad de derechos, en mayo del 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), adjudicó la Licencia 0331 a Ecopetrol, autorizando el desarrollo del proyecto del área de perforación exploratoria APE CPO-09, que forma parte del bloque petrolero homónimo. Esto pese a los conceptos técnicos proferidos por la corporación autónoma regional del departamento Cormacarena y de la Gerencia Ambiental de la Gobernación del Meta, en los cuales quedó evidenciada la fragilidad ambiental de la zona “Por ser una zona de recarga hídrica que surte acueductos”.

Como si fueran pocas las razones, el entonces defensor regional del pueblo, Eduardo González Pardo, elaboró un documento en enero del año 2014 en el cual ratificó la importancia de reivindicar y proteger los derechos de las comunidades que habitan estos territorios y recordó la importancia de respetar y cumplir el Bloque de Constitucionalidad en donde es manifiesto el derecho humano al agua. Sin embargo, afirma Edgar, hubo oídos sordos a dichas manifestaciones y al clamor de las comunidades por parte, tanto de la ANLA, como de todas las demás entidades del Gobierno.

Entonces se siguió adelante con el proyecto APE CPO-09, que se encargaría de las actividades de perforación, pruebas iniciales y extensas, y el transporte terrestre de crudo en carrotanques. “Estas dos últimas actividades sólo serán ejecutadas en el evento que el pozo resulte productor; en caso contrario, el pozo será abandonado siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, y, por tanto, el PDC solo será aplicable a las actividades de perforación del pozo exploratorio”, dice la Actualización del Plan de Contingencia del Pozo Exploratorio Lorito 1 APE CPO-9, realizado por la empresa de monitoreo, consultoría y educación ambiental UTP y Ecopetrol.

En este mismo Plan de Contingencia se hizo evidente la existencia de un acuífero que es una reserva de agua dulce de 1.032 hectáreas de extensión, cuyo nivel freático se encuentra a escasos 60 centímetros de la superficie del suelo en época de verano. En temporada de lluvias se recarga y “llora agua”. Encima de esta zona Ecopetrol construyó la plataforma de exploración petrolera Lorito 1, a 95 metros del río Humadea.

Ante esa infraestructura que no era bienvenida, más de 600 personas presentaron un derecho de petición a la ANLA, para que la entidad analizara la amenaza ambiental que se avecinaba y le pidiera a Ecopetrol su retiro definitivo del territorio. La visita de la entidad ambiental se tardó siete meses en llegar y para entonces, Ecopetrol llevaba cerca de cinco días de haber iniciado la construcción de una vía de acceso a la zona donde posteriormente se ubicó la plataforma Lorito 1, al interior de la vereda Montecristo del municipio de Guamal.

Según el ya citado Plan de Contingencia, el área de influencia que tiene el proyecto petrolero incluye los municipios de Guamal, Acacias y Castilla La Nueva. Sobre todo, las veredas Montecristo, El Carmen, Humadea y Pio XII del municipio de Guamal. Las veredas Santa Cecilita, Montebello, Loma de Tigre y San Isidro de Chichimene del municipio de Acacias. Además, el documento tiene en cuenta al municipio de Castilla La Nueva dado que la infraestructura principal de su acueducto (bocatoma, desarenadores, tubería de aducción, tanques de almacenamiento y planta de potabilización) se encuentran en la vereda Montecristo.

Édgar Paternina, gerente regional de la zona central de Ecopetrol, encargada del Meta para esa época, dijo a El Espectador en 2013 que la empresa estuvo lista para hacer la perforación desde finales de enero de ese año, pero aseguró que mientras haya oposición de las comunidades prefieren seguir explicando los beneficios del proceso, porque los temores son infundados.

Sin embargo y, teniendo en cuenta que varios municipios hacen parte del área de influencia del proyecto, el Plan de Contingencia dice que de presentarse “alguna contingencia con un carrotanque o cualquier automotor que transporte sustancias químicas o lodos, debido a la pendiente superior a 30º que tiene la vía de acceso a esta plataforma, se contará tan solo con 15 minutos para controlar la emergencia”.

De ahí la insistencia de las comunidades en el peligro inminente. En julio del 2012, Corpohumadea junto con Jesús María Quevedo del municipio de Acacias, presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en contra de Ecopetrol y de las entidades del Gobierno vinculadas a la implementación del proyecto petrolero, para evitar que fuese perforada la plataforma Lorito 1, obteniendo como resultado, en 2013, un primer fallo por medio del cual el magistrado otorgó Medidas Cautelares y ordenó a la empresa suspender actividades, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado en enero del 2014 y que a la fecha no ha sido fallada.

Aun así, la lucha continuó. A finales de noviembre del 2012, Marlen junto a otras 11 mujeres, acudiendo a los derechos fundamentales de la salud y la vida, presentaron una tutela ante el juzgado de Guamal. Pero llegaron las vacaciones decembrinas y el proceso se atrasó. Fue hasta enero de 2013 que se enteraron que todas las tutelas habían sido falladas en contra.

Para cuando decidieron presentar el recurso de reposición, cinco de las 12 mujeres decidieron ‘abandonar el barco’. Entonces las siete mujeres restantes siguieron adelante y presentaron el documento al juzgado, que a regaña dientes, fue admitido, pero fallado en contra nuevamente. No obstante, la tercera fue la vencida y se logró la Sentencia T/652 de 2013, que considera el agua como “un derecho fundamental, el cual, al igual que otros derechos fundamentales, se manifiesta a través de diversos contenidos, lo que implica la existencia de diversas formas de garantizarlo”.

A raíz de la insistencia y resistencia de la comunidad, la ANLA le solicitó a Ecopetrol un plan de manejo ambiental enfocado en el desarrollo del proyecto, para dar un parte de tranquilidad a las y los opositores. La entidad contrató una empresa que, a su vez, delegó a un ingeniero ambiental. “Hizo tan bien el trabajo que, oh, sorpresa para nosotros, cuando logramos acceder al estudio, nos enteramos del acuífero de 1.032 hectáreas”, mencionó Edgar.

Cuando se trata de un río, la plataforma debe ubicarse a 230 metros de distancia y en el caso de un caño son 30 metros. Según la resolución de la ANLA que permitió en 2012 la perforación de Lorito 1, el Humadea es considerado un «río», pero en la última resolución 0175, emitida en febrero del 2013 cuando la plataforma para el taladro ya estaba construida, la entidad de licencias ambientales rebajó la categoría del Humadea a «caño», estipulando la distancia de protección a 80 metros. Es decir, la construcción cumpliría los parámetros legales establecidos porque está a 95 metros del río.

Pero sin importar que las comunidades del área de influencia estuvieran en desacuerdo con esta construcción, en febrero de 2013 empezó el traslado del taladro que se encargaría de perforar el pozo Lorito 1, cerca del Humadea. Esto llevó a que Corpohumadea realizara una propuesta de defensa territorial que fue respaldada por algunos y algunas habitantes de Guamal y comunidades de Castilla La Nueva. Fue así como se estableció un plantón pacífico que se mantuvo durante ocho meses, tiempo en el cual se evitó el ingreso de maquinaria y equipo destinados a realizar trabajos en la plataforma.

Con el plantón, empezaron a recibir atención mediática pero también más amenazas y persecuciones. Marlen recuerda la presencia y circulación de camionetas blancas con vidrios polarizados a través de los que solamente se veían las cámaras filmándoles. También la llamaban a advertirle que si no le decía a su esposo que se callara y dejara de “joder con lo de Lorito 1”, él moriría y sería su culpa.

Cerca de 40 familias resistieron durante los ocho meses que duró el plantón hasta que la Corte Constitucional decidió suspender las operaciones del pozo, gracias a la acción de tutela que interpuso Marlén.

El documental “¿Agua o Petróleo?”, realizado por el documentalista Bladimir Sánchez Espitia y la comunicadora Rossana Fuentes Bolaño, gracias a una propuesta de Corpohumadea, muestra las consecuencias del extractivismo petrolero. En él, se ve a una nutria que pide auxilio a gritos al estar completamente cubierta de crudo. Fue rescatada el 27 de febrero de 2014, por el integrante del Comité Ambiental por la Vida, Abelino Chivatá, en el caño Alfije, frente a la estación Acacías, de Ecopetrol.

Otro caso sucedido en el año 2011, evidenció que una empresa aliada de Ecopetrol contaminó 49 aljibes en la vereda La Esmeralda, dejando a 60 familias sin agua. Las comunidades se manifestaron pacíficamente pero el ESMAD arremetió con violencia dejando varios heridos y a un hombre en silla de ruedas. Edgar afirma que la empresa ha perforado varios pozos e instalado taladros en dicha vereda posterior a esta contingencia.

Además, pese a que Ecopetrol y la Alcaldía de Acacias suscribieron un acuerdo con las y los afectados para la construcción de un acueducto que suministraría el líquido vital a las zonas vulneradas para febrero de 2014, hoy en día la problemática no ha sido resuelta y desde hace 12 años la empresa le debe suministrar agua en carrotanques a las familias afectadas.

Acacías, donde desde hace años se viene realizando explotación petrolera, está a 20 minutos de Guamal, por lo que Lorito 1, podría dar paso a que el piedemonte llanero sea invadido por esta industria. “Lorito 1 es, por su ubicación, un proyecto ambientalmente no viable, (…) porque las consecuencias ambientales serían irreversibles por el daño ambiental gigantesco que va a causar en el departamento del Meta, en el agua del río Humadea y en las bocatomas”, expresó Nelson Vivas, representante de Cabildo Verde, en el documental.

El sentir de la comunidad no era infundado, pues el 20 de diciembre del 2020, cuando ni siquiera estaba en funcionamiento Lorito 1 Reubicado -construido tras la cancelación de operaciones de Lorito 1-, el administrador de la finca Agua Linda, reportó a Corporhumadea que su jagüey principal, ubicado a 240 metros de la plataforma, presentaba un olor y sabor extraño en el agua, lo que indicaba una posible contaminación por hidrocarburos. Al inspeccionar, hallaron una nata viscosa de apariencia aceitosa. Luego, al introducir un tubo nuevo de PVC, este salió impregnado de una sustancia espesa y grisácea. Adicionalmente, a 40 metros de distancia de esta finca, se detectó otro aljibe que presentaba las mismas condiciones, pero con menor intensidad. El mismo problema descubrieron otros habitantes de la zona en enero, a 150 metros de distancia, donde hay un pequeño nacedero de agua.

La presencia de esta sustancia en el agua trajo consigo enfermedades a quienes la consumían, muerte de animales y malformaciones en los cerdos recién nacidos. Actualmente, quienes allí habitan no pueden potabilizar el agua para el consumo debido a que su organismo desarrolló intolerancia al agua poco tratada y dependen de la compra de botellones de agua.

No obstante, Ecopetrol S.A. señaló que el análisis de los resultados de los monitoreos realizados por laboratorios acreditados, confirmó que no existe ninguna relación entre las actividades que ejecuta la empresa en el APE CPO9 y las características fisicoquímicas de los aljibes localizados en fincas aledañas a la plataforma Lorito 1 Reubicado. «Esto fue corroborado por las autoridades ambientales en las visitas y conceptos de seguimiento ambiental efectuados en la zona», afirmó.

Por su parte, en la noticia “Pozo Lorito-1 confirma potencial de crudos pesados en el Meta” de Ecopetrol en 2018, se lee: “Los trabajos de perforación cumplieron los requerimientos ambientales, no se presentaron accidentes ni hechos que afectaran fuentes hídricas, y se iniciaron luego de un completo proceso de diálogo con las comunidades de la zona”, ignorando lo sucedido en los aljibes de la vereda Montecristo de Guamal y las protestas y movilizaciones pacíficas que han mantenido las comunidades en oposición al proyecto petrolero.

Luego de una reunión de dos días realizada en la Gobernación del Meta en el año 2016, en la que participaron líderes y lideresas ambientales de la zona de influencia, Corpohumadea y Ecopetrol, con el acompañamiento de la Corporación Geo ambiental Terrae, las comunidades expusieron las razones por las cuales se oponen al proyecto y las profesionales de Terrae dieron los argumentos técnicos que demostraban lo inconveniente de continuar adelante con la intervención de dicha zona.

Fue así como el vicepresidente de sostenibilidad de Ecopetrol en ese entonces, Eduardo Uribe Botero, comunicó públicamente la decisión de la empresa de no poner en operación la plataforma Lorito 1. Pero la alerta seguía vigente, aunque Corpohumadea en su momento le solicitó al funcionario que no se construyeran más plataformas petroleras sobre el acuífero, él respondió que esa era la zona de interés de la empresa y que contaban con la licencia otorgada por la ANLA, por lo que, mientras la autoridad ambiental no les limitara, continuarían con sus operaciones.

Y así fue, a finales del 2017 construyeron una nueva plataforma denominada Lorito 1 Reubicado, la cual actualmente cuenta con pruebas extensas que dieron positivo para producción de hidrocarburos y Ecopetrol presentará en pocos días la solicitud de licencia ante la ANLA para una nueva zona de producción denominada Campo Guamal, la cual contará con por lo menos 200 pozos de producción, de los cuales 10 podrían ser perforados en la plataforma Lorito 1 Reubicado. Incluso la empresa informó que pedirá a la autoridad ambiental la autorización para aplicar la tecnología ‘inyección de aire’.

Esta tecnología surgió para extraer hasta la última gota de hidrocarburo. Cuando el petróleo se encuentra atrapado en rocas porosas, y cuando se extrae inicialmente, la presión natural del yacimiento empuja el petróleo hacia el pozo de producción. Sin embargo, con el tiempo, esta presión disminuye y la sustancia se vuelve más difícil de extraer.

Para superar esta dificultad, se utiliza la inyección de aire, que: “es básicamente un proceso de recobro de aceite por inyección de gas en el cual se genera calor dentro del yacimiento por medio del quemado de una porción de su aceite. El oxígeno inyectado reacciona con las fracciones pesadas del crudo incrementando dramáticamente la temperatura y, por consiguiente, reduciendo la viscosidad. Además de la reducción de viscosidad, el empuje por gas y expansión térmica promueven la producción”, dice la investigación La inyección de aire como proceso de recobro mejorado en Colombia de Claudia Lorena Delgadillo y Marta Liliana Trujillo.

Esta técnica, es la misma que se conoce como ‘combustión in situ’ y es utilizada para obtener el petróleo pesado o viscoso que se encuentra atrapado en yacimientos subterráneos y que no puede ser extraído mediante métodos convencionales, como la perforación o la inyección de agua.

Con este método, se perforan dos pozos en el yacimiento: un pozo de inyección y un pozo de producción. Luego, en el pozo de inyección, se introduce una mezcla de aire y oxígeno comprimido en la formación petrolera. Esta mezcla de aire y oxígeno se conoce como «combustible» o «agente de combustión».

Una vez que el combustible ha sido inyectado en el yacimiento, se prende fuego para iniciar la combustión controlada dentro del yacimiento subterráneo. Esta combustión genera calor y hace que el petróleo viscoso se vuelva más fluido. Además, el calor también ayuda a disminuir la viscosidad del petróleo, lo que facilita su flujo hacia el pozo de producción.

En el pozo de producción, el petróleo ahora más fluido es recogido y llevado a la superficie para su procesamiento. A medida que se extrae el petróleo, el proceso de combustión in situ se mantiene activo, moviéndose gradualmente hacia el pozo de producción para continuar liberando el petróleo.

La combustión in situ fue utilizada por Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy, en el Campo Quifa, del municipio de Puerto Gaitán, Meta, desde el 2011, bautizándola como el ‘Proyecto STAR’, que generó un nido sísmico provocando cientos de temblores en la zona, algunos de ellos con tanto poder destructor que afectó viviendas y edificaciones a 80 kilómetros de distancia de donde se realizaban las operaciones.

En 2014, el entonces senador Jorge Robledo, recibió un informe elaborado por la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), con estadísticas sobre los sismos atípicos ocurridos al sur del municipio Puerto Gaitán, Meta, desde 1997 hasta el 23 de febrero de ese año. El excongresista afirmó estar sorprendido de enterarse que no es típico que se presenten sismos en los Llanos Orientales, lejos de la cordillera, tal como lo demuestran las estadísticas del periodo 1997 – 2010, en el que sólo se presentaron cinco sismos de menos de dos grados en la escala de Richter, a profundidades mayores de 30 kilómetros. A este comportamiento se le llama «silencio sísmico». Además, aseguró que desde el inicio del proyecto STAR hasta principios de ese año, se presentaron 176 sismos, generados a una profundidad promedio de 1.15 kilómetros (3.400 pies: la profundidad del yacimiento de los campos Quifa, Rubiales y Pirirí), y con una intensidad promedio de 2.7 grados en la escala de Richter.

El realizador audiovisual Bladimir Sánchez Espitia, -el mismo que produjo el documental ‘¿Agua o petróleo?’-, concluyó en el portal Las 2 Orillas, que esa situación se había producido porque posiblemente, la combustión del yacimiento quemó más del 70 por ciento del petróleo, convirtiéndolo en coque -un combustible que se usa, fundamentalmente, en las industrias cementera, de magnesita, cerámica y eléctrica-, generando temperaturas cercanas a los 1.000 grados centígrados, y presiones altas producto de la acumulación de los gases de combustión, que fracturó el yacimiento y la roca sello, pues esta última se fractura a menor presión.

Ahora bien, el Proyecto STAR – Synchronyzed Thermal Additional Recovery o Recuperación Térmica Adicional Sincronizada en español-, no es novedoso, ni exclusivo y tampoco le conviene al país, de acuerdo con Mario Alejandro Valencia, exsubdirector de Cedetrabajo y autor del estudio Política minero-energética: análisis del caso Pacific Rubiales, publicado en mayo de 2013. Según dice, lo único novedoso en el proyecto es el nombre, pues la tecnología existe hace más de dos décadas y es el último recurso utilizado por petroleras en el mundo para aumentar el recobro en la extracción, cuando otros procesos a través de la inyección de agua o gas han fracasado.

Según el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, la tecnología STAR fue probada en los laboratorios del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) pero en el campo varios de los pozos perforados tuvieron que ser abandonados por fallas técnicas. Incluso, algunos en el fondo del pozo alcanzaron una temperatura de 1200° centígrados, fundiéndose la tubería y provocaron llamaradas incontrolables y explosiones que lanzaron arenas y cenizas a miles de metros a la redonda, generando daños irreparables sobre los ecosistemas. Los gases de la combustión llegaron a la superficie y contaminaron el aire con sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y dióxido de azufre, entre otros. Además, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recibieron múltiples denuncias de las comunidades, que describieron los graves impactos sobre caños y morichales, flora y fauna, además de la contaminación atmosférica, entre otras afectaciones. En 2014 el proyecto fue cancelado.

Mientras tanto, Ecopetrol le confirmó a El Cuarto Mosquetero que está en etapa de evaluación de un amplio portafolio de oportunidades de exploración y explotación de hidrocarburos en el piedemonte llanero. Pero afirma que los proyectos de inversión, líneas de intervención, planes operacionales, entre otros, son información de acceso restringido, de acuerdo al artículo 24 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1o de la ley 1755 de 2015 en armonía con el artículo 7 de decreto 1056 de 1953 y el parágrafo del artículo 77 de la ley 1474 de 2011.

Sin embargo, las comunidades siguen denunciando presencia de sustancias viscosas en el agua. Al parecer, en la plataforma Lorito 1 Reubicado se está presentando migración de crudo al acuífero y Ecopetrol tendría que impermeabilizar el tubo, es decir, crear una barrera que evite el paso del agua en la superficie.

Aunque el nuevo Gobierno ha mostrado en diversas ocasiones su oposición a la extracción de hidrocarburos, desde hace un año Corpohumadea le solicitó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la realización de una mesa regional para tratar la problemática que habría con el establecimiento de Campo Guamal y la responsabilidad del Gobierno Nacional frente a la protección de los acuíferos o reservas subterráneas de agua dulce en zonas de recarga hídrica que surten acueductos, pero aún están a la espera de una respuesta por parte de la funcionaria.

Una década de lucha y resistencia por el derecho humano al agua se resume en la unión de las comunidades por la defensa del territorio, congregadas en mesas de concertación, marchas, movilizaciones, plantones, asambleas permanentes y la utilización de los mecanismos de participación que brinda la Constitución Política Colombiana. Pero la industria petrolera en Guamal también ha dividido a la comunidad, pues ofrecen trabajos a personas que los necesitan apelando al progreso, pero poca socialización se ha dado respecto al verdadero impacto ambiental.

El Cuarto Mosquetero contactó a la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Cormacarena, pero al momento de la publicación de esta investigación, no se ha recibido respuesta.

Investigación: Vladimir Enzina y Shirley Forero Garcés.

Fotografías: Vladimir Enzina y Lina Álvarez.