En la actualidad, la valía del oro está rodeada de conceptos y perspectivas socialmente aceptadas que atraviesan ciertas realidades sociales; sin embargo, algunas de estas se aíslan e invisibilizan. Para quienes se desenvuelven en contextos urbanos, el oro se convierte en aquel metal valioso que, desde la escuela, se menciona en espacios como historia y ciencias sociales, en donde se enseña sobre las capacidades del “hombre” para destruir lo natural a costa de lo deseable, para quienes en su mirada abunda la codicia y la vanidad del ser humano. Historias que parecen ser lejanas o haber quedado en el pasado. Sin embargo, la realidad del oro sigue existiendo en lugares inhóspitos y salvajes para muchos y muchas.
Nuestro país, Colombia, aquella joya encantada de América Latina que brilla por la calidez de su gente, paisajes únicos y una cultura tan rica como diversa, se encuentra abrazada por muchas de estas zonas en las que la marginación social y la centralización de los recursos han generado complicidad en la existencia y permanencia de factores que permiten y gestan eventos, espacios y contextos violentos para aquellas personas quienes deciden asentar sus raíces en estos territorios, quienes, desde su diario vivir, florecen en la adversidad y resisten.
Este es el caso de Taraira, un pequeño municipio minero en la zona sur del departamento del Vaupés, fronterizo con el Amazonas y Brasil, que gesta un espacio de interculturalidad que involucra a personas “blancas” de diferentes partes del país, como el Meta, el Huila, Bogotá, la costa, entre otras, y la diversidad pluriétnica que acoge a miembros de comunidades indígenas como los Yucuna, Macuna, Tanimuca, Barazanos, Itanos, Yujub, entre otros, y gentilicios de Brasil. Un panorama excéntrico en las pieles del territorio amazónico.
Taraira se desarrolló al ritmo de la pequeña minería, convirtiéndose primero en un pueblo de casas de madera para ser nombrado corregimiento en 1985 y, posteriormente, en 1995, en un municipio. A partir de la década del 2000, se han generado conflictos por la tenencia de los derechos mineros de la zona que fueron dados a la empresa canadiense Cosigo Resources. La llegada de Cosigo, en 2007, tras la obtención de los títulos en una licitación, desató rápidamente conflictos con los pequeños mineros, al igual que lo ya sucedido una vez en los noventa con la empresa colombiana JVC Ingeniería SAS, que no duró mucho en Taraira.
Aunque los efectos de estos eventos perduran a día de hoy debido a las incongruencias y vacíos legales que le permiten a esta empresa tener títulos en tierras protegidas, como es el caso de los permitidos el territorio del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, se ha dejado de lado un tema de impacto ambiental ligado a las prácticas artesanales de extracción realizadas por los pequeños mineros, quienes, en su labor, acuden a la utilidad de elementos químicos como el mercurio el cual como menciona la Organización Mundial para la Salud-OMS tras su inhalación, ingestión o tras la exposición cutánea se pueden observar trastornos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras.
Aunque la realidad de la contaminación y la crisis climática en la actualidad parecen llevar nuestros ambientes a temperaturas extremas y efectos medioambientales críticos que nos guían a la idea de la necesidad del cuidado del ambiente y el abandono de prácticas poco amigables con el mismo, como la minería, estos discursos y necesidades pueden tornarse borrosas para aquellas que no solamente viven, sino que subsisten gracias a estas prácticas. Es entonces allí donde pedir a las personas que suspendan aquello que pone comida en sus mesas es como pedir al emblemático y feroz jaguar desmontar sus garras.
La práctica de minería informal realizada con mercurio genera un impacto ambiental grave y, además, es una actividad que, en zonas como la Amazonía, pareciese estar en aumento en los últimos años, ya que la superficie ocupada por estas acciones en Colombia aumentó en 5139 hectáreas entre 2021 y 2022, así lo revela el estudio “Explotación de oro de aluvión: Evidencias a partir de percepción remota”, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC sin embargo, los mecanismos y medios del Estado para garantizar los derechos ambientales de los y las ciudadanas resultan no ser suficientes e incluso inaccesibles a estas regiones del país.
Si bien hoy por hoy la necesidad de gestión para la sostenibilidad de la crisis climática es una realidad para los y las habitantes del mundo, ¿qué pasa con aquellos a quienes el mundo parece haber olvidado? ¿Qué paso debe darse para que quienes viven de estas prácticas dejen de hacerlo? Y aun así, ¿qué tan comprometido se encuentra el Estado colombiano y las entidades departamentales y municipales en atender estas necesidades?
