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De pintar en el Parque de los Centauros de Villavicencio a ser víctima de ejecución extrajudicial
José Enrique Porras, un artista que pintaba en el Parque de los Centauros de Villavicencio, fue víctima de una ejecución extrajudicial en 2003 y presentado como un combatiente dado de baja. Su caso hace parte del patrón investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz en el Meta, que documentó 209 asesinatos presentados como bajas en combate.
José Enrique Porras no empuñaba un fusil ni pertenecía a algún grupo armado. Su única arma era un pincel con el que intentaba atrapar la luz y los colores de los Llanos Orientales. Nacido en Bogotá y el menor de ocho hermanos, llegó a Villavicencio cautivado por sus montañas y sus paisajes.
En las mañanas se le veía en el Parque de los Centauros, un lugar tradicional y referente de la cultura local, dibujando rostros humanos o retratando al óleo amaneceres llaneros para ganarse la vida. A sus 32 años, con la disciplina de quien había prestado el servicio militar, «Henry», como le decían de cariño en casa, tenía la ilusión de viajar a Europa, especialmente a Italia, para vivir un futuro como artista.
La mañana del 31 de marzo de 2003, su arte se detuvo para siempre. Para su sobrino Luis Hernando Castillo Porras, diez años menor que él, Henry no era solo un tío: era un hermano mayor y una figura paterna que orientaba sus estudios y le inculcaba el amor por el trabajo honrado.
Obra de arte de la autoría de Henry. Imagen cortesía de la familia.
Obra de arte de la autoría de Henry. Imagen cortesía de la familia.
Obra de arte de la autoría de Henry. Imagen cortesía de la familia.
Por eso, cuando, según el relato Luis, unos reclutadores lo sacaron del parque con falsas promesas de trabajo, comenzó para sus familiares una pesadilla de 14 años de incertidumbre. Una llamada telefónica a la casa preguntando formalmente por “José Enrique Porras”, y no por “Henry”, fue el presagio de que quienes se lo llevaron conocían su identidad antes de subirlo a una camioneta rumbo a la vereda Puerto Limón, en Puerto Lleras, a aproximadamente cuatro horas de Villavicencio.
Allí, tras permanecer retenido unos días, “fue asesinado por la asociación criminal entre militares y paramilitares del Bloque Centauros”, afirma Luis. Henry fue vestido con prendas militares y presentado falsamente en el cementerio de Granada, Meta, como un “combatiente dado de baja”.
El caso de Henry coincide con una de las modalidades que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- documentó en el Subcaso Meta del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate. En el Auto de Determinación de Hechos y Conductas 029 de 2025, la JEP estableció que varias víctimas fueron engañadas con promesas de trabajo y trasladadas hasta los lugares donde posteriormente fueron asesinadas o desaparecidas.
Las cifras oficiales de la JEP dan cuenta de la escala de los hechos ocurridos en el departamento del Meta entre 2002 y 2007. Durante las audiencias públicas celebradas los días 03, 04 y 05 de junio de 2026 en Villavicencio, 27 de los 30 militares imputados en el Subcaso Meta reconocieron públicamente su responsabilidad ante más de 80 víctimas.
Entre ellos estaban los brigadieres generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, señalados como máximos responsables por omisión impropia. También hace parte del proceso el general retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán, uno de los 30 militares vinculados a esta investigación.
La investigación de la JEP documentó un patrón macrocriminal que comprende 209 asesinatos presentados como bajas en combate, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio. Entre las víctimas de los asesinatos había 10 menores de edad. Los hechos fueron atribuidos a integrantes del Batallón de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” -BIVAR-, el Gaula Rural Meta y la VII Brigada del Ejército Nacional.
El reconocimiento también dejó expuestas algunas de las prácticas que, según la investigación de la JEP, hicieron posible el funcionamiento del patrón criminal. Durante la audiencia, Carlos Ovidio Saavedra admitió haber ejercido presión sobre los comandantes para incrementar las bajas reportadas y se refirió a prácticas institucionales que incentivaban la obtención de resultados operacionales. También señaló que desde el alto mando se transmitían mensajes relacionados con la necesidad de mostrar avances. Francisco José Ardila, por su parte, admitió fallas en el cumplimiento de sus deberes de mando y control cuando estuvo al frente de la Séptima Brigada y se refirió al papel de los incentivos institucionales en la comisión de estos crímenes.
Las cifras oficiales de la JEP dan cuenta de la escala de los hechos ocurridos en el departamento del Meta entre 2002 y 2007. Durante las audiencias públicas celebradas los días 03, 04 y 05 de junio de 2026 en Villavicencio, 27 de los 30 militares imputados en el Subcaso Meta reconocieron públicamente su responsabilidad ante más de 80 víctimas.
Entre ellos estaban los brigadieres generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, señalados como máximos responsables por omisión impropia. También hace parte del proceso el general retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán, uno de los 30 militares vinculados a esta investigación.
La investigación de la JEP documentó un patrón macrocriminal que comprende 209 asesinatos presentados como bajas en combate, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio. Entre las víctimas de los asesinatos había 10 menores de edad. Los hechos fueron atribuidos a integrantes del Batallón de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” -BIVAR-, el Gaula Rural Meta y la VII Brigada del Ejército Nacional.
El reconocimiento también dejó expuestas algunas de las prácticas que, según la investigación de la JEP, hicieron posible el funcionamiento del patrón criminal. Durante la audiencia, Carlos Ovidio Saavedra admitió haber ejercido presión sobre los comandantes para incrementar las bajas reportadas y se refirió a prácticas institucionales que incentivaban la obtención de resultados operacionales. También señaló que desde el alto mando se transmitían mensajes relacionados con la necesidad de mostrar avances. Francisco José Ardila, por su parte, admitió fallas en el cumplimiento de sus deberes de mando y control cuando estuvo al frente de la Séptima Brigada y se refirió al papel de los incentivos institucionales en la comisión de estos crímenes.
El impacto de la ausencia de Henry fracturó a la familia. Durante más de una década, la búsqueda en morgues, hospitales y juzgados chocó contra la falta de respuestas. En 2017, sus restos fueron identificados por Medicina Legal en el cementerio de Granada y entregados a sus seres queridos, quienes finalmente pudieron darle una sepultura digna.
Las demandas de las víctimas ante la JEP
Las familias ya habían planteado sus demandas ante la justicia transicional antes de las audiencias de 2026. Los días 23 y 24 de febrero de 2023, 26 víctimas del Subcaso Meta participaron en una audiencia pública de observaciones en Villavicencio. Allí exigieron información que permitiera encontrar e identificar a sus familiares, esclarecer por qué fueron asesinados, que los comparecientes reconocieran su responsabilidad y que se recuperara el buen nombre de quienes fueron presentados falsamente como combatientes. La JEP también ordenó a la Unidad para las Víctimas informar sobre el estado de reparación de las personas acreditadas en el subcaso.
Ante el cansancio emocional de su madre y sus tíos, Luis tomó la vocería de la familia y se acreditó ante la JEP con el apoyo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organización social que representa a víctimas ante la justicia transicional. En las audiencias de junio de 2026 en Villavicencio, mientras exponía su caso, un detalle estremeció la sala: la fotografía de su “tío Henry”, ubicada junto al atril, cayó al piso en medio del silencio del recinto.
“Sentí la presencia de mi tío diciéndome que siguiera hablando”, recuerda Luis. Frente a los 27 comparecientes, Luis levantó la voz por las personas que, como su tío, fueron engañadas y terminaron siendo presentadas como integrantes de grupos armados.
Lea también: Verdad, reconocimiento y una deuda pendiente con las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Meta
La abogada Olga Nazir, representante de víctimas del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, explica que las audiencias ante la JEP marcaron un avance que considera inédito. “Nunca había pasado en la justicia ordinaria, nunca se había investigado a generales de brigada por estos crímenes”, señala. No obstante, enfatiza que el proceso aún no concluye: falta expedir la resolución de conclusiones y posteriormente la sentencia. También persiste la búsqueda de personas desaparecidas y la exigencia de respuestas para sus familias.
Para Luis, los actos simbólicos realizados en las audiencias de junio, como la devolución de medallas, resultan insuficientes si no van acompañados de medidas que respondan a los daños causados. El sobrino del artista dice que “una acción reparadora sería que así como devolvieron sus medallas, sus reconocimientos, asimismo entregaran y dijeran: ‘Yo no necesito ese ascenso. No merezco haber ganado este rango militar’. Que ellos renunciaran. Que un General de la República ya no fuera General”. También propone que sus pensiones militares sean destinadas a un fondo o fundación para otorgar becas y vivienda a las y los hijos y familiares de las víctimas.
Las demandas de las víctimas ante la JEP
Las familias ya habían planteado sus demandas ante la justicia transicional antes de las audiencias de 2026. Los días 23 y 24 de febrero de 2023, 26 víctimas del Subcaso Meta participaron en una audiencia pública de observaciones en Villavicencio. Allí exigieron información que permitiera encontrar e identificar a sus familiares, esclarecer por qué fueron asesinados, que los comparecientes reconocieran su responsabilidad y que se recuperara el buen nombre de quienes fueron presentados falsamente como combatientes. La JEP también ordenó a la Unidad para las Víctimas informar sobre el estado de reparación de las personas acreditadas en el subcaso.
Ante el cansancio emocional de su madre y sus tíos, Luis tomó la vocería de la familia y se acreditó ante la JEP con el apoyo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organización social que representa a víctimas ante la justicia transicional. En las audiencias de junio de 2026 en Villavicencio, mientras exponía su caso, un detalle estremeció la sala: la fotografía de su “tío Henry”, ubicada junto al atril, cayó al piso en medio del silencio del recinto.
“Sentí la presencia de mi tío diciéndome que siguiera hablando”, recuerda Luis. Frente a los 27 comparecientes, Luis levantó la voz por las personas que, como su tío, fueron engañadas y terminaron siendo presentadas como integrantes de grupos armados.
Lea también: Verdad, reconocimiento y una deuda pendiente con las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Meta
La abogada Olga Nazir, representante de víctimas del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, explica que las audiencias ante la JEP marcaron un avance que considera inédito. “Nunca había pasado en la justicia ordinaria, nunca se había investigado a generales de brigada por estos crímenes”, señala. No obstante, enfatiza que el proceso aún no concluye: falta expedir la resolución de conclusiones y posteriormente la sentencia. También persiste la búsqueda de personas desaparecidas y la exigencia de respuestas para sus familias.
Para Luis, los actos simbólicos realizados en las audiencias de junio, como la devolución de medallas, resultan insuficientes si no van acompañados de medidas que respondan a los daños causados. El sobrino del artista dice que “una acción reparadora sería que así como devolvieron sus medallas, sus reconocimientos, asimismo entregaran y dijeran: ‘Yo no necesito ese ascenso. No merezco haber ganado este rango militar’. Que ellos renunciaran. Que un General de la República ya no fuera General”. También propone que sus pensiones militares sean destinadas a un fondo o fundación para otorgar becas y vivienda a las y los hijos y familiares de las víctimas.
Desde la perspectiva de la abogada, las insignias devueltas por los militares deben ser tratadas como “medallas del deshonor” y exhibirse en museos nacionales con una explicación sobre los crímenes que representan. También propone la construcción de monumentos con participación de los comparecientes y la publicación de notas de prensa oficiales que contribuyan a recuperar el buen nombre de las víctimas.
Por su parte, el abogado Rafael Gaitán Gómez, de la firma Gaitán Gómez & Asociados, que ha representado a víctimas de crímenes de Estado, interpreta este fenómeno de ejecuciones extrajudiciales como un engranaje de corrupción estatal. Según explica, los crímenes se acentuaron después de las desmovilizaciones paramilitares de 2005 en regiones como Casanare y el Meta, lo que, en su interpretación, generó un “vacío del enemigo”.
Ante la ausencia de grupos armados con quienes combatir y la presión institucional por mostrar resultados, sostiene Gaitán, integrantes de la fuerza pública recurrieron al engaño de personas vulnerables, antiguos soldados o desmovilizados. En palabras del abogado, los militares “mantenían la apariencia de unos combates que ya sabemos que fueron falsos, para seguir presupuestando con recursos de la ayuda internacional y del presupuesto nacional la compra de equipo y munición”, algo que califica como “la peor manera de daño antijurídico que podría cometer el Estado colombiano” contra sus propios ciudadanos.
Una justicia que todavía necesita recursos
Mientras las familias esperan que estos procesos lleguen a una conclusión judicial, la JEP enfrenta una discusión sobre los recursos que tendrá disponibles para continuar su trabajo. El 09 de septiembre de 2026, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, advirtió que la JEP había solicitado $947.642 millones para 2027, pero que en el proyecto de presupuesto quedaron contemplados aproximadamente $821.000 millones, una diferencia cercana a $125.000 millones.
La advertencia adquiere relevancia porque, según Ramelli, 2027 será una etapa crítica para el cierre de los procesos. El magistrado señaló que la reducción podría generar dificultades para terminar investigaciones, hacer seguimiento a las sentencias y lograr que las víctimas sean reparadas. También explicó que los recursos solicitados no corresponden únicamente al funcionamiento de los magistrados, sino a las labores de la Secretaría Ejecutiva, la magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación.
Por su parte, el abogado Rafael Gaitán Gómez, de la firma Gaitán Gómez & Asociados, que ha representado a víctimas de crímenes de Estado, interpreta este fenómeno de ejecuciones extrajudiciales como un engranaje de corrupción estatal. Según explica, los crímenes se acentuaron después de las desmovilizaciones paramilitares de 2005 en regiones como Casanare y el Meta, lo que, en su interpretación, generó un “vacío del enemigo”.
Ante la ausencia de grupos armados con quienes combatir y la presión institucional por mostrar resultados, sostiene Gaitán, integrantes de la fuerza pública recurrieron al engaño de personas vulnerables, antiguos soldados o desmovilizados. En palabras del abogado, los militares “mantenían la apariencia de unos combates que ya sabemos que fueron falsos, para seguir presupuestando con recursos de la ayuda internacional y del presupuesto nacional la compra de equipo y munición”, algo que califica como “la peor manera de daño antijurídico que podría cometer el Estado colombiano” contra sus propios ciudadanos.
Una justicia que todavía necesita recursos
Mientras las familias esperan que estos procesos lleguen a una conclusión judicial, la JEP enfrenta una discusión sobre los recursos que tendrá disponibles para continuar su trabajo. El 09 de septiembre de 2026, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli, advirtió que la JEP había solicitado $947.642 millones para 2027, pero que en el proyecto de presupuesto quedaron contemplados aproximadamente $821.000 millones, una diferencia cercana a $125.000 millones.
La advertencia adquiere relevancia porque, según Ramelli, 2027 será una etapa crítica para el cierre de los procesos. El magistrado señaló que la reducción podría generar dificultades para terminar investigaciones, hacer seguimiento a las sentencias y lograr que las víctimas sean reparadas. También explicó que los recursos solicitados no corresponden únicamente al funcionamiento de los magistrados, sino a las labores de la Secretaría Ejecutiva, la magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación.
Para las familias del Subcaso Meta, esa discusión presupuestal ocurre mientras todavía quedan procesos por cerrar y víctimas que esperan respuestas. La capacidad institucional para investigar, juzgar y hacer seguimiento a las decisiones será relevante para el desarrollo de las siguientes etapas del proceso.
Para Luis, escuchar a los responsables y conocer parte de la verdad fue un “bálsamo para el corazón”, pero no el final de la historia. La familia de Henry espera que el reconocimiento de responsabilidad se traduzca también en verdad, reparación y garantías de no repetición.
José Enrique Porras, Henry, quería viajar a Italia para aprender más sobre pintura. Terminó siendo trasladado a una vereda de Puerto Lleras, asesinado y presentado falsamente como un combatiente. Más de dos décadas después, su sobrino sigue hablando de él para devolverle aquello que le quitaron aquel 31 de marzo de 2003: su nombre y la posibilidad de que su historia fuera contada como la de un artista, y no como la de un hombre que nunca empuñó un fusil.
Para Luis, escuchar a los responsables y conocer parte de la verdad fue un “bálsamo para el corazón”, pero no el final de la historia. La familia de Henry espera que el reconocimiento de responsabilidad se traduzca también en verdad, reparación y garantías de no repetición.
José Enrique Porras, Henry, quería viajar a Italia para aprender más sobre pintura. Terminó siendo trasladado a una vereda de Puerto Lleras, asesinado y presentado falsamente como un combatiente. Más de dos décadas después, su sobrino sigue hablando de él para devolverle aquello que le quitaron aquel 31 de marzo de 2003: su nombre y la posibilidad de que su historia fuera contada como la de un artista, y no como la de un hombre que nunca empuñó un fusil.
