El pasado 5 de febrero, habitantes del barrio Ciudad Porfía adelantaron un plantón pacífico frente a las instalaciones de Asogestores, ya que, aseguran que el acueducto perdió su calidad de gestor comunitario del agua al ceder el 50% de su participación y conformarse como sociedad por acciones simplificadas (SAS) con la familia Carranza, por lo cual pasan a llamarse Agua Blanca Sociedad de Gestores de Servicios Públicos de Ciudad Porfía.

Ciudad Porfía fue fundada en la década de los 80, empezó como un barrio de invasión a la finca La Casona. El lugar era para dividirlo en lotes y vender pero al estar fuera del perímetro urbano, fue invadido. Fueron cerca de seiscientas familias las que establecieron sus hogares allí y otras se fueron a zonas cercanas. La legalización estuvo llena de complejidades dado que la Administración Municipal de ese entonces, pretendía desalojarlas. Sin embargo, la comunidad logró organizarse y tiempo después se hizo una división de la zona en cinco sectores y cinco Juntas de Acción Comunal, con las que se logró la construcción del Acueducto comunitario.

Creación del acueducto comunitario

Jairo Orlando Mateus, uno de los manifestantes, y fundadores del acueducto, recuerda que en 1992 cuatro personas se reunieron para soñarse el acueducto comunitario de Porfía, luego el sueño se hizo colectivo, entonces se unieron 20 más y en menos de lo que pensó, había quizá unas 200. Víctor Carranza, el famoso zar de las esmeraldas, era el dueño del predio de donde se debían captar las aguas para abastecer a la comunidad, así que decidieron hablar con él para solicitarle un permiso y el empresario brindó autorización de manera desinteresada. “El señor Víctor Carranza dijo que eso no tenía personal, que eso era para la comunidad de Porfía”, enfatizó. 

Tras la autorización de Víctor Carranza, empezaron a buscar los medios para iniciar la construcción del acueducto comunitario. Entonces, el alcalde Hernando Martínez Aguilera y el gobernador Omar Vaquero Soler aportaron los recursos y la comunidad prestó la mano de obra “cargando tubos y cavando zanjas”, recordó Jairo. 

El acueducto inició como Comité Empresarial hasta que se expidió la Ley 142 de 1994 que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y que ordena que con dos mil habitantes, figura como comunitario, pero con mayor cantidad de personas, pasa a ser un acueducto de empresa. Entonces pasó a convertirse en una Corporación que funcionó por diez años y que tuvo que implementar micro y macro medidores, tarifas y pago de parafiscales. Tras un largo proceso de multas y sanciones, el 28 de octubre del 2012 se creó la Asociación de Gestores Comunitarios de Servicios Públicos de Ciudad Porfía (Asogestores), entidad ante la cual la comunidad salió a manifestar su inconformidad de manera pacífica. Desde El Cuarto Mosquetero, estuvimos en el lugar de los hechos conociendo la problemática en torno a este acueducto. 

La alianza comercial que desató un temor colectivo

Comunidad de Porfía reunida en la entrada de Asogestores.
Foto: Shirley Forero

Adriana Baquero, presidenta de la Red de Acueductos Comunitarios de Villavicencio (Acer Agua Viva), explicó que la inconformidad de la comunidad radica en una alianza comercial entre Asogestores y la familia Carranza, a la que se le cedió el 50% de la empresa, y posteriormente se constituyó una sociedad por acciones simplificadas (SAS), por lo cual pasó a llamarse Agua Blanca Sociedad de Gestores de Servicios Públicos de Ciudad Porfía. Siendo así, las ganancias de la entidad “pasarían a las cuentas bancarias de los socios, entonces ya la inversión no se va a ver reflejada en la comunidad”.  Además, existe un libro de afiliados en el que pueden registrarse las personas que quieran hacer parte de Asogestores, pero a muchos de quienes han solicitado un cupo “les han puesto trabas, solamente pusieron la gente que ellos quisieron que se afiliara, y ese libro consta de máximo 180 personas”, de esas, solo a 150 personas se tuvieron en cuenta para constituir la alianza, afirmó la lideresa. 

Por ende, de pasar a manos de un privado, señaló Adriana, el agua se empezaría a mercantilizar, y “si empiezan a vender matrículas a diestra y siniestra sin tener en cuenta que hay una fuente que debemos cuidar, van a empezar racionalizar y prestar el servicio por horas”, aseguró agregando que en este momento, al no tener la gran mayoría micromedición, la comunidad goza de una tarifa plena, beneficio que dejarían de obtener si el acueducto deja de ser comunitario, pues el metro cúbico elevaría considerablemente su costo. De hecho, la supuesta instalación arbitraria de micromedidores, es una de las inconformidades de las y los manifestantes. 

Según Adriana, en 2017, Daniel Moreno hizo una asamblea y posteriormente unos estudios para realizar una alianza comercial, sin embargo, la comunidad nunca aprobó ese plan. Aún así, el gerente registró la empresa Agua Blanca S.A.S. y vendió la mitad de esta a la familia Carranza. “Él ha venido generando facturación con el mismo NIT de Asogestores cuando ya no existe”, concluyó la lideresa. 

Por otro lado, Ricardo Molina, edil de la comuna Ocho, quien estuvo en la manifestación, argumentó que con esta privatización, se perdería el sentido comunitario del acueducto que construyeron habitantes del barrio hace treinta años. Él ha visto el tejido formado entre las y los residentes de Porfía desde que tiene uso de memoria, incluso recuerda que durante la alcaldía de Raúl Franco (2008-2001), cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio intentó apoderarse de estas redes, la comunidad evitó que eso sucediera resistiendo fuertemente. 

Otro de los manifestantes y fundadores del acueducto, Luis Alfredo Lara, aseguró que fue nombrado como presidente de la junta directiva de Asogesotres el 20 de enero de 2019. Según él, Daniel Moreno debía entregarle la gerencia de la empresa pero no fue posible debido a la alianza comercial que había realizado. “Entonces, él no quiso entregar, nos fuimos de pelea y se le formuló un denuncio ante una fiscalía. El fiscal 18 manifestó que él estaba cometiendo un delito de menor cuantía”, después el abogado del acusado apeló y el caso pasó a estar en manos del fiscal 19, quien declaró que el gerente de la empresa es inocente, relató Luis, advirtiendo que llevará su denuncia ante un juez de garantías. 

Olbar Duarte, también manifestó su inconformidad, pues a pesar de la situación que la comunidad ha venido exponiendo, aseguró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), no ha tenido en cuenta el caso. También considera que la Administración Municipal debería tomar cartas en el asunto, pues en el 2010, la SSPD emitió un acto administrativo a través del cual ordenaba que la Alcaldía se encargara del manejo del acueducto, debido a una sanción a lo que en ese entonces era la Asociación Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado -ahora Asogestores- por no tener concesión de aguas tratadas y otros requerimientos. Sin embargo, aseguró él, hace unos días, en una reunión que tuvieron habitantes del barrio con el alcalde de Villavicencio, Feilpe Harman, este les comentó que en realidad, la intervención del acueducto le corresponde a Superservicios. 

¿Qué dice Asogestores?

Luego de escuchar los testimonios de algunos de las y los manifestantes, nos dirigimos al interior de las instalaciones de Asogestores para hablar con su gerente, Daniel Moreno y conocer su versión de los hechos. Él comentó que hace 30 años, cuando se construyó el acueducto, solamente existía un tanque desarenador en la bocatoma, y tras pasar el tiempo y la falta de mantenimiento, la infraestructura se puso al borde del colapso. 

Daniel Moreno, gerente de Asogestores.
Foto: Shirley Forero #ElCuartoMosquetero

“Lamentablemente a veces las comunidades no son organizadas y al ser el acueducto comunitario, la gente se cree la dueña, pero cuando hay que aportar, ahí si nadie es el dueño”, explicó Daniel. Cuando le nombraron como gerente -hace cuatro años-, aseguró que, de los 6.000 usuarios existentes, solo 1.200 pagaban la tarifa domiciliaria.  

Sumado a eso, Daniel afirmó que existían multas por pagar, que el acueducto antes no tenía concesión, ni planta de tratamiento de agua potable y que actualmente, la tubería de gres del alcantarillado, que fue instalada hace 30 años, está a punto de colapsar., problemáticas que requieren recursos monetarios para que la empresa pueda seguir en pie.  “Entonces el decir de todos los alcaldes que han pasado es que no pueden invertir porque esto es privado, es comunitario”, comentó.

Dada la situación, Daniel relató que se reunió con los asociados y se nombró una junta directiva que aprobó la alianza comercial con los Carranza, quienes durante los 30 años que lleva en pie el acueducto, han permitido el acceso a la finca y han apoyado a la empresa, por lo que le propusieron asociarse, así aportarían las inversiones que requieran las redes, que hasta al momento, suman más de 1.000 millones, según él. 

Gracias a esta inyección de capital, Daniel aseguró que actualmente Asogestores cuenta con agua potable, se están realizando mejoras en las redes de alcantarillado, sobre la avenida principal se instalaron rejillas de agua lluvia, todo el personal está tecnificado y se han pagado multas a Cormacarena y a Superservicios.

Con respecto a los micromedidores, Daniel señaló que su instalación está dentro de la Ley 144 de 1994, y que una forma de garantizar el ahorro de agua, es con la medición del consumo que estos realizan. Afirmó que a quienes se les han puesto estos elementos en sus viviendas, se les ha notificado. De hecho, comentó que ya existen 150 instalados, y tienen 1.000 más para colocar.  Para esto, según él, se ha realizado socialización en todas las casas explicando la norma y la necesidad de tenerlos.

Finalmente, el gerente aseguró que nunca ha mantenido los estados financieros de la empresa ocultos y que anteriormente, le había propuesto a quienes se manifestaron, que se vincularan a trabajar con la empresa para que la conocieran desde adentro, sin embargo, ellos/as se opusieron. 

Tras horas de manifestación, la comunidad acordó con Asogestores, realizar el lunes a las 9:00 de la mañana, una mesa de trabajo con la presencia de Superservicios, Supersociedades, la Personería Municipal, la oficina de servicios y la Alcaldía como mediadora, para dialogar sobre los temas que generaron este litigio.  

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.