AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
No eran 6.402 sino 7.837 “falsos positivos” en Colombia
La cifra de ejecuciones extrajudiciales —“falsos positivos”— hoy asciende, tras la ampliación del universo de casos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual invitó a los exmandatarios que estarían involucrados a dar sus declaraciones.
En noviembre de 2024, el congresista Miguel Polo Polo provocó indignación al arrojar a la basura unas botas de caucho intervenidas por las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), un símbolo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El hecho reabrió el debate sobre la veracidad de las cifras oficiales —registradas en mayor número durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, documentadas por la JEP.
Este acto fue calificado de revictimización y provocó investigaciones judiciales contra el congresista por hostigamiento. Pero Polo Polo tenía razón en dudar de la cifra, porque no eran 6.402 sino 7.837.
La actualización fue presentada por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, durante una audiencia en San José de Apartadó (Urabá antioqueño), en el marco de las declaraciones de miembros de la Fuerza Pública que reconocieron su responsabilidad en crímenes como la masacre de La Resbalosa y admitieron vínculos con grupos paramilitares.
Se amplió el periodo de revisión
El principal cambio metodológico fue la ampliación del periodo de análisis. Mientras la cifra inicial de 6.402 casos correspondía a hechos ocurridos entre 2002 y 2008, el nuevo consolidado incluye eventos registrados entre 1990 y 2016.
Según explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli a El Espectador, esta revisión incorporó información proveniente de cerca de mil informes de víctimas, así como registros de la Procuraduría, que no estaban en la base de datos inicial. Además se sumaron cifras de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La cifra sigue siendo dinámica. La JEP advierte que podría aumentar a medida que avancen las audiencias territoriales y continúen las confesiones de comparecientes que reconocen hechos que durante años no fueron investigados.
La JEP reitera su invitación a Uribe y Santos para comparecer
Mientras tanto, este 29 de abril, la JEP reiteró su invitación a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos para que comparezcan.
La JEP hace parte del Sistema Integral de Paz, creado tras los Acuerdos de Paz de 2016 en Colombia. Aunque este proceso fue impulsado durante el gobierno de Santos, se mantuvo el fuero presidencial, lo que dejó por fuera de una comparecencia obligatoria a quienes han ocupado la Presidencia.
Esto ocurre pese a que, según la JEP, el 78% de las víctimas documentadas entre 1990 y 2016 se registraron durante el gobierno de Uribe (2002–2008). En ese periodo, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron en un 145%.
Por su parte, antes de asumir la Presidencia (2010–2018), Santos fue ministro de Defensa de Uribe entre 2006 y 2009, etapa en la que se concentró el pico más alto de los llamados “falsos positivos”.
El magistrado Ramelli señaló que tanto Santos como Uribe pueden comparecer de manera voluntaria, como ya lo hicieron ante la Comisión de la Verdad.
Las acusaciones sin sustento de Uribe
Ese mismo día, el expresidente Uribe se pronunció sobre la situación con duras críticas al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda Castro.
Desde Santander, Uribe los tildó de “mentirosos” e “indignos”, defendió su política de Seguridad Democrática y aseguró que durante su gobierno sí se sancionaron violaciones a los derechos humanos.
La controversia aumentó cuando el exmandatario lanzó una contraacusación, afirmando que en el actual gobierno han sido asesinados más de 21.000 jóvenes, en lo que describió como un repunte del terrorismo bajo la política de “Paz Total”. Sin embargo, no existe evidencia sólida que respalde esa cifra.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2026 han sido asesinadas 199 personas en masacres, siendo 109 hombres, 30 mujeres, 20 menores de edad y 60 víctimas sin identificar. Incluso al considerar estas cifras en un periodo corto, los registros están muy lejos de acercarse a las 21.000 víctimas.
Para dimensionarlo, la Comisión de la Verdad estimó más de 450.000 homicidios a lo largo de más de tres décadas de conflicto armado. En ese contexto, afirmar que hubo “21.000 jóvenes asesinados” en un solo gobierno implicaría una magnitud desproporcionada que no coincide con los datos disponibles.
Entre tanto, la JEP continúa avanzando en sus investigaciones: ya hay 21 generales imputados y varios han reconocido su responsabilidad, en un proceso clave para esclarecer la verdad y garantizar justicia a las víctimas.
Por su parte, con respecto al aumento de ejecuciones extrajudiciales informado por la JEP, MAFAPO, se pronunció al respecto. “Acá nos damos cuenta de que no es como decía Polo Polo, como decían otras personas, como dice la señora Paloma, de que esa cifra no era fiable (…) Esto es una realidad, una realidad que hay nuestro país”, mencionó en redes sociales una de sus integrantes, Blanca Nubia Monroy, quien además señaló que la asociación rechaza la propuesta de la candidata del Centro Democrátrico de asignar a Álvaro Uribe Vélez —en caso de ganar la presidencia— como Ministro de Defensa.
“No es justo. No es justo porque él estaba en ese momento cuando pasó lo que pasó con los falsos positivos. Es una falta de respeto con las víctimas de Colombia”, mencionó Blanca.
