AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Una “paz total” que aún no llega para el campesinado del sur del Meta y el Guaviare
El campesinado del sur del Meta y el Guaviare históricamente ha enfrentado diversas conflictividades armadas, socioambientales, pero también por el olvido estatal.
Pese a que la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 permitió un respiro en algunos territorios y para cientos de personas representó un cambio en su proyecto de vida, también he generado otra serie de problemáticas que de vez en cuando logran llegar a la esfera de los medios de comunicación nacionales, pero que de resto solo les pesa a quienes allí habitan.
Algunos municipios del Meta han estado en el ojo público por el aumento de procesos extorsivos por parte de grupos armados, pero también por delincuentes que, aprovechando las disputas de control territorial, se hacen pasar por x o y actor para solicitar exorbitantes sumas de dinero. ¿Quiénes son mayoritariamente las personas afectadas? Sí, el campesinado, emprendimientos y pequeños microempresarios.
Precisamente esas disputas de control territorial siembran miedo al no saber quién es quién entre los actores armados y/o delincuencia común, ya que históricamente quien había tenido el control territorial habían sido las antiguas FARC-EP. Es así como las comunidades terminan en medio: con miedo, pagando incluso varias veces la “vacuna”, pero también siendo estigmatizados por la institucionalidad y fuerza pública como aliadores de la guerrilla.
Para sumar a lo anterior, gran parte del campesinado del sur del Meta y del Guaviare, se encuentra en áreas protegidas, en parques nacionales, en la selva, y en conclusión, en zonas que no deberían estar habitadas, así algunos de ellos y ellas hubiesen llegado antes de que se crearan estas restricciones que buscan proteger la biodiversidad, selvas y ríos. Lo que ha llevado a que el Estado se justifique en no poder invertir en carreteables, electricidad, servicios básicos y casi que ni en sistemas educativos -tienen que contratar con un tercero porque allí no envían a profesores nombrados-, derivando en que la presencia de la institucionalidad sea a través del Ejército, que las economías mayoritarias sean la ganadería -que aquí es considerada ilegal- y economías ilegalizadas como los cultivos de hoja de coca. Lo que ha convertido al campesinado en un blanco de los operativos de la lucha contra las drogas y contra la deforestación.
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¿Esta es información nueva para el gobierno? No, además de ser un ciclo que se ha repetido durante más de 50 años, tras casi los ocho años del proceso de paz, ante diferentes gobiernos diversas delegaciones de campesinado y organizaciones sociales han tratado de buscar una solución dialogada, que no ha llevado a ningún lado, sino en la continuación de los operativos. Este gobierno inclusive planteó discutir con ellos y ellas la posibilidad de procesos de justicia diferencial, teniendo en cuenta que un gran número de población marginada tiene procesos judiciales por lo anteriormente nombrado, o hasta se encuentran en prisión, lo que había dado un parte de esperanza.
No obstante ahora se habla de la probabilidad de un “paro campesino nacional indefinido” solicitando diálogos para hacer posible ese concepto ambiguo de la “paz total” que ha propuesto el Gobierno del Cambio y que, para algunos territorios como los del sur del Meta y el Guaviare, aún está lejos de materializarse, se mantiene el cuestionamiento de sí el panorama de estigmatización y olvido estatal persiste para el campesinado, en zonas que han sido señaladas de criminales por hacer uso de la pasta de coca como fuente de sostenimiento económico, al no tener garantías para migrar a otras alternativas que les posibilite condiciones de vida digna, aún, en un mandado como el de Petro que hasta planteo “la coca legal”.
¿Está exagerando el campesinado al hablar de iniciar movilizaciones? Hace unas semanas, habitantes del sector de Guaduales Nueva Esperanza en el sur del Meta, en la región del Guayabero, denunciaron que el Ejército y la Policía Nacional en articulación entre varios ministerios, destruyeron más de cinco puentes de madera construidos por las comunidades, bajo el argumento que estos permiten la deforestación de la Amazonía, las redes de extorsión y el narcotráfico.
No vamos a dejar destruir Chiribiquete. Es un patrimonio cultural y natural de la humanidad.
Allí está la capilla sixtina de la prehistoria. artistas pintaron los murales rupestres más grandes encontrados hace 20.000 años en el corazón de nuestra selva Amazónica cuando eran… https://t.co/Qq7xGPeiA4
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 18, 2024
Operativos que no se están centrando en los actores armados, empresas, políticos y personalidades involucradas en los delitos de extorsión; de realmente estarse beneficiando del negocio de las drogas, o que tienen una mayor huella en procesos de deforestación, ¿en quién recaen? Así es, en el campesinado. ¡Ah, que ellos y ellas habitan en zonas de influencia de actores armados!, sí, pero ¿esto justifica a este gobierno que les prometió hacer las cosas diferentes teniendo presente que conoce de manera diferencial lo que se vive allí? No, es seguir jugando con las esperanzas de la gente.
Supongamos que es entendible que existan dudas sobre si podría haber influencias de los actores armados hacia las comunidades para que presionen sobre los procesos de diálogo, como lo expusieron medios de comunicación a nivel nacional. Sin embargo, también ha sido este el mismo argumento que históricamente ha desestimado las movilizaciones del campesinado, de las y los jóvenes, de las organizaciones sindicales y de diversos sectores en cada uno de los paros indefinidos que han sacudido a este país, el exponer que “hay manos oscuras detrás de”, pero que no minimiza que hay unos puntos claros construidos por las comunidades que no les han querido cumplir, y que cansadas de los mismos ciclos, hablan de entrar en paro, porque cuando la gente ha parado, el gobierno les ha copiado. Y entre río revuelto otros podrían beneficiarse, pero casi nunca son las comunidades.
De paro en paro, de cerco en cerco humanitario, de denunciar ante diferentes instituciones, movilizaciones, comunicados públicos, entre otras acciones, desde El Cuarto Mosquetero en los últimos cinco años hemos visibilizado varios de estos hechos y siempre vemos cómo las comunidades pasan de la esperanza, a estar inmersas en el terror en los operativos. Muestra de lo anterior fue el cerco humanitario realizado en el mes de agosto por el campesinado del Guayabero, pero de la zona del Guaviare, donde solicitaban aclarar la razón de las acciones militares que se adelantaba en ese momento -antes del gran operativo antes expuesto-, pero que ante la opinión pública terminó siendo «un secuestro a militares» y las exigencias de ellos y ellas fueron desestimadas.
El cerco humanitario en Guaviare: una acción pacífica para exigir sus derechos
Para sorpresa de algunas personas, las anteriores afirmaciones sobre equiparar el cerco humanitario con un “secuestro” también fueron utilizadas por en su cuenta de “X” por el Ministro de Defensa Iván Velázquez, el cual, no sólo profundizó esa narrativa, sino que también enfatizó en un posible “cese al fuego”, de no suspender estas acciones. Un cambio de discurso tremendo teniendo presente que el año anterior habían ocurrido hechos similares y él mismo y este gobierno se habían mostrado más comprensivos demostrando cómo se diferenciaban del gobierno antecesor.
https://x.com/Ivan_Velasquez_/status/1822694903677133304
Si miramos desde una lupa histórica, estos operativos nos son nuevos por parte del Estado, hace algunos años, la excusa para estas acciones militares era frenar la «hemorragia comunista», donde había que detener el enemigo interno, que como expone el Informe Final de la Comisión de la Verdad tomo Orinoquía, llevaba a que muchas personas huyeran a la selva para no morir en medio de estos bombardeos que se adelantaban sin ningún tipo de distinción, lo que, si lo analizamos en el presente, parece no ser un panorama distinto para territorios como Meta, Guaviare y Caquetá.
Por su parte, en tiempos del Gobierno de Iván Duque, el mismo modus operandi se adelantó, pero esta vez, para frenar la «hemorragia deforestadora», dando así vida a lo que fue la Operación Artemisa, la cual se mostraba como una alternativa para cuidar las áreas protegidas, recuperar la selva y los bosques y condenar a grades deforestadores, sin embrago, esta se dedicó a señalar y perseguir al campesinado y población indígena, hechos que fueron evidenciados a través de nuestra investigación:
Tratamiento criminal para campesinado del sur del Meta, Guaviare y Caquetá
Así la gente además de que continúa adentrándose en la selva virgen, también vive en constante miedo.
Es importante recordar que la crisis cocalera que inició en el 2022 en el Meta y el Guaviare y desde El Cuarto Mosquetero expusimos en los primeros meses del 2023, era una oportunidad para el gobierno de Petro de invertir y promover que el campesinado migrara a economías legalizadas; de implementar su plan de la coca legal, o por lo menos de haber ayudado a que no llegaran al punto de la precarización de la vida y de procesos de desplazamiento interno.
El comercio de la pasta base de coca en zonas que estaban en crisis se ha ido reactivando, y la posibilidad de generar confianzas entre institucionalidad-comunidad sigue sin materializarse. Pese a que existieron visitas a territorios, como hace unos día en Cartagena de Chairá en el departamento del Caquetá, donde se habló de los planes de mitigación de deforestación implementados por la Ministra de Ambiente Susana Muhamad, esta tónica de diálogo parece haber cambiado al día de hoy para otros territorios de la Amazorinoquía.
Por ahora las comunidades persisten en sus territorios, ante los señalamientos y la falta de recursos materiales. Solo queda esperar si realmente este gobierno se va a comprometer con la paz total en el Meta y el Guaviare, o seguirán siendo otros actores quienes se beneficien de la ruleta desafortunada que se ha ganado el campesinado de estas tierras, al que no les pertenece sino la ropa que logran enterrar antes de que sus casas sean incineradas en el marcos de estos operativos.
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