
Rechazo por desaparición y asesinato de ocho personas en Guaviare
A la crisis humanitaria en Guaviare, se suma el hecho del hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos de personas que desaparecieron desde abril y que eran líderes y lideresas religiosas y un atentado con motobomba que dejó seis soldados y tres civiles heridos.
Organizaciones religiosas y de paz en Colombia, el ministerio del Interior y el presidente de la república Gustavo Petro, rechazaron el hallazgo de una fosa común en el departamento del Guaviare, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de ocho personas reportadas como desaparecidas desde principios de abril. Las víctimas eran reconocidas por su liderazgo en procesos comunitarios y eclesiales en la región.
El Diálogo Intereclesial por la Paz -DIPAZ-, la Comisión de Paz de CEDECOL y la enviada especial del Consejo Mundial de Iglesias expresaron su consternación y repudio ante estos hechos, que calificaron como una grave afrenta a la dignidad humana y a los esfuerzos de reconciliación en el país.
Las víctimas —Nixon Peñaloza, Maryuri Hernández, Isaí Gómez, Maribel Silva, James Caicedo, Carlos Valero, Oscar García y Jesús Valero— eran líderes y lideresas que trabajaban activamente por el bienestar de sus comunidades. “Su desaparición forzada y posterior asesinato constituyen una violación atroz a los derechos humanos, una herida profunda para la construcción de paz y una señal alarmante de la persistencia de la violencia contra quienes dedican su vida al servicio comunitario”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
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También manifestaron su solidaridad con las iglesias afectadas, particularmente la Denominación Evangélica Alianza de Colombia y la Iglesia Cuadrangular, recordando que el derecho a la libertad de culto y de conciencia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática y no puede seguir siendo vulnerado por el control armado en los territorios.
“Abrazamos en oración a las familias de las víctimas. La violencia ha quebrado comunidades, pero no podrá apagar el compromiso por la vida, la justicia y la paz”, añadieron, reafirmando su respaldo a quienes, a pesar de las amenazas, continúan liderando procesos sociales y espirituales en zonas afectadas por el conflicto.
Las organizaciones pidieron a los grupos armados respetar la vida de los líderes sociales y religiosos, y a las autoridades, avanzar con celeridad en las investigaciones y garantizar acompañamiento institucional a los familiares.
Esta tragedia ocurren en un escenario de crisis humanitaria en Guaviare, donde a finales de mayo más de 10.000 estuvieron confinadas en comunidades rurales como Charras Boquerón, San Francisco, Guacamayas y Cámbulos, debido a los enfrentamientos entre los bloques disidentes ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’. Este bloqueo ha impedido el paso de misiones médicas, el aprovisionamiento de alimentos y suministros básicos, y ha dejado a niños, docentes y familias sin acceso a servicios esenciales. Además, la región sigue reportando desapariciones, asesinato de menores y numerosos casos de reclutamiento forzado.
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A lo anterior se añade una crisis social derivada de inundaciones y el confinamiento prolongado, que agravan el sufrimiento de las comunidades, incluyendo pueblos indígenas como los Nükak y los Jiw.
La Alcaldía de Calamar convocó a una Marcha por la Vida y por la Paz realizada ayer, 03 de julio. En este acto simbólico, las personas vestidas de blanco, rindieron homenaje a las víctimas, recorrieron las calles del municipio y finalizaron en el parque principal rechazando la violencia en su territorio. Sin embargo, hoy 04 de julio, el Gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, confirmó otro atentado con motobomba ocurrido en la mañana en la zona urbana del municipio, que dejó seis soldados y tres civiles heridos.
En medio de este contexto crítico, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- facilitó recientemente la liberación de dos personas que estaban en poder del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y del Bloque Móvil Martín Villa, en una zona rural del Guaviare. La operación humanitaria, también permitió al CICR recibir información sobre posibles lugares de entierro de otras personas fallecidas en el marco del conflicto armado. Estas acciones, según la organización, se enmarcan en su mandato humanitario para prevenir desapariciones, proteger a las víctimas y apoyar a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. El CICR reiteró la importancia de garantizar el acceso humanitario a las comunidades afectadas y recordó a todos los actores armados su deber de respetar el derecho internacional humanitario.
Las comunidades reafirman su convicción de seguir promoviendo el diálogo, la protección de los derechos humanos y la construcción de una paz real y duradera. “Ni una vida más sacrificada por la violencia. La paz es el único camino posible”, concluye el comunicado.
El Diálogo Intereclesial por la Paz -DIPAZ-, la Comisión de Paz de CEDECOL y la enviada especial del Consejo Mundial de Iglesias expresaron su consternación y repudio ante estos hechos, que calificaron como una grave afrenta a la dignidad humana y a los esfuerzos de reconciliación en el país.
Las víctimas —Nixon Peñaloza, Maryuri Hernández, Isaí Gómez, Maribel Silva, James Caicedo, Carlos Valero, Oscar García y Jesús Valero— eran líderes y lideresas que trabajaban activamente por el bienestar de sus comunidades. “Su desaparición forzada y posterior asesinato constituyen una violación atroz a los derechos humanos, una herida profunda para la construcción de paz y una señal alarmante de la persistencia de la violencia contra quienes dedican su vida al servicio comunitario”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
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También manifestaron su solidaridad con las iglesias afectadas, particularmente la Denominación Evangélica Alianza de Colombia y la Iglesia Cuadrangular, recordando que el derecho a la libertad de culto y de conciencia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática y no puede seguir siendo vulnerado por el control armado en los territorios.
“Abrazamos en oración a las familias de las víctimas. La violencia ha quebrado comunidades, pero no podrá apagar el compromiso por la vida, la justicia y la paz”, añadieron, reafirmando su respaldo a quienes, a pesar de las amenazas, continúan liderando procesos sociales y espirituales en zonas afectadas por el conflicto.
Las organizaciones pidieron a los grupos armados respetar la vida de los líderes sociales y religiosos, y a las autoridades, avanzar con celeridad en las investigaciones y garantizar acompañamiento institucional a los familiares.
Esta tragedia ocurren en un escenario de crisis humanitaria en Guaviare, donde a finales de mayo más de 10.000 estuvieron confinadas en comunidades rurales como Charras Boquerón, San Francisco, Guacamayas y Cámbulos, debido a los enfrentamientos entre los bloques disidentes ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’. Este bloqueo ha impedido el paso de misiones médicas, el aprovisionamiento de alimentos y suministros básicos, y ha dejado a niños, docentes y familias sin acceso a servicios esenciales. Además, la región sigue reportando desapariciones, asesinato de menores y numerosos casos de reclutamiento forzado.
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A lo anterior se añade una crisis social derivada de inundaciones y el confinamiento prolongado, que agravan el sufrimiento de las comunidades, incluyendo pueblos indígenas como los Nükak y los Jiw.
La Alcaldía de Calamar convocó a una Marcha por la Vida y por la Paz realizada ayer, 03 de julio. En este acto simbólico, las personas vestidas de blanco, rindieron homenaje a las víctimas, recorrieron las calles del municipio y finalizaron en el parque principal rechazando la violencia en su territorio. Sin embargo, hoy 04 de julio, el Gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, confirmó otro atentado con motobomba ocurrido en la mañana en la zona urbana del municipio, que dejó seis soldados y tres civiles heridos.
En medio de este contexto crítico, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- facilitó recientemente la liberación de dos personas que estaban en poder del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y del Bloque Móvil Martín Villa, en una zona rural del Guaviare. La operación humanitaria, también permitió al CICR recibir información sobre posibles lugares de entierro de otras personas fallecidas en el marco del conflicto armado. Estas acciones, según la organización, se enmarcan en su mandato humanitario para prevenir desapariciones, proteger a las víctimas y apoyar a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. El CICR reiteró la importancia de garantizar el acceso humanitario a las comunidades afectadas y recordó a todos los actores armados su deber de respetar el derecho internacional humanitario.
Las comunidades reafirman su convicción de seguir promoviendo el diálogo, la protección de los derechos humanos y la construcción de una paz real y duradera. “Ni una vida más sacrificada por la violencia. La paz es el único camino posible”, concluye el comunicado.