Esta disputa en defensa del territorio por distintos miembros de las comunidades de los municipios de Sutatenza, Guateque y Somondoco lleva varios años, en los cuales, han denunciado una y otra vez las irregularidades frente a los procesos que adelanta la empresa Gravimax SAS en sus trabajos en el río Súnuba.
Desde el inicio de las operaciones presuntamente sin tener todos los permisos en regla, hasta aparentes licencias “dudosas” denunciadas durante el evento y extralimitación al momento de explotar el río para sacar material, ha llevado a cambiar distintas dinámicas tanto económicas como rutinarias en esta zona del departamento de Boyacá. Casas caídas, terreno perdido por derrumbes y afectación a la fauna, son algunas de las consecuencias de la explotación que inició hace más de dos décadas.
El pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua en la Escuela Normal Superior Valle de Tenza, ubicada en la vereda El Salitre del municipio de Somondoco, Boyacá, se llevó a cabo una reunión citada por la organización Defensores del Río Súnuba, en la que se denunciaron por parte de esta y de la comunidad diversas problemáticas que se han generado por la explotación minera que avanza la empresa Gravimax SAS en el río Súnuba.
En la reunión participaron la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- la cual ejecuta, administra, opera y coordina con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura en el departamento, además de los alcaldes de Sutatenza y Somondoco, concejales y concejalas de los municipios de Guateque, Sutatenza y Somondoco, comunidad afectada e interesada y Froilan Guerrero Rueda quien es el representante legal de la empresa Gravimax SAS y algunos de sus colaboradores.
“Nosotros no venimos aquí a inventarnos algo, hay evidencias, hay fotos y en las fotos se evidencia que no ha habido plan de manejo ambiental” Hugo Moreno denunció. Dice que es muy grave lo que sucede y lo denomina como un “ecocidio”, además de hablar sobre las afectaciones a las personas que viven cerca a la trituradora por el ruido excesivo y la cantidad de polvo que entra a los hogares, siendo una potencia afectación de salud.
Durante su intervención hizo un marcado énfasis en el riesgo por avalancha o inundación que corren las y los estudiantes y trabajadores de la Escuela Normal Superior Valle de Tenza debido a las secuelas que pueda generar la explotación de material realizado por Gravimax SAS en la zona, pues los gaviones construidos para disminuir el impacto del agua en temporadas invernales y que ya cayeron, hoy no tienen utilidad alguna.
Por otro lado, Oliva Diazgranados quien hace parte de Defensores del Río Súnuba, reitera lo que sucede como un ecocidio y habla de la importancia en apostar a la protección de este territorio. Según dice Diazgranados, el problema profundiza desde que la licencia para explotación fue otorgada a la empresa Gravimax SAS y denuncia que esta no ha cumplido con los requerimientos mínimos para restaurar el daño social y ecológico que ha hecho y a raíz de esto se deriva una problemática debido a la profundidad del río por la explotación, las riberas se vuelcan sobre el cauce y puedan generar taponamientos y/o avalanchas que resulten en una potencial tragedia.
Fabián Bulla Sánchez, director general de CORPOCHIVOR al finalizar la reunión le otorgó un espacio de entrevista a El Cuarto Mosquetero en el cual declaró que, “La conclusión es la manifestación plena de las comunidades en torno a una situación que se puede sentir y se puede analizar dentro de la cuenca del Río Súnuba.
Podemos trabajar de manera articulada, entrar a verificar, entrar a revisar y entrar a actuar de ser necesario si existe algún daño en contra del medio ambiente y que afecta a la comunidad de la cuenca del Río Súnuba”. Bulla Sánchez fue designado en este cargo en noviembre del año 2023 y durante la reunión manifestó que él hará monitoreo a la situación y dio un parte de calma a la comunidad para poder realizar su gestión desde la corporación que ahora dirige.
Desde Gravimax SAS se abstuvieron de declarar al medio de comunicación y durante la reunión aseguraron que realizarán una reunión ellos para exponer el caso, hablando de su trabajo y desde lo realizado por la empresa en los últimos años que llevan operando en la cuenca del Río Súnuba.
Por su parte el Defensor del Pueblo de la regional Boyacá, Jorge Eliécer Cortés, habló del acompañamiento que vienen haciendo desde esta entidad, a lo que él denomina como una problemática “bien sentida de la comunidad” e hizo énfasis en los compromisos que quedaron como resultado de la reunión, como el de CORPOCHIVOR de brindar la documentación pertinente del seguimiento de esta concesión a los entes de control, para poder realizar un diagnóstico sobre el marzo jurídico, lo establecido por las autoridades competentes y ver la afectación que hoy son evidente en la región.
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