AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Sobrecostos, retrasos, incumplimientos, suspensiones y múltiples barreras han encontrado las y los campesinos con el programa de sustitución de cultivos de coca al sur del Meta, pese a que es un pilar importante dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Para el año 2017, en gran parte de los municipios beneficiarios del Meta iniciaba la implementación del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, la expectativa estaba totalmente puesta en esta iniciativa que permitiría realizar una erradicación voluntaria en la que las y los campesinos realmente pudieran dejar de depender de una economía ilícita, y desarrollar actividades productivas acompañadas de otros planes como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que se supone concederían que en los territorios llegará inversión en salud, infraestructura y adecuación de tierras, educación rural, entre otros y que han contado con una amplia inversión de cooperación internacional, pero que sin embargo sus avances no están teniendo un avance significativo. Ambos programas se desarrollan en el marco de lo acordado en La Habana, para así mejorar las condiciones de vida del campesinado.
Casi cuatro años después, el panorama parece ser desalentador, la confianza que inicialmente se había originado, se ha ido resquebrajando con la tardanza en la implementación de un programa que, se esperaba que para la fecha ya fuera en la fase final de su implementación y así no afectara la “sostenibilidad económica, social y ambiental de su propio territorio”, como plasma uno de sus principios rectores.
La sustitución que no llega acarrea problemas en cada territorio, algunas específicas derivadas de suspensiones como sucedió en Vista Hermosa y Puerto Rico o como sigue sobreviniendo en La Macarena y Mesetas con el programa Guardabosques, “sí señora, no nos dijeron que si estábamos en guardabosques nos sacaban. Simplemente que nos metiéramos, nosotros nos metimos y que arrancaramos la coca y nosotros hicimos eso cumplimos y luego nos sacaron del PNIS”, son algunas de las realidades que viven quienes depositaron su confianza en la institucionalidad.
Ha incrementado desplazamientos masivos tanto de recolectores como en general de las comunidades en veredas como La Tigra en Vista Hermosa o La Esperanza en Puerto Rico. “Hay personas que se han ido de acá y uno no puede ni decir que están bien, pero hay que mirar para dónde irse porque realmente aquí ni trabajo hay”, afirma con resignación Viviana, beneficiaria del PNIS en La Tigra, quien a pesar de que su vereda está casi deshabitada, se niega a abandonar su territorio
Ha ocasionado falta de confianza en la institucionalidad a partir de productos con elevados precios, algunos de mala calidad o el que no lleguen los productos pactados y les toque conformarse con lo que haya. “Lo de los 12 millones lo cumplieron fue con demoras, nos habían dicho que cada dos meses, pero hubo pagos con retrasos, pero los que tenían los cultivos sí tuvieron que erradicar sus cultivos en la fecha que dijeron. Lo pactada en el de $1.800.000 no fue lo que nosotros pedimos, fue lo que nos quisieron dar, artículos de muy mala calidad y muy costosos”, denuncia Sandra, dignataria de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Reforma en Vista Hermosa.
Por otro lado, para otras familias también ha significado una herramienta a la hora de realizar mejoras a sus viviendas, sentir la presencia estatal que casi nunca había arribado a veredas tan distantes de los centros poblados y por eso con resignación esperan pacientemente que se ejecute en su totalidad la implementación del PNIS.
Para llegar al Guayabero hay que navegar en canoa gran parte del camino, otros trayectos pueden recorrerse en moto, como por ejemplo de Nueva Colombia a cierto sector de La Reforma, ya luego toca continuar por Caño Cabra, hasta llegar al centro poblado en el que hay una gran caseta comunal, la escuela y uno que otro laboratorio. Allí las familias continúan resistiendo, resaltan que históricamente ha sido la coca la que les permitió criar a sus hijos e hijas y hasta darles estudio.
«Tengo una parcela con pastos, animales (…) y con el sistema de la coca que es el pancoger de acá, con eso le he dado estudio a las hijas», nos contó don Omar Cometa, habitante de la vereda La Reforma. Experiencia que también vivió José Pineda, un adulto mayor de 75 años quien vivió toda su vida en el campo, dependiendo de los cultivos de coca y pudo darle estudio profesional a sus hijas, ahora son ellas quienes le dan una mesada para su sustento. Por ello se animó a cultivar cocao, pero se está casando de persistir sin ningún tipo de ayuda en su proyecto, «intenté cambiar, pero parece que no se va a poder, todo es muy costoso (…) hemos intentado tener las matas con lo que podemos hacer», concluye, ya que ni el banco los apoya con créditos por vivir en zona roja, no tienen los conocimientos técnicos necesarios y solo pueden comercializar con sus vecinos.
En el Guayabero gran parte de la población no se acogió al PNIS al considerar que no ofrecía garantías reales y paulatinas de sustitución. «Aquí vinieron para que nos acogiéramos al PNIS, pero vimos desde un principio que eso no nos iba a dar resultados, porque teníamos que hacer unos acuerdos individuales, nos daban el primer pago y teníamos que arrancar la coca; nos íbamos a quedar sin nada y no había nada que nos diera garantías de que el Estado nos cumpliera, por eso nosotros no nos cogimos al plan y ahí está pa’ un hecho el ejemplo de las veredas vecinas donde no les han cumplido nada», explicó Héctor Parrado, quien lamenta que el Gobierno siempre llegue a erradicar, pero no a implementar un proyecto que de manera paulatina les permita ir dejando de depender de la coca. «Si nosotros dejamos que nos quiten la coca ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues irnos a morir de hambre a un pueblo», agregó Parrado, al reflexionar que ellos sin vías de acceso, cadenas de comercialización, ni inversión, subsisten gracias a sus cultivos aunque sean considerados ilegales.
En tres veredas la comunidad puso sus esperanzas en el programa de sustitución e hizo erradicación voluntaria. En Laguna Gringo, La Reforma -las familias afirman que no firmaron acuerdo colectivo y que quienes aparecen en el programa no habitan el territorio-y La Tigra en el municipio de Puerto Rico, las y los beneficiarios alcanzaron a recibir la Asistencia Alimentaria Inmediata, que consistía en un pago mensual de $1.000.000 de pesos por 12 meses que, aunque no se entregó en los tiempos establecidos, sí llegó a la mayoría de familias inscritas. El Meta tiene un 94,5% de cumplimiento en esta primera fase.
No obstante, fue lo único que llegó a las familias beneficiarias, por ello se han generado dos escenarios. En el primero las y los campesinos volvieron a cultivar y procesar la pasta de coca y en el segundo, tuvieron que emigrar en busca de oportunidades de subsistencia a ciudades capitales o en su defecto a veredas cocaleras.
«Tengo una parcela con pastos, animales (…) y con el sistema de la coca que es el pancoger de acá, con eso le he dado estudio a las hijas», nos contó don Omar Cometa, habitante de la vereda La Reforma. Experiencia que también vivió José Pineda, un adulto mayor de 75 años quien vivió toda su vida en el campo, dependiendo de los cultivos de coca y pudo darle estudio profesional a sus hijas, ahora son ellas quienes le dan una mesada para su sustento. Por ello se animó a cultivar cocao, pero se está casando de persistir sin ningún tipo de ayuda en su proyecto, «intenté cambiar, pero parece que no se va a poder, todo es muy costoso (…) hemos intentado tener las matas con lo que podemos hacer», concluye, ya que ni el banco los apoya con créditos por vivir en zona roja, no tienen los conocimientos técnicos necesarios y solo pueden comercializar con sus vecinos.
En el Guayabero gran parte de la población no se acogió al PNIS al considerar que no ofrecía garantías reales y paulatinas de sustitución. «Aquí vinieron para que nos acogiéramos al PNIS, pero vimos desde un principio que eso no nos iba a dar resultados, porque teníamos que hacer unos acuerdos individuales, nos daban el primer pago y teníamos que arrancar la coca; nos íbamos a quedar sin nada y no había nada que nos diera garantías de que el Estado nos cumpliera, por eso nosotros no nos cogimos al plan y ahí está pa’ un hecho el ejemplo de las veredas vecinas donde no les han cumplido nada», explicó Héctor Parrado, quien lamenta que el Gobierno siempre llegue a erradicar, pero no a implementar un proyecto que de manera paulatina les permita ir dejando de depender de la coca. «Si nosotros dejamos que nos quiten la coca ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues irnos a morir de hambre a un pueblo», agregó Parrado, al reflexionar que ellos sin vías de acceso, cadenas de comercialización, ni inversión, subsisten gracias a sus cultivos aunque sean considerados ilegales.
En tres veredas la comunidad puso sus esperanzas en el programa de sustitución e hizo erradicación voluntaria. En Laguna Gringo, La Reforma -las familias afirman que no firmaron acuerdo colectivo y que quienes aparecen en el programa no habitan el territorio-y La Tigra en el municipio de Puerto Rico, las y los beneficiarios alcanzaron a recibir la Asistencia Alimentaria Inmediata, que consistía en un pago mensual de $1.000.000 de pesos por 12 meses que, aunque no se entregó en los tiempos establecidos, sí llegó a la mayoría de familias inscritas. El Meta tiene un 94,5% de cumplimiento en esta primera fase.
No obstante, fue lo único que llegó a las familias beneficiarias, por ello se han generado dos escenarios. En el primero las y los campesinos volvieron a cultivar y procesar la pasta de coca y en el segundo, tuvieron que emigrar en busca de oportunidades de subsistencia a ciudades capitales o en su defecto a veredas cocaleras.
Proceso para realizar pasta de coca. Foto: Lina Álvarez.
Muchos de ellos se enferman al estar expuestos a los fuertes químicos que se requieren para la fabricación. Foto: Lina Álvarez.
Ya que deben pasar varias horas haciendo todo el proceso. Foto: Lina Álvarez.
Cuando ya va quedando la pasta de coca en las canecas. Foto: Lina Álvarez.
La empacan y esperan el momento para poder comercializarla y así pagar lo que deben. Foto: Edilson Ariza.
«Los compromisos eran que nosotros les permitimos erradicar y ellos nos incumplieron. Los pagos nos los dieron cada seis meses y hasta cierto punto. Pero sí vinieron y erradicaron la coca ¿Y entonces de qué vivíamos? (…) jum, de ahí en adelante nos quedamos de la coca, o vive de eso porque sagradamente eso es lo que le da la comida a uno» nos dijo un habitante de La Tigra quien prefirió no decirme su nombre, desconfiaba que quizá, aunque la oficina del PNIS no les ha cumplido, sí llegara a hacer efectivo el compromiso individual de no volver a sembrar que hizo cada campesino y meterse en líos jurídicos. «Hay hartas casas desocupadas, la gente está buscando otra fuente de sustento porque les da miedo sembrar coca», concluyó sentado frente a su casa, de fondo se veía una pequeña extensión de terreno donde nuevamente estaban creciendo las matas de las que esperaban vivir -combinado con su arte de trabajar con madera- pues tiene a tres personas a su cargo. Semanas después llegaría a erradicar el Ejército.
Las familias que se quedaron en el territorio y no encontraron otra forma de subsistencia diferente a la coca, volvieron a sembrar y desde mayo del 2020 han sufrido constantemente la represión estatal, pues no sólo no llega la implementación, sino que el Estado hace presencia a través de las tropas del Ejército Nacional que chocan contra las y los campesinos que se niegan a dejar que les acaben con los cultivos de hoja de coca que son los que les permiten sobrevivir. Esto ha sucedido en las tres veredas, especialmente en Laguna Gringo.
Las familias que se quedaron en el territorio y no encontraron otra forma de subsistencia diferente a la coca, volvieron a sembrar y desde mayo del 2020 han sufrido constantemente la represión estatal, pues no sólo no llega la implementación, sino que el Estado hace presencia a través de las tropas del Ejército Nacional que chocan contra las y los campesinos que se niegan a dejar que les acaben con los cultivos de hoja de coca que son los que les permiten sobrevivir. Esto ha sucedido en las tres veredas, especialmente en Laguna Gringo.
Pero en el caso de La Tigra, la mayoría de población se trasladó a otros lugares dejando la vereda como un territorio fantasma, donde las pocas personas que se quedaron, no cuentan con el derecho a la educación para sus hijos e hijas, pues al ser reducido el número de menores que allí residen, cerraron la escuela. «Muchas familias se han ido y se han llevado los niños y debido a eso no mandaron más al profesor (…) ahora hay muy poquitos niños y los que están, no les están dando estudio por el momento», dijo con resignación Dayana, quien está a punto de ser madre nuevamente y sabe que en algún momento tendrá o que buscar en una vereda cercana cómo darle estudio a sus hijos o «sacarlos» para San José del Guaviare.
Así mismo, no hay promotor de salud «está el Centro de Salud, los implementos y todo quedó ahí, pero no hay promotor» puntualiza Daniela, una joven de la vereda La Tigra quien explica que deben transladarse en «motor» a la vereda más cercana. Además, la mayoría de viviendas –que están hechas en madera- se están cayendo a pedazos, ya que el tiempo pasa implacable en los territorios donde la soledad reina.
Así mismo, no hay promotor de salud «está el Centro de Salud, los implementos y todo quedó ahí, pero no hay promotor» puntualiza Daniela, una joven de la vereda La Tigra quien explica que deben transladarse en «motor» a la vereda más cercana. Además, la mayoría de viviendas –que están hechas en madera- se están cayendo a pedazos, ya que el tiempo pasa implacable en los territorios donde la soledad reina.
Consultamos a la Oficina del PNIS y manifestaron que, el problema de orden público impidió que se adelantara de manera correcta la implementación, pero que continúan analizando, o cómo darle cumplimiento a lo pactado con estas familias, o cómo se incluyen a los nuevos programas de sustitución que en este caso sería Hecho a tu Medida.
No sólo en las veredas del Guayabero las familias tuvieron que desplazarse de manera masiva. También en La Esperanza en Puerto Rico hay un gran número de casas vacías, familias que cierran con candado sus casas de madera con el anhelo de volver pronto y pasan meses sin poder hacerlo, además que se preguntan: ¿A qué vamos a regresar? ¿De qué vamos a vivir?
No sólo en las veredas del Guayabero las familias tuvieron que desplazarse de manera masiva. También en La Esperanza en Puerto Rico hay un gran número de casas vacías, familias que cierran con candado sus casas de madera con el anhelo de volver pronto y pasan meses sin poder hacerlo, además que se preguntan: ¿A qué vamos a regresar? ¿De qué vamos a vivir?
En Puerto Rico alrededor de 250 familias necesitaron de mucha resistencia y de una acción popular para ser reintegradas al programa ya que habían sido suspendidas por supuestamente no haber erradicado. Ésta misma realidad la vivieron casi 100 familias de Vista Hermosa, en consecuencia que delegaron el proceso de erradicación manual a las tropas del Ejército y estas sólo “soquearon” los cultivos, pero al no haber sido quitados de raíz volvieron a rebrotar y cuando la Misión de verificación de la ONU fue al terreno, bloquearon los pagos de estas familias.
Según la Oficina del PNIS, desde principio de éste año las familias están terminando de recibir los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata y luego podrán recibir el $1.800.000 de seguridad alimentaria.
“Vamos pa’ cuatro años que estamos desarrollando el PNIS y hasta hace poquito, el 20 de octubre del 2020, se logró que se activaran los pagos a 97 personas del municipio de Vista Hermosa después de casi cuatro años de ir funcionando el programa y ahí vemos los ‘reverzasos’ que tiene el PNIS, no en el programa como tal sino en la ejecución el Gobierno sí se quedó corto” dijo a El Cuarto Mosquetero, Luis Alejandro Avellaneda, delegado municipal del PNIS por el Partido Comunes, en Vista Hermosa y también delegado de apoyo en los cinco municipios que hacen parte del programa en el Meta.
Es importante tener en cuenta que, las familias tuvieron que esperar más de dos años para recibir nuevamente la visita de verificación y así ser reintegradas al programa, pero existen casos como el de La Macarena y Mesetas donde la realidad es otra.
La pesadilla de haber pertenecido a Guardabosques.
Alrededor de 40 familias habían pertenecido al programa familias guardabosques que impulsó la Agencia Presidencial para la Acción en el año 2006 donde se suponía que dos mil familias de Puerto Rico y La Macarena se beneficiarían. Para esa fecha se hablaba de lograr erradicar 1.237 hectáreas. Pero parece que la estrategia de erradicación de guardabosques no funcionó. Ya que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) señaló que, en 2016, el Parque Nacional Natural con más coca en el país era Sierra de La Macarena, con alrededor de 2.548 hectáreas.
Mientras que con el programa PNIS sí se logró reducir significativamente estas cifras. Por ejemplo, en el 2017 cuando apenas se iba a empezar a implementar el programa, habían aumentado las hectáreas de cultivo a 2.832, en tanto que para el 2018 se habían reducido a 1.840 hectáreas y finalmente en 2019 a 1.104.
No obstante, si el Gobierno Nacional sabía que quienes habían pertenecido al programa fallido de guardabosques en La Macarena no podían estar en el PNIS, ¿Por qué motivarlos a erradicar, darles los primeros 12 millones de pesos de incentivo como apoyo para subsistencia, si luego iban a ser suspendidos del programa? El día que iban a la entrega de los productos que representaban el $1.800.000 para seguridad alimentaria más asistencia técnica, fueron advertidos de que no aparecían en la base de datos. Con el tiempo las notificaciones empezarían a llegarles, inclusive hace algunas semanas todavía continuaban acercándose las y los beneficiarios a la oficina de Personería para que los ayudaran a recibir una respuesta.
“Hay que continuar con los mecanismos judiciales (…) porque es un atropello el que se está realizando del programa, ya que después de que una persona se acogió, erradicó, cumplió, le van a decir que están por fuera del programa”, explicaron autoridades locales a El Cuarto Mosquetero, las cuales están ayudando a las comunidades a hacer recursos de reposición, porque tras seis meses apenas les están respondiendo a éstas familias que están fuera del PNIS.
Según la Oficina del PNIS, desde principio de éste año las familias están terminando de recibir los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata y luego podrán recibir el $1.800.000 de seguridad alimentaria.
“Vamos pa’ cuatro años que estamos desarrollando el PNIS y hasta hace poquito, el 20 de octubre del 2020, se logró que se activaran los pagos a 97 personas del municipio de Vista Hermosa después de casi cuatro años de ir funcionando el programa y ahí vemos los ‘reverzasos’ que tiene el PNIS, no en el programa como tal sino en la ejecución el Gobierno sí se quedó corto” dijo a El Cuarto Mosquetero, Luis Alejandro Avellaneda, delegado municipal del PNIS por el Partido Comunes, en Vista Hermosa y también delegado de apoyo en los cinco municipios que hacen parte del programa en el Meta.
Es importante tener en cuenta que, las familias tuvieron que esperar más de dos años para recibir nuevamente la visita de verificación y así ser reintegradas al programa, pero existen casos como el de La Macarena y Mesetas donde la realidad es otra.
La pesadilla de haber pertenecido a Guardabosques.
Alrededor de 40 familias habían pertenecido al programa familias guardabosques que impulsó la Agencia Presidencial para la Acción en el año 2006 donde se suponía que dos mil familias de Puerto Rico y La Macarena se beneficiarían. Para esa fecha se hablaba de lograr erradicar 1.237 hectáreas. Pero parece que la estrategia de erradicación de guardabosques no funcionó. Ya que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) señaló que, en 2016, el Parque Nacional Natural con más coca en el país era Sierra de La Macarena, con alrededor de 2.548 hectáreas.
Mientras que con el programa PNIS sí se logró reducir significativamente estas cifras. Por ejemplo, en el 2017 cuando apenas se iba a empezar a implementar el programa, habían aumentado las hectáreas de cultivo a 2.832, en tanto que para el 2018 se habían reducido a 1.840 hectáreas y finalmente en 2019 a 1.104.
No obstante, si el Gobierno Nacional sabía que quienes habían pertenecido al programa fallido de guardabosques en La Macarena no podían estar en el PNIS, ¿Por qué motivarlos a erradicar, darles los primeros 12 millones de pesos de incentivo como apoyo para subsistencia, si luego iban a ser suspendidos del programa? El día que iban a la entrega de los productos que representaban el $1.800.000 para seguridad alimentaria más asistencia técnica, fueron advertidos de que no aparecían en la base de datos. Con el tiempo las notificaciones empezarían a llegarles, inclusive hace algunas semanas todavía continuaban acercándose las y los beneficiarios a la oficina de Personería para que los ayudaran a recibir una respuesta.
“Hay que continuar con los mecanismos judiciales (…) porque es un atropello el que se está realizando del programa, ya que después de que una persona se acogió, erradicó, cumplió, le van a decir que están por fuera del programa”, explicaron autoridades locales a El Cuarto Mosquetero, las cuales están ayudando a las comunidades a hacer recursos de reposición, porque tras seis meses apenas les están respondiendo a éstas familias que están fuera del PNIS.
Lamentablemente, ésta misma realidad la están viviendo cuatro familias de Puerto Rico, aunque Personería Municipal acompañó la apelación, fueron retiradas del programa.
Así mismo, 25 familias del municipio de Mesetas fueron retiradas por haber sido parte de Guardabosques. Allí la Personería Municipal va un poco más adelantada en el proceso de recusación, pero la oficina del PNIS fue tajante en mantener por fuera a las y los beneficiarios. “¿Por qué no hicieron ese filtro en el momento de inscripción de las familias? Ahora que erradicaron, les dieron asistencia técnica, les dicen los excluimos (…) por eso se interpuso recurso de reposición, subsidiario de apelación, pero no fue posible, que, porque no podían hacer parte de otro programa de gobierno”, contó a El Cuarto Mosquetero la personera Deisy Melo, quien cuestiona que si las inscripciones al programa de sustitución se adelantaron en el 2016 ¿Por qué esperar hasta el 2021 para notificarlos? Para ella, al campesinado le están violando el derecho al debido proceso.
Así mismo, 25 familias del municipio de Mesetas fueron retiradas por haber sido parte de Guardabosques. Allí la Personería Municipal va un poco más adelantada en el proceso de recusación, pero la oficina del PNIS fue tajante en mantener por fuera a las y los beneficiarios. “¿Por qué no hicieron ese filtro en el momento de inscripción de las familias? Ahora que erradicaron, les dieron asistencia técnica, les dicen los excluimos (…) por eso se interpuso recurso de reposición, subsidiario de apelación, pero no fue posible, que, porque no podían hacer parte de otro programa de gobierno”, contó a El Cuarto Mosquetero la personera Deisy Melo, quien cuestiona que si las inscripciones al programa de sustitución se adelantaron en el 2016 ¿Por qué esperar hasta el 2021 para notificarlos? Para ella, al campesinado le están violando el derecho al debido proceso.
En el municipio de Mesetas además de las familias excluidas por haber estado en Guardabosques, también en el 2019 suspendieron a 27 personas por supuestamente no haber erradicado de manera completa, lo que requirió de un largo acompañamiento por parte de la Personería Municipal hasta que hace poco empezaron a recibir nuevamente los pagos de asistencia alimentaria.
A la fecha 715 familias de las 1.103 obtuvieron la asistencia alimentaria, no obstante, las demás –las que no fueron suspendidas o están bloqueadas por estar en zonas de áreas protegidas-, no han recibido los respectivos desembolsos porque el programa argumenta estar desfinanciado.
Sumado a ello, más de 100 familias denuncian que, cuando recién inició el programa les solicitaron que se inscribieran, luego les manifestaron que no habían quedado inscritos por baja densidad, posteriormente les pidieron de nuevo todos sus papeles –fotocopias de documento de identidad, carta venta de sus predios, entre otros- y hasta les hicieron firmar el acta de compromiso de no volver a sembrar, hasta que finalmente les dijeron que habían quedado por fuera del programa, pero no sólo no les devolvieron la documentación sino que, denuncian que ellos aparecen en la base de datos como beneficiarios y esto significaría que más adelante si quisieran acceder a algún programa gubernamental no van a poder hacerlo.
“¿Por qué hacemos parte del archivo del programa si no salimos beneficiados? (…) la duda que tiene la gente es que primero sí, luego que no, pero nunca recibieron nada y qué hicieron con nuestra información”, contó a El Cuarto Mosquetero, Luis Alfonso Camacho, vicepresidente la vereda Nueva Esperanza. Consultamos a la Personera del municipio quien manifestó que sí había recibido denuncias respecto a estos casos, “yo los he visto que han pedido cantidad de papeles, que traiga esto porque a usted lo excluyeron, vuelva y traiga estos papeles, pero nunca dan una solución oportuna”, pero que, sin embargo, nunca responden de manera integral.
Finalmente, también denunciaron que, el programa PNIS se ha caracterizado por ser intransigente con sus decisiones. Por ejemplo, sacaron a una beneficiaria que por estar enferma no pudo asistir a las reuniones de participación y por más que se enviaron los soportes no quisieron reintegrarla. Así mismo sacaron a un concejal del programa, sabiendo que él había pertenecido mucho antes de haber sido elegido mediante elección popular y además tenía esquema de protección, porque precisamente abanderó y promovió el programa de sustitución, cuando la oficina del PNIS empezó a incumplir, su vida empezó a correr riesgo pues llovieron amenazas de todo tipo, ahora el programa lo dejó a su suerte.
A la fecha 715 familias de las 1.103 obtuvieron la asistencia alimentaria, no obstante, las demás –las que no fueron suspendidas o están bloqueadas por estar en zonas de áreas protegidas-, no han recibido los respectivos desembolsos porque el programa argumenta estar desfinanciado.
Sumado a ello, más de 100 familias denuncian que, cuando recién inició el programa les solicitaron que se inscribieran, luego les manifestaron que no habían quedado inscritos por baja densidad, posteriormente les pidieron de nuevo todos sus papeles –fotocopias de documento de identidad, carta venta de sus predios, entre otros- y hasta les hicieron firmar el acta de compromiso de no volver a sembrar, hasta que finalmente les dijeron que habían quedado por fuera del programa, pero no sólo no les devolvieron la documentación sino que, denuncian que ellos aparecen en la base de datos como beneficiarios y esto significaría que más adelante si quisieran acceder a algún programa gubernamental no van a poder hacerlo.
“¿Por qué hacemos parte del archivo del programa si no salimos beneficiados? (…) la duda que tiene la gente es que primero sí, luego que no, pero nunca recibieron nada y qué hicieron con nuestra información”, contó a El Cuarto Mosquetero, Luis Alfonso Camacho, vicepresidente la vereda Nueva Esperanza. Consultamos a la Personera del municipio quien manifestó que sí había recibido denuncias respecto a estos casos, “yo los he visto que han pedido cantidad de papeles, que traiga esto porque a usted lo excluyeron, vuelva y traiga estos papeles, pero nunca dan una solución oportuna”, pero que, sin embargo, nunca responden de manera integral.
Finalmente, también denunciaron que, el programa PNIS se ha caracterizado por ser intransigente con sus decisiones. Por ejemplo, sacaron a una beneficiaria que por estar enferma no pudo asistir a las reuniones de participación y por más que se enviaron los soportes no quisieron reintegrarla. Así mismo sacaron a un concejal del programa, sabiendo que él había pertenecido mucho antes de haber sido elegido mediante elección popular y además tenía esquema de protección, porque precisamente abanderó y promovió el programa de sustitución, cuando la oficina del PNIS empezó a incumplir, su vida empezó a correr riesgo pues llovieron amenazas de todo tipo, ahora el programa lo dejó a su suerte.
En cada una de las veredas PNIS las quejas según los productos que les llegaron variaban, pero en últimas el trasfondo era el mismo: precios elevados, productos en mal estado y/o elementos que no habían solicitado.
“Muchas cosas que los beneficiarios solicitaron no llegaron y a muchos se les cambió el plan de inversión, ejemplo, yo pedí una licuadora manual y me llegaron seis varillas Copperweld que son las que utilizan en cercas eléctricas, independientemente que mi línea productiva sea café y me llegaron esas varillas. Muchas personas pidieron concentrado para aves y les llegó cal dolomita. Fueron infinidad de cosas que llegaron mal. Las tejas de zinc, la mejor que hay en el mercado es de calibre 33, llegaron una cantidad de tejas determinadas y para los núcleos más lejanos llegaron tejas sin marca y de otros calibres”, contó a El Cuarto Mosquetero uno de los técnicos del PNIS en el Meta.
Ejemplo de ello fue lo que le sucedió a habitantes de la vereda La Reforma en Vista Hermosa, quienes no recibieron lo que pidieron o le llegaron productos que no se dan en la zona, como en el caso de las semillas «semillas sí cualquier cantidad, hasta de lo que no se da por acá. Por ejemplo, a mí me dieron 4 kilos de frijol bola, pero eso no se da por acá, eso se da en tierra fría, la verdad yo las regalé para que los llevaran a tierra fría donde viven unos hijos míos” reconoce la lideresa.
A su vez, líderes del proceso de sustitución denunciaron que los productos llegaron sin certificado de garantía, así que, por ejemplo, cuando recibieron motores o motobombas y no prendían, debían luego buscar cómo repararlas. Algunas personas no las recibieron, les hicieron firmar un acta, pero luego no les llegó nada.
En otras ocasiones, las familias decidieron recibir lo que les dieran sin mayor queja, pues consideran que, si el Estado nunca antes había hecho presencia con éste tipo de proyectos, no iban a desaprovechar la posibilidad de recibir cualquier cosa que llegue. “Algunos de la veeduría decían que no estaban de acuerdo con recibir los productos, pero en socialización gran parte de la población dijo nosotros siempre hemos estado abandonas por el Estado cualquier cosa que llegué, yo le echo mano”, afirmó un líder del sur del Meta a El Cuarto Mosquetero.
Lo que sí es cierto es que, en el sur del Meta aunque las familias querían recibir pollos y cerdos, o en general, animales para ir construyendo un proyecto productivo, la oficina del PNIS siguiendo las recomendaciones del ICA decidió abstenerse de entregarlos, así que desde El Cuarto Mosquetero no recibimos denuncias como las que sí nos hicieron llegar en lugares como por ejemplo, Puerto Nuevo, Guaviare, donde los pollos y cerdos después de unos días de entregados se murieron –que es una realidad en varias partes del país-, y el valor por el que recibieron los animales básicamente era por el que deberían venderlo, por ende se quedaban sin posibilidades de obtener ganancias.
Quizá en el único lugar donde no denunciaron sobrecostos y mala calidad en los productos fue en Uribe, o por lo menos en la última entrega que se adelantó en La Julia, en el mes de noviembre del 2020 y a la que fuimos a hacerle verificación, nos manifestaron que los productos recibidos eran de alta calidad y que habían llegado completos. Sólo reiteraron que, los retrasos seguían siendo una constante que no dejaba que avanzara realmente el proceso de sustitución.
“Muchas cosas que los beneficiarios solicitaron no llegaron y a muchos se les cambió el plan de inversión, ejemplo, yo pedí una licuadora manual y me llegaron seis varillas Copperweld que son las que utilizan en cercas eléctricas, independientemente que mi línea productiva sea café y me llegaron esas varillas. Muchas personas pidieron concentrado para aves y les llegó cal dolomita. Fueron infinidad de cosas que llegaron mal. Las tejas de zinc, la mejor que hay en el mercado es de calibre 33, llegaron una cantidad de tejas determinadas y para los núcleos más lejanos llegaron tejas sin marca y de otros calibres”, contó a El Cuarto Mosquetero uno de los técnicos del PNIS en el Meta.
Ejemplo de ello fue lo que le sucedió a habitantes de la vereda La Reforma en Vista Hermosa, quienes no recibieron lo que pidieron o le llegaron productos que no se dan en la zona, como en el caso de las semillas «semillas sí cualquier cantidad, hasta de lo que no se da por acá. Por ejemplo, a mí me dieron 4 kilos de frijol bola, pero eso no se da por acá, eso se da en tierra fría, la verdad yo las regalé para que los llevaran a tierra fría donde viven unos hijos míos” reconoce la lideresa.
A su vez, líderes del proceso de sustitución denunciaron que los productos llegaron sin certificado de garantía, así que, por ejemplo, cuando recibieron motores o motobombas y no prendían, debían luego buscar cómo repararlas. Algunas personas no las recibieron, les hicieron firmar un acta, pero luego no les llegó nada.
En otras ocasiones, las familias decidieron recibir lo que les dieran sin mayor queja, pues consideran que, si el Estado nunca antes había hecho presencia con éste tipo de proyectos, no iban a desaprovechar la posibilidad de recibir cualquier cosa que llegue. “Algunos de la veeduría decían que no estaban de acuerdo con recibir los productos, pero en socialización gran parte de la población dijo nosotros siempre hemos estado abandonas por el Estado cualquier cosa que llegué, yo le echo mano”, afirmó un líder del sur del Meta a El Cuarto Mosquetero.
Lo que sí es cierto es que, en el sur del Meta aunque las familias querían recibir pollos y cerdos, o en general, animales para ir construyendo un proyecto productivo, la oficina del PNIS siguiendo las recomendaciones del ICA decidió abstenerse de entregarlos, así que desde El Cuarto Mosquetero no recibimos denuncias como las que sí nos hicieron llegar en lugares como por ejemplo, Puerto Nuevo, Guaviare, donde los pollos y cerdos después de unos días de entregados se murieron –que es una realidad en varias partes del país-, y el valor por el que recibieron los animales básicamente era por el que deberían venderlo, por ende se quedaban sin posibilidades de obtener ganancias.
Quizá en el único lugar donde no denunciaron sobrecostos y mala calidad en los productos fue en Uribe, o por lo menos en la última entrega que se adelantó en La Julia, en el mes de noviembre del 2020 y a la que fuimos a hacerle verificación, nos manifestaron que los productos recibidos eran de alta calidad y que habían llegado completos. Sólo reiteraron que, los retrasos seguían siendo una constante que no dejaba que avanzara realmente el proceso de sustitución.
Beneficiarios del PNIS en Uribe, Meta, estuvieron en la vereda La Julia recibiendo los elementos del proyecto de seguridad alimentaria. Foto: Edilson Ariza.
En la jornada participaron beneficiarios de diversas veredas. Foto: Edilson Ariza.
Durante tres días se entregaron los productos correspondientes según el proyecto. Foto: Edilson Ariza.
Cada uno de los beneficiarios/as debían buscar el transporte para llevar a su hogar lo recibido. Fotos: Edilson Ariza.
Quienes vivían más cerca, utilizaban motos de carga, mientras que otros se unieron y contrataron camiones. Fotos: Edilson Airza.
En la jornada participaron cultivadores y no cultivadores. Foto: Edilson Ariza.- De ésta manera en Uribe se está al día con la segunda fase de la implementación, a excepción de quienes habitan en zonas de PNN. Foto: Edilson Ariza.
A nivel nacional la UNODC identificó 7.085 hectáreas de coca en áreas de zonas forestales y bosques de interés general, de las cuales 6.980 fueron erradicadas de manera voluntaria. Entre esas, 1.913 estaban en zonas de Parques Nacionales Naturales-PNN y a diciembre 31 de 2020 se habían erradicado 1.887. Por ende ¿Cuántas familias en zonas de áreas protegidas están esperando que se adelante el proceso de sustitución?
Aunque más adelante abordaremos la compleja situación que significa para las y los campesinos vivir en zonas de Parques Nacionales Naturales y después de ser colonos, pasar a ser considerados los grandes depredadores de la naturaleza. El habitar allí le ha significado a las y los beneficiarios del PNIS, limitar su proceso de sustitución a solamente haber recibido los $12.000.000 de asistencia alimentaria, porque ni siquiera al proyecto de huerta, ni mucho menos al proyecto de ciclo corto y ciclo largo pueden esperar a acceder pronto.
«Cuando ya se viene desarrollando el tema del PNIS, vienen a poner trabas, como primera medida dicen, la persona que tenga doble afiliación en el Sisbén tiene problemas con el PNIS, las personas que estén en parques no se les puede dar tales insumos y así sucesivamente fueron poniendo trabas cuando en el acuerdo dice otra cosa, por ejemplo, en el acuerdo se habla que las personas que estén en parques se debe hacer una concertación para desarrollar el PNIS en esos territorios, ahí no dice en ningún momento que hay que sacarlo o que no se puede hacer”, recuerda Avellaneda, quien ve con preocupación que los cinco municipios convergen o en zonas de parques o en áreas protegidas.
Preocupación que comparten líderes del sector, por ejemplo, para Alexander Luna del municipio de Uribe, «Parques no ha concertado de forma adecuada con la comunidad, la norma ambiental es muy dura y en Colombia no hay plan (…) mientras que aquí PNN habla de proyectos amigables con el medio ambiente, la realidad es que no son los proyectos que la gente tiene ahora, porque los campesinos tienen ganado, aguacate, plátano y praderas», destaca este campesino quien considera que la norma hay que flexibilizarla, porque por ello las comunidades son las que terminan sufriendo con operativos como el de Artemisa, que busca preservar la naturaleza y termina criminalizando a los colonos que siempre han vivido en áreas protegidas.
Aunque más adelante abordaremos la compleja situación que significa para las y los campesinos vivir en zonas de Parques Nacionales Naturales y después de ser colonos, pasar a ser considerados los grandes depredadores de la naturaleza. El habitar allí le ha significado a las y los beneficiarios del PNIS, limitar su proceso de sustitución a solamente haber recibido los $12.000.000 de asistencia alimentaria, porque ni siquiera al proyecto de huerta, ni mucho menos al proyecto de ciclo corto y ciclo largo pueden esperar a acceder pronto.
«Cuando ya se viene desarrollando el tema del PNIS, vienen a poner trabas, como primera medida dicen, la persona que tenga doble afiliación en el Sisbén tiene problemas con el PNIS, las personas que estén en parques no se les puede dar tales insumos y así sucesivamente fueron poniendo trabas cuando en el acuerdo dice otra cosa, por ejemplo, en el acuerdo se habla que las personas que estén en parques se debe hacer una concertación para desarrollar el PNIS en esos territorios, ahí no dice en ningún momento que hay que sacarlo o que no se puede hacer”, recuerda Avellaneda, quien ve con preocupación que los cinco municipios convergen o en zonas de parques o en áreas protegidas.
Preocupación que comparten líderes del sector, por ejemplo, para Alexander Luna del municipio de Uribe, «Parques no ha concertado de forma adecuada con la comunidad, la norma ambiental es muy dura y en Colombia no hay plan (…) mientras que aquí PNN habla de proyectos amigables con el medio ambiente, la realidad es que no son los proyectos que la gente tiene ahora, porque los campesinos tienen ganado, aguacate, plátano y praderas», destaca este campesino quien considera que la norma hay que flexibilizarla, porque por ello las comunidades son las que terminan sufriendo con operativos como el de Artemisa, que busca preservar la naturaleza y termina criminalizando a los colonos que siempre han vivido en áreas protegidas.
«Vinieron los de parques, dijero les damos un manejo y a tales les damos otro manejo. Y no, la idea era que todos entráramos y todos erradicáramos y ya después nos ponen trabas, porque apareció Parques, Coormacarena, una cantidad de entidades a ponernos trabas a los campesinos”, recuerda Sandra, quien agrega que el Gobierno no fue claro desde el principio, los hizo acabar con sus cultivos de coca pero luego los dejó a su suerte.
Esto ha generado zozobra en las y los campesinos que habitan en parques, quienes por un lado se enfrentan a los operativos que adelantan para decomisar ganado o inclusive a los de la Operación Artemisa, pero por otro lado erradicaron y ven cada día más lejano el tener una sustitución. “Hasta el momento no hay nada, algunos hicieron planes de inversión, pero están sujetos a que los devuelvan, la gente está en incertidumbre”, reconoce uno de los técnicos de la zona, pues, aunque han tratado de adelantar los planes de inversión del proyecto de ciclo corto y ciclo largo que serían alrededor de $19.000.000 en realidad no están seguros hasta qué punto van a permitirles proyectos diferentes a restauración, mejoramiento y reforestación.
Éste medio de comunicación se intentó contactar con Parques Nacionales Naturales, pero hasta la fecha no ha recibido respuestas. Por su parte Triana explicó que, «otro de los inconvenientes que tenemos es que hay bastantes usuarios en zonas de Parques Nacionales Naturales y en Distrito de Manejo Especial. Ese también ha sido uno de los motivos de retrasos en los insumos de quienes habitan allá, porque nosotros tenemos que cumplir con toda la normativa ambiental y se requieren unos memorandos de acuerdo para que sepamos qué se puede hacer allá porque no se pueden adelantar proyectos productivos sino de restauración (…) pero ya el año y pasado y éste pudimos lograr el memorando de acuerdo y las guías de asistencia técnica diferenciada para avanzar en ecoturismo, apicultura», concluyó explicando que esperan éste año empezar a cumplirle a las y los beneficiarios.
Esto ha generado zozobra en las y los campesinos que habitan en parques, quienes por un lado se enfrentan a los operativos que adelantan para decomisar ganado o inclusive a los de la Operación Artemisa, pero por otro lado erradicaron y ven cada día más lejano el tener una sustitución. “Hasta el momento no hay nada, algunos hicieron planes de inversión, pero están sujetos a que los devuelvan, la gente está en incertidumbre”, reconoce uno de los técnicos de la zona, pues, aunque han tratado de adelantar los planes de inversión del proyecto de ciclo corto y ciclo largo que serían alrededor de $19.000.000 en realidad no están seguros hasta qué punto van a permitirles proyectos diferentes a restauración, mejoramiento y reforestación.
Éste medio de comunicación se intentó contactar con Parques Nacionales Naturales, pero hasta la fecha no ha recibido respuestas. Por su parte Triana explicó que, «otro de los inconvenientes que tenemos es que hay bastantes usuarios en zonas de Parques Nacionales Naturales y en Distrito de Manejo Especial. Ese también ha sido uno de los motivos de retrasos en los insumos de quienes habitan allá, porque nosotros tenemos que cumplir con toda la normativa ambiental y se requieren unos memorandos de acuerdo para que sepamos qué se puede hacer allá porque no se pueden adelantar proyectos productivos sino de restauración (…) pero ya el año y pasado y éste pudimos lograr el memorando de acuerdo y las guías de asistencia técnica diferenciada para avanzar en ecoturismo, apicultura», concluyó explicando que esperan éste año empezar a cumplirle a las y los beneficiarios.
Para completar los $36.000.000 por familia que corresponde a lo pactado en el programa de sustitución que de haberse cumplido a cabalidad y en los 29 meses establecidos, pudo haber sido un programa ejemplo de sustitución a nivel mundial, había en dos momentos en el desarrollo del programa un rubro de $1.600.000 por familia para asistencia técnica integral.
Es decir, desde el momento en el que la familia hacía su proceso de erradicación debía iniciar la asistencia técnica durante cuatro meses para proyectar lo que debía entregarse con el proyecto de autosostenimiento y seguridad alimentaria, seguidamente cuando se desarrollaba el programa de ciclo corto de ingresos rápidos por valor de $9.000.000 y posteriormente en el segundo año cuando salía el proyecto productivo de largo plazo de $10.000.000 debía culminarse también con ese acompañamiento que permitiría que las familias no fracasen al invertir en un producto que para ser rentable depende de variables como el tipo de tierra, clima, oportunidades de comercialización y/o transformación, entre otros factores que determinan la sostenibilidad de este tipo de inversión.
En ese sentido eran alrededor de 12 visitas técnicas por familia, pero no todas las recibieron, algunas por tener las limitantes de suspensiones, estar en áreas protegidas o de PNN, o simplemente por vivir en lugares donde los grupos residuales habían declarado objetivo militar a un gran número de funcionarios. Por ello, aunque a las familias sí les avalúen los $3.200.000, que significaría alrededor de $30.924.800.000 para contratar coordinadores, consultores, técnicos y promotores, no se podría asegurar que las y los beneficiarios del PNIS en su totalidad estén recibiendo asistencia técnica integral.
Frente a eso, Jaime Triana, coordinador nacional del PNIS, confirmó que debido a cuestiones de orden público no han podido llegar a todas las zonas, pero idearon unas escuelas de campo denominadas ECAS, en las que, o en ciertos sectores se reúne al personal para capacitarlos en los diversos tipos de proyectos productivos que podrían tener, o se les envía de manera digital los contenidos de la escuela. Esto ha generado tranquilidad en algunas personas que consideran que por lo menos innovan en otras formas de capacitar a las y los campesinos, mientras que, gran parte de la ciudadanía, denuncia que cada familia tiene condiciones diversas –pues hasta la tierra puede tener ph distinto- y que por ende la asistencia debería realizarse de manera diferenciada, personalizada y específica.
Es decir, desde el momento en el que la familia hacía su proceso de erradicación debía iniciar la asistencia técnica durante cuatro meses para proyectar lo que debía entregarse con el proyecto de autosostenimiento y seguridad alimentaria, seguidamente cuando se desarrollaba el programa de ciclo corto de ingresos rápidos por valor de $9.000.000 y posteriormente en el segundo año cuando salía el proyecto productivo de largo plazo de $10.000.000 debía culminarse también con ese acompañamiento que permitiría que las familias no fracasen al invertir en un producto que para ser rentable depende de variables como el tipo de tierra, clima, oportunidades de comercialización y/o transformación, entre otros factores que determinan la sostenibilidad de este tipo de inversión.
En ese sentido eran alrededor de 12 visitas técnicas por familia, pero no todas las recibieron, algunas por tener las limitantes de suspensiones, estar en áreas protegidas o de PNN, o simplemente por vivir en lugares donde los grupos residuales habían declarado objetivo militar a un gran número de funcionarios. Por ello, aunque a las familias sí les avalúen los $3.200.000, que significaría alrededor de $30.924.800.000 para contratar coordinadores, consultores, técnicos y promotores, no se podría asegurar que las y los beneficiarios del PNIS en su totalidad estén recibiendo asistencia técnica integral.
Frente a eso, Jaime Triana, coordinador nacional del PNIS, confirmó que debido a cuestiones de orden público no han podido llegar a todas las zonas, pero idearon unas escuelas de campo denominadas ECAS, en las que, o en ciertos sectores se reúne al personal para capacitarlos en los diversos tipos de proyectos productivos que podrían tener, o se les envía de manera digital los contenidos de la escuela. Esto ha generado tranquilidad en algunas personas que consideran que por lo menos innovan en otras formas de capacitar a las y los campesinos, mientras que, gran parte de la ciudadanía, denuncia que cada familia tiene condiciones diversas –pues hasta la tierra puede tener ph distinto- y que por ende la asistencia debería realizarse de manera diferenciada, personalizada y específica.
Finalmente, algunos técnicos denunciaron que, los retrasos no sólo han sido con las y los beneficiarios del PNIS, sino que también a ellos les han retrasado los pagos y la contratación. “Nosotros terminamos contrato el 15 de noviembre de 2019 y ese pago nos lo hicieron el 15 de marzo de 2020 con el mes y medio que nos hacía falta. Eso quiere decir que octubre y la mitad de noviembre, nos pagaron hasta después”.
— Una semilla de esperanza —
En el Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla más antigua del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el gobierno colombiano, quedó establecido en el Punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, los principios para la implementación del PNIS, visto desde el cultivo, la producción y la comercialización. Fue claro que uno de sus objetivos es contribuir a obtener una Reforma Rural Integral que realice transformaciones estructurales en la que las y los campesinos tengan un papel protagónico.
Desde el 2016 hasta el 2018 que empezó la vinculación del campesinado, se identificó una fuerte voluntad por acogerse al programa de sustitución, lo que precisamente ha permitido que a nivel nacional 43.711 hectáreas hayan sido erradicadas a diciembre del 2020, a partir de la vinculación de 99.097 familias de 56 municipios, según resta en el informe número 26 del PNIS realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC. De esas personas vinculadas al programa, 67.597 son cultivadoras, 16.855 son recolectores de hoja de coca y 67.597 son campesinos no cultivadores pero que habitan en zonas donde la economía está relacionada con la coca.
Según el último informe de la UNODC, en el Meta se ha logrado erradicar de manera voluntaria 2.846 hectáreas, lo que se ha convertido en un logro del programa de sustitución, pues desde un inicio miles de campesinos y campesinas mostraron su disposición por cambiar su principal fuente de sustento, por una actividad lícita, a partir de la confianza que les generaba el programa. Es por esto que en el Meta 9.664 familias se vincularon al PNIS, desagregadas por municipios de la siguiente manera:
Desde el 2016 hasta el 2018 que empezó la vinculación del campesinado, se identificó una fuerte voluntad por acogerse al programa de sustitución, lo que precisamente ha permitido que a nivel nacional 43.711 hectáreas hayan sido erradicadas a diciembre del 2020, a partir de la vinculación de 99.097 familias de 56 municipios, según resta en el informe número 26 del PNIS realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC. De esas personas vinculadas al programa, 67.597 son cultivadoras, 16.855 son recolectores de hoja de coca y 67.597 son campesinos no cultivadores pero que habitan en zonas donde la economía está relacionada con la coca.
Según el último informe de la UNODC, en el Meta se ha logrado erradicar de manera voluntaria 2.846 hectáreas, lo que se ha convertido en un logro del programa de sustitución, pues desde un inicio miles de campesinos y campesinas mostraron su disposición por cambiar su principal fuente de sustento, por una actividad lícita, a partir de la confianza que les generaba el programa. Es por esto que en el Meta 9.664 familias se vincularon al PNIS, desagregadas por municipios de la siguiente manera:
| MUNICIPIO | Cultivador | No cultivador | Recolector | Total |
| La Macarena | 933 | 721 | 853 | 2507 |
| Mapiripán | 454 | 88 | 150 | 692 |
| Mesetas | 321 | 391 | 391 | 1103 |
| Puerto Concordia | 496 | 92 | 151 | 739 |
| Puerto Rico | 730 | 232 | 296 | 1258 |
| Uribe | 383 | 602 | 178 | 1163 |
| Vista Hermosa | 1073 | 504 | 625 | 2202 |
El PNIS ha sido uno de los programas que más ha permitido erradicar de manera voluntaria garantizando mínimamente que no haya resiembra y que las personas accedan a otras posibilidades de subsistencia, pero si acaso se mantiene a flote al encontrarse desfinanciado.
Mientras tanto, el Gobierno de Iván Duque agita las banderas de erradicación forzada –el Ministerio del Interior informó que había erradicado 130.000 hectáreas durante el 2020-, en la que hay grandes costos humanos: civiles y uniformados que caen en minas antipersona, asesinatos, violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, retenciones a uniformados por parte de la comunidad, entre otros; se utilizan grandes cantidades de recursos y además, no se garantiza que no haya resiembra, ya que, como ha evidenciado Ideas para la Paz, el proceso de erradicación forzada parece un perro que se muerde la cola:
La erradicación forzada es una herramienta con bajos niveles de eficiencia y efectividad. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en Tumaco. Una vez el grupo de erradicación termina su jornada, arrancando de una a tres hectáreas al día –dependiendo de las condiciones del terreno–, avanza hacia el siguiente lote. Al cabo de tres días se habrán alejado unos cinco kilómetros. Esta rutina se repetirá durante dos o tres meses. Una vez el grupo de erradicación forzada se aleja, los cultivadores de coca vuelven a sembrar.
No obstante, para investigadores como Edwin Ríos del Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo ILSA, manifiesta que lo que deben hacer las y los colombianos es exigir que se cumpla con el PNIS y hacer seguimiento a los nuevos programas de sustitución, para que así el campesinado no siga siendo estigmatizado ni tratado como el pilar más importante en la cadena del narcotráfico. “El programa apunta a la transformación estructural del campo colombiano tal y como quedo en el Acuerdo y desde luego hay una preponderancia en la sustitución misma antes que en la erradicación (…) así que es muy importante hacer los debates y plantear las reflexiones de cómo se está implementando en las regiones” concluyó.
Por su parte, Pedro Arenas de Viso Mutop, considera que para que realmente haya un desarrollo rural integral donde las y los campesinos puedan hacer exigibilidad de sus derechos, el país requiere es una política de drogas, con el respeto pleno de los derechos humanos que va mucho más allá de la sustitución; ya que, hay un Estado ausente o que está, pero concentrado en presencia policial y militar.
“El desarrollo alternativo va más allá de la sustitución, en el mundo está probado que la erradicación forzada no es sostenible en el tiempo y se torna violatoria de derechos humanos. No sirve porque se torna ilegítima ante los ojos de las comunidades por el uso de la fuerza en sí misma y porque el Estado no llega en otras formas”, resalta Arenas, quien considera que el Estado debe garantizar que las familias transiten hacia las economías lícitas de manera gradual. Pero que, por lo pronto, mientras realmente hayan cambios estructurales, respaldan el proceso de sustitución, no porque sea sinónimo de desarrollo rural integral, sino porque es pacífico y se gestó desde la participación social en los territorios que decidieron hacer pactos colectivos de sustitución.
De esta manera podemos evidenciar que, el campesinado del sur del Meta creyó en el Acuerdo de Paz, suscribió un pacto colectivo para erradicar de manera voluntaria y confiar en un programa de sustitución que o no llega, o se implementa mientras agoniza por su desfinanciación mientras que al mismo tiempo: deslegitima a quienes empuñaron las banderas de acabar con los cultivos de coca ya que pese a todo permitían el sustento de las familias, suscitando que se conviertan en objetivo militar; a operarios, funcionarios y técnicos que trabajan con el PNIS les establecieron restricciones específicas en los territorios por no cumplir con lo pactado a las y los campesinos así las limitantes provengan del orden nacional; ha provocado desplazamientos masivos; ha precarizado la vida de muchas familias que ya no tienen cómo suplir las tres comidas diarias ni tienen el respaldo de los cultivos para que tan siquiera les fíen en las tiendas; jugó con la esperanza de quienes erradicaron voluntariamente y luego se estrellaron con argumentos como que había baja densidad en su vereda y debían ser expulsados del programa, aparecían como beneficiarios de otros programas de sustitución fallidos, vivían en áreas protegidas o de PNN, habitaban en zonas peligrosas donde el Estado no planeaba hacer presencia, entre otras excusas para suspenderlos; ha socavado la confianza que habían depositado las y los beneficiarios en el Estado y en general, tiene en jaque al campesinado del Meta que soñó con una reforma rural integral y a cambió se enfrenta al despojo, la estimatización y la represión.
*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
Por su parte, Pedro Arenas de Viso Mutop, considera que para que realmente haya un desarrollo rural integral donde las y los campesinos puedan hacer exigibilidad de sus derechos, el país requiere es una política de drogas, con el respeto pleno de los derechos humanos que va mucho más allá de la sustitución; ya que, hay un Estado ausente o que está, pero concentrado en presencia policial y militar.
“El desarrollo alternativo va más allá de la sustitución, en el mundo está probado que la erradicación forzada no es sostenible en el tiempo y se torna violatoria de derechos humanos. No sirve porque se torna ilegítima ante los ojos de las comunidades por el uso de la fuerza en sí misma y porque el Estado no llega en otras formas”, resalta Arenas, quien considera que el Estado debe garantizar que las familias transiten hacia las economías lícitas de manera gradual. Pero que, por lo pronto, mientras realmente hayan cambios estructurales, respaldan el proceso de sustitución, no porque sea sinónimo de desarrollo rural integral, sino porque es pacífico y se gestó desde la participación social en los territorios que decidieron hacer pactos colectivos de sustitución.
De esta manera podemos evidenciar que, el campesinado del sur del Meta creyó en el Acuerdo de Paz, suscribió un pacto colectivo para erradicar de manera voluntaria y confiar en un programa de sustitución que o no llega, o se implementa mientras agoniza por su desfinanciación mientras que al mismo tiempo: deslegitima a quienes empuñaron las banderas de acabar con los cultivos de coca ya que pese a todo permitían el sustento de las familias, suscitando que se conviertan en objetivo militar; a operarios, funcionarios y técnicos que trabajan con el PNIS les establecieron restricciones específicas en los territorios por no cumplir con lo pactado a las y los campesinos así las limitantes provengan del orden nacional; ha provocado desplazamientos masivos; ha precarizado la vida de muchas familias que ya no tienen cómo suplir las tres comidas diarias ni tienen el respaldo de los cultivos para que tan siquiera les fíen en las tiendas; jugó con la esperanza de quienes erradicaron voluntariamente y luego se estrellaron con argumentos como que había baja densidad en su vereda y debían ser expulsados del programa, aparecían como beneficiarios de otros programas de sustitución fallidos, vivían en áreas protegidas o de PNN, habitaban en zonas peligrosas donde el Estado no planeaba hacer presencia, entre otras excusas para suspenderlos; ha socavado la confianza que habían depositado las y los beneficiarios en el Estado y en general, tiene en jaque al campesinado del Meta que soñó con una reforma rural integral y a cambió se enfrenta al despojo, la estimatización y la represión.
*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
