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Comunidad de La Macarena, Meta, denuncia un “falso positivo” y agresiones durante operativo del Ejército
La Junta de Acción Comunal -JAC- de la vereda Guaduales Nueva Esperanza del municipio de La Macarena en el sur del Meta, denuncia que militares habrían ingresado a una vivienda, retenido y maltratado a una mujer y, horas después, disparado contra un campesino, quien sería víctima de un “falso positivo”.
La comunidad de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena en el sur del Meta, presentó una denuncia pública por hechos que, según la organización comunitaria, ocurrieron el pasado 22 de septiembre durante un operativo del Ejército Nacional.
La denuncia exige que se investigue la actuación de los militares que participaron en el operativo y se establezcan responsabilidades individuales. De acuerdo con el documento, hacia las 12:30 del mediodía tropas del Ejército Nacional llegaron a la vivienda de una pareja de personas campesinas que se encontraban con sus dos hijos menores de edad.
La JAC asegura que los uniformados no se identificaron y que abordaron a Yuli Andrea Motta Tovar, quien se encontraba realizando labores de la finca. Según la denuncia, la mujer habría sido amarrada, golpeada y obligada a quitarse parte de sus prendas de vestir mientras permanecía en las inmediaciones de la vivienda, lo cual constituiría un acto de violencia sexual. Entretanto, otro grupo de militares habría retenido dentro de la casa a Luis Carlos Guerrero Real, su pareja, junto con sus dos hijos.
La organización comunal califica estos hechos como un presunto secuestro y solicita que se investigue el trato recibido por la mujer y las condiciones en las que permanecieron los menores durante el procedimiento.
La denuncia exige que se investigue la actuación de los militares que participaron en el operativo y se establezcan responsabilidades individuales. De acuerdo con el documento, hacia las 12:30 del mediodía tropas del Ejército Nacional llegaron a la vivienda de una pareja de personas campesinas que se encontraban con sus dos hijos menores de edad.
La JAC asegura que los uniformados no se identificaron y que abordaron a Yuli Andrea Motta Tovar, quien se encontraba realizando labores de la finca. Según la denuncia, la mujer habría sido amarrada, golpeada y obligada a quitarse parte de sus prendas de vestir mientras permanecía en las inmediaciones de la vivienda, lo cual constituiría un acto de violencia sexual. Entretanto, otro grupo de militares habría retenido dentro de la casa a Luis Carlos Guerrero Real, su pareja, junto con sus dos hijos.
La organización comunal califica estos hechos como un presunto secuestro y solicita que se investigue el trato recibido por la mujer y las condiciones en las que permanecieron los menores durante el procedimiento.
El disparo contra un campesino
La situación, según el relato de la JAC, se agravó cerca de las 3:35 de la tarde, cuando Luis Carlos Mojica Guzmán, otro campesino de la zona, llegó hasta la vivienda para conocer lo que estaba ocurriendo.
La denuncia sostiene que Luis Carlos Mojica Guzmán no portaba armas y que, pese a ello, los militares le dispararon. Según la comunidad, el hombre fue impactado por un proyectil mientras se encontraba cerca de la vivienda y en presencia de uno de los hijos de la familia.
La JAC afirma que los militares recogieron el cuerpo y se lo llevaron del lugar. En el documento presentado ante las autoridades, la organización señala que, al momento de formular la denuncia, la comunidad aún no conocía el paradero del cuerpo.
Para Edilberto Daza, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia -DHOC-, “es muy preocupante la situación y sobre todo el asesinato del campesino, que posiblemente en este momento puede estar siendo pasado como guerrillero dado de baja en combate. Esto quiere decir que continúan las ejecuciones extrajudiciales”.
La denuncia también afirma que, después de los disparos contra Luis Carlos Mojica Guzmán, los militares habrían realizado nuevas ráfagas y disparos para impedir que campesinos y campesinas de las veredas cercanas se aproximaran a la vivienda.
“La becerra que tiene la nalga pelada, es por una bala, otro becerro duró tres días, lo intentamos curar, pero murió por otra bala, la platanera también fue baleada y se cayó. Las tejas de zinc también los balearon, a dos tanques elevados les hicieron como seis o siete rotos que tocó taparlos porque no teníamos agua. Unas mangueras medio enterradas también les dieron bala, como si los hubieran mandado a eso. La lavadora quedó sirviendo para nada y apenas tenía veinte días de comprada”, cuenta una integrante de la comunidad que reserva su nombre por motivos de seguridad.
Según la JAC, algunos habitantes que llegaron para auxiliar a la familia fueron amenazados y uno de ellos habría sido obligado a tirarse al suelo y apuntado con un fusil. La organización sostiene además que los militares impidieron durante varias horas que los campesinos ingresaran a la finca para verificar lo ocurrido.
La organización asegura que las personas campesinas que intentaban acercarse al lugar advirtieron a los militares que había niños en la finca y solicitaron que les permitieran entrar para ponerlos a salvo. De acuerdo con la denuncia pública, los militares se negaron mientras continuaban escuchándose disparos, algunos de los cuales, según la comunidad, provenían también de un helicóptero que sobrevolaba la zona.
Horas después, cuando la comunidad logró ingresar, encontraron a la familia en estado de pánico. La denuncia describe a la madre y a los niños llorando y señala que en el lugar fueron encontrados casquillos, impactos de bala y otros elementos que, según la organización, deben ser incorporados a la investigación.
La situación, según el relato de la JAC, se agravó cerca de las 3:35 de la tarde, cuando Luis Carlos Mojica Guzmán, otro campesino de la zona, llegó hasta la vivienda para conocer lo que estaba ocurriendo.
La denuncia sostiene que Luis Carlos Mojica Guzmán no portaba armas y que, pese a ello, los militares le dispararon. Según la comunidad, el hombre fue impactado por un proyectil mientras se encontraba cerca de la vivienda y en presencia de uno de los hijos de la familia.
La JAC afirma que los militares recogieron el cuerpo y se lo llevaron del lugar. En el documento presentado ante las autoridades, la organización señala que, al momento de formular la denuncia, la comunidad aún no conocía el paradero del cuerpo.
Para Edilberto Daza, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia -DHOC-, “es muy preocupante la situación y sobre todo el asesinato del campesino, que posiblemente en este momento puede estar siendo pasado como guerrillero dado de baja en combate. Esto quiere decir que continúan las ejecuciones extrajudiciales”.
La denuncia también afirma que, después de los disparos contra Luis Carlos Mojica Guzmán, los militares habrían realizado nuevas ráfagas y disparos para impedir que campesinos y campesinas de las veredas cercanas se aproximaran a la vivienda.
“La becerra que tiene la nalga pelada, es por una bala, otro becerro duró tres días, lo intentamos curar, pero murió por otra bala, la platanera también fue baleada y se cayó. Las tejas de zinc también los balearon, a dos tanques elevados les hicieron como seis o siete rotos que tocó taparlos porque no teníamos agua. Unas mangueras medio enterradas también les dieron bala, como si los hubieran mandado a eso. La lavadora quedó sirviendo para nada y apenas tenía veinte días de comprada”, cuenta una integrante de la comunidad que reserva su nombre por motivos de seguridad.
Según la JAC, algunos habitantes que llegaron para auxiliar a la familia fueron amenazados y uno de ellos habría sido obligado a tirarse al suelo y apuntado con un fusil. La organización sostiene además que los militares impidieron durante varias horas que los campesinos ingresaran a la finca para verificar lo ocurrido.
La organización asegura que las personas campesinas que intentaban acercarse al lugar advirtieron a los militares que había niños en la finca y solicitaron que les permitieran entrar para ponerlos a salvo. De acuerdo con la denuncia pública, los militares se negaron mientras continuaban escuchándose disparos, algunos de los cuales, según la comunidad, provenían también de un helicóptero que sobrevolaba la zona.
Horas después, cuando la comunidad logró ingresar, encontraron a la familia en estado de pánico. La denuncia describe a la madre y a los niños llorando y señala que en el lugar fueron encontrados casquillos, impactos de bala y otros elementos que, según la organización, deben ser incorporados a la investigación.
Afectaciones por disparos, según la comunidad de Guaduales Nueva Esperanza, La Macarena, Meta. Foto: cortesía.
Afectaciones por disparos, según la denuncia de la comunidad. Foto: cortesía.
La comunidad exige investigar a los militares
La JAC de Guaduales Nueva Esperanza solicita que se identifique a todos los integrantes del Ejército que participaron en el operativo, incluidos quienes estaban al mando y quienes permanecieron directamente en el lugar de los hechos.
También pide a la Fiscalía y demás entidades competentes adelantar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán y sobre las actuaciones de los militares durante el operativo.
Entre sus exigencias se encuentra además una investigación específica por las presuntas vulneraciones contra los dos menores de edad y contra Yuli Andrea Motta Tovar.
La organización reclama que las y los niños y demás testigos reciban protección y atención integral, así como garantías para evitar posibles represalias o intimidaciones contra la familia y contra quienes denunciaron lo ocurrido.
La comunidad también exige que se reconozca a la población campesina como población civil y que sus derechos sean respetados durante las operaciones de la Fuerza Pública.
La Defensoría del Pueblo le solicitó al Ejército “información completa sobre lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar”.
La JAC de Guaduales Nueva Esperanza solicita que se identifique a todos los integrantes del Ejército que participaron en el operativo, incluidos quienes estaban al mando y quienes permanecieron directamente en el lugar de los hechos.
También pide a la Fiscalía y demás entidades competentes adelantar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán y sobre las actuaciones de los militares durante el operativo.
Entre sus exigencias se encuentra además una investigación específica por las presuntas vulneraciones contra los dos menores de edad y contra Yuli Andrea Motta Tovar.
La organización reclama que las y los niños y demás testigos reciban protección y atención integral, así como garantías para evitar posibles represalias o intimidaciones contra la familia y contra quienes denunciaron lo ocurrido.
La comunidad también exige que se reconozca a la población campesina como población civil y que sus derechos sean respetados durante las operaciones de la Fuerza Pública.
La Defensoría del Pueblo le solicitó al Ejército “información completa sobre lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar”.
Conocimos la denuncia sobre hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en zona rural de La Macarena, Meta, durante un operativo de la Fuerza Pública, en los que Luis Carlos Mojica Guzmán habría fallecido y una mujer habría sido sometida a graves afectaciones contra su dignidad e…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 26, 2026
El Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa el día de hoy 28 de septiembre, en el que no mencionan las agresiones denunciadas por la comunidad en contra de Yuli Andrea Motta Tovar y además expresan que “la operación militar conjunta se desarrolló en la vereda Itilla del municipio de Calamar, Guaviare, contra el Grupo Armado Organizado residual Estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá, acción en la que falleció Luis Carlos Mojica Guzmán, conocido dentro de la organización como alias Rafael, parte del anillo de seguridad de alias Rogelio Benavides señalado cabecilla de esta estructura”.
Una lideresa de la guardia campesina del territorio le dijo a El Cuarto Mosquetero que esta versión del Ejército “es falsa, ellos se están justificando. Es un falso positivo, él era un civil. Además no dicen nada de la mujer que tuvieron secuestrada. Ella está golpeada y muy mal psicológicamente. Acá se respira preocupación y tristeza”.
Los hechos denunciados ocurrieron en una zona rural de La Macarena que ha estado atravesada por diferentes dinámicas de conflicto armado y presencia de grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha incluido a Guaduales Nueva Esperanza dentro de las veredas identificadas en la Alerta Temprana 001 de 2025 sobre riesgos para la población civil en esta zona
Una lideresa de la guardia campesina del territorio le dijo a El Cuarto Mosquetero que esta versión del Ejército “es falsa, ellos se están justificando. Es un falso positivo, él era un civil. Además no dicen nada de la mujer que tuvieron secuestrada. Ella está golpeada y muy mal psicológicamente. Acá se respira preocupación y tristeza”.
Los hechos denunciados ocurrieron en una zona rural de La Macarena que ha estado atravesada por diferentes dinámicas de conflicto armado y presencia de grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha incluido a Guaduales Nueva Esperanza dentro de las veredas identificadas en la Alerta Temprana 001 de 2025 sobre riesgos para la población civil en esta zona
Afectaciones por disparos, según la comunidad de Guaduales Nueva Esperanza, La Macarena, Meta. Foto: cortesía.
Afectaciones por disparos, según la comunidad de Guaduales Nueva Esperanza, La Macarena, Meta. Foto: cortesía.
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Imagen principal: fotografía de cortesía de la comunidad de Guaduales Nueva Esperanza, La Macarena, con balas disparadas, según denuncian, por el Ejército en medio del operativo.
Imagen principal: fotografía de cortesía de la comunidad de Guaduales Nueva Esperanza, La Macarena, con balas disparadas, según denuncian, por el Ejército en medio del operativo.
