AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Arboricidios en Villavicencio y la Amazorinoquía: el modelo económico que impone el cemento sobre los árboles
Un convenio interadministrativo con acta de inicio del 30 de enero del 2026 y que tiene como objeto la “renovación urbana” en la Avenida Catama, contempla la tala de 65 árboles entre Bomberos y el Hotel Rosado. Experto denuncia falta de planeación y posibles irregularidades. Este caso no es aislado: en la Amazorinoquía parece que prima el cemento sobre los árboles.
El origen de la controversia por el posible arboricidio que se puede llevar a cabo, se remonta a un empréstito por más de 90.000 millones de pesos realizado el año pasado en Villavicencio. De este rubro, se destinaron más de 50.000 millones para dos contratos específicos bajo la figura de convenios interadministrativos con la empresa de desarrollo urbano Pidemonte.
El convenio interadministrativo 2073 de 2026, con un valor de 30.300 millones de pesos, tiene como objetivo la adecuación de la calzada y el espacio público de la Avenida Catama, desde el sector de Bomberos hasta el Hotel Rosado. Óscar Benavides, arquitecto urbanista de Villavicencio, advierte que estos documentos «hablan específicamente de la tala de 65 árboles sobre la avenida Catama».
El convenio interadministrativo 2073 de 2026, con un valor de 30.300 millones de pesos, tiene como objetivo la adecuación de la calzada y el espacio público de la Avenida Catama, desde el sector de Bomberos hasta el Hotel Rosado. Óscar Benavides, arquitecto urbanista de Villavicencio, advierte que estos documentos «hablan específicamente de la tala de 65 árboles sobre la avenida Catama».
Según Óscar, quien realizó un conteo propio en la zona, existen aproximadamente 56 árboles solo en el separador. El proyecto no contempla podas preventivas, sino la eliminación total de los individuos: «aquí dice claramente ‘destronque de raíces de árboles talados’, es decir, los van a quitar de raíces«.
Para el arquitecto, esta intervención es innecesaria y demuestra una carencia de visión urbana contemporánea. «Lo primero es que no existe una planificación… se debería evitar talar árboles que no representen un peligro o que no generen algún inconveniente para la movilidad», señala.
Además, cuestiona la prioridad del gasto, sugiriendo que el municipio tiene necesidades más urgentes, como una planta de tratamiento de aguas residuales o mejoras en el acueducto. “Si existiera una buena planificación, pues evidentemente se hubiera hecho, por ejemplo, un proyecto donde integraran los árboles o al menos se respetara parte del separador para darle un parque lineal en ese punto», añade.
Más allá del impacto ambiental, Óscar destaca inconsistencias técnicas y financieras. El contrato fue entregado a Pidemonte, una entidad que, según él, «no tiene experiencia en el desarrollo de vías», sino en vivienda y actuaciones urbanísticas.
Uno de los puntos más críticos es el cobro de la Administración, Imprevistos y Utilidades -AIU-: se trata del porcentaje adicional incluido en el valor de un contrato que cubre los gastos administrativos del contratista, los costos no previstos y la ganancia esperada por ejecutar la obra o servicio. Mientras que en obras públicas este rango suele oscilar entre el 18% y el 25%, en este contrato se elevó significativamente: «aquí le están dando 36%, lo que quiere decir es que prácticamente le está diciendo a Piedemonte que tenga tenga un 10 o 12% de más«, cuestiona Óscar.
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Además, se denuncia una duplicidad de estudios y el uso de datos desactualizados de 2024 para un convenio interadministrativo firmado en enero de 2026. La Ley de Garantías Electorales 996 de 2005 en Colombia empezó a regir con restricciones desde el 08 de noviembre del 2025 y tiene prohibido la contratación directa y los convenios de este tipo por entidades públicas.
Lea también: Masiva tala de árboles en Villavicencio
El Cuarto Mosquetero consultó a la secretaria de Infraestructura de Villavicencio, Maristella Santa Torres, sobre estos cuestionamientos realizados al convenio interadministrativo 20173 y la tala de árboles que contempla, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no hemos recibido respuesta.
Un modelo urbano que agrava la crisis climática
El posible arboricidio en la Avenida Catama se suma a otros casos recientes en sectores como La Grama y El Retiro. Para Óscar, esto responde a un modelo de desarrollo que ignora la crisis climática. La falta de árboles agrava el efecto de isla de calor en las zonas urbanas, un problema que ciudades emergentes y sostenibles deberían estar combatiendo.
Para el arquitecto, esta intervención es innecesaria y demuestra una carencia de visión urbana contemporánea. «Lo primero es que no existe una planificación… se debería evitar talar árboles que no representen un peligro o que no generen algún inconveniente para la movilidad», señala.
Además, cuestiona la prioridad del gasto, sugiriendo que el municipio tiene necesidades más urgentes, como una planta de tratamiento de aguas residuales o mejoras en el acueducto. “Si existiera una buena planificación, pues evidentemente se hubiera hecho, por ejemplo, un proyecto donde integraran los árboles o al menos se respetara parte del separador para darle un parque lineal en ese punto», añade.
Más allá del impacto ambiental, Óscar destaca inconsistencias técnicas y financieras. El contrato fue entregado a Pidemonte, una entidad que, según él, «no tiene experiencia en el desarrollo de vías», sino en vivienda y actuaciones urbanísticas.
Uno de los puntos más críticos es el cobro de la Administración, Imprevistos y Utilidades -AIU-: se trata del porcentaje adicional incluido en el valor de un contrato que cubre los gastos administrativos del contratista, los costos no previstos y la ganancia esperada por ejecutar la obra o servicio. Mientras que en obras públicas este rango suele oscilar entre el 18% y el 25%, en este contrato se elevó significativamente: «aquí le están dando 36%, lo que quiere decir es que prácticamente le está diciendo a Piedemonte que tenga tenga un 10 o 12% de más«, cuestiona Óscar.
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Además, se denuncia una duplicidad de estudios y el uso de datos desactualizados de 2024 para un convenio interadministrativo firmado en enero de 2026. La Ley de Garantías Electorales 996 de 2005 en Colombia empezó a regir con restricciones desde el 08 de noviembre del 2025 y tiene prohibido la contratación directa y los convenios de este tipo por entidades públicas.
Lea también: Masiva tala de árboles en Villavicencio
El Cuarto Mosquetero consultó a la secretaria de Infraestructura de Villavicencio, Maristella Santa Torres, sobre estos cuestionamientos realizados al convenio interadministrativo 20173 y la tala de árboles que contempla, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no hemos recibido respuesta.
Un modelo urbano que agrava la crisis climática
El posible arboricidio en la Avenida Catama se suma a otros casos recientes en sectores como La Grama y El Retiro. Para Óscar, esto responde a un modelo de desarrollo que ignora la crisis climática. La falta de árboles agrava el efecto de isla de calor en las zonas urbanas, un problema que ciudades emergentes y sostenibles deberían estar combatiendo.
Foto: Melissa Barreto
Foto: Melissa Barreto
Foto: Melissa Barreto
Por su parte, en Acacías, Meta, la construcción de un malecón en la ribera del río ha generado controversia y manifestaciones en contra de lo que también consideran las comunidades como un arboricidio debido a la tala de 320 árboles en la ronda del río Acacías. Xamara Torijano, lideresa juvenil del municipio, expresa que el proyecto no fue socializado debidamente, violando los criterios de las licencias ambientales y los derechos de quienes habitan el territorio.
Aunque la intervención cuenta con autorizaciones, se critica que está arruinando todo un tramo del ecosistema ribereño, dejando en duda la efectividad de las medidas de ahuyentamiento de fauna y la restitución de la dinámica del río. El arquitecto Óscar añade una preocupación técnica y legal, cuestionando cómo se otorgó un permiso de aprovechamiento forestal en una ronda de protección que debería ser de entre 50 y 100 metros, según el Decreto 1541 de 1978 que establece que los cuerpos de agua en Colombia deben contar con una franja de protección, conocida como ronda hídrica, donde se restringen construcciones y actividades que afecten el cauce.
Óscar advierte que canalizar el río para el malecón es una medida mal planificada que ignora el cauce natural y aumenta el riesgo de futuras inundaciones. Se estima que la compensación biológica debería alcanzar los 3.500 árboles, “pero no sabemos dónde se sembrarán y quién garantizará su supervivencia”, dice Xamara.
Este enfoque de desarrollo, que privilegia el cemento sobre el ecosistema, evidencia una profunda desconexión con las realidades climáticas actuales y con las necesidades de las y los habitantes. Óscar advierte que quienes planifican estas obras ignoran conceptos fundamentales, como el efecto de isla de calor, el cual puede ser mitigado por los árboles, tal como lo expone la investigación Importancia de los árboles en el clima y la vida de las ciudades, publicada en la Revista Ciencia y Naturaleza.
ONU-HABITAT, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, señala que los árboles cumplen funciones esenciales en las ciudades: aumentan la biodiversidad al ofrecer hábitat y alimento para diversas especies. Según el estudio, “un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de gases contaminantes por año. Al ser filtros para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza. Vivir cerca de espacios verdes urbanos y tener acceso a ellos puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, al disminuir la presión arterial alta y el estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las comunidades urbanas”.
Más cemento, menos árboles en la Amazorinoquía
El modelo de desarrollo que pone el gris sobre los árboles es compartido en otras regiones como Yopal, Casanare, donde Tatiana Mota señala que para las administraciones «siempre prima el cemento», resultando en proyectos como ciclorrutas que pierden su propósito al destruir la sombra que las haría funcionales .
Uno de los hechos que marcó a la capital del departamento de Casanare fue el arboricidio de más de 404 árboles en la Marginal del Llanos, a las afueras de la ciudad, con el fin de construir una ciclorruta que, según denuncia, “carece de sentido y conectividad”.
A esto se suman intervenciones en el Caño Seco y el Parque La Iguana, donde las compensaciones arbóreas han resultado ser «espacios muertos» debido a que se siembran ejemplares en épocas inadecuadas sin el seguimiento necesario, dice Tatiana. La defensa reciente de árboles emblemáticos como el Cara-caro y los Almendros ha movilizado a la juventud local y a líderes y lideresas que se encadenaron a los árboles para evitar la tala.
Más cemento, menos árboles en la Amazorinoquía
El modelo de desarrollo que pone el gris sobre los árboles es compartido en otras regiones como Yopal, Casanare, donde Tatiana Mota señala que para las administraciones «siempre prima el cemento», resultando en proyectos como ciclorrutas que pierden su propósito al destruir la sombra que las haría funcionales .
Uno de los hechos que marcó a la capital del departamento de Casanare fue el arboricidio de más de 404 árboles en la Marginal del Llanos, a las afueras de la ciudad, con el fin de construir una ciclorruta que, según denuncia, “carece de sentido y conectividad”.
A esto se suman intervenciones en el Caño Seco y el Parque La Iguana, donde las compensaciones arbóreas han resultado ser «espacios muertos» debido a que se siembran ejemplares en épocas inadecuadas sin el seguimiento necesario, dice Tatiana. La defensa reciente de árboles emblemáticos como el Cara-caro y los Almendros ha movilizado a la juventud local y a líderes y lideresas que se encadenaron a los árboles para evitar la tala.
Esta resistencia comunitaria y ambiental evidencia la urgencia de proteger la sombra urbana en una ciudad que como advierte Tatiana “ya sufre olas de calor espantosas”.
En septiembre del año pasado, la tala de árboles en el Parque La Constitución en San José del Guaviare también generó movilización y rechazo en la ciudadanía. El Alcalde de esta ciudad amazónica Willy Rodriguez, aseguró que se trataba de un proyecto de urbanismo y de reconstrucción de bahías. Sin embargo, la comunidad realizó plantones y sembratones para evitar lo que llamaron un “ecocidio ambiental urbano”.
Posteriormente, en noviembre la ciudadanía de Inírida, Guainía, también alertó sobre la tala de árboles en una avenida principal. En este caso las raíces y el gran tamaño de los samanes representaban un riesgo potencial para las personas transeúntes y la infraestructura de los locales comerciales, según quienes solicitaron el procedimiento.
Foto: cortesía de la comunidad
Foto: cortesía de la comunidad
Foto: cortesía de la comunidad
Sin embargo, la comunidad denunció que no hubo un estudio que determinara la necesidad de la tala ni el sustento de la licencia por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-.
Por su parte, la Alcaldía de la capital de Guainía informó mediante un comunicado que la remoción de cuatro ejemplares de samán en el centro del municipio se llevó a cabo dentro de un proyecto de mejoramiento vial, respaldado por un concepto técnico que avaló su eliminación definitiva tras identificar riesgos para la seguridad y la infraestructura.
De acuerdo con la entidad, los árboles presentaban deterioro, raíces expuestas que afectaban la vía y posibles interferencias con redes eléctricas. Por ello, su retiro no generaría un impacto ambiental significativo y será compensado con la siembra de nuevas especies más adecuadas para el entorno urbano.
Magally Ortíz, quien lidera el Museo Comunitario de este departamento, expresó un sentimiento de indignación, puesto que señala que es triste que para “Guainía, tierra de muchas aguas”, el desarrollo signifique más cemento. Argumenta que las intervenciones urbanísticas en las calles principales que llevan al malecón se encuentran sin arborización en un territorio que enfrenta altas temperaturas y que, al ser parte de la Amazonía, está devastando su riqueza natural.
Lo que ocurre en estos territorios evidencia un modelo de desarrollo urbano que prioriza sistemáticamente el cemento sobre los ecosistemas vitales, ignorando la urgencia de la crisis climática actual. Mientras en la Avenida Catama de Villavicencio se proyecta una tala masiva por la ausencia de una planificación que integre el arbolado al espacio público, en Yopal, Acacías, San José del Guaviare e Inírida, la ciudadanía denuncia obras que sacrifican la sombra natural por infraestructuras que, en ocasiones, carecen de socialización o sentido ambiental profundo.
Como señalan las investigaciones y quienes defienden la naturaleza, los árboles no son obstáculos, sino aliados fundamentales de salud pública capaces de reducir la temperatura hasta en 7.5 grados y combatir las sofocantes «islas de calor» urbanas. Si las administraciones locales persisten en priorizar el cemento sobre la naturaleza, las comunidades seguirán manifestándose en defensa de la vida y el territorio.
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