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El nuevo comienzo de 204 familias firmantes de paz en San Juan de Arama, Meta

La entrega de 147 módulos habitacionales en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR Georgina Ortiz representa un avance para las familias firmantes de paz asentadas en San Juan de Arama. Su historia habla del desarraigo provocado por el conflicto armado, los desafíos de pasar del desarraigo al arraigo y de la búsqueda de una vivienda digna y una paz duradera.

Para Angie Cárdenas, más conocida en como Sol, la paz y la esperanza se resumen en una frase: “Por fin tenemos algo propio”. Como firmante del acuerdo de paz en el ETCR Georgina Ortiz de San Juan de Arama, Meta, ve en la entrega de las nuevas soluciones habitacionales temporales, el inicio de un proceso profundo para echar raíces definitivas en un territorio que se está construyendo. 

Para ella, este suelo no es solo un espacio geográfico, sino el escenario donde es posible demostrar que una vida social, comunitaria y solidaria es la alternativa real a la violencia y al conflicto armado. Este sentimiento de arraigo se fortalece en el predio Atorrondón, donde el Gobierno Nacional, el 24 de junio del 2026, entregó 147 soluciones o módulos habitacionales temporales que representan un hito de estabilidad para 204 familias firmantes de paz.
Sol. Foto: Simón Zapata Alzate
El predio donde hace dos años están ubicadas estas familias es de 1.047 hectáreas. Allí han consolidado su proceso de reincorporación tras haberse desplazado forzosamente desde La Cooperativa, en el municipio de Vista Hermosa, Meta debido a amenazas y al asesinato de dos firmantes de paz. 

El camino del desarraigo: volver a empezar entre potreros y plásticos

La historia de esta comunidad no se puede contar sin hablar de la fractura que significó abandonar la vereda La Cooperativa. Allí, durante casi siete años, esta comunidad de firmantes de paz había construido no solo una zona de reincorporación, sino un plan de vida con bibliotecas, puestos de salud y proyectos productivos que ya daban frutos. 

Pero la violencia regresó al territorio. Como relata Sol, tuvieron que desplazarse masivamente para proteger la vida. El desarraigo llevó a más de 200 familias a habitar el polideportivo de Granada, Meta. «Llegamos a ese lugar donde acampamos y enfrentamos lluvias, inundaciones y una fuerte estigmatización, pero los firmantes de paz estamos hechos de resistencia», cuenta Sol. Lo que pensaron que sería una estancia de 15 días se transformó en casi nueve meses de hacinamiento. 
Módulos habitacionales temporales. Foto: Simón Zapata Alzate
Natalia Rivera, otra firmante de paz, recuerda que en ese tránsito se «quebraron» sueños colectivos, por ejemplo, el supermercado que habían gestionado con esfuerzo desde la Asociación de Mujeres Emprendedoras por la Paz, se perdió por completo. Finalmente, en octubre de 2023, la llegada al predio Atorrondón en San Juan de Arama marcó un nuevo «punto cero». 

Sandra Sandoval, conocida como «Chiqui», describe que al llegar no había nada más que «solo potreros». Durante casi dos años, vivieron como si fuera un campamento, “pues eso eran unos cambuches de alguna manera, con tejas de zinc, palitos y una lona», cuenta. Por su parte, Sol expresa que “las soluciones temporales habitacionales se suponía iban a ser en el lapso de unos seis meses por lo que hicimos una distribución de loteo muy sencilla».

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No fueron seis meses sino dos años y medio. Para Sol, este proceso ha sido un «ensayo y error» constante, donde firmantes que nunca habían trabajado la tierra ahora siembran cacao, plátano y maíz en sus parcelas individuales, mientras intentan reconstruir esa camaradería y solidaridad que la guerra y el desplazamiento intentaron arrebatarles. El paso de la lona al ladrillo no es solo un cambio de material, es la señal de que el desarraigo, finalmente, está dando paso al arraigo.

La comunidad de San Juan de Arama también ha participado en ese proceso de reincorporación y arraigo con el territorio. Chiqui relata que han impulsado una agenda comunitaria basada en la reconciliación, realizando trabajos sociales como murales y grafitis en diversas veredas de San Juan de Arama y Granada. Estas expresiones artísticas son vitales porque «la pintura da vida» y participar en ellas junto a quienes habitan el territorio es la mejor forma de «fortalecer el tejido social y conectarse con la sociedad que nos rodea». 

Sol enfatiza que herramientas como el Festival Georgina Ortiz de Muralismo y Graffiti han servido de puente para «narrar la historia de este territorio» y generar un diálogo sobre la paz como una experiencia compartida. Este esfuerzo de integración también se vive en las escuelas, donde los «hijos e hijas de la paz» ya cuentan con rutas escolares gestionadas con la alcaldía para estudiar en el casco urbano de San Juan, permitiendo que las nuevas generaciones crezcan en una «convivencia sana» y con una «infancia normal», lejos de los estigmas del pasado.


La niñez, el cuerpo y el machismo 

Al finalizar el acto protocolario de entrega de las soluciones habitacionales temporales, se extendió una tela blanca al lado del polideportivo para que las personas escribieran un mensaje sobre la importancia del momento. En su mayoría, niños y niñas se lanzaron a hacer dibujos y plasmar su sentir frente al hecho de que sus familias tengan un nuevo lugar para habitar. 

Son más de 80 niños y niñas, conocidos como los «hijos e hijas de la paz», que han nacido tras la firma del acuerdo. Para Chiqui verles correr libremente por el territorio, conectarse con la naturaleza y asistir a la escuela es el cumplimiento de un sueño: que tengan una «infancia normal», segura y lejos del conflicto armado. 

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Sin embargo, esta nueva etapa de maternidad y vida civil ha traído consigo desafíos para las mujeres, quienes han tenido que enfrentarse a un sistema que intenta devolverlas a roles tradicionales que creían haber superado. Sol realiza un análisis crítico sobre este proceso, calificando la reincorporación como un «retroceso» para el rol de las mujeres. 

La lideresa explica que, mientras en las filas de la insurgencia la distribución del trabajo era equitativa y «todo el mundo hacía todo: lavar, cocinar, combatir”, en la vida civil muchos hombres se han descargado de las labores de cuidado, dejando que estas recaigan exclusivamente sobre las mujeres. 

Para ellas, habitar el cuerpo en la vida civil ha implicado “un retroceso para adaptarnos y para encajar y evitar estigmas”, cuenta Sol. Agrega además, que a menudo deben moderar su forma de hablar o actuar para no ser tildadas de «gritonas» o alguna otra etiqueta que no existían en las filas, donde una mujer de carácter fuerte era simplemente respetada por defender sus ideas.

Este cambio también se refleja en la justicia y la seguridad personal. Natalia recuerda que antes, cualquier agresión de un hombre hacia una mujer era sancionada con trabajos materiales y educativos, como cavar trincheras o leer libros y presentar resúmenes. Ahora, en la vida civil, deben navegar por el sistema legal ordinario, lo que ha requerido un proceso de aprendizaje constante y donde hay impunidad frente a los casos de violencias basadas en género. 

Para combatir este «retroceso» machista, la Asociación de Mujeres lidera procesos pedagógicos: Natalia narra cómo organizaron concursos donde los hombres debían poner pañales y dar teteros a muñecos, una estrategia lúdica para enseñarles sobre la corresponsabilidad en el hogar y el cuidado compartido.
ETCR Georgina Ortiz en San Juan de Arama, Meta
Una raíz definitiva y profunda

La resistencia cotidiana frente a los estigmas y el machismo encuentra también es una lucha por un espacio físico donde las mujeres firmantes de paz puedan habitar sin amenazas. Si la paz se construye desaprendiendo el patriarcado, también requiere de un cimiento sólido.

En la comunidad existe una distinción técnica y política fundamental sobre lo que recibieron. Mientras que oficialmente se habla de casas, Sandra, Natalia y Sol son enfáticas al llamarlos “módulos habitacionales temporales”. Para ellas, la vivienda digna sigue siendo una deuda pendiente que debe tramitarse con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ya que estos módulos, aunque necesarios, son vistos como una solución de tránsito. 

Natalia describe su preocupación: “son módulos pensados para una sola persona y las familias ya se componen de seis o siete integrantes. Es como vivir en una cajita de fósforos”. Además, cuestiona la seguridad de los materiales, señalando que, al ser de fibrocemento o materiales similares, no ofrecen la solidez que una familia requiere a largo plazo. 

Frente a estas inquietudes, Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-,  explica que aunque legalmente se use el término «soluciones» debido a que la competencia de hacer vivienda definitiva recae constitucionalmente en el Ministerio de Vivienda, los materiales utilizados son “materiales definitivos” y no temporales. 

Según la directora, se trata de viviendas de interés social con dos habitaciones, cocina y baño interior, diseñadas como módulos progresivos. Esto significa que, a partir de esta base, los firmantes podrán gestionar recursos propios o apoyos del Ministerio para realizar “mejoramientos, ampliar un segundo piso o construir hacia los lados”.
Hijos e hijas de la paz escribiendo sus mensajes de esperanza. Foto: Simón Zapata Alzate
Para ella, entregar estos módulos es también una forma de combatir la estigmatización, un mal que, en sus palabras, “mata” y que ya le ha costado la vida a casi 500 firmantes desde 2016. La construcción de paz en el ETCR Georgina Ortiz se manifiesta en la planeación predial participativa de sus 1.046 hectáreas, en el acuerdo para proteger 251 hectáreas de reserva ecológica y en el sueño de convertirse en una comunidad energética con su propio parque solar. 

Desiderio Aguilarro, firmante de paz y uno de los líderes de la comunidad, cuenta que el hito habitacional es solo una parte de una transformación mayor: “Ya no somos solo firmantes, ya somos campesinos que nos dedicamos al trabajo del agro, cada uno a medida de lo que ha sido como campesino, le está metiendo a su finca, a su proyección”. 

Esta nueva identidad como trabajadores y trabajadoras de la tierra es la garantía de que el arraigo es un acto cotidiano que se alimenta con la esperanza. “Nosotros seremos consecuentes con lo que planteamos, con lo que hicimos y por lo cual dejamos las armas. La muestra de eso es lo que estamos haciendo hoy acá”, concluye Desiderio. 

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Imagen principal: Sandra la Chiqui. Foto: Simón Zapata Alzate