AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Denuncian racismo
en caso judicial de gobernador indígena acusado de deforestar la Amazonía durante Operación Artemisa
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Estar libre, pero con un proceso judicial en curso, con temor a que en cualquier momento deba regresar a prisión, el caso de Reinaldo Quebrada Quilcue es una historia de destierro y fragmentación comunitaria, resultado de la fallida Operación Artemisa del gobierno de Iván Duque.
“Jue muy duro mi situación… el día a día allá en prisión porque, pues, lo primero, uno llega perdido de los amigos, de la sociedad, aislado de todo (…) Perdí la vivienda, perdí la libertad, perdí la familia, los hijos, la esposa también se quedaron sin dónde (…) yo perdí todo (…) todo mi entorno y, pues, inclusive la comunidad también se dispersó por temor”, recuerda Reinaldo.
Durante los 1071 días que permaneció en prisión, su vida estuvo marcada no sólo por la zozobra constante sobre qué iba a pasar con su proceso judicial, sino también por la desaparición de su patrimonio dinamitado durante la Operación Artemisa. Observa con impotencia cómo se dividió su resguardo, llevando a que mientras unas personas tuvieran que migrar a las ciudades con el sueño de ser reubicadas posteriormente, otras se quedaron en el territorio viviendo los impactos del conflicto armado.
Reinaldo Quebrada Quilcue es un hombre de mediana edad del pueblo Nasa , quien se desempeñaba como Gobernador Indígena del Resguardo La Esperanza, ubicado en la vereda El Triunfo, entre La Macarena, Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá, allí donde las fronteras y la jurisdicción de cada departamento no son tan claras, justo en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra del Chiribiquete. Su vida dio un giro cuando, en el marco del gobierno de Duque en el 2019, fue lanzada la Operación Artemisa, la cual concentró sus operaciones principalmente en el Meta y el Guaviare.
Quienes habitaban en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales (PNN), vivían con la zozobra de ¿a qué vereda le toca hoy? ¿cuál vecina será judicializada y sacada de su hogar en helicóptero? Ese miedo a que sus pertenencias fueran dinamitadas llevó a que incluso empezaran a enterrar el mercado y elementos de primera necesidad. El 18 de septiembre del 2021 fue el turno para la vereda El Triunfo, en donde habitan principalmente campesinado e indígenas. En ese momento fueron cuatro las casas incineradas y cinco familias representadas en 12 personas se quedaron sin hogar; además, hubo tres personas detenidas, entre ellas un adulto mayor con discapacidad intelectual, un obrero y Reinaldo. Este último, presentado como el mayor deforestador de la Amazonía, acusado de talar 33 hectáreas de áreas protegidas.
En su momento, desde El Cuarto Mosquetero publicamos cómo el “mayor deforestador de la Amazonía” en realidad era un gobernador indígena que había asentado allí su resguardo -antes de la ampliación del PNN Chiribiquete- tras sufrir múltiples desplazamientos por razones del conflicto armado.
Reinaldo Quebrada Quilcue es un hombre de mediana edad del pueblo Nasa , quien se desempeñaba como Gobernador Indígena del Resguardo La Esperanza, ubicado en la vereda El Triunfo, entre La Macarena, Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá, allí donde las fronteras y la jurisdicción de cada departamento no son tan claras, justo en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra del Chiribiquete. Su vida dio un giro cuando, en el marco del gobierno de Duque en el 2019, fue lanzada la Operación Artemisa, la cual concentró sus operaciones principalmente en el Meta y el Guaviare.
Quienes habitaban en áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales (PNN), vivían con la zozobra de ¿a qué vereda le toca hoy? ¿cuál vecina será judicializada y sacada de su hogar en helicóptero? Ese miedo a que sus pertenencias fueran dinamitadas llevó a que incluso empezaran a enterrar el mercado y elementos de primera necesidad. El 18 de septiembre del 2021 fue el turno para la vereda El Triunfo, en donde habitan principalmente campesinado e indígenas. En ese momento fueron cuatro las casas incineradas y cinco familias representadas en 12 personas se quedaron sin hogar; además, hubo tres personas detenidas, entre ellas un adulto mayor con discapacidad intelectual, un obrero y Reinaldo. Este último, presentado como el mayor deforestador de la Amazonía, acusado de talar 33 hectáreas de áreas protegidas.
En su momento, desde El Cuarto Mosquetero publicamos cómo el “mayor deforestador de la Amazonía” en realidad era un gobernador indígena que había asentado allí su resguardo -antes de la ampliación del PNN Chiribiquete- tras sufrir múltiples desplazamientos por razones del conflicto armado.
Reinaldo fue imputado por daño en los recursos naturales y ecocidio, invasión de área de especial importancia ecológica y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Pese a que era toda una comunidad la implicada, los delitos fueron en calidad de autor y a título de dolo por haber “promovido, financiado y dirigido la tala de varias hectáreas de bosque natural”. Si bien en un inicio no tuvo medida intramural, la orden era explícita: debía irse de la región y el proceso seguiría abierto. Esta vez fue el propio gobierno quien causó su desplazamiento. No obstante, él se asentó en el casco urbano de San Vicente del Caguán, mientras iba organizando quién asumiría el liderazgo del resguardo y también poder resolver su situación familiar.
Pero el 05 de marzo del 2022 hubo otra incursión militar, nuevas casas dinamitadas y personas capturadas, pero esta vez la comunidad indignada se fue a buscar a los soldados. En esta confrontación, denuncian, hubo una clara desproporción del uso de la fuerza que va en contravía del principio de proporcionalidad al que se acoge la fuerza pública, ya que campesinado e indígenas que se “armaron” con palos fueron recibidos con balas. En ese proceso es asesinado un campesino y un soldado es capturado por la comunidad enardecida y en duelo.
Pero el 05 de marzo del 2022 hubo otra incursión militar, nuevas casas dinamitadas y personas capturadas, pero esta vez la comunidad indignada se fue a buscar a los soldados. En esta confrontación, denuncian, hubo una clara desproporción del uso de la fuerza que va en contravía del principio de proporcionalidad al que se acoge la fuerza pública, ya que campesinado e indígenas que se “armaron” con palos fueron recibidos con balas. En ese proceso es asesinado un campesino y un soldado es capturado por la comunidad enardecida y en duelo.
Campesino denunció en su momento que estaban recibiendo un tratamiento criminal de grandes proporciones y allí solo habitaban campesinado, pueblos indígenas y afro.
Reinaldo llegó al lugar en donde también hacían presencia instituciones como Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, que buscaban, tras 72 horas de retención, que el militar que se encontraba en poder de la comunidad fuera dejado en libertad, pero estos exigían un castigo proporcional al de haber apagado la vida de uno de sus compañeros campesinos, ya que para ellos Julián Suárez fue asesinado por la fuerza pública. Es ahí cuando Reinaldo, con la investidura que todavía tenía como gobernador indígena, ejerce la Justicia Especial Indígena después de que Juan Sebastián -el joven soldado- aceptara el castigo y recibiera alrededor de 15 azotes; luego fue liberado.
Transcurrieron algunas semanas sin mayores noticias. Sin embargo, Reinaldo es capturado el 04 de abril en San Vicente del Caguán cuando fue a negociar con el gobierno de Duque el proceso de reubicación de su resguardo; para él, se trató de una clara emboscada, ya que lo invitaron a dialogar y terminó perdiendo su libertad. De esta manera, duró alrededor de tres años en una prisión de Caquetá, tratando de demostrar su inocencia por los cargos imputados en la primera captura. La jueza a cargo reiteró que la naturaleza no tenía la culpa de que el Estado no le hubiese cumplido a él y a su comunidad, que aunque llegó al PNN Chiribiquete por necesidad, era un deforestador y debía responder por los daños causados.
Transcurrieron algunas semanas sin mayores noticias. Sin embargo, Reinaldo es capturado el 04 de abril en San Vicente del Caguán cuando fue a negociar con el gobierno de Duque el proceso de reubicación de su resguardo; para él, se trató de una clara emboscada, ya que lo invitaron a dialogar y terminó perdiendo su libertad. De esta manera, duró alrededor de tres años en una prisión de Caquetá, tratando de demostrar su inocencia por los cargos imputados en la primera captura. La jueza a cargo reiteró que la naturaleza no tenía la culpa de que el Estado no le hubiese cumplido a él y a su comunidad, que aunque llegó al PNN Chiribiquete por necesidad, era un deforestador y debía responder por los daños causados.
A estos hechos se sumaron nuevas imputaciones: porte ilegal de armas, por tener fustas de caza que le fueron encontradas en la incursión militar de septiembre del 2021 y que en su momento fue un cargo desestimado, pero a luces de un nuevo juicio, argumentaron conexidad procesal y la jueza manifestó que Reinaldo era una persona con tendencia al delito. También fue acusado de secuestro extorsivo, por el caso del militar capturado en marzo del 2022.
Una libertad con sabor a destierro y promesas judiciales rotas
La libertad de Reinado se dio hasta marzo del 2025 por vencimiento de términos y no por quedar absuelto o por lo menos por una sustitución de medida hacia un centro de armonización indígena, como lo solicitaron incansablemente su defensa, cabildos indígenas del Caquetá y organizaciones sociales.
En Colombia ya hay un precedente sobre la importancia de aplicar la Ley de Origen y la justicia propia de manera diferenciada a la ordinaria, teniendo en cuenta que, si bien los azotes producen dolor, para el pueblo Nasa es un proceso de purificación que devuelve el orden. La Sentencia 47119 de la Corte Suprema de Justicia aborda el caso de Feliciano Valencia, quien fue condenado a 18 años de prisión por secuestro simple al haberle propinado 20 latigazos a un cabo del Ejército que se había infiltrado en las jornadas de protesta en el marco del Paro Agrario en el año 2008. La Corte al final sentenció que la medida “no fue arbitraria o premeditada, tampoco se ejecutaron actos individuales que puedan atribuírsele a Feliciano Valencia Medina, sino que se insiste, fue una decisión colectiva del pueblo Nasa”.
Para Nelson Camilo Garzón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y defensor de Reinaldo Quebrada, la Corte Constitucional ha sido muy clara en que, en el caso de los reclusos indígenas, deben afrontar sus penas en centros penitenciarios especiales para evitar que pierdan los derechos étnicos, la cosmovisión y arraigo con sus comunidades y los procesos políticos que ellas promueven.
Sin embargo, en el caso de Reinaldo, la Corte Constitucional a través del Auto 188 de 2023 resolvió el conflicto de competencias a favor de la justicia ordinaria, argumentando que la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán no demostró “su capacidad orgánica para instruir este asunto”.
En su análisis, la Corte consideró que “la asociación se refiere a un procedimiento oral, pero no explica cómo se desarrolla o cuáles son sus etapas. Establece que existe una serie de remedios colectivos e individuales, pero no explica cuáles son los criterios de aplicación para cada remedio. Señala que espera la participación de las víctimas en el proceso adelantado por la asociación, pero no concreta cuáles son las garantías o la forma de participación que estas tendrían en el trámite de la causa”.
En Colombia ya hay un precedente sobre la importancia de aplicar la Ley de Origen y la justicia propia de manera diferenciada a la ordinaria, teniendo en cuenta que, si bien los azotes producen dolor, para el pueblo Nasa es un proceso de purificación que devuelve el orden. La Sentencia 47119 de la Corte Suprema de Justicia aborda el caso de Feliciano Valencia, quien fue condenado a 18 años de prisión por secuestro simple al haberle propinado 20 latigazos a un cabo del Ejército que se había infiltrado en las jornadas de protesta en el marco del Paro Agrario en el año 2008. La Corte al final sentenció que la medida “no fue arbitraria o premeditada, tampoco se ejecutaron actos individuales que puedan atribuírsele a Feliciano Valencia Medina, sino que se insiste, fue una decisión colectiva del pueblo Nasa”.
Para Nelson Camilo Garzón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y defensor de Reinaldo Quebrada, la Corte Constitucional ha sido muy clara en que, en el caso de los reclusos indígenas, deben afrontar sus penas en centros penitenciarios especiales para evitar que pierdan los derechos étnicos, la cosmovisión y arraigo con sus comunidades y los procesos políticos que ellas promueven.
Sin embargo, en el caso de Reinaldo, la Corte Constitucional a través del Auto 188 de 2023 resolvió el conflicto de competencias a favor de la justicia ordinaria, argumentando que la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán no demostró “su capacidad orgánica para instruir este asunto”.
En su análisis, la Corte consideró que “la asociación se refiere a un procedimiento oral, pero no explica cómo se desarrolla o cuáles son sus etapas. Establece que existe una serie de remedios colectivos e individuales, pero no explica cuáles son los criterios de aplicación para cada remedio. Señala que espera la participación de las víctimas en el proceso adelantado por la asociación, pero no concreta cuáles son las garantías o la forma de participación que estas tendrían en el trámite de la causa”.
Video compartido por la comunidad a El Cuarto Mosquetero del momento en que el campesinado e indígenas son atacados con armas de fuego y es allí donde es asesinado un campesino y retenido un militar.
Para Reinaldo, todo este proceso judicial ha venido desconociendo su cosmovisión y el reconocer que su rol en el caso de la retención del soldado fue más de mediador que de autor intelectual de la retención. «La verdad, no siento que me haya pasado los límites en el actuar de la justicia propia y en mis derechos. Ojalá aprendamos a reconocer los derechos y los límites de cada justicia, para que no atropellen a las personas como lo han hecho desde un principio conmigo y aún lo siguen haciendo».
Desde la mirada de organizaciones nacionales de los pueblos indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el caso de Reinaldo demuestra cómo la justicia ordinaria puede llegar a ser racista. “En todo el transcurso del caso, las consideraciones, la forma en la que se ha analizado el acervo probatorio dan cuenta de ese racismo, de un prejuicio de la justicia con las comunidades campesinas e indígenas, pero sobre todo con las autoridades (indígenas) también, ¿no? Sobre lo fácil que le resulta la criminalización de estas comunidades y de quien está ejerciendo sus facultades jurisdiccionales, que además son un mandato constitucional”, afirma Claudia Marcela Castrillón, abogada que trabaja como jurídica en el Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de esta organización.
Es importante recordar que, para los pueblos indígenas, la forma en que conciben el territorio, se relacionan con las plantas ancestrales, con sus comunidades y hasta cómo gestionan su salud, se convierte en una barrera cuando viven un desarraigo y, en este caso, pierden su libre derecho a la locomoción por estar en una cárcel de la justicia ordinaria. Por ejemplo, para Reinaldo, estos años tuvo que “tratar de comportarse bien para no tener ningún problema en los patios”, estar privado de su idioma, su vestuario, su alimentación y, de manera muy específica, del manejo de su salud, ya que no tenía acceso a plantas curativas consideradas sagradas, pues afirma que, como pueblos indígenas, su enfoque está en la prevención, y cuando la enfermedad ya está presente, resalta que ellos se tratan «de la mejor manera con medicina tradicional propia» y siempre evitan acudir a la medicina occidental.
Para Claudia, esto tiene unas implicaciones en la vivencia de las prácticas espirituales en los centros penitenciarios, porque no es solo ver limitadas las posibilidades de vivir su cosmogonía, sino además temer por ser discriminado. “Nosotros, por ejemplo, acá en el departamento hemos visto que los compañeros indígenas deben estar en un patio aparte, porque cuando los ubican con el resto de los reos, pues hay un ejercicio de discriminación muy fuerte, por sobre todo, pues cuando hablan en su lengua propia, ¿no?, y hay un choque con el mundo occidental sobre cómo se concibe la vida”, explica.
Así mismo, para las organizaciones étnicas, el enviar a una persona indígena a un centro penitenciario también impide que se integre de manera efectiva a la comunidad, ya que las desarmonías -para ellos no existen los delitos- no son solucionadas desde la mirada punitivista y occidental de que estar en prisión soluciona todo. “En la desarmonía siempre hay un ejercicio de pensarse cómo esa persona puede volver a integrarse a la comunidad y cómo debe sanarse no solamente la persona, sino el tejido comunitario y también el territorio frente a eso que no estás funcionando en armonía”, evidencia Claudia, quien considera que en el caso de Reinaldo hay una imposición del derecho ordinario sobre otras formas de juridicidad. “Es un castigo por el ejercicio de una facultad jurisdiccional que le ha sido otorgada constitucionalmente”, concluye.
Esto lo evidencia el largo proceso que ha hecho la Comisión Colombiana de Juristas, quienes incluso tuvieron una declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -realizada el 25 de septiembre de 2025-, la cual tiene una importancia fundamental en el caso de Reinaldo Quebrada, ya que, si bien fue una oportunidad para demostrar las inconsistencias que consideran tiene este caso, también acarreó serias repercusiones.
En esta intervención, la defensa denunció las condiciones que señalan como humillantes del «principio de oportunidad» que le ofreció la Fiscalía a Reinaldo, de aceptar la responsabilidad por delitos que no cometió, vulnerando así la dignidad del exgobernador, su legitimidad como autoridad tradicional, la autonomía de la comunidad, y sentaba un precedente muy peligroso para otros líderes indígenas. Por lo que pidieron al Relator Especial sobre pueblos indígenas que monitoreara el caso y, de ser posible, exigiera al Fiscal cerrar la investigación.
No obstante, según Nelson, estas acciones que adelantaron ante Naciones Unidas y ante otras entidades como ante la Embajada de Noruega, llevaron a que Mario Andrés Burgos, fiscal del caso, desconociera ese principio de oportunidad al que Reinaldo había aceptado acogerse, por temor a una condena de 40 años que representarían los delitos que se le imputan. Por lo que los pocos avances que habían tenido dejan nuevamente a esta autoridad indígena en un proceso de incertidumbre. El abogado de la CCJ manifiesta que, por todo lo anterior, solicitaron cambio de fiscal, pero la petición tampoco tuvo éxito.
Sin embargo, Reinaldo ve todos estos hechos como una señal; quizá al aceptar la culpabilidad hubiese traicionado su rol. «Me estaría declarando culpable cuando nunca ha sido así. Yo siempre actué en principio de buena fe, respetando los usos y costumbres propios, y aplicando las normas legales como autoridad tradicional», reflexiona hoy el exgobernador.
Información INPEC a abril del 2026 a través de su sitio web.
La siguiente audiencia está programada para el mes de mayo, sin embargo, como lo evidencian otros casos de falsos positivos judiciales, como lo sería el de Reinaldo, pueden pasar años antes de evidenciarse su inocencia. En Colombia de 102.562 personas que están en prisión, hay 17.950 sindicadas, es decir con procesos judiciales vigentes que no han llevado a condenas, según información oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) a abril de 2026. Un número grande de personas privadas de la libertad pese a que los centros carcelarios del país tienen más del 20% de hacinamiento pues la cantidad de reclusos/as supera la capacidad que es solo de 80 mil cupos aproximadamente.
Un resguardo fragmentado, acechado por el reclutamiento y la burocracia
Iniciando el gobierno de Petro, se estableció una mesa de diálogo con campesinado del Meta y el Guaviare. Uno de los puntos a tratar fue la revisión de todos los impactos económicos, psicosociales y jurídicos que dejó la Operación Artemisa y hacer el respectivo acompañamiento a las familias afectadas. Si bien, este proceso no tuvo avance, sí se vio reflejado en que no hubo en los últimos cuatro años otra fase de esta campaña militar.
La llegada de un mandatario progresista también ha representado la esperanza de que el campesinado y los pueblos de especial protección puedan acceder a la tierra; sin embargo, este no ha sido el caso del Resguardo Amazónico La Esperanza. En el marco del proceso judicial de Reinaldo, se ha evidenciado que la historia de esta comunidad ha estado marcada por el despojo y el desplazamiento. Venían huyendo del conflicto en el Cauca y se asentaron en el 2015 en la vereda El Triunfo cuando se suponía que no era área protegida. Sin embargo, en el 2018, en el gobierno de Santos, 2.7 millones de hectáreas fueron anexadas al Parque Nacional Chiribiquete y estos territorios pasaron a formar parte del parque.
La llegada de un mandatario progresista también ha representado la esperanza de que el campesinado y los pueblos de especial protección puedan acceder a la tierra; sin embargo, este no ha sido el caso del Resguardo Amazónico La Esperanza. En el marco del proceso judicial de Reinaldo, se ha evidenciado que la historia de esta comunidad ha estado marcada por el despojo y el desplazamiento. Venían huyendo del conflicto en el Cauca y se asentaron en el 2015 en la vereda El Triunfo cuando se suponía que no era área protegida. Sin embargo, en el 2018, en el gobierno de Santos, 2.7 millones de hectáreas fueron anexadas al Parque Nacional Chiribiquete y estos territorios pasaron a formar parte del parque.
No obstante, las diferentes autoridades vinculadas al caso, incluida la Corte Constitucional, manifestaron que este hecho no era relevante para justificar que estas familias vivieran en áreas de especial protección, porque además, más allá de la palabra de las comunidades, el proceso de reconocimiento legal del cabildo se hizo hasta el 2019 y, si bien quedó el precedente ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que el predio estaba en «posesión ancestral de 28 familias de la comunidad desde el año 2015», la jueza que llevó el caso penal desestimó este hallazgo argumentando que el solo hecho de habitar en áreas protegidas no genera un derecho de arraigo.
Antes del proceso judicial de Reinaldo, ya las comunidades sabían que no podrían tener un proceso de legalización a menos que fueran reubicados, y se encontraban revisando esta posibilidad cuando vivieron los primeros ataques de la Operación Artemisa. Esta es una de las razones por las cuales la única forma de acceder a los derechos que tienen como resguardo, -una vez debidamente legalizados-, es mediante un proceso de reubicación, ya que esto no sería posible mientras sigan habitando en el PNN Chiribiquete.
Antes del proceso judicial de Reinaldo, ya las comunidades sabían que no podrían tener un proceso de legalización a menos que fueran reubicados, y se encontraban revisando esta posibilidad cuando vivieron los primeros ataques de la Operación Artemisa. Esta es una de las razones por las cuales la única forma de acceder a los derechos que tienen como resguardo, -una vez debidamente legalizados-, es mediante un proceso de reubicación, ya que esto no sería posible mientras sigan habitando en el PNN Chiribiquete.
Es en este punto donde se produce un quiebre para el tejido social de este pueblo indígena, pues siete de las familias se negaron a irse del territorio, mientras que las otras 25 aceptaron transitoriamente vivir en otros lugares mientras pueden ser reubicados -pero sobre todo con miedo de vivir la misma suerte de quien fue su líder-. De eso ya van varios años, y ahora existe el Resguardo Indígena La Esperanza -quienes siguen viviendo entre La Macarena y San Vicente- y el Resguardo Amazónico La Esperanza -quienes están dispersos por todo el país a la espera de que el Estado les cumpla su promesa-.
José Elías Inseca, actual gobernador del Resguardo Amazónico La Esperanza, denuncia que llevan tres años de «acuerdos tras acuerdos» incumplidos por la ANT, ya que, si bien el proceso actual contempla la compra de predios en el municipio de Morelia, Caquetá, con una extensión de 519 hectáreas para 27 familias, el trámite llevaría meses atascado en la etapa de avalúos sin que les den respuestas claras, a pesar de que se comprometieron a entregar la tierra antes de terminar diciembre de 2025.
Desde El Cuarto Mosquetero consultamos a la ANT y manifestaron que efectivamente, durante el 2021 y 2022, después de la respectiva solicitud de formalización de la comunidad, estuvieron en diálogos con Parques Nacionales Naturales revisando la posibilidad de que las familias no tuvieran que ser reubicadas. Al no ser posible, hicieron un acuerdo con estas en el mes de mayo del 2022 en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) -ya que la mayoría de las personas son reconocidas como víctimas del conflicto armado-, para garantizar “la pervivencia de la comunidad mediante la adquisición de tierras aptas que cumplan con los requisitos legales y de sostenibilidad”.
La comunidad sugirió terrenos en dos municipios de Caquetá, uno en Belén de los Andaquíes, que según la entidad, desistió a último momento del proceso de venta (en el 2024) y otro en Morelia, en el que diez fincas se encuentran todavía en evaluación y proceso de compra. “El procedimiento se encuentra con solicitud activa ante la DAE para trámite de compra (…) Una vez se reubique a la comunidad en los predios adquiridos por la DAE, se iniciará procedimiento de constitución (…) No obstante, es importante indicar que las fechas y acciones correspondientes al proceso de reubicación harán parte del plan de reubicación que, por competencia, son acciones que parten desde la misionalidad de UARIV una vez la ANT adelante la entrega”, concluyó la entidad, por lo que no es claro todavía cuándo finalmente la comunidad podrá reintegrarse de nuevo.
Mientras tanto, la comunidad ha seguido expuesta a múltiples realidades que atentan contra sus derechos humanos. “Eso han sucedido miles de cosas después del desplazamiento donde estábamos asentados», recuerda José Elias, afirmando que los niños no tienen una educación propia, no tienen acceso a una alimentación adecuada, entre otras vulneraciones.
Además, según fuentes consultadas por este medio, manifestaron su preocupación también por las difíciles condiciones de las familias que decidieron quedarse en lo que en algún momento construyeron como su resguardo, denunciando que han estado expuestas al reclutamiento de menores y al acrecentamiento del conflicto armado que ha habido en los últimos años.
Para las organizaciones sociales, los procesos de desplazamiento y migración exponen a las comunidades a situaciones de vulnerabilidad y a estar expuestas a procesos de discriminación y dificultades para el buen vivir, especialmente para personas no binarias, trans, mujeres, niños y niñas indígenas. “Los escenarios de migración exponen exponencialmente a las comunidades a ser víctimas de otro tipo de vulneración a los derechos humanos, como ya se ha visto en otros casos similares, no solamente para comunidades indígenas”, reafirma Claudia.
Esta situación crítica se enmarca en la emergencia declarada por el pueblo Nasa a nivel nacional. El 27 de noviembre de 2025, emitieron un SOS urgente declarando el Estado de Crisis Humanitaria ante el genocidio, etnocidio y asesinato sistemático de sus comuneros, convocando a una cumbre de emergencia en el Cauca ante la falta de garantías para la vida y el territorio.
Así que es evidente que no solo fue el impacto en la vida de Reinaldo, sino que la Operación Artemisa trajo consigo también unas consecuencias colectivas: “Es el debilitamiento del gobierno propio. Está la desprotección de la familia, pero más allá de la desprotección de la familia nuclear, está la de la familia grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de los pueblos indígenas o del pueblo Nasa , se entiende que la familia es colectiva y va mucho más allá de papá, mamá, hijos, sino que esta familia tiene unos lazos amplios (…) Se habla de las crianzas colectivas, de los ejercicios colectivos. Hay aquí una desprotección de toda esa unidad familiar que es el pueblo grande”, expone Claudia.
La comunidad sugirió terrenos en dos municipios de Caquetá, uno en Belén de los Andaquíes, que según la entidad, desistió a último momento del proceso de venta (en el 2024) y otro en Morelia, en el que diez fincas se encuentran todavía en evaluación y proceso de compra. “El procedimiento se encuentra con solicitud activa ante la DAE para trámite de compra (…) Una vez se reubique a la comunidad en los predios adquiridos por la DAE, se iniciará procedimiento de constitución (…) No obstante, es importante indicar que las fechas y acciones correspondientes al proceso de reubicación harán parte del plan de reubicación que, por competencia, son acciones que parten desde la misionalidad de UARIV una vez la ANT adelante la entrega”, concluyó la entidad, por lo que no es claro todavía cuándo finalmente la comunidad podrá reintegrarse de nuevo.
Mientras tanto, la comunidad ha seguido expuesta a múltiples realidades que atentan contra sus derechos humanos. “Eso han sucedido miles de cosas después del desplazamiento donde estábamos asentados», recuerda José Elias, afirmando que los niños no tienen una educación propia, no tienen acceso a una alimentación adecuada, entre otras vulneraciones.
Además, según fuentes consultadas por este medio, manifestaron su preocupación también por las difíciles condiciones de las familias que decidieron quedarse en lo que en algún momento construyeron como su resguardo, denunciando que han estado expuestas al reclutamiento de menores y al acrecentamiento del conflicto armado que ha habido en los últimos años.
Para las organizaciones sociales, los procesos de desplazamiento y migración exponen a las comunidades a situaciones de vulnerabilidad y a estar expuestas a procesos de discriminación y dificultades para el buen vivir, especialmente para personas no binarias, trans, mujeres, niños y niñas indígenas. “Los escenarios de migración exponen exponencialmente a las comunidades a ser víctimas de otro tipo de vulneración a los derechos humanos, como ya se ha visto en otros casos similares, no solamente para comunidades indígenas”, reafirma Claudia.
Esta situación crítica se enmarca en la emergencia declarada por el pueblo Nasa a nivel nacional. El 27 de noviembre de 2025, emitieron un SOS urgente declarando el Estado de Crisis Humanitaria ante el genocidio, etnocidio y asesinato sistemático de sus comuneros, convocando a una cumbre de emergencia en el Cauca ante la falta de garantías para la vida y el territorio.
Así que es evidente que no solo fue el impacto en la vida de Reinaldo, sino que la Operación Artemisa trajo consigo también unas consecuencias colectivas: “Es el debilitamiento del gobierno propio. Está la desprotección de la familia, pero más allá de la desprotección de la familia nuclear, está la de la familia grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de los pueblos indígenas o del pueblo Nasa , se entiende que la familia es colectiva y va mucho más allá de papá, mamá, hijos, sino que esta familia tiene unos lazos amplios (…) Se habla de las crianzas colectivas, de los ejercicios colectivos. Hay aquí una desprotección de toda esa unidad familiar que es el pueblo grande”, expone Claudia.
Con esta visión coincide Reinaldo; «Al yo caer preso, pues por supuesto caen de una vez todas esas solicitudes de proyectos, de gestiones, de los anhelos de las comunidades de salir adelante (…) Eso es un atraso demasiado enorme para las comunidades, de tanto el resguardo como las comunidades vecinas».
La miopía de la criminalización ambiental
A través de la investigación Tratamiento Criminal para el campesinado del sur del Meta, Guaviare y Caquetá, durante el 2020, 2021 y parte del 2022, estuvimos documentando la arremetida más fuerte que tuvo la Operación Artemisa en tres departamentos de la Amazorinoquía y evidenciando cómo las principales víctimas de las 14 fases -aproximadamente- que tuvo esta campaña militar, eran campesinado y pueblos étnicos, más no los grandes deforestadores.
Fue en abril del 2019 en el municipio de La Macarena cuando el gobierno de Duque lanzó la Operación Artemisa, con el objetivo de “frenar la hemorragia deforestadora”, recuperar las selvas y bosques y judicializar a quienes están detrás de “esa cultura deforestadora”. Y fue en ese mismo municipio donde, a través de audiencia pública, las comunidades denunciaron diversas violaciones de derechos humanos.
Para el 2021, Duque hablaba de 14.620.897 hectáreas recuperadas por parte de la Fuerza Pública, con apoyo de la Fiscalía, y ya para el 2022 celebraban haber ampliado esta cifra a 21 mil hectáreas. Según la Fundación Ideas para la Paz, en nueve fases ya habían invertido más de tres mil millones de pesos, y, solo en una de ellas, se habían gastado ochocientos millones de pesos. Organizaciones sociales y ambientales ya denunciaban que la suma invertida no era proporcional a las zonas restauradas, pero tampoco a las capturas adelantadas a los reales deforestadores, y que en cambio esos esfuerzos se podrían haber utilizado para crear programas en el que sean las mismas comunidades las que protejan los bosques y selvas.
Para el 2021, Duque hablaba de 14.620.897 hectáreas recuperadas por parte de la Fuerza Pública, con apoyo de la Fiscalía, y ya para el 2022 celebraban haber ampliado esta cifra a 21 mil hectáreas. Según la Fundación Ideas para la Paz, en nueve fases ya habían invertido más de tres mil millones de pesos, y, solo en una de ellas, se habían gastado ochocientos millones de pesos. Organizaciones sociales y ambientales ya denunciaban que la suma invertida no era proporcional a las zonas restauradas, pero tampoco a las capturas adelantadas a los reales deforestadores, y que en cambio esos esfuerzos se podrían haber utilizado para crear programas en el que sean las mismas comunidades las que protejan los bosques y selvas.
Entrevista realizada en la vereda El Triunfo en marzo del 2022.
En cambio, el costo para quienes habitaban en Parques Nacionales Naturales y áreas protegidas -muchos de ellos habiendo llegado antes de la existencia de estas zonas de especial protección- se traducía en vías y puentes construidos por las comunidades -algunas también por actores armados- dinamitados, en casas con todas las pertenencias -incluido animales- incinerados, un campesinado asesinado presuntamente a manos de la fuerza pública y 116 capturas -según datos suministrados por la Fiscalía a El Cuarto Mosquetero-. De estas, 97 personas fueron detenidas en flagrancia -es decir, por estar habitando en estas zonas-, 17 fueron con orden judicial -incluida una adulta mayor acusada de ser una gran ganadera- y de estas, 13 habían sido condenadas en 2022.
Recordemos que, para esa época, las personas capturadas se enfrentaban a distintos escenarios : ser desterrados de su territorio y seguir vinculados al caso; detención domiciliaria pero fuera de la región; casa por cárcel sin destierro, pero con limitantes en su movilidad dentro del territorio -como el presidente de Alto del Avión de la JAC de Vista Hermosa, un adulto mayor-; o, por último, ser enviados a prisión , como lo fue el caso de Reinaldo. Los delitos imputados fueron, daño en los recursos naturales y ecocidio, invasión de área de especial importancia ecológica, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y deforestación.
Si bien en el 2019 disminuyó la deforestación en Colombia frente al 2018, “el 62 % de la deforestación de 2019 se concentró en la Amazonía”, como lo evidenció Mongabay. Para el 2020 hubo un aumento del 8% respecto al año anterior, con 171.685 hectáreas de bosque perdidas; de estas, 11.000 se registraron en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Antioquia.
Nuevamente en el 2022 hubo un incremento en la tala, focalizadas además en las mismas zonas, del 1,5% -pero se denunciaba que en la Amazorinoquía el aumento había sido mayor que en años anteriores, en un 70%-. Luego vino el cambio de gobierno con Petro y Colombia disminuyó los niveles de deforestación, un 29,1 % en 2022 con 123.517 hectáreas frente a las 174.103 del periodo anterior.
Si bien en el 2019 disminuyó la deforestación en Colombia frente al 2018, “el 62 % de la deforestación de 2019 se concentró en la Amazonía”, como lo evidenció Mongabay. Para el 2020 hubo un aumento del 8% respecto al año anterior, con 171.685 hectáreas de bosque perdidas; de estas, 11.000 se registraron en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Antioquia.
Nuevamente en el 2022 hubo un incremento en la tala, focalizadas además en las mismas zonas, del 1,5% -pero se denunciaba que en la Amazorinoquía el aumento había sido mayor que en años anteriores, en un 70%-. Luego vino el cambio de gobierno con Petro y Colombia disminuyó los niveles de deforestación, un 29,1 % en 2022 con 123.517 hectáreas frente a las 174.103 del periodo anterior.
Es aquí cuando se evidencia algo importante: si bien en el primer trimestre, cuando la Operación Artemisa estaba todavía activa, fue uno de los periodos más críticos de deforestación en Colombia. El cambio de gobierno llega con un nuevo enfoque de promover diálogos para la protección de la naturaleza en vez de apostarle a la arremetida militar contra las comunidades vulnerables.
Este giro influyó positivamente en la percepción de seguridad y la forma en que se relacionaban las comunidades con el gobierno, ahora desde la esperanza. Pero también los diálogos que había iniciado el mandato de Petro con actores armados como las disidencias de las FARC empezaron a surtir efecto, pues estos demostraron su poder al prohibir cualquier quema o tala, incluso para el pancoger -en ese tiempo, el campesinado contaban con preocupación a El Cuarto Mosquetero que no habían podido hacer nuevas siembras y debían mantenerse con lo que ya tenían, que consideraban no era suficiente- y también generaba preocupación en algunos sectores sociales cuando el control sobre la deforestación estuviese solo bajo la responsabilidad de la institucionalidad pública del gobierno.
No obstante, ¿qué hay detrás de los procesos de deforestación? Una de las mayores conclusiones por casi todos los expertos y expertas consultadas por diferentes medios es que la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito son las mayores razones de deforestación en la Amazonía, particularmente en los tres departamentos que estamos analizando a lo largo de este artículo. Pero, antes de profundizar en ello, hay que tener en cuenta que según cada zona hay una variación en las realidades territoriales, que si bien comparten similitudes tanto en conflictos socioambientales, conflictos armados y vulneraciones de derechos humanos, también tienen particularidades que hay que revisar de manera diferenciada.
En el 2017 y 2018 los niveles de deforestación en el país fueron altos, 219.973 hectáreas deforestadas frente a 197.159, pero en ambos años los principales focos de destrucción de bosques se concentraron en Caquetá, Meta, Guaviare, pero también en Putumayo y límites con el Vichada. ¿Qué hubo de particular en estos años? La firma del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC y el Gobierno Nacional representó una ausencia de control territorial que trajo consigo también disputas por el control, y así como se presentaron oportunidades de turismo comunitario en algunos territorios, en otros la potrerización y destrucción de bosques fue evidente.
También, justamente inició la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así que mientras el país celebraba los procesos de erradicación voluntaria para el año 2017, también empezó a ser evidente los retrasos, incumplimientos y consecuencias que esto trajo a nivel nacional, pero que particularmente documentamos en el Meta y el Guaviare.
Este giro influyó positivamente en la percepción de seguridad y la forma en que se relacionaban las comunidades con el gobierno, ahora desde la esperanza. Pero también los diálogos que había iniciado el mandato de Petro con actores armados como las disidencias de las FARC empezaron a surtir efecto, pues estos demostraron su poder al prohibir cualquier quema o tala, incluso para el pancoger -en ese tiempo, el campesinado contaban con preocupación a El Cuarto Mosquetero que no habían podido hacer nuevas siembras y debían mantenerse con lo que ya tenían, que consideraban no era suficiente- y también generaba preocupación en algunos sectores sociales cuando el control sobre la deforestación estuviese solo bajo la responsabilidad de la institucionalidad pública del gobierno.
No obstante, ¿qué hay detrás de los procesos de deforestación? Una de las mayores conclusiones por casi todos los expertos y expertas consultadas por diferentes medios es que la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito son las mayores razones de deforestación en la Amazonía, particularmente en los tres departamentos que estamos analizando a lo largo de este artículo. Pero, antes de profundizar en ello, hay que tener en cuenta que según cada zona hay una variación en las realidades territoriales, que si bien comparten similitudes tanto en conflictos socioambientales, conflictos armados y vulneraciones de derechos humanos, también tienen particularidades que hay que revisar de manera diferenciada.
En el 2017 y 2018 los niveles de deforestación en el país fueron altos, 219.973 hectáreas deforestadas frente a 197.159, pero en ambos años los principales focos de destrucción de bosques se concentraron en Caquetá, Meta, Guaviare, pero también en Putumayo y límites con el Vichada. ¿Qué hubo de particular en estos años? La firma del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC y el Gobierno Nacional representó una ausencia de control territorial que trajo consigo también disputas por el control, y así como se presentaron oportunidades de turismo comunitario en algunos territorios, en otros la potrerización y destrucción de bosques fue evidente.
También, justamente inició la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así que mientras el país celebraba los procesos de erradicación voluntaria para el año 2017, también empezó a ser evidente los retrasos, incumplimientos y consecuencias que esto trajo a nivel nacional, pero que particularmente documentamos en el Meta y el Guaviare.
Fue así como este programa fallido empujó a algunas poblaciones hacia la frontera agrícola y zonas protegidas, exacerbando la crisis humanitaria y la pérdida de biodiversidad en corredores estratégicos entre los parques Tinigua, Macarena y Chiribiquete. Mientras en el 2020 nos encontrábamos con veredas desiertas, para el 2021 y 2022, en donde precisamente se concentraron los operativos de Artemisa, las comunidades estaban poblando nuevos territorios, algunas con cultivos de hoja de coca, pancoger, pero también con terrenos para ganadería.
Es importante resaltar que las comunidades “tenían” que irse de donde habitaban cuando se acogieron al PNIS, ya que firmaban un compromiso de no volver a cultivar coca; de hacerlo, tendrían problemas judiciales y sus predios estaban bajo observación. Cuando incluso la primera fase de ayuda alimentaria no llegó, empezó el proceso de migración como mecanismo de subsistencia, otras personas siguieron esperando y se encontraron con más incumplimientos, sobrecostos y ver casi inexistente la posibilidad de tener los proyectos productivos a corto y largo plazo.
En el 2020 llegó la pandemia, y en las ciudades las personas empezaron a denunciar emergencia humanitaria; no podían garantizar su subsistencia y es así como algunas de ellas, especialmente quienes ya tenían algún vínculo con estos territorios, decidieron migrar hacia áreas protegidas, aunque luego se enfrentarían con los diversos operativos de la campaña militar de Artemisa, quedando nuevamente en situación de vulnerabilidad.
Pero habitar en áreas protegidas no representa que inmediatamente tengan cientos de hectáreas con ganadería y/o cultivos de hoja de coca. Quienes podían permitirse adecuar terrenos -y no solo trabajar al jornal-, tenían parcelas muy pequeñas cultivadas -incluso trabajan media jornada en su terruño y la otra parte donde el vecino- y pocas cabezas de ganado -quienes podían permitírselo-. Algunos campesinos/as deforestaron más de lo que podían trabajar, lo hicieron a través de una figura que se conoce como “mano negra”, donde las y los vecinos trabajan gratis en la parcela acordada, con el compromiso de que luego recibirán la misma ayuda. Lo hicieron con la esperanza que les dieran “ganado en aumento”, una práctica que se maneja en el campo cuando una persona puede adquirir ganado pero no tiene tierra, mientras que otra sí tiene los pastos pero no los recursos para tener semovientes. Sin embargo, ninguna de estas dinámicas representa el verdadero impacto de la deforestación, que está directamente vinculada a un poder económico que tienen los reales deforestadores y que han brillado por su ausencia en la lupa de la institucionalidad.
En el 2020 llegó la pandemia, y en las ciudades las personas empezaron a denunciar emergencia humanitaria; no podían garantizar su subsistencia y es así como algunas de ellas, especialmente quienes ya tenían algún vínculo con estos territorios, decidieron migrar hacia áreas protegidas, aunque luego se enfrentarían con los diversos operativos de la campaña militar de Artemisa, quedando nuevamente en situación de vulnerabilidad.
Pero habitar en áreas protegidas no representa que inmediatamente tengan cientos de hectáreas con ganadería y/o cultivos de hoja de coca. Quienes podían permitirse adecuar terrenos -y no solo trabajar al jornal-, tenían parcelas muy pequeñas cultivadas -incluso trabajan media jornada en su terruño y la otra parte donde el vecino- y pocas cabezas de ganado -quienes podían permitírselo-. Algunos campesinos/as deforestaron más de lo que podían trabajar, lo hicieron a través de una figura que se conoce como “mano negra”, donde las y los vecinos trabajan gratis en la parcela acordada, con el compromiso de que luego recibirán la misma ayuda. Lo hicieron con la esperanza que les dieran “ganado en aumento”, una práctica que se maneja en el campo cuando una persona puede adquirir ganado pero no tiene tierra, mientras que otra sí tiene los pastos pero no los recursos para tener semovientes. Sin embargo, ninguna de estas dinámicas representa el verdadero impacto de la deforestación, que está directamente vinculada a un poder económico que tienen los reales deforestadores y que han brillado por su ausencia en la lupa de la institucionalidad.
Por ello, para expertas, hablar de que la criminalización en los procesos de deforestación de manera indiscriminada y generalizada está lejos de entender las dinámicas territoriales y, por ende, poder llegar a una verdadera solución. «[Son] dinámicas asociadas […] al acaparamiento de tierras relacionado también con la expansión o el aumento de capital a través de poner en áreas ambientales ganado, avaluado, que no es propiamente propiedad de quienes habitan en las zonas, sino que son propiedad de otras personas. Y detrás de esto se esconde un juego de poder muy grande», reflexiona Carla Díaz Parra, investigadora y candidata a doctorado de la Universidad de Bonn, quien considera que nunca tendrá la misma proporcionalidad el castigo para quien acepta y administra ganado por necesidad, a quienes, sabiendo que están promoviendo la destrucción de áreas protegidas, lo ponen allí desde las sombras.
«Es una dinámica en donde mucha población sirve como mayordomo de fincas que no le pertenecen, ¿no? Y que pueden llegar a ser judicializados. Una dinámica también de precarización de los jornaleros, de las personas que en medio de no tener más posibilidades se dedican a la tumba», resalta.
Para la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la deforestación en zonas como el sur del Meta y Caquetá sigue siendo alarmante porque fragmenta las últimas conexiones entre el Parque La Macarena y Chiribiquete, un daño impulsado por vías ilegales y apropiación de tierras. Si bien enfatizan que los derechos de las comunidades campesinas e indígenas no son contrapuestos a la conservación de la naturaleza, siempre que se potencien economías forestales legales lideradas por los mismos habitantes, también aclaran que esto requiere límites, pues “no en toda la Amazonía debería haber desarrollo productivo; hay áreas que requieren conservación estricta e innegable”.
Para la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la deforestación en zonas como el sur del Meta y Caquetá sigue siendo alarmante porque fragmenta las últimas conexiones entre el Parque La Macarena y Chiribiquete, un daño impulsado por vías ilegales y apropiación de tierras. Si bien enfatizan que los derechos de las comunidades campesinas e indígenas no son contrapuestos a la conservación de la naturaleza, siempre que se potencien economías forestales legales lideradas por los mismos habitantes, también aclaran que esto requiere límites, pues “no en toda la Amazonía debería haber desarrollo productivo; hay áreas que requieren conservación estricta e innegable”.
Para la FCDS, la deforestación no es un fenómeno aislado, sino que está estrechamente ligado a una mezcla de factores impulsados por dineros de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos capitales financian la apertura de vías ilegales no planificadas, la apropiación de tierras y la transformación del suelo para introducir ganadería. Uno de los actores involucrados en este proceso son los grupos armados, pero también políticos y empresarios.
Precisamente una de las preocupaciones de organizaciones ambientales en el 2022 cuando disminuyó la deforestación, era que esta decisión de frenar o promover la tala estuviera controlada por quienes tenían el control territorial -grupos al margen de la ley- en parte de la Orinoquía y Amazonía, y no que el Gobierno Nacional fuera el regulador, ya que en el momento en que paran o se dilatan los diálogos de paz con las distintas disidencias, aumentan los picos como en el caso del 2024, en el que hubo 113.608 hectáreas de bosque perdidas, lo que representa un incremento del 35% con respecto a 2023 y se concentró en el arco amazónico en un 70%; sin embargo, el gobierno actual frente a los anteriores, mantiene los niveles acumulados de deforestación, por debajo a las registradas con anterioridad.
Para Carla, hay una clara ineficacia en lo que respecta a la criminalización ambiental, normas como la Ley 2111 de 2021 (que estipula el delito de deforestación) son superficiales y no tienen un impacto real. Entender el fenómeno únicamente a través de imágenes satelitales y movilización de ganado ocultaría la trama de pobreza, marginalidad y relaciones asimétricas que empujan la frontera agrícola. Por lo tanto, concluye que no solo la naturaleza es víctima, sino también una población campesina que ha sido olvidada por el Estado. El caso de Reinaldo expone el fracaso del enfoque punitivo de la institucionalidad frente a la deforestación.
Además, la investigadora califica como un error asumir que existe una connivencia voluntaria entre la sociedad civil y los actores armados, pues las relaciones de poder (las armas) son asimétricas. Esta desfiguración del problema llevó a que estrategias como la Operación Artemisa le dieran un tratamiento militar a la población civil, desatando crisis humanitarias, y evidenciando que el Estado traicionó la confianza de las comunidades al utilizar la información de caracterización, previamente recolectada por Parques Nacionales, para luego judicializar a esas mismas personas por invasión de áreas ambientales. Hecho que denunciamos también a través de El Cuarto Mosquetero en su momento, pero en este caso de entidades como la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que estarían filtrando información sensible.
Hoy, las selvas, los bosques y las áreas protegidas siguen bajo amenaza y mientras las comunidades que podrían tener un rol de guardianas y protectoras de estos territorios enfrentan persecución, estigmatización, judicialización y desplazamiento. Mientras tanto, las organizaciones sociales que se encargan de la defensa de los derechos tanto de los seres vivientes como de la naturaleza, adelantan este trabajo en medio de fuertes retos de sostenibilidad. “Sí, lastimosamente, la salida de USAID y otros grandes cooperantes le ha implicado a la organización unos retos inmensos a nivel de sostenibilidad, lo cual pone en grave riesgo que a futuro podamos seguir cumpliendo con los objetivos de la organización, incluido el de representar a nivel judicial a personas y comunidades como a la que hace parte el Gobernador (Reinaldo)», concluyó Nelson.
Investigación: Lina Alvarez / Fotografias: Lina Alvarez, Camilo Rey, Vladimir Enciba. / Ilustración: Isabel Quintero
Diseño web: Didier Alvarez / Edición: Alejandra Mayorga
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