Perfilamientos, estigmatización, invasión, entre otras, son las denuncias del campesinado en veredas como Puerto Cachicamo, Cachicamo Alto y Caño Angoleta.
Recientemente, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el D.I.H. del río Inírida, y la Defensa del Medio Ambiente del Norte de la Amazonia (DHRIMAA), denunció los atropellos que estaría perpetrando el Ejército Nacional en las veredas Puerto Cachicamo, Cachicamo Alto, Caño Angoleta, entre otras ubicadas en la parte media baja del río Guayabero, en el departamento del Guaviare.
Según la denuncia pública, los miembros del Ejército vienen instalando retenes en diferentes sitios sin los respectivos elementos o dispositivos móviles utilizados en puestos de control, en los que, además, estarían anotando en un cuaderno los nombres y números de documento “y le preguntan al campesino dónde se dirige y de dónde viene”. Como si fuera poco, a estas personas se les señala de colaboradoras de los grupos al margen de la ley y se les exige información sobre el paradero de las disidencias.
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Los perfilamientos también están incluidos en la denuncia, pues, al parecer, los soldados estarían recolectando firmas y huellas dactilares de las y los habitantes de esos sectores en hojas en blanco y “según los campesinos los obligan a firmar”.
Además, denuncia la DHRIMAA, los miembros del Ejército vienen armando campamentos a menos de trescientos metros de las viviendas habitadas por el campesinado y sus familias compuestas por mujeres, jóvenes, niños, personas con discapacidad y miembros de la tercera edad. Incluso, los militares estarían usando las bocatomas y nacederos de agua como bañaderos y lavaderos de ropa, pese a que saben que esa fuente de agua es para el consumo humano.
Pero lo que más ha generado pánico y angustia entre las comunidades es que, al parecer, los soldados están activando explosivos.
“La comunidad se encuentra en zozobra, pues lo que hace que los miembros del Ejército Nacional se encuentran en la región, se han presentado robos, atracos y asesinatos por personas desconocidas después que el mismo comandante encargado le dijo que esa área la tenía blindada y que ahí no entraba ningún bandido”, advierte la organización de derechos humanos.
Ante la situación, la DHRIMAA exige que se termine el empadronamiento a la población civil, el retiro de los miembros del Ejército Nacional de los campamentos cercanos de las viviendas ocupadas por el campesinado y de los nacederos de donde sale el agua para el consumo humano y que organismos de control como la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría inicien una investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se estarían cometiendo por parte de la Fuerza Pública.
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Cabe recordar que desde mayo del 2020, en el marco de la Operación Artemisa, el Ejército está haciendo presencia en zonas rurales al sur del Meta y Guaviare para erradicar cultivos de uso ilícito de manera forzada, cultivos que, en medio de la estigmatización y el abandono estatal, terminan siendo la única fuente de sustento para el campesinado.
