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Ataque contra comunidad indígena en Cumaribo, Vichada deja tres personas asesinadas
Organizaciones étnicas y de derechos humanos denunciaron un ataque armado contra la comunidad Sabaneta del Resguardo Saracure Río Cada, en Cumaribo. El riesgo ya había sido advertido y, según los pronunciamientos, las alertas no se tradujeron en medidas suficientes para proteger a la comunidad.
Tres personas asesinadas, una persona herida, familias desplazadas, viviendas destruídas e incineradas fue el saldo que dejó un ataque armado ocurrido durante la madrugada del 17 de julio en la comunidad Sabaneta, perteneciente al Resguardo Indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, Vichada.
Los hechos fueron denunciados inicialmente por las autoridades del propio Resguardo Indígena Saracure Río Cada. En un comunicado firmado por su cabildo gobernador, Jaider Naranjo Jiménez, señalaron que un grupo armado ingresó violentamente a la comunidad, obligó a varias familias a abandonar sus viviendas y posteriormente incendió algunas de ellas.
En ese primer reporte, las autoridades indígenas informaron que una persona había sido asesinada y otra había resultado herida. También alertaron sobre la desaparición de tres integrantes de la comunidad: Tania Mercedes Gaitán Rodríguez, de 19 años; Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 17 años; y Mery Yuriana Gaitán Rodríguez, de tres años.
El resguardo hizo un llamado urgente a la Fuerza Pública y a las instituciones estatales para activar los mecanismos de búsqueda y localización de las tres personas. Según la denuncia, las autoridades indígenas no habían recibido una respuesta efectiva pese a las solicitudes realizadas.
De acuerdo con el periódico El Morichal, la primera víctima mortal fue identificada como Yeison Maicol Díaz Cumanica, de 25 años, quien fue asesinado durante la incursión armada. Posteriormente, Tania Mercedes Gaitán Rodríguez y Clara Estrella Gaitán Rodríguez, reportadas inicialmente como desaparecidas, fueron halladas sin vida. Mery Yuriana Gaitán Rodríguez, la niña de tres años que también había sido reportada como desaparecida, fue localizada con vida. Sin embargo, en un comunicado publicado el 21 de julio, la Asociación Campesina de Cumaribo -ASOCOAVI- señaló que los cuerpos de las dos jóvenes aún permanecían en el lugar de los hechos y pidió a las autoridades trasladarse hasta la zona para realizar su levantamiento.
De esta manera, el balance conocido hasta ahora es de tres personas asesinadas: un hombre y dos mujeres jóvenes. En el caso de las dos jóvenes, su desaparición fue reportada inicialmente por las autoridades indígenas y posteriormente se confirmó el hallazgo de sus cuerpos. La niña, por su parte, sobrevivió al ataque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ, esta es la masacre número 72 en Colombia.
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La Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI- rechazó la incursión armada en la comunidad de Sabaneta y denunció que los hechos incluyeron el desplazamiento forzado de familias, la incineración de viviendas, un asesinato, personas heridas y la desaparición inicial de tres integrantes de la comunidad.
En su pronunciamiento, la CNTI exigió la activación de mecanismos de búsqueda y localización y afirmó que lo ocurrido constituye una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La organización también advirtió que los hechos deben entenderse en un contexto más amplio de persistencia del conflicto armado y afectaciones contra pueblos indígenas.
Para la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas –CDDHHPII-, lo ocurrido representa una afectación contra la vida, el territorio y la pervivencia física y cultural del Pueblo Piapoco. La organización advirtió que la violencia contra esta comunidad ocurre en un contexto marcado por el conflicto armado y las disputas por el control territorial.
El resguardo hizo un llamado urgente a la Fuerza Pública y a las instituciones estatales para activar los mecanismos de búsqueda y localización de las tres personas. Según la denuncia, las autoridades indígenas no habían recibido una respuesta efectiva pese a las solicitudes realizadas.
De acuerdo con el periódico El Morichal, la primera víctima mortal fue identificada como Yeison Maicol Díaz Cumanica, de 25 años, quien fue asesinado durante la incursión armada. Posteriormente, Tania Mercedes Gaitán Rodríguez y Clara Estrella Gaitán Rodríguez, reportadas inicialmente como desaparecidas, fueron halladas sin vida. Mery Yuriana Gaitán Rodríguez, la niña de tres años que también había sido reportada como desaparecida, fue localizada con vida. Sin embargo, en un comunicado publicado el 21 de julio, la Asociación Campesina de Cumaribo -ASOCOAVI- señaló que los cuerpos de las dos jóvenes aún permanecían en el lugar de los hechos y pidió a las autoridades trasladarse hasta la zona para realizar su levantamiento.
De esta manera, el balance conocido hasta ahora es de tres personas asesinadas: un hombre y dos mujeres jóvenes. En el caso de las dos jóvenes, su desaparición fue reportada inicialmente por las autoridades indígenas y posteriormente se confirmó el hallazgo de sus cuerpos. La niña, por su parte, sobrevivió al ataque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ, esta es la masacre número 72 en Colombia.
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La Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI- rechazó la incursión armada en la comunidad de Sabaneta y denunció que los hechos incluyeron el desplazamiento forzado de familias, la incineración de viviendas, un asesinato, personas heridas y la desaparición inicial de tres integrantes de la comunidad.
En su pronunciamiento, la CNTI exigió la activación de mecanismos de búsqueda y localización y afirmó que lo ocurrido constituye una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La organización también advirtió que los hechos deben entenderse en un contexto más amplio de persistencia del conflicto armado y afectaciones contra pueblos indígenas.
Para la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas –CDDHHPII-, lo ocurrido representa una afectación contra la vida, el territorio y la pervivencia física y cultural del Pueblo Piapoco. La organización advirtió que la violencia contra esta comunidad ocurre en un contexto marcado por el conflicto armado y las disputas por el control territorial.
La CDDHHPII pidió al Estado colombiano adoptar medidas inmediatas de protección colectiva, concertadas con las autoridades indígenas, así como garantizar atención humanitaria, médica, psicosocial y culturalmente adecuada a las personas y familias afectadas. También reclamó investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer si existieron posibles omisiones institucionales frente a los riesgos que habían sido advertidos previamente en la zona.
La Comisión solicitó, además, fortalecer las acciones de prevención y protección en los territorios indígenas del Vichada y la Orinoquia y garantizar la protección jurídica y material del territorio del Resguardo Saracure Río Cada frente a posibles procesos de despojo, ocupación o apropiación indebida.
Un riesgo que ya había sido advertido
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas -CNMI- también rechazó los hechos y recordó que los riesgos para las comunidades indígenas de Cumaribo ya habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo.
En particular, la organización hizo referencia a la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2024, emitida por la Defensoría, que incluyó entre los territorios en riesgo a los resguardos indígenas Saracure Río Cada, Cali Barranquilla, Chocón y Caño Cawasi. El documento advertía sobre la reactivación y expansión del Frente Arcesio Niño o Frente 39, de las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, autodenominadas Estado Mayor Central, y señalaba riesgos como homicidios selectivos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenazas, restricciones a la movilidad y ataques.
La Defensoría también emitió en octubre de 2025 la Alerta Temprana de Inminencia 015, que incluyó a Cumaribo entre los municipios del Vichada expuestos a graves riesgos derivados de la confrontación entre grupos armados ilegales. El documento identificó riesgos como desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, regulaciones a la movilidad y enfrentamientos con interposición de la población civil, esta vez en el contexto de la confrontación armada entre la Segunda Marquetalia y el ELN. La entidad señaló que la disputa estaba relacionada, entre otros factores, con el control de rutas y economías ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales.
Para la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, el ataque en Sabaneta evidencia la materialización de riesgos que habían sido advertidos previamente por las instituciones del Estado. La organización exigió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.
Así mismo se solicitó al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT- adoptar medidas efectivas frente a las advertencias existentes. A la Unidad Nacional de Protección le solicitó implementar medidas de protección colectiva concertadas con las autoridades indígenas, mientras que a la Unidad para las Víctimas y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les reclamó atención humanitaria, psicosocial e integral para las familias afectadas, con especial atención a la niña de tres años que sobrevivió al ataque. La CNMI también pidió a la Defensoría del Pueblo mantener un acompañamiento permanente a la comunidad.
Organizaciones y autoridades rechazan los hechos
El Proceso de Comunidades Negras -PCN- expresó su solidaridad con el Resguardo Indígena Saracure Río Cada y, particularmente, con la comunidad Sabaneta. En su pronunciamiento, la organización condenó las acciones armadas que atentan contra la vida, la integridad, la autonomía y la permanencia de los pueblos étnicos en sus territorios.
El PCN hizo un llamado a las instituciones nacionales e internacionales para que adopten medidas de protección colectiva, garanticen la atención humanitaria a las familias afectadas y avancen en la investigación y sanción de los responsables.
La Comisión solicitó, además, fortalecer las acciones de prevención y protección en los territorios indígenas del Vichada y la Orinoquia y garantizar la protección jurídica y material del territorio del Resguardo Saracure Río Cada frente a posibles procesos de despojo, ocupación o apropiación indebida.
Un riesgo que ya había sido advertido
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas -CNMI- también rechazó los hechos y recordó que los riesgos para las comunidades indígenas de Cumaribo ya habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo.
En particular, la organización hizo referencia a la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2024, emitida por la Defensoría, que incluyó entre los territorios en riesgo a los resguardos indígenas Saracure Río Cada, Cali Barranquilla, Chocón y Caño Cawasi. El documento advertía sobre la reactivación y expansión del Frente Arcesio Niño o Frente 39, de las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, autodenominadas Estado Mayor Central, y señalaba riesgos como homicidios selectivos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenazas, restricciones a la movilidad y ataques.
La Defensoría también emitió en octubre de 2025 la Alerta Temprana de Inminencia 015, que incluyó a Cumaribo entre los municipios del Vichada expuestos a graves riesgos derivados de la confrontación entre grupos armados ilegales. El documento identificó riesgos como desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, regulaciones a la movilidad y enfrentamientos con interposición de la población civil, esta vez en el contexto de la confrontación armada entre la Segunda Marquetalia y el ELN. La entidad señaló que la disputa estaba relacionada, entre otros factores, con el control de rutas y economías ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales.
Para la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, el ataque en Sabaneta evidencia la materialización de riesgos que habían sido advertidos previamente por las instituciones del Estado. La organización exigió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.
Así mismo se solicitó al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT- adoptar medidas efectivas frente a las advertencias existentes. A la Unidad Nacional de Protección le solicitó implementar medidas de protección colectiva concertadas con las autoridades indígenas, mientras que a la Unidad para las Víctimas y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les reclamó atención humanitaria, psicosocial e integral para las familias afectadas, con especial atención a la niña de tres años que sobrevivió al ataque. La CNMI también pidió a la Defensoría del Pueblo mantener un acompañamiento permanente a la comunidad.
Organizaciones y autoridades rechazan los hechos
El Proceso de Comunidades Negras -PCN- expresó su solidaridad con el Resguardo Indígena Saracure Río Cada y, particularmente, con la comunidad Sabaneta. En su pronunciamiento, la organización condenó las acciones armadas que atentan contra la vida, la integridad, la autonomía y la permanencia de los pueblos étnicos en sus territorios.
El PCN hizo un llamado a las instituciones nacionales e internacionales para que adopten medidas de protección colectiva, garanticen la atención humanitaria a las familias afectadas y avancen en la investigación y sanción de los responsables.
Por su parte, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Matavén -ACATISEMA- rechazó el ataque y expresó su solidaridad con las autoridades tradicionales, las familias afectadas y la comunidad del resguardo. La organización pidió al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Vichada y a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes, garantizar la protección de la población y adoptar acciones que permitan prevenir nuevos hechos de violencia.
A los pronunciamientos se sumó ASOCOAVI, que expresó su solidaridad con el Resguardo Indígena Saracure Río Cada y rechazó los hechos de violencia. La organización exigió celeridad en las investigaciones para esclarecer la autoría de la masacre y rechazó los señalamientos que, según afirmó, se han dirigido contra la comunidad campesina. Además, alertó sobre presuntas amenazas contra sus integrantes y llamó al diálogo entre las comunidades indígena y campesina para evitar que los hechos profundicen la división y la violencia en la zona.
La Alcaldía de Cumaribo y la Personería Municipal también se pronunciaron el 17 de julio, cuando aún se desconocía el paradero de las tres personas. En ese momento, las autoridades locales informaron sobre una persona fallecida, una herida y tres personas desaparecidas, y señalaron que se habían activado protocolos de emergencia y acciones de protección relacionadas con la salud, la integridad y la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas.
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También hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y evitar la difusión de información no oficial que pudiera interferir con los procesos institucionales o revictimizar a las familias.
Para las organizaciones indígenas, la violencia en Sabaneta también pone en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas ha insistido en que, para los pueblos indígenas, el territorio constituye la base de su vida colectiva, espiritual, cultural, política, ambiental y económica. Por ello, el asesinato de sus integrantes, el desplazamiento forzado, la destrucción de viviendas y el temor que impide permanecer en el territorio afectan también sus posibilidades de continuidad física y cultural.
Las organizaciones que se han pronunciado han exigido que el ataque no quede en la impunidad y que el Estado responda frente a los riesgos que ya habían sido advertidos. Lo ocurrido vuelve a evidenciar la situación de riesgo en la que permanecen quienes habitan territorios donde persisten las disputas armadas y donde las alertas tempranas, según denuncian, no se han traducido en medidas suficientes para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
A los pronunciamientos se sumó ASOCOAVI, que expresó su solidaridad con el Resguardo Indígena Saracure Río Cada y rechazó los hechos de violencia. La organización exigió celeridad en las investigaciones para esclarecer la autoría de la masacre y rechazó los señalamientos que, según afirmó, se han dirigido contra la comunidad campesina. Además, alertó sobre presuntas amenazas contra sus integrantes y llamó al diálogo entre las comunidades indígena y campesina para evitar que los hechos profundicen la división y la violencia en la zona.
La Alcaldía de Cumaribo y la Personería Municipal también se pronunciaron el 17 de julio, cuando aún se desconocía el paradero de las tres personas. En ese momento, las autoridades locales informaron sobre una persona fallecida, una herida y tres personas desaparecidas, y señalaron que se habían activado protocolos de emergencia y acciones de protección relacionadas con la salud, la integridad y la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas.
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También hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y evitar la difusión de información no oficial que pudiera interferir con los procesos institucionales o revictimizar a las familias.
Para las organizaciones indígenas, la violencia en Sabaneta también pone en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios. La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas ha insistido en que, para los pueblos indígenas, el territorio constituye la base de su vida colectiva, espiritual, cultural, política, ambiental y económica. Por ello, el asesinato de sus integrantes, el desplazamiento forzado, la destrucción de viviendas y el temor que impide permanecer en el territorio afectan también sus posibilidades de continuidad física y cultural.
Las organizaciones que se han pronunciado han exigido que el ataque no quede en la impunidad y que el Estado responda frente a los riesgos que ya habían sido advertidos. Lo ocurrido vuelve a evidenciar la situación de riesgo en la que permanecen quienes habitan territorios donde persisten las disputas armadas y donde las alertas tempranas, según denuncian, no se han traducido en medidas suficientes para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
