La información personal de miles de familias acogidas al PNIS sería utilizada por el Ejército para tareas de erradicación sin consentimiento de los campesinos. Políticos, técnicos y organizaciones sociales cuestionan el uso de datos sensibles y prevén pedir más información a las autoridades y a Naciones Unidas que ejecutó un aplicativo que recoge la información personal. Campesinos temen que la base de datos sea usada en su contra en las aspersiones aéreas con glifosato decretadas por el gobierno de Ivan Duque. 

La información personal de familias inscriptas en el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de  Uso Ilícito (PNIS) nutre la base de datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) administrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que desde 1999 genera insumos técnicos para la política antidroga colombiana.

Así lo muestran documentos, miembros del partido Comunes, líderes de organizaciones campesinas y profesionales que trabajaron en la implementación del PNIS. Todos coinciden en que la información personal de las familias se obtuvo a través del aplicativo Open Data Kit (ODK) que recoge fotografías de cada beneficiario/a, localización geográfica de sus viviendas, nombre e identificación, información sobre lugares donde se puede localizar a la persona si no estuviera en su hogar, motivos por los cuales no se pudo localizar, el tiempo que lleva fuera, así como la necesidad que motivó su desplazamiento y posible fecha de regreso, entre otros datos personales. 

El ODK fue empleado por los operadores locales encargados de visitar los predios de los campesinos y se instalaba en los celulares personales de cada técnico, permitiendo el cargue de encuestas sobre la caracterización social y productiva de unos 67.000 núcleos familiares en toda Colombia. Los operadores recibieron instrucción en su manejo de la UNODC que solicitó a cada uno realizar copias de seguridad de la información en sus teléfonos móviles personales. 

Según técnicos entrevistados nunca recibieron instrucciones sobre el manejo ético de la información. Tampoco se les entregó un manual operativo que les indicara el debido uso de los datos privilegiados. Además, las copias de seguridad de las encuestas del aplicativo ODK fue guardada en computadores y celulares personales de los técnicos, sin que UNODC solicitara ni verificara la eliminación de la información al finalizar las contrataciones.

Además en contrato 350 se consigna que el SIMCI permite al Estado encaminar acciones para la erradicación de cultivos declarados ilícitos, como muestra un apartado del Contrato 350 de abril de 2017, al que accedió El Cuarto Mosquetero, celebrado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC (imagen uno). Dicho contrato no hace parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Contrato 350 del 18 de abril 2017 (imagen 1 y 2) celebrado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC.
Contrato 350 del 18 de abril 2017 (imagen 1 y 2) celebrado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC.

La información recabada por el PNIS terminó siendo un insumo de la base de datos del SIMCI, según menciona Irson Córdova delegado del Partido Comunes para el seguimiento a la implementación del Programa PNIS en el departamento del Meta.

“Creemos que la información social del programa PNIS terminó en manos de convenios entre el ejército y la UNODC, como lo es el SIMCI. Desde comienzos de 2019 nos empezó a preocupar el destino real de la información obtenida mediante la asistencia técnica por parte de la UNODC, pues tenemos testimonios de técnicos de la región que nos decían que les estaban solicitando reportar cultivos de coca de personas no acogidas al PNIS. Además que empezamos a notar coincidencias entre las zonas donde los campesinos hicieron acuerdos de sustitución y las zonas de los operativos de la fuerza pública”, explicó a El Cuarto Mosquetero.

Según el documento Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019, (UNODC-SIMCI) el ODK es descrito como un instrumento más del sistema de monitoreo de cultivos declarados ilícitos. El mismo informe indica que el ODK se usó para “el monitoreo y verificación”, de la erradicación voluntaria del PNIS. Situación que supondría una grave irregularidad, puesto que los operadores locales del PNIS que emplearon el ODK no estaban facultados para hacer labores de monitoreo y verificación, sino acompañamiento técnico como indican varios memorandos de acuerdo aportados por las diferentes fuentes.

El monitoreo y la verificación debían ser realizados directamente por la UNODC como se contempla en el Acuerdo de financiación entre las Naciones Unidas y el Fondo Colombia en Paz de la Presidencia de la República, suscrito en Bogotá D.C. el 22 de diciembre de 2017.

Foto: Lina Álvarez

La UNODC nunca pidió autorización para que la información de los beneficiarios del PNIS terminara total o parcialmente en manos de las Fuerzas Militares o en algún tipo de convenio ajeno a la implementación del Acuerdo de Paz”, dijo a El Cuarto Mosquetero Doris Rivera, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).

No solo líderes y lideresas en los territorios afectados empiezan a investigar las implicaciones del uso no previsto de la información, sino también quienes habitan en los municipios beneficiarios del PNIS que trabajaron como técnicos y profesionales. 

Carlos* sirvió como técnico en varios memorandos de acuerdos en los municipios de Vista Hermosa y La Uribe en el departamento del Meta y le impactó la orden de la UNODC de reportar lotes con cultivos de coca no acogidos al programa, ya que además no estaba contemplado en los Memorandos de Acuerdo.

“Siempre existió la sospecha de que la asistencia técnica se utilizaba para algo ajeno al programa. La primera duda surgió en una capacitación con la UNODC, cuando nos solicitaron reportar predios con cultivos de coca, aunque no se hubiesen acogido al programa. Orden que desconocimos la mayoría, pero que generó duda entre nosotros”, explicó Carlos*. 

Otro técnico, que prefiere no dar a conocer su nombre, resaltó que “también se sugirió que si se encontraba algún cultivo (de coca) en la finca o por donde uno pasara, se pasara el reporte. Muchos técnicos lo hicieron y otros no”.

Este técnico no lo hizo. Se hubiera sentido desleal como vecino del territorio al meter en problemas a sus vecinos quienes precisamente no creyeron en el programa de sustitución. Varios técnicos decidieron desobedecer la orden impartida por la UNODC ya que podría ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias donde se llegara a filtrar que ellos estaban excediéndose en el manejo de la información sensible.

Córdova señaló que para ellos es claro que la UNODC tiene convenios con el Ejército, además de indicar que no sería la primera vez que se usa indebidamente la información personal de los campesinos como ocurrió con el programa Familias Guardabosques, impulsado por la Agencia Presidencial para la Acción en el año 2006 para promover un proceso de sustitución voluntario.

Al dirigente de Comunes le es difícil conocer más sobre estas eventuales irregularidades debido a que la UNODC y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) le han negado el acceso a los Memorandos de Acuerdo, entre otros documentos que le permitirían determinar con exactitud el destino de la información. Inclusive señala que incluso a Julián Gallo, senador del partido Comunes le han negado copia de estos documentos.

A pesar de las dudas de Córdova, este medio pudo comprobar que la información del programa Familias Guardabosques también se integró a la plataforma de monitoreo del SIMCI, como lo menciona el documento Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019.

El Cuarto Mosquetero intentó acceder a los memorandos de acuerdo en el último trimestre del 2020, tanto la UNODC y ART respondieron que era información confidencial y por ende los memorandos de acuerdo a los que hemos podido acceder han sido directamente proporcionados por los contratistas a quienes entrevistamos para esta investigación.

Las organizaciones campesinas se preparan para exigir que se esclarezcan estos hechos por parte de las entidades involucradas. “Del gobierno se esperaba cualquier cosa, mas no de la ONU. Ellos se muestran como neutrales y defensores de los derechos de los campesinos en los territorios, pero ahora vemos que en el plano general eso está muy lejos de la realidad. Muy seguramente les vamos a exigir explicaciones sobre estos hechos que afectarían la confianza en las instituciones, confianza tan necesaria para la construcción de paz en el país”, concluyó Rivera.

Ante esto Oswaldo Avellaneda, diputado del Meta por el partido Alianza Verde se pregunta cómo canalizar estas dudas de organizaciones campesinas, familias campesinas y representantes políticos del Meta. “Genera mucha preocupación que donde se ha venido trabajando en procesos de consolidación de la paz e implementación del Acuerdo, donde muchos de los campesinos y organizaciones campesinas se han sumado de manera voluntaria a la erradicación de cultivos de uso ilícito, se estén presentado en este momento mayores operaciones militares para una erradicación forzada. Nos causa mucha curiosidad. La pregunta es ¿se está utilizando información entregada con fines de erradicación voluntaria para la utilización de este nuevo modelo de erradicación forzada?” reflexionó.

En La Tigra se han concentrado los operativos de erradicación. Foto: Lina Álvarez

En la publicación “Erradicación forzada: los efectos de una meta sin sentido” de la Fundación Ideas para la Paz se menciona que hay “una gran coincidencia entre los municipios donde se realiza erradicación forzada y los lugares donde el PNIS ha hecho acuerdos con las comunidades”.

Creo que hay una relación entre el hecho de que se adelanten los operativos de erradicación manual forzada y las operaciones de ARTEMISA (cuyo objetivo es frenar la deforestación) en zonas PNIS, lo cual es absolutamente deplorable, porque según la lógica establecida en el Acuerdo de Paz, la secuencia implicaba llevar primero oportunidades de acceso al PNIS de manera voluntaria y también resolver los temas de las familias campesinas que se encuentran dentro de áreas protegidas”, explicó el abogado Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, líder social y político quien ha liderado procesos de reformas de política de drogas.

Arenas, que dice no tener evidencia directa sobre el mal uso de la información del ODK, resalta que en el Acuerdo de Paz se buscaba priorizar y resolver el avance de la frontera agrícola pero que en la práctica y bajo el eslogan de proteger la naturaleza, se violan los derechos humanos de las y los campesinos. 

El PNIS niega mal uso de información sensible


Jaime Triana, coordinador del PNIS en el Meta, manifestó a este medio que la Procuraduría General le hizo un requerimiento para saber si su oficina le estaba suministrando coordenadas al ejército para realizar operativos de erradicación forzada. 

Niega que su oficina haya suministrado información con coordenadas de ubicación al Ejército Nacional o al Ministerio de Justicia para la erradicación forzada a partir del ODK. “Nosotros venimos trabajando con los [campesinos] que se suscribieron hace tres años a los acuerdos voluntarios. (…) Con erradicación forzosa nosotros no tenemos nada que ver. La erradicación forzada es una cuestión netamente del Ministerio de Defensa y del Ejército con sus plataformas y aviones, detectan y allá llegan”, explicó a El Cuarto Mosquetero.

Contactamos a la Procuraduría General para clarificar la razón por la cual le había realizado esos requerimientos a Jaime Triana, pero no fue posible obtener respuesta. Nos comunicaron que no podían dar esa información y que no están autorizados para dar entrevistas. 

Por su parte, el diputado Avellaneda de Alianza Verde hizo un llamado al gobierno nacional y a los organismos internacionales garantes del proceso para que acompañen las exigencias de las organizaciones sociales y campesinas y se esclarezca con celeridad cuál fue el destino de la información personal de las familias del PNIS. 

Postura con la que coincide Arenas: “La UNODC junto con la Comisión Global de Drogas fueron invitadas para ser verificadoras neutrales de la implementación del punto cuatro (del Acuerdo de Paz sobre solución al problema de las drogas ilícitas). Es decir, son una especie de garantes. La UNODC es el máximo organismo de Naciones Unidas para estos temas y la Comisión Global de Drogas un organismo independiente. Cuando la UNODC suscribe un convenio con el Estado colombiano para operar recursos PNIS, de alguna forma deja a un lado esa neutralidad, ese rol de garante, y se convierte en un operador de recursos para la suscripción de memorandos de entendimientos y para facilitar la operación del programa”.

De comprobarse el mal uso de la información “el tema tendría que ser escalado a directivas de ese organismo a nivel mundial, tanto en Viena como en New York ante el Consejo de Seguridad”, dijo el abogado.

Información de alto riesgo y aspersiones

Según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM citada por Pacifista, para el 29 de octubre de 2020 iban 71 líderes y lideresas PNIS asesinadas en el país, sin mencionar las que están bajo amenaza, las tantas arrestadas y judicializadas en el marco de la operación militar ARTEMISA, que, en teoría, busca frenar la deforestación, pero en la práctica ha servido de intimidación y persecución al campesinado.

Los dirigentes campesinos manifiestan su preocupación por el interés del gobierno nacional en retomar la erradicación aérea forzada con glifosato, preocupación que se acrecienta con el uso indebido de la información social del programa PNIS, el cual podría conducir a la judicialización de campesinos a los que el programa les incumplio.

Se suponía que era una información confidencial que entraba al programa PNIS. Nosotros nos preocupamos por eso, porque nos da afán que en los municipios donde el programa PNIS no cumplió, hay gente que ahorita le van a fumigar, le van a erradicar de manera forzosa, entonces toda esta gente (fuerza pública) ya tiene una base de datos que el gobierno recogió por medio de la UNODC, entonces les pueden meter una extinción de dominio o (…) llevar a la cárcel, me preocupa los municipios de la Macarena, Puerto Rico, algunos de Guaviare, Vista Hermosa y algunos de Caquetá”, dijo Alex Luna, dirigente de la Asociación Campesina y Ambiental del municipio de Uribe, Meta (ACATAMU).

* Carlos no es el nombre real del técnico, el seudónimo se utilizar para salvaguardar su vida.

Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.