AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Denuncian nuevas amenazas por reclamar tierras en Puerto Gaitán, Meta
Un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- declara como objetivos militares a líderes y lideresas sociales, autoridades indígenas y reclamantes de tierras. Organizaciones advierten que las intimidaciones se producen en un contexto de disputas por el territorio y exigen medidas urgentes de protección.
Las organizaciones indígenas y autoridades tradicionales de Puerto Gaitán, Meta, denunciaron la circulación de un panfleto amenazante que pone en riesgo la vida de líderes y lideresas indígenas, campesinado y afrodescendientes que adelantan procesos de defensa del territorio y reclamación ante la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.
Según la denuncia pública, desde el pasado 08 de junio comenzó a difundirse por WhatsApp una imagen de un comunicado atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. En el documento, el grupo armado anuncia el inicio de acciones de «orden y limpieza» contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones étnicas y personas que impulsan procesos de formalización y restitución de tierras. Además, advierte que «quien siga reclamando tierras será ejecutado como traidor» y señala como objetivos militares a autoridades tradicionales, cabildos gobernadores y representantes comunitarios.
Frente a esta situación, el Resguardo Indígena Aseinpome, el Territorio Ancestral Iwitsulibo, el Territorio Ancestral San Rafael Warrojo, la Asociación Indígena Unuma -ASOUNUMA-, el Tejido Unuma de la Orinoquia y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hicieron un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que adopten medidas inmediatas que garanticen la vida y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y territoriales.
Un conflicto por la tierra que se ha profundizado
Las organizaciones sostienen que estas amenazas no son hechos aislados, sino que ocurren en un contexto de larga disputa por la tierra en Puerto Gaitán. En su denuncia recuerdan que entre 2016 y 2017 llegó al municipio una colonia menonita que, según el documento, adquirió inicialmente más de 32.000 hectáreas para proyectos agroindustriales y hoy ocuparía más de 45.000 hectáreas. También señalan que varios de esos predios tienen antecedentes de despojo, adjudicación irregular de baldíos y lavado de activos, mientras algunos integrantes enfrentan procesos penales actualmente por presuntos delitos ambientales.
Según la denuncia pública, desde el pasado 08 de junio comenzó a difundirse por WhatsApp una imagen de un comunicado atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. En el documento, el grupo armado anuncia el inicio de acciones de «orden y limpieza» contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones étnicas y personas que impulsan procesos de formalización y restitución de tierras. Además, advierte que «quien siga reclamando tierras será ejecutado como traidor» y señala como objetivos militares a autoridades tradicionales, cabildos gobernadores y representantes comunitarios.
Frente a esta situación, el Resguardo Indígena Aseinpome, el Territorio Ancestral Iwitsulibo, el Territorio Ancestral San Rafael Warrojo, la Asociación Indígena Unuma -ASOUNUMA-, el Tejido Unuma de la Orinoquia y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hicieron un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que adopten medidas inmediatas que garanticen la vida y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y territoriales.
Un conflicto por la tierra que se ha profundizado
Las organizaciones sostienen que estas amenazas no son hechos aislados, sino que ocurren en un contexto de larga disputa por la tierra en Puerto Gaitán. En su denuncia recuerdan que entre 2016 y 2017 llegó al municipio una colonia menonita que, según el documento, adquirió inicialmente más de 32.000 hectáreas para proyectos agroindustriales y hoy ocuparía más de 45.000 hectáreas. También señalan que varios de esos predios tienen antecedentes de despojo, adjudicación irregular de baldíos y lavado de activos, mientras algunos integrantes enfrentan procesos penales actualmente por presuntos delitos ambientales.
De acuerdo con las organizaciones, la expansión de estos proyectos ha intensificado la disputa por el reconocimiento de los territorios ancestrales del pueblo Sikuani. Afirman que varias comunidades han denunciado desplazamientos, intimidaciones de grupos armados, quema de viviendas, presiones económicas y la destrucción de lugares sagrados para dar paso a monocultivos de maíz, soya y sorgo.
La denuncia también recuerda que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 017 de 2020, advirtió sobre el riesgo que enfrentan líderes y lideresas sociales, comunidades indígenas, reclamantes de tierras, periodistas y población civil por la presencia y expansión de distintos grupos armados en Puerto Gaitán. Entre ellos mencionó estructuras sucesoras del paramilitarismo, disidencias de las antiguas FARC y, en menor medida, células del ELN.
Asimismo, las organizaciones hacen referencia a antecedentes recientes como la circulación de otro panfleto en 2022 que anunciaba acciones de «limpieza social», el asesinato de la lideresa y reclamante de tierras Luz Marina Arteaga Henao ese mismo año y el ataque armado contra familias beneficiarias del predio La Primavera, entregado por la ANT en Puerto López en mayo de este año.
Lea también: Violencia contra familia campesina beneficiaria de la Reforma Agraria en Puerto López, Meta
Exigen protección e investigaciones
Ante el incremento de las amenazas, las organizaciones solicitaron una reunión extraordinaria entre las instituciones competentes para definir medidas de protección. También pidieron a la Unidad Nacional de Protección implementar esquemas colectivos e individuales de emergencia, a la Fiscalía avanzar con celeridad en las investigaciones y a la Policía, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales garantizar la seguridad de las comunidades y de quienes hoy aparecen mencionados en el panfleto.
La denuncia fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán y otras entidades nacionales y regionales, con el fin de que adopten acciones urgentes para prevenir nuevos hechos de violencia.
La denuncia también recuerda que la Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 017 de 2020, advirtió sobre el riesgo que enfrentan líderes y lideresas sociales, comunidades indígenas, reclamantes de tierras, periodistas y población civil por la presencia y expansión de distintos grupos armados en Puerto Gaitán. Entre ellos mencionó estructuras sucesoras del paramilitarismo, disidencias de las antiguas FARC y, en menor medida, células del ELN.
Asimismo, las organizaciones hacen referencia a antecedentes recientes como la circulación de otro panfleto en 2022 que anunciaba acciones de «limpieza social», el asesinato de la lideresa y reclamante de tierras Luz Marina Arteaga Henao ese mismo año y el ataque armado contra familias beneficiarias del predio La Primavera, entregado por la ANT en Puerto López en mayo de este año.
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Exigen protección e investigaciones
Ante el incremento de las amenazas, las organizaciones solicitaron una reunión extraordinaria entre las instituciones competentes para definir medidas de protección. También pidieron a la Unidad Nacional de Protección implementar esquemas colectivos e individuales de emergencia, a la Fiscalía avanzar con celeridad en las investigaciones y a la Policía, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales garantizar la seguridad de las comunidades y de quienes hoy aparecen mencionados en el panfleto.
La denuncia fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán y otras entidades nacionales y regionales, con el fin de que adopten acciones urgentes para prevenir nuevos hechos de violencia.
