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Verdad, reconocimiento y una deuda pendiente con las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Meta
Las audiencias de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- permitieron que altos mandos militares admitieran su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Meta. Para las víctimas, conocer la verdad y escuchar el perdón representa un avance, pero la reparación integral y las garantías de no repetición siguen siendo una deuda.
Édgar Vicente Herrera se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana, impulsado por su devoción religiosa y su trabajo como agricultor. Era un hombre sonriente, de espíritu “recochero” y que le gustaba, de cariño, ponerle apodos a las demás personas. Él mismo tenía uno: “Peletín”.
La mañana del 04 de agosto de 2007 no fue la excepción: desde temprano salió a fumigar sus cultivos de arroz y de regreso le dijo a su esposa, Mariela Gutierrez Pérez, que no quería salir. Sin embargo, la ilusión de comprar un tractor en Granada, Meta, para mejorar la cosecha, fue el señuelo que lo sacó de casa. “Hay que aprovechar que podemos trabajar”, fueron sus últimas palabras para su familia.
Lo que Édgar no sospechaba era que la ilusión de aquel tractor era una trampa diseñada por integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ -BIVAR-. Si bien las investigaciones de la JEP en el subcaso Meta involucran tanto a esta unidad como al Gaula Meta en el patrón macrocriminal de la región, en este caso la responsabilidad recayó sobre la primera unidad militar mencionada.
La mañana del 04 de agosto de 2007 no fue la excepción: desde temprano salió a fumigar sus cultivos de arroz y de regreso le dijo a su esposa, Mariela Gutierrez Pérez, que no quería salir. Sin embargo, la ilusión de comprar un tractor en Granada, Meta, para mejorar la cosecha, fue el señuelo que lo sacó de casa. “Hay que aprovechar que podemos trabajar”, fueron sus últimas palabras para su familia.
Lo que Édgar no sospechaba era que la ilusión de aquel tractor era una trampa diseñada por integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ -BIVAR-. Si bien las investigaciones de la JEP en el subcaso Meta involucran tanto a esta unidad como al Gaula Meta en el patrón macrocriminal de la región, en este caso la responsabilidad recayó sobre la primera unidad militar mencionada.
Fue el Sargento Primero (r) Andrés Grisales Gómez, integrante de este batallón, quien admitió ante la justicia y las víctimas haber sido la “mente criminal” que orquestó el engaño, confesando incluso que fue él mismo quien los recogió para conducirlos hacia la emboscada fatal en la vereda Puerto Aljure, en el municipio de Fuentedeoro.
Desde aquella noche, los militares intentaron sepultar su buen nombre bajo el estigma de ser un “extorsionista” o un guerrillero dado de baja en combate. Su madre, para quien Édgar era su único hijo, no resistió la ausencia y murió literalmente de tristeza. Han pasado 19 años de una lucha de Mariela Gutierrez y su familia contra la estigmatización y el olvido. Hoy, esta historia se encuentra en la JEP, y es parte del reclamo de las víctimas que logró que los generales reconocieran que quienes asesinaron no eran criminales, sino civiles, campesinos y campesinas con proyectos y sueños.
La lucha contra la violencia de Estado
Édgar era un campesino que nació en Fómeque, Cundinamarca y llegó a Villavicencio a los 14 años para empezar a trabajar. Padre de tres hijas y un hijo, sobreprotector, le gustaba la lechona y era un apasionado por las navidades. Tras el asesinato, para Mariela y su familia comenzó un tormento de casi dos décadas marcado por el silencio institucional y el estigma social de ser señaladas como la familia de un supuesto «delincuente».
Mariela enfrentó una persecución sistemática: incluso recibió llamadas desde el celular de su esposo seis meses después de su muerte, mientras intentaba inútilmente que la Fiscalía de Granada recibiera sus denuncias. “Me atropellaban horrible. Me decían, ‘Ay, pues si era guerrillero, fue por algo’”, recuerda.
Desde aquella noche, los militares intentaron sepultar su buen nombre bajo el estigma de ser un “extorsionista” o un guerrillero dado de baja en combate. Su madre, para quien Édgar era su único hijo, no resistió la ausencia y murió literalmente de tristeza. Han pasado 19 años de una lucha de Mariela Gutierrez y su familia contra la estigmatización y el olvido. Hoy, esta historia se encuentra en la JEP, y es parte del reclamo de las víctimas que logró que los generales reconocieran que quienes asesinaron no eran criminales, sino civiles, campesinos y campesinas con proyectos y sueños.
La lucha contra la violencia de Estado
Édgar era un campesino que nació en Fómeque, Cundinamarca y llegó a Villavicencio a los 14 años para empezar a trabajar. Padre de tres hijas y un hijo, sobreprotector, le gustaba la lechona y era un apasionado por las navidades. Tras el asesinato, para Mariela y su familia comenzó un tormento de casi dos décadas marcado por el silencio institucional y el estigma social de ser señaladas como la familia de un supuesto «delincuente».
Mariela enfrentó una persecución sistemática: incluso recibió llamadas desde el celular de su esposo seis meses después de su muerte, mientras intentaba inútilmente que la Fiscalía de Granada recibiera sus denuncias. “Me atropellaban horrible. Me decían, ‘Ay, pues si era guerrillero, fue por algo’”, recuerda.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según Mariela, también les cerró las puertas. Ella acudió a la entidad y cometió el error involuntario de denunciar el desplazamiento forzado que les obligó a huir y no el homicidio de Édgar, que era el hecho victimizante principal. “No, es que ustedes no son desplazados porque no tienen cómo demostrarlo”, recuerda que le dijeron. No recibió orientación, se encontró con una barrera burocrática; ningún funcionario le explicó cómo funcionaba el sistema o le indicó el proceso debía partir del asesinato de su esposo.
A pesar de esto, Mariela resistió y acudió a organizaciones sociales como la Asociación para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep/PPP- y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-. En ese recorrido, encontró casi por azar sobre una mesa, el libro «Noche y Niebla». Ver el nombre de Édgar impreso en esas páginas, bajo la categoría de crímenes de Estado, fue el primer rayo de verdad que la impulsó a seguir la lucha.
Vanessa Herrera, una de las hijas, creció transformando la ausencia en resistencia y terminó convirtiéndose en politóloga. Descubrió mientras todavía era estudiante, el nombre de su padre en un documento de la JEP, lo que permitió a la familia acreditarse como víctimas y emprender el proceso con el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. En este camino de lucha, buscan la limpieza del buen nombre de Édgar y la paz de saber que, frente a la justicia y el país, se ha reconocido que él era un civil inocente cuyo proyecto de vida fue truncado por el mismo Estado que debía protegerlo.
El proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz
El proceso ante la JEP, específicamente el Subcaso Meta del Caso 03, ha marcado un hito histórico al lograr que, por primera vez en Colombia, altos mandos militares reconozcan públicamente, los días 03, 04 y 05 de junio en las Audiencias de Reconocimiento de Verdad, su responsabilidad en la ejecución sistemática de civiles.
A pesar de esto, Mariela resistió y acudió a organizaciones sociales como la Asociación para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep/PPP- y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-. En ese recorrido, encontró casi por azar sobre una mesa, el libro «Noche y Niebla». Ver el nombre de Édgar impreso en esas páginas, bajo la categoría de crímenes de Estado, fue el primer rayo de verdad que la impulsó a seguir la lucha.
Vanessa Herrera, una de las hijas, creció transformando la ausencia en resistencia y terminó convirtiéndose en politóloga. Descubrió mientras todavía era estudiante, el nombre de su padre en un documento de la JEP, lo que permitió a la familia acreditarse como víctimas y emprender el proceso con el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. En este camino de lucha, buscan la limpieza del buen nombre de Édgar y la paz de saber que, frente a la justicia y el país, se ha reconocido que él era un civil inocente cuyo proyecto de vida fue truncado por el mismo Estado que debía protegerlo.
El proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz
El proceso ante la JEP, específicamente el Subcaso Meta del Caso 03, ha marcado un hito histórico al lograr que, por primera vez en Colombia, altos mandos militares reconozcan públicamente, los días 03, 04 y 05 de junio en las Audiencias de Reconocimiento de Verdad, su responsabilidad en la ejecución sistemática de civiles.
Tras años de impunidad en la justicia ordinaria, se documentaron en este departamento 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas cometidas entre 2002 y 2007 por unidades como el Batallón Pantano de Vargas y el Gaula Meta. Según Olga Nazir, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, este avance es excepcional pues “nunca había pasado en la justicia ordinaria, nunca se había investigado a generales de brigada por estos crímenes”.
El proceso ha permitido identificar tres patrones criminales, incluyendo alianzas con paramilitares y el uso de engaños, como en el caso de Edgar, para presentar a campesinos como bajas en combate, logrando que 27 de los 30 militares imputados aceptaran su culpabilidad frente a las víctimas.
Para familias como la de Édgar Vicente Herrera, este camino judicial no solo ha servido para conocer la verdad, sino que ha sido un espacio de dignificación donde los propios generales admitieron que sus seres queridos no eran delincuentes, sino civiles con proyectos de vida que el Estado asesinó.
Lea también: No eran 6.402 sino 7.837 “falsos positivos” en Colombia
Esta realidad fue reafirmada por la Magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, quien durante la audiencia validó el impacto devastador de estos crímenes al señalar que en el Meta ‘hubo un efecto dominó del dolor’, ese que nace cuando un hijo es asesinado por quienes debían protegerlo, hiriendo no solo a la familia, sino a toda la sociedad.
Sin embargo, este avance no representa la reparación completa e integral para las víctimas. Olga señala que el reconocimiento de los generales por “omisión” es insuficiente para el dolor de las familias: “ellos actuaron por acción. El mismo señor Saavedra reconoció que él dio órdenes, pidió resultados y dio felicitaciones”, refiriéndose al Brigadier General (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien fuera comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional y uno de los altos mandos que admitió ante la JEP haber ejercido presión constante sobre sus subordinados para incrementar el número de bajas.
El proceso ha permitido identificar tres patrones criminales, incluyendo alianzas con paramilitares y el uso de engaños, como en el caso de Edgar, para presentar a campesinos como bajas en combate, logrando que 27 de los 30 militares imputados aceptaran su culpabilidad frente a las víctimas.
Para familias como la de Édgar Vicente Herrera, este camino judicial no solo ha servido para conocer la verdad, sino que ha sido un espacio de dignificación donde los propios generales admitieron que sus seres queridos no eran delincuentes, sino civiles con proyectos de vida que el Estado asesinó.
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Esta realidad fue reafirmada por la Magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, quien durante la audiencia validó el impacto devastador de estos crímenes al señalar que en el Meta ‘hubo un efecto dominó del dolor’, ese que nace cuando un hijo es asesinado por quienes debían protegerlo, hiriendo no solo a la familia, sino a toda la sociedad.
Sin embargo, este avance no representa la reparación completa e integral para las víctimas. Olga señala que el reconocimiento de los generales por “omisión” es insuficiente para el dolor de las familias: “ellos actuaron por acción. El mismo señor Saavedra reconoció que él dio órdenes, pidió resultados y dio felicitaciones”, refiriéndose al Brigadier General (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, quien fuera comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional y uno de los altos mandos que admitió ante la JEP haber ejercido presión constante sobre sus subordinados para incrementar el número de bajas.
Saavedra reconoció abiertamente que bajo su mando se validó una política de “conteo de cuerpos”, donde se premiaban los resultados operacionales y se utilizaban expresiones que incitaban a las tropas a aliarse con estructuras paramilitares para producir las muertes que el sistema exigía. En este macabro juego de estadísticas, el General (r) admitió haber utilizado expresiones que incitaban directamente a sus subordinados a «acudir a estructuras paramilitares» como el Bloque Centauros de las AUC para fabricar los resultados que sus superiores exigían.
De esta manera se consolidó lo que los mismos militares llamaron una «máquina criminal», donde oficiales de alto rango como el Coronel Héctor Alejandro Cabuya exigían que los cuerpos de campesinos inocentes fueran presentados con «armas largas como viso de legalidad», suministradas por los propios paramilitares para simular combates que nunca existieron.
Para Édgar Vicente, esta perversión estatal se tradujo en una trampa logística financiada incluso con gastos reservados del Estado, dinero que el Mayor Rodolfo Ignacio Mantilla admitió haber desviado para comprar las armas que luego sembrarían junto a los cadáveres. La alianza era tan estrecha que los militares permitían que los paramilitares seleccionaran a las víctimas o les entregaran los fusiles necesarios para el montaje, borrando la línea entre la fuerza pública y la delincuencia.
De esta manera se consolidó lo que los mismos militares llamaron una «máquina criminal», donde oficiales de alto rango como el Coronel Héctor Alejandro Cabuya exigían que los cuerpos de campesinos inocentes fueran presentados con «armas largas como viso de legalidad», suministradas por los propios paramilitares para simular combates que nunca existieron.
Para Édgar Vicente, esta perversión estatal se tradujo en una trampa logística financiada incluso con gastos reservados del Estado, dinero que el Mayor Rodolfo Ignacio Mantilla admitió haber desviado para comprar las armas que luego sembrarían junto a los cadáveres. La alianza era tan estrecha que los militares permitían que los paramilitares seleccionaran a las víctimas o les entregaran los fusiles necesarios para el montaje, borrando la línea entre la fuerza pública y la delincuencia.
Desde la perspectiva de Rafael Gaitán Gómez, otro abogado de víctimas, este fenómeno no fue exclusivo del Meta, sino una práctica que en Casanare cobró un tinte aún más sombrío. Allí, el abogado explica que la ‘máquina criminal’ se ensañó con personas que el mismo Estado ya tenía identificadas, como antiguos soldados o paramilitares desmovilizados, a quienes engañaron aprovechando su vulnerabilidad.
Según su análisis, en regiones como Casanare se produjo un ‘vacío del enemigo’ tras las desmovilizaciones de 2005; al no haber grupos armados con quienes combatir, la necesidad de producir estadísticas se volvió una obsesión para no perder los beneficios y ascensos que otorgaba el sistema. El abogado explica que los militares «mantenían la apariencia de unos combates que ya sabemos que fueron falsos, para seguir presupuestando con recursos de la ayuda internacional y del presupuesto nacional la compra de equipo y munición».
Las medallas de la deshonra y el perdón
El objetivo central de las audiencias era que los responsables reconocieran públicamente, por acción u omisión, su participación en la ejecución sistemática de civiles presentados como bajas en combate. Para familias como la de Édgar Vicente, este espacio representó la oportunidad anhelada de exigir verdad plena, la restitución del buen nombre de sus seres queridos y las garantías de no repetición.
En este escenario se dio la entrega de las medallas militares, lo que se convirtió en el epicentro de una disputa simbólica sobre el honor y la memoria. Para Olga, estos objetos no son trofeos de guerra, sino “medallas del deshonor” que nunca debieron ser portadas con orgullo.
Según su análisis, en regiones como Casanare se produjo un ‘vacío del enemigo’ tras las desmovilizaciones de 2005; al no haber grupos armados con quienes combatir, la necesidad de producir estadísticas se volvió una obsesión para no perder los beneficios y ascensos que otorgaba el sistema. El abogado explica que los militares «mantenían la apariencia de unos combates que ya sabemos que fueron falsos, para seguir presupuestando con recursos de la ayuda internacional y del presupuesto nacional la compra de equipo y munición».
Las medallas de la deshonra y el perdón
El objetivo central de las audiencias era que los responsables reconocieran públicamente, por acción u omisión, su participación en la ejecución sistemática de civiles presentados como bajas en combate. Para familias como la de Édgar Vicente, este espacio representó la oportunidad anhelada de exigir verdad plena, la restitución del buen nombre de sus seres queridos y las garantías de no repetición.
En este escenario se dio la entrega de las medallas militares, lo que se convirtió en el epicentro de una disputa simbólica sobre el honor y la memoria. Para Olga, estos objetos no son trofeos de guerra, sino “medallas del deshonor” que nunca debieron ser portadas con orgullo.
Aunque la defensa de las víctimas solicitó inicialmente que las condecoraciones fueran retiradas oficialmente por el Estado mediante decreto, un acto de degradación pública que borrara el mérito, la JEP optó por permitir que los militares las devolvieran voluntariamente. Olga insiste en que estas piezas de metal no deben terminar “engavetadas” en los archivos de la justicia, sino que deben exhibirse en un museo nacional con una explicación clara de lo que representan.
Vanessa cuestionó la narrativa de la «valentía» militar, señalando que los oficiales no actuaron con conciencia al devolver las medallas: “No veo que sea algo noble ni estoy de acuerdo con que se visibilice en medios de comunicación como un acto de heroísmo cuando fueron otorgadas a costa de toda la sangre inocente que estos militares cargan en sus manos.”, afirma, rechazando la idea de que devolver un objeto repare el vacío de su padre ausente.
Para ella, ver esas fotos en los medios de comunicación resaltando el «buen corazón» de los victimarios por desprenderse de sus insignias es una forma de revictimización y de olvidar que esas mismas condecoraciones fueron el motor que impulsó la maquinaria de muertes. Mariela llegó a pensar que tal vez lo más justo hubiera sido que los militares conservaran sus medallas, no como un honor, sino como una condena perpetua: “Debieron dejárselas, para que cada vez que miren esa medalla, eso les atormente. Su estatus y sus pensiones no fueron ganados con limpieza sino mediante el engaño y los asesinatos”.
Al final, mientras el metal de las medallas cambia de manos, la verdadera reparación para Mariela y Vanessa no está en el cobre devuelto, sino en el silencio de la audiencia que finalmente reconoció que Édgar no era un número, sino un hombre cuya sonrisa y proyectos de vida pesaban mucho más que cualquier reconocimiento militar.
Este proceso histórico ha puesto en evidencia la importancia de la justicia transicional, un modelo que, a diferencia de la justicia ordinaria que durante casi dos décadas mantuvo el caso de Édgar en la impunidad, prioriza la verdad y la restauración sobre el castigo carcelario tradicional.
Vanessa cuestionó la narrativa de la «valentía» militar, señalando que los oficiales no actuaron con conciencia al devolver las medallas: “No veo que sea algo noble ni estoy de acuerdo con que se visibilice en medios de comunicación como un acto de heroísmo cuando fueron otorgadas a costa de toda la sangre inocente que estos militares cargan en sus manos.”, afirma, rechazando la idea de que devolver un objeto repare el vacío de su padre ausente.
Para ella, ver esas fotos en los medios de comunicación resaltando el «buen corazón» de los victimarios por desprenderse de sus insignias es una forma de revictimización y de olvidar que esas mismas condecoraciones fueron el motor que impulsó la maquinaria de muertes. Mariela llegó a pensar que tal vez lo más justo hubiera sido que los militares conservaran sus medallas, no como un honor, sino como una condena perpetua: “Debieron dejárselas, para que cada vez que miren esa medalla, eso les atormente. Su estatus y sus pensiones no fueron ganados con limpieza sino mediante el engaño y los asesinatos”.
Al final, mientras el metal de las medallas cambia de manos, la verdadera reparación para Mariela y Vanessa no está en el cobre devuelto, sino en el silencio de la audiencia que finalmente reconoció que Édgar no era un número, sino un hombre cuya sonrisa y proyectos de vida pesaban mucho más que cualquier reconocimiento militar.
Este proceso histórico ha puesto en evidencia la importancia de la justicia transicional, un modelo que, a diferencia de la justicia ordinaria que durante casi dos décadas mantuvo el caso de Édgar en la impunidad, prioriza la verdad y la restauración sobre el castigo carcelario tradicional.
Al ofrecer beneficios jurídicos a cambio de confesiones detalladas, la JEP logró que los militares rompieran el pacto de silencio, permitiendo que las familias conocieran detalles que la justicia penal ordinaria nunca se interesó en investigar. Esta lógica se materializa en los TOAR: Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador, donde los victimarios deben aportar su propia mano de obra para construir monumentos o restaurar los cementerios donde ocultaron a sus víctimas, buscando resarcir el tejido social que ellos mismos desgarraron
Sin embargo, para Vanessa y Mariela, esta reparación sigue siendo una deuda. Mientras el Estado propone símbolos de piedra y placas, ellas cuestionan que los responsables sigan gozando de sus rangos y exigen que la justicia toque la realidad material. Proponen por ejemplo que parte de las pensiones militares se transforme en becas y apoyos para los hijos e hijas de las víctimas que crecieron en la precariedad tras el asesinato de sus padres.
En esta audiencia las víctimas también recibieron disculpas por parte de los militares. Mariela sintió que “se quitaba toneladas de encima” al escuchar a los victimarios reconocer públicamente que Édgar era un hombre de bien y no el criminal que los informes oficiales inventaron. Para ella, el significado real de este perdón no residió en la reconciliación inmediata, sino en el trato humano y dignificante recibido por primera vez de un tribunal, lo que le permitió cerrar el círculo de la impunidad y limpiar la memoria de su esposo frente a una sociedad que lo había estigmatizado injustamente.
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Imagen principal: diseño de Cattleya Creativa. Fotografía y recorte de prensa: cortesía de la familia de Edgar Vicente Herrera.
