AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
El cementerio comunitario que guarda la memoria del conflicto armado en El Castillo, Meta
Un camposanto construido y administrado por la comunidad campesina de Miravalles, El Castillo, fue durante años el lugar donde cuerpos encontrados en las carreteras recibieron sepultura, mientras sus familias desconocían que estaban allí. Hoy ese mismo cementerio es un punto de búsqueda para quienes aún esperan respuestas sobre sus seres queridos dados por desaparecidos y desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
El río suena constante al fondo. Un murmullo profundo parece arrullar a las ánimas que descansan en la ladera de la montaña. En Miravalles, vereda de El Castillo (Meta), el paisaje le hace justicia al nombre: desde lo alto, la cordillera se desdobla en valles verdes que se funden con el horizonte de los Llanos Orientales, bajo un cielo azul con nubes y neblina.
El sol pega directamente sobre un camposanto que desafía la lógica de los cementerios municipales: aquí no hay mármoles ni hileras simétricas de bóvedas ni actas de levantamiento o necropsias oficiales. La vida brota de la tierra; el pasto crece entre cruces, tumbas y frutas ácidas que caen de los árboles de jobo.
Nelly Gutiérrez, habitante de Miravalles, recuerda que este lugar —hoy administrado por la Junta de Acción Comunal— nació hace aproximadamente 54 años por una necesidad humanitaria real de quienes vivían allí. El terreno fue donado por Belarmino Poveda, según registros del Instituto Departamental de Cultura del Meta. “Tocaba llevar a las personas que iban muriendo a El Castillo; cargarse un difunto de aquí para allá porque no había carro, sólo unas trochas de barro y de lodo. Entonces decidieron adquirir ese pedazo de tierra para ponerlo de cementerio. Y ahí, al llegar esa guerra y muerte de los unos y los otros, pues ahí los vinieron y los trajeron”, expresa la lideresa.
Este cementerio es el testigo silencioso de una comunidad que, según Viviana Pinzón, investigadora humanitaria de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), “aprendió a coger estos cuerpos que se los encontraron o a orillas del río o en las carreteras y los llevaron allá y los inhumaron para darles un lugar digno a pesar de que no sabían quiénes eran. Estamos hablando de una modalidad de desaparición que está muy ligada a quienes mueren en medio de combates, es decir, personas que eran combatientes”. El padre Henry Ramírez Soler, misionero claretiano vinculado desde 1997 al acompañamiento de comunidades en El Castillo, dice que “en el marco de la guerra, un derecho del que poco se ha hablado es el derecho a enterrar dignamente”.
Este lugar era el espacio para garantizar ese derecho. Incluso combatientes de distintos bandos enterraron a compañeros y compañeras sin saber sus nombres reales, sus orígenes o si su familia les esperaba en casa. Hoy, mientras la UBPD remueve la tierra para hallar respuestas, las mujeres de Miravalles acompañan el proceso con la certeza de que sus recuerdos son el mapa que evitará que la memoria de quienes están allí no se borre para siempre.
Este lugar era el espacio para garantizar ese derecho. Incluso combatientes de distintos bandos enterraron a compañeros y compañeras sin saber sus nombres reales, sus orígenes o si su familia les esperaba en casa. Hoy, mientras la UBPD remueve la tierra para hallar respuestas, las mujeres de Miravalles acompañan el proceso con la certeza de que sus recuerdos son el mapa que evitará que la memoria de quienes están allí no se borre para siempre.
Dignificar la memoria desde la lucha comunitaria
El cementerio de Miravalles es, en palabras del padre Henry Ramírez, un “microuniverso de las violencias vividas en Colombia”. Hace énfasis, por ejemplo, en un caso de interés para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: “Se conocía de tres tumbas que habían sido de comandantes de la guerrilla, pero que nunca se supieron sus nombres de guerra y sus nombres verdaderos, entonces fueron enterrados ahí y pues su familia los estará buscando también”.
Por eso, cuando la UBPD llegó al territorio, lo hizo sobre una geografía trazada por los recuerdos de quienes lo habitan. Viviana Pinzón, investigadora humanitaria de esta entidad y quien lidera el Plan Regional de Búsqueda del Alto y Medio Ariari que abarca al municipio de El Castillo, explica que estos cementerios veredales tienen una gran importancia forense.
Ante la ausencia institucional, algunos cuerpos fueron enterrados directamente en la tierra, sin bóvedas ni ataúdes, lo que hace que la labor de búsqueda sea una carrera contra el tiempo. “Al estar en contacto directo con la tierra, está la desaparición física de la evidencia misma de los restos óseos”, señala.
El cementerio de Miravalles es, en palabras del padre Henry Ramírez, un “microuniverso de las violencias vividas en Colombia”. Hace énfasis, por ejemplo, en un caso de interés para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas: “Se conocía de tres tumbas que habían sido de comandantes de la guerrilla, pero que nunca se supieron sus nombres de guerra y sus nombres verdaderos, entonces fueron enterrados ahí y pues su familia los estará buscando también”.
Por eso, cuando la UBPD llegó al territorio, lo hizo sobre una geografía trazada por los recuerdos de quienes lo habitan. Viviana Pinzón, investigadora humanitaria de esta entidad y quien lidera el Plan Regional de Búsqueda del Alto y Medio Ariari que abarca al municipio de El Castillo, explica que estos cementerios veredales tienen una gran importancia forense.
Ante la ausencia institucional, algunos cuerpos fueron enterrados directamente en la tierra, sin bóvedas ni ataúdes, lo que hace que la labor de búsqueda sea una carrera contra el tiempo. “Al estar en contacto directo con la tierra, está la desaparición física de la evidencia misma de los restos óseos”, señala.
El informe ‘Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cuenta que “durante 2002 se registró un desplazamiento masivo, aunque el mayor pico de desplazamiento ocurrió en 2003. Si bien no se pudo establecer el número exacto de familias que fueron expulsadas, sí se pudo determinar que salieron 45 de ellas, y que ocurrió un vaciamiento atribuible a los paramilitares”.
Durante este período el cementerio quedó en total abandono, la maleza lo cubrió, las lápidas se borraron y las bóvedas se dañaron. Muchos restos óseos quedaran desprotegidos y se perdió la trazabilidad de las tumbas. “En Miravalles los sitios no están marcados. No hay una cruz, algo que diga ‘NN’, sólo están en la memoria de la gente. La gente que salió desplazada fue mucha. Cuando retornaron estos camposantos estaban muy transformados, abandonados y deteriorados. Muchos restos óseos estaban desprotegidos. Las tumbas fueron profanadas, muchas lápidas se borraron, las bóvedas se dañaron y los cuerpos quedaron con un alto riesgo de desaparecer físicamente”, explica Viviana.
Los procesos de regreso a territorios de El Castillo se empezaron a dar aproximadamente en el 2006 en lugares como Civipaz y la Zona Humanitaria de Puerto Esperanza. Nelly regresó en 2007 luego de haber sido desplazada porque su esposo pertenecía a la militancia en la Unión Patriótica (UP). Desde entonces la comunidad ha trabajado por limpiar y recuperar el cementerio. La administración continúa siendo de la Junta de Acción Comunal.
Desde el 24 hasta el 29 de junio de este año, la UBPD realizó labores de prospección que consistieron en intervenir físicamente el terreno de interés forense para buscar restos humanos. Esto se hizo después del trabajo de investigación que realizó Viviana en el territorio junto a las comunidades para tener una caracterización del lugar gracias a las memorias orales de quienes habitan el territorio y entierran los cuerpos, y así poder identificar los puntos con mayor potencial. El último día se realizó un acto de conmemoración a las víctimas de desaparición forzada y de socialización de cómo fue el proceso durante estos días.
Se recuperaron cuatro cuerpos: tres de combatientes y uno de un civil, según Viviana. Ella afirma que “se continuará con la investigación humanitaria para prospectar otras áreas de interés del cementerio”. Según esta entidad, en el departamento del Meta hay 22 cementerios veredales con potencial interés forense, la mayoría comunitarios, administrados por las Juntas de Acción Comunal.
El Decreto 65 de 2026 reconoce expresamente los cementerios comunales, comunitarios y no formalizados, y contempla que algunos sean administrados o mantenidos por juntas de acción comunal o por las propias comunidades. “Nosotros no tenemos orden allí: unos entierran acá, yo lo entierro donde yo quiera, en esta esquina o allá, no viene una secuencia”, dice Nelly.
Ese desorden aparente cobra sentido cuando la comunidad se convierte en la guía de quienes investigan. Para Lucero Falla, otra de las lideresas y habitante de Miravalles, orientar la búsqueda es un acto de compasión que nace de la resistencia campesina: “Si no tuviéramos ese anhelo de paz, no estaríamos acá viviendo. No le estaríamos diciendo a la Unidad de Búsqueda, al padre Henry o a Viviana: ‘Oiga, mire, por acá puede haber alguien’. Eso no lo hace un victimario; lo hace una comunidad que quiere que quienes están sufriendo por la desaparición de un ser querido logren la paz de decir ‘aquí al menos encontré los huesitos’, para poder hacer el duelo”.
Durante este período el cementerio quedó en total abandono, la maleza lo cubrió, las lápidas se borraron y las bóvedas se dañaron. Muchos restos óseos quedaran desprotegidos y se perdió la trazabilidad de las tumbas. “En Miravalles los sitios no están marcados. No hay una cruz, algo que diga ‘NN’, sólo están en la memoria de la gente. La gente que salió desplazada fue mucha. Cuando retornaron estos camposantos estaban muy transformados, abandonados y deteriorados. Muchos restos óseos estaban desprotegidos. Las tumbas fueron profanadas, muchas lápidas se borraron, las bóvedas se dañaron y los cuerpos quedaron con un alto riesgo de desaparecer físicamente”, explica Viviana.
Los procesos de regreso a territorios de El Castillo se empezaron a dar aproximadamente en el 2006 en lugares como Civipaz y la Zona Humanitaria de Puerto Esperanza. Nelly regresó en 2007 luego de haber sido desplazada porque su esposo pertenecía a la militancia en la Unión Patriótica (UP). Desde entonces la comunidad ha trabajado por limpiar y recuperar el cementerio. La administración continúa siendo de la Junta de Acción Comunal.
Desde el 24 hasta el 29 de junio de este año, la UBPD realizó labores de prospección que consistieron en intervenir físicamente el terreno de interés forense para buscar restos humanos. Esto se hizo después del trabajo de investigación que realizó Viviana en el territorio junto a las comunidades para tener una caracterización del lugar gracias a las memorias orales de quienes habitan el territorio y entierran los cuerpos, y así poder identificar los puntos con mayor potencial. El último día se realizó un acto de conmemoración a las víctimas de desaparición forzada y de socialización de cómo fue el proceso durante estos días.
Se recuperaron cuatro cuerpos: tres de combatientes y uno de un civil, según Viviana. Ella afirma que “se continuará con la investigación humanitaria para prospectar otras áreas de interés del cementerio”. Según esta entidad, en el departamento del Meta hay 22 cementerios veredales con potencial interés forense, la mayoría comunitarios, administrados por las Juntas de Acción Comunal.
El Decreto 65 de 2026 reconoce expresamente los cementerios comunales, comunitarios y no formalizados, y contempla que algunos sean administrados o mantenidos por juntas de acción comunal o por las propias comunidades. “Nosotros no tenemos orden allí: unos entierran acá, yo lo entierro donde yo quiera, en esta esquina o allá, no viene una secuencia”, dice Nelly.
Ese desorden aparente cobra sentido cuando la comunidad se convierte en la guía de quienes investigan. Para Lucero Falla, otra de las lideresas y habitante de Miravalles, orientar la búsqueda es un acto de compasión que nace de la resistencia campesina: “Si no tuviéramos ese anhelo de paz, no estaríamos acá viviendo. No le estaríamos diciendo a la Unidad de Búsqueda, al padre Henry o a Viviana: ‘Oiga, mire, por acá puede haber alguien’. Eso no lo hace un victimario; lo hace una comunidad que quiere que quienes están sufriendo por la desaparición de un ser querido logren la paz de decir ‘aquí al menos encontré los huesitos’, para poder hacer el duelo”.
Un territorio marcado por la violencia
La mamá de Nelly llegó a El Castillo aún cuando era niña. Su familia había huido del Tolima, de la violencia desatada entre liberales y conservadores en los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Se asentaron cerca del centro poblado de Medellín del Ariari, en la vereda Caño Claro. En 1969, cuando Nelly ya había nacido, se trasladó a Miravalles y se inició la vereda. “En ese tiempo éramos tres o cuatro casas, pero cuando se pobló esto, llegamos a ser 36 familias”, recuerda la lideresa.
La geografía estratégica del piedemonte convirtió al municipio de El Castillo en un corredor de movilidad y disputa por actores armados; se transformó la abundancia agrícola que vivieron estas familias en un escenario de estigmatización y hostilidades. Durante años portar una cédula expedida en este municipio era una marca que condenaba a sus habitantes a ser señalados como guerrilleros. “Por eso mucha gente es de El Castillo, pero su cédula aparece de Villavicencio, de Bogotá o de otro lugar, porque era un sello”, recuerda Nelly.
La mamá de Nelly llegó a El Castillo aún cuando era niña. Su familia había huido del Tolima, de la violencia desatada entre liberales y conservadores en los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Se asentaron cerca del centro poblado de Medellín del Ariari, en la vereda Caño Claro. En 1969, cuando Nelly ya había nacido, se trasladó a Miravalles y se inició la vereda. “En ese tiempo éramos tres o cuatro casas, pero cuando se pobló esto, llegamos a ser 36 familias”, recuerda la lideresa.
La geografía estratégica del piedemonte convirtió al municipio de El Castillo en un corredor de movilidad y disputa por actores armados; se transformó la abundancia agrícola que vivieron estas familias en un escenario de estigmatización y hostilidades. Durante años portar una cédula expedida en este municipio era una marca que condenaba a sus habitantes a ser señalados como guerrilleros. “Por eso mucha gente es de El Castillo, pero su cédula aparece de Villavicencio, de Bogotá o de otro lugar, porque era un sello”, recuerda Nelly.
Este es un municipio ubicado en la región del Ariari, que actualmente cuenta con alrededor de 8.500 habitantes según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y se encuentra aproximadamente a dos horas y media de Villavicencio, la capital del departamento del Meta. Desde su casco urbano hasta el centro poblado de Miravalles hay entre 45 minutos y una hora de recorrido por carretera destapada en transporte particular, ya que no existe servicio de transporte público que cubra esta ruta. Su historia reciente ha estado marcada por la violencia política, el desplazamiento forzado y el exterminio de militantes y simpatizantes de la UP, hechos que están en la memoria colectiva de la comunidad.
En 1985 nació la UP, en el marco del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. En El Castillo el movimiento ganó fuerza y María Mercedes Méndez se convirtió en una de sus principales dirigentes. En 1990 llegó a la Alcaldía por elección popular. Caminaba por las veredas y promovía actos de reconciliación. Lucero Falla recuerda que “siempre tenemos la esperanza de vivir en paz, porque ese fue el legado de María Mercedes”. Nelly también recuerda las movilizaciones por la paz: “Eran inmensas, en el centro del municipio, en Medellín del Ariari. Era gente que si tenía que irse a pie, se iba, movida por la pasión”.
Pero el sueño de paz se fue ahogando. María Mercedes fue asesinada en la masacre de Caño Sibao en 1992, en medio de una persecución sistemática contra la UP. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) identifica como dimensión de la desaparición forzada en El Castillo la “guerra sucia” contra esta colectividad expresada en homicidios selectivos, masacres y desapariciones. Según esta entidad en el Meta ocurrieron 385 homicidios y desapariciones de militantes y simpatizantes de la UP entre 1983 y 1997.
En 1985 nació la UP, en el marco del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. En El Castillo el movimiento ganó fuerza y María Mercedes Méndez se convirtió en una de sus principales dirigentes. En 1990 llegó a la Alcaldía por elección popular. Caminaba por las veredas y promovía actos de reconciliación. Lucero Falla recuerda que “siempre tenemos la esperanza de vivir en paz, porque ese fue el legado de María Mercedes”. Nelly también recuerda las movilizaciones por la paz: “Eran inmensas, en el centro del municipio, en Medellín del Ariari. Era gente que si tenía que irse a pie, se iba, movida por la pasión”.
Pero el sueño de paz se fue ahogando. María Mercedes fue asesinada en la masacre de Caño Sibao en 1992, en medio de una persecución sistemática contra la UP. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) identifica como dimensión de la desaparición forzada en El Castillo la “guerra sucia” contra esta colectividad expresada en homicidios selectivos, masacres y desapariciones. Según esta entidad en el Meta ocurrieron 385 homicidios y desapariciones de militantes y simpatizantes de la UP entre 1983 y 1997.
La magnitud de la desaparición forzada en El Castillo también es parte de las investigaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). El Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con paramilitares y terceros civiles, priorizó el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas, e incluyó la desaparición forzada, los homicidios, las masacres y el desplazamiento.
Según el tribunal de justicia transicional, “la evidencia indica que el proceso de crecimiento y expansión de los grupos paramilitares tuvo un importante apoyo con el ingreso a estas estructuras de quienes desertaron de las guerrillas. De hecho, los testimonios de Dairo Antonio Úsuga y Elkin Casarrubia, por ejemplo, dan cuenta de la importante participación de los miembros desmovilizados de estas guerrillas en el proceso de incursión y constitución del Bloque Centauros en los Llanos Orientales y la comisión de múltiples crímenes y masacres, entre ellas en Mapiripán, Caño Jabón, La Primavera, Lejanías, El Castillo y Puerto Lleras, entre 1997 y 1999”.
Una nueva ola de violencia llegó entre 2002 y 2005, periodo que el CNMH denomina de “desplazamiento duro”, tras la ruptura de los diálogos de paz del Caguán. Según el Registro Único de Víctimas consultado por el CNMH en 2013, para esos años aparecían siete víctimas de desaparición forzada en El Castillo. Sin embargo, jornadas de atención jurídica y psicosocial realizadas por organizaciones sociales en 2010 permitieron documentar y radicar ante la Fiscalía 44 casos de desaparición forzada ocurridos durante ese periodo. El informe advierte que los registros oficiales de entonces no reflejaban la magnitud de las victimizaciones reconstruidas a partir de otras fuentes de información.
Entre los casos documentados está el de Johana Vargas Bustos, nieta de Octavio Vargas Cuéllar, representante a la Cámara por la Unión Patriótica asesinado en 1986. Johana, de 16 años, desapareció en enero de 2002 después de ser detenida, según las denuncias conocidas por organismos internacionales, en un retén militar cerca de El Dorado. El entonces personero de El Castillo, Mario Castro Bueno, hizo seguimiento a su caso y presentó denuncias ante las autoridades como personero municipal de El Castillo y fue posteriormente asesinado por paramilitares. El CNMH señala que su muerte significó también la pérdida de expedientes, denuncias, oficios y testimonios relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas en el municipio.
Según el tribunal de justicia transicional, “la evidencia indica que el proceso de crecimiento y expansión de los grupos paramilitares tuvo un importante apoyo con el ingreso a estas estructuras de quienes desertaron de las guerrillas. De hecho, los testimonios de Dairo Antonio Úsuga y Elkin Casarrubia, por ejemplo, dan cuenta de la importante participación de los miembros desmovilizados de estas guerrillas en el proceso de incursión y constitución del Bloque Centauros en los Llanos Orientales y la comisión de múltiples crímenes y masacres, entre ellas en Mapiripán, Caño Jabón, La Primavera, Lejanías, El Castillo y Puerto Lleras, entre 1997 y 1999”.
Una nueva ola de violencia llegó entre 2002 y 2005, periodo que el CNMH denomina de “desplazamiento duro”, tras la ruptura de los diálogos de paz del Caguán. Según el Registro Único de Víctimas consultado por el CNMH en 2013, para esos años aparecían siete víctimas de desaparición forzada en El Castillo. Sin embargo, jornadas de atención jurídica y psicosocial realizadas por organizaciones sociales en 2010 permitieron documentar y radicar ante la Fiscalía 44 casos de desaparición forzada ocurridos durante ese periodo. El informe advierte que los registros oficiales de entonces no reflejaban la magnitud de las victimizaciones reconstruidas a partir de otras fuentes de información.
Entre los casos documentados está el de Johana Vargas Bustos, nieta de Octavio Vargas Cuéllar, representante a la Cámara por la Unión Patriótica asesinado en 1986. Johana, de 16 años, desapareció en enero de 2002 después de ser detenida, según las denuncias conocidas por organismos internacionales, en un retén militar cerca de El Dorado. El entonces personero de El Castillo, Mario Castro Bueno, hizo seguimiento a su caso y presentó denuncias ante las autoridades como personero municipal de El Castillo y fue posteriormente asesinado por paramilitares. El CNMH señala que su muerte significó también la pérdida de expedientes, denuncias, oficios y testimonios relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas en el municipio.
La dimensión de esa violencia también aparece en las cifras de la Comisión de la Verdad: El Castillo fue el cuarto municipio del país con más víctimas de desaparición forzada pertenecientes a la Unión Patriótica, con 48 casos documentados. En el Ariari-Guayabero se concentró el 10,6 % de la violencia letal contra la UP, mientras que la región reunió el 13,8 % de las desapariciones de militantes del partido. Según la Comisión de la Verdad, las desapariciones forzadas en esta región ocurrieron principalmente entre 1986 y 1989 y entre 2002 y 2005, periodos en los que se intensificó este tipo de violencia contra integrantes de la UP.
Las huellas de esa historia permanecen en los espacios públicos y en la memoria de El Castillo. Monumentos y estatuas en el parque central recuerdan a las víctimas, al Partido Comunista, a la UP y a las comunidades desplazadas; allí también está la Casa de la Memoria Histórica. Hoy existen 298 personas dadas por desaparecidas en el municipio y más de 9.188 en el Meta, según la UBPD. El desplazamiento también transformó el territorio: antes predominaban cultivos de café, moras y otras frutas. “Durante la incursión paramilitar se perdieron muchas áreas de cultivo, hubo un aumento en la ganadería y la tierra se concentró. En la actualidad predominan los potreros para pastos”, dice el informe Pueblos Arradados publicado en 2015.
La Alerta Temprana 004-23 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 16 de febrero de 2023, incluyó a El Castillo entre los municipios del Meta con riesgo por la presencia y accionar del frente 40 de las facciones disidentes de las FARC-EP, con incursiones esporádicas del frente 53 de esta misma organización, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y al Bloque Meta, lo “que evidencia nuevos episodios de terror y control social y territorial, con especial gravedad en las zonas rurales montañosas y más apartadas”.
Las huellas de esa historia permanecen en los espacios públicos y en la memoria de El Castillo. Monumentos y estatuas en el parque central recuerdan a las víctimas, al Partido Comunista, a la UP y a las comunidades desplazadas; allí también está la Casa de la Memoria Histórica. Hoy existen 298 personas dadas por desaparecidas en el municipio y más de 9.188 en el Meta, según la UBPD. El desplazamiento también transformó el territorio: antes predominaban cultivos de café, moras y otras frutas. “Durante la incursión paramilitar se perdieron muchas áreas de cultivo, hubo un aumento en la ganadería y la tierra se concentró. En la actualidad predominan los potreros para pastos”, dice el informe Pueblos Arradados publicado en 2015.
La Alerta Temprana 004-23 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 16 de febrero de 2023, incluyó a El Castillo entre los municipios del Meta con riesgo por la presencia y accionar del frente 40 de las facciones disidentes de las FARC-EP, con incursiones esporádicas del frente 53 de esta misma organización, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y al Bloque Meta, lo “que evidencia nuevos episodios de terror y control social y territorial, con especial gravedad en las zonas rurales montañosas y más apartadas”.
El monumento a la memoria en el cementerio
Entre quienes sobrevivieron al exterminio de la UP está Luz Odilia León, una mujer que convirtió su dolor en el motor de una obra monumental. Perdió a su compañero, a su hermano y a su único hijo en medio del conflicto y decidió que el olvido no sería el destino final de sus seres queridos.
Tuvo el objetivo de construir un monumento que recordara a todas las personas víctimas de la UP y, para financiar la realización de esta obra que vigila el camposanto de Miravalles, escribió su dolor en un libro de poemas que vendió de mano en mano. De esa manera logró erigir una estructura de piedra con placas que honran a personas de todo el país.
En ese memorial, ahora reconocido como patrimonio cultural e inaugurado en el 2020, los nombres de María Mercedes Méndez y de otros líderes y lideresas asesinadas conviven con los de campesinos, campesinas y combatientes anónimos. Estos recuerdan que, aunque la guerra intentó borrar su rastro, la memoria en Miravalles tiene la solidez de la roca.
En el centro del monumento se levanta un gran florero adornado con flores amarillas, color que identifica a la UP, y en su base reposan 17 placas. Luz Odilia explica que el orden de estas es intencional: al inicio se encuentra su propia familia, luego siguen otras personas víctimas del departamento del Meta y, finalmente, una con un mensaje que menciona a víctimas de otros lugares del país.
La lideresa aclara que “quedó a medio hacer”. No se terminó completamente, por lo que ella continúa buscando apoyo para finalizarla. Por su parte, el padre Henry cuenta que “su hijo fue miembro de la guerrilla y ella nunca lo negó. Luz Odilia es de las pocas mamás que reivindica el derecho a no ser estigmatizada porque su hijo tomara una decisión”. Esto destaca tanto el valor simbólico del monumento como la relevancia forense y social del cementerio de Miravalles para el proceso de reparación.
Entre quienes sobrevivieron al exterminio de la UP está Luz Odilia León, una mujer que convirtió su dolor en el motor de una obra monumental. Perdió a su compañero, a su hermano y a su único hijo en medio del conflicto y decidió que el olvido no sería el destino final de sus seres queridos.
Tuvo el objetivo de construir un monumento que recordara a todas las personas víctimas de la UP y, para financiar la realización de esta obra que vigila el camposanto de Miravalles, escribió su dolor en un libro de poemas que vendió de mano en mano. De esa manera logró erigir una estructura de piedra con placas que honran a personas de todo el país.
En ese memorial, ahora reconocido como patrimonio cultural e inaugurado en el 2020, los nombres de María Mercedes Méndez y de otros líderes y lideresas asesinadas conviven con los de campesinos, campesinas y combatientes anónimos. Estos recuerdan que, aunque la guerra intentó borrar su rastro, la memoria en Miravalles tiene la solidez de la roca.
En el centro del monumento se levanta un gran florero adornado con flores amarillas, color que identifica a la UP, y en su base reposan 17 placas. Luz Odilia explica que el orden de estas es intencional: al inicio se encuentra su propia familia, luego siguen otras personas víctimas del departamento del Meta y, finalmente, una con un mensaje que menciona a víctimas de otros lugares del país.
La lideresa aclara que “quedó a medio hacer”. No se terminó completamente, por lo que ella continúa buscando apoyo para finalizarla. Por su parte, el padre Henry cuenta que “su hijo fue miembro de la guerrilla y ella nunca lo negó. Luz Odilia es de las pocas mamás que reivindica el derecho a no ser estigmatizada porque su hijo tomara una decisión”. Esto destaca tanto el valor simbólico del monumento como la relevancia forense y social del cementerio de Miravalles para el proceso de reparación.
El sacerdote explica que, ante la ausencia de condiciones, muchas familias tuvieron que sepultar a sus seres queridos de manera “clandestina” en lugares como el cementerio de Miravalles, debido a que el Estado no permitía o no garantizaba las condiciones para que pudieran “ejercer ese derecho a enterrar a sus muertos”.
Asimismo, el padre Henry subraya que el cementerio de Miravalles es un testimonio de la memoria silenciosa que evidencia el “abandono institucional para derechos básicos”, situando el derecho a sepultar al mismo nivel de otras necesidades vitales como la educación, la salud, el transporte y la alimentación.
“Los procesos de búsqueda en sí mismo son procesos reparadores. Así la búsqueda termine sin hallar el cuerpo. Pero cuando una familia ve que el Estado busca, eso es reparador”, dice el padre Henry. Mientras el río sigue sonando al fondo, el cementerio de Miravalles demuestra que, aunque la guerra intentó borrar sus nombres, la comunidad ha logrado guardar la memoria y la dignidad de quienes también eran seres humanos.
Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.
Asimismo, el padre Henry subraya que el cementerio de Miravalles es un testimonio de la memoria silenciosa que evidencia el “abandono institucional para derechos básicos”, situando el derecho a sepultar al mismo nivel de otras necesidades vitales como la educación, la salud, el transporte y la alimentación.
“Los procesos de búsqueda en sí mismo son procesos reparadores. Así la búsqueda termine sin hallar el cuerpo. Pero cuando una familia ve que el Estado busca, eso es reparador”, dice el padre Henry. Mientras el río sigue sonando al fondo, el cementerio de Miravalles demuestra que, aunque la guerra intentó borrar sus nombres, la comunidad ha logrado guardar la memoria y la dignidad de quienes también eran seres humanos.
Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.
