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Comunidades de Caquetá y Putumayo resisten al control armado
Mientras grupos armados se disputan el control territorial en Putumayo, Caquetá y Amazonas, las comunidades campesinas e indígenas que habitan las riberas de los principales ríos de la región continúan exigiendo paz, enfrentando confinamientos, restricciones a la movilidad y un clima permanente de terror.
Las comunidades que habitan las riberas de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza exigen paz en sus territorios y un cese a los enfrentamientos entre al menos tres grupos armados que se disputan el control territorial. Han impuesto paros armados, confinamientos, restricciones a la movilidad y un clima de terror psicológico.
El pasado 12 de mayo circuló por redes sociales y WhatsApp, un audio en el que se establecía un paro armado indefinido en estos territorios desde el 13 de mayo. Posteriormente, el 19 se difundió otro mensaje donde se expresaba la continuación del confinamiento.
Yuri Sileni Quintero, secretaria general de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, explica que “Puerto Guzmán particularmente es de los municipios donde más se encuentra cifras de situaciones de desplazamiento masivo y desplazamiento gota a gota, como también momentos de confinamiento que se vuelven también herramientas de los armados generando terror y queriendo mostrar un supuesto nivel de control que en la práctica no existe».
A este control se suma la desinformación a través de redes sociales, que genera parálisis en la movilidad. William Gil, coordinador de la Guardia Campesina en Puerto Guzmán, relata que la aparición de un “audio prohibiendo la movilidad… la comunidad comete el error de compartir y es prácticamente la misma gente que mete terror automáticamente porque es un grupo que no hace presencia en la zona«.
Esta amenaza se suma a una situación que no es reciente: desde diciembre de 2025, comunidades de Putumayo, Caquetá y Amazonas enfrentan paros armados y graves restricciones a la movilidad.
Según la Defensoría del Pueblo, “estos hechos se registran en medio de confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central al mando de alias “Iván Mordisco” y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”. Esta disputa armada ha aumentado los riesgos para las comunidades ribereñas, indígenas y campesinas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para movilizarse, abastecerse y desarrollar actividades de su vida cotidiana”.
Por esta situación, en Putumayo se suspendió el servicio público fluvial, principal medio de transporte para la población y para los niños, niñas y adolescentes. En Puerto Guzmán, las restricciones afectaron a más de 6.300 personas, entre ellas pueblos indígenas Nasa e Inga y consejos comunitarios. En Puerto Leguízamo resultaron perjudicados más de 5.800 habitantes y ocho resguardos indígenas de los pueblos Murui Muina y Coreguaje, según la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, en el departamento de Amazonas, permanecieron en confinamiento 488 núcleos familiares, conformados por 1 706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas -CRIMA-, en el medio río Caquetá. Estas comunidades han reportado aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para botes, dificultades para acceder a bienes y servicios y restricciones a la movilidad.
En Caquetá la restricción de movilidad afectó el sector oriental del municipio de Cartagena del Chairá, de donde se despliegan las vías que conducen al medio y bajo Caguán, y se suspendió el transporte en la cuenca del río Caquetá, afectando en particular a la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano.
La declaratoria de paro armado también afectó a quienes habitan las riberas del río Orteguaza. En las inspecciones de Coemaní y Araracuara, así como en los resguardos indígenas Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos, en Solano, la población quedó expuesta a una situación de riesgo extremo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Lea también: El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare
Comunidades que resisten a la violencia
A través de la Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Guardia Ambiental Campesina, quienes habitan estos territorios han resistido y gestionando su propia infraestructura, protegiendo el ambiente frente a la minería ilegal y exigiendo una transformación territorial que nazca desde la autonomía campesina y no desde la imposición de las armas y las conflictividades.
A través de esfuerzos colectivos, han transformado trochas en carreteras. «Estamos avanzando con la formalización y constitución de una zona de reserva campesina, la comunidad está trabajando hacia una planta transformadora de lácteos propia, para transitar a un modelo económico con una cultura adaptable al ambiente», explica Yuri.
El pasado 12 de mayo circuló por redes sociales y WhatsApp, un audio en el que se establecía un paro armado indefinido en estos territorios desde el 13 de mayo. Posteriormente, el 19 se difundió otro mensaje donde se expresaba la continuación del confinamiento.
Yuri Sileni Quintero, secretaria general de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, explica que “Puerto Guzmán particularmente es de los municipios donde más se encuentra cifras de situaciones de desplazamiento masivo y desplazamiento gota a gota, como también momentos de confinamiento que se vuelven también herramientas de los armados generando terror y queriendo mostrar un supuesto nivel de control que en la práctica no existe».
A este control se suma la desinformación a través de redes sociales, que genera parálisis en la movilidad. William Gil, coordinador de la Guardia Campesina en Puerto Guzmán, relata que la aparición de un “audio prohibiendo la movilidad… la comunidad comete el error de compartir y es prácticamente la misma gente que mete terror automáticamente porque es un grupo que no hace presencia en la zona«.
Esta amenaza se suma a una situación que no es reciente: desde diciembre de 2025, comunidades de Putumayo, Caquetá y Amazonas enfrentan paros armados y graves restricciones a la movilidad.
Según la Defensoría del Pueblo, “estos hechos se registran en medio de confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central al mando de alias “Iván Mordisco” y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”. Esta disputa armada ha aumentado los riesgos para las comunidades ribereñas, indígenas y campesinas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para movilizarse, abastecerse y desarrollar actividades de su vida cotidiana”.
Por esta situación, en Putumayo se suspendió el servicio público fluvial, principal medio de transporte para la población y para los niños, niñas y adolescentes. En Puerto Guzmán, las restricciones afectaron a más de 6.300 personas, entre ellas pueblos indígenas Nasa e Inga y consejos comunitarios. En Puerto Leguízamo resultaron perjudicados más de 5.800 habitantes y ocho resguardos indígenas de los pueblos Murui Muina y Coreguaje, según la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, en el departamento de Amazonas, permanecieron en confinamiento 488 núcleos familiares, conformados por 1 706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas -CRIMA-, en el medio río Caquetá. Estas comunidades han reportado aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para botes, dificultades para acceder a bienes y servicios y restricciones a la movilidad.
En Caquetá la restricción de movilidad afectó el sector oriental del municipio de Cartagena del Chairá, de donde se despliegan las vías que conducen al medio y bajo Caguán, y se suspendió el transporte en la cuenca del río Caquetá, afectando en particular a la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano.
La declaratoria de paro armado también afectó a quienes habitan las riberas del río Orteguaza. En las inspecciones de Coemaní y Araracuara, así como en los resguardos indígenas Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos, en Solano, la población quedó expuesta a una situación de riesgo extremo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Lea también: El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare
Comunidades que resisten a la violencia
A través de la Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Guardia Ambiental Campesina, quienes habitan estos territorios han resistido y gestionando su propia infraestructura, protegiendo el ambiente frente a la minería ilegal y exigiendo una transformación territorial que nazca desde la autonomía campesina y no desde la imposición de las armas y las conflictividades.
A través de esfuerzos colectivos, han transformado trochas en carreteras. «Estamos avanzando con la formalización y constitución de una zona de reserva campesina, la comunidad está trabajando hacia una planta transformadora de lácteos propia, para transitar a un modelo económico con una cultura adaptable al ambiente», explica Yuri.
Esta resistencia comunitaria incluye también la diversificación de cultivos como caña, arroz y piscicultura, buscando una soberanía alimentaria que les permita desmarcarse de las economías impuestas por actores armados.
Una de las mayores preocupaciones actuales es el tránsito de los grupos armados hacia la minería ilegal. El grupo «Comandos de Frontera» ha empezado a imponer la extracción de oro como nueva fuente de renta, utilizando maquinaria pesada y químicos letales. Carlos Mauricio Llante Rivera, integrante de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, advierte sobre el impacto de este cambio: «los grupos están transitando de la pasta base de coca al oro. Eso hace que se incremente las acciones de la minería ilegal en los caños”
Yuri Quintero profundiza en cómo esta actividad está contaminando el agua que consume la población: «ellos dan el capital y ese capital está más identificado en la compra del mercurio (un metal tóxico ilegal en Colombia). La gente reconoce que su nivel de afectación a la salud se ha acelerado y lo asocian de alguna forma con estas dinámicas sobre los ríos, quizás no directamente por el trabajo diario, sino también por el consumo de pescados en la parte baja del río».
Lea también: Mercurio: el veneno que contamina a comunidades y naturaleza en Guainía
Una de las mayores preocupaciones actuales es el tránsito de los grupos armados hacia la minería ilegal. El grupo «Comandos de Frontera» ha empezado a imponer la extracción de oro como nueva fuente de renta, utilizando maquinaria pesada y químicos letales. Carlos Mauricio Llante Rivera, integrante de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, advierte sobre el impacto de este cambio: «los grupos están transitando de la pasta base de coca al oro. Eso hace que se incremente las acciones de la minería ilegal en los caños”
Yuri Quintero profundiza en cómo esta actividad está contaminando el agua que consume la población: «ellos dan el capital y ese capital está más identificado en la compra del mercurio (un metal tóxico ilegal en Colombia). La gente reconoce que su nivel de afectación a la salud se ha acelerado y lo asocian de alguna forma con estas dinámicas sobre los ríos, quizás no directamente por el trabajo diario, sino también por el consumo de pescados en la parte baja del río».
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La ausencia estructural del Estado en estos territorios se manifiesta no solo en la falta de infraestructura básica, sino en una institucionalidad que actúa de manera “distante”, operando sin presencia física en las zonas de mayor vulnerabilidad. Esta desconexión es tal que las entidades gubernamentales basan su visión del territorio en informes de la fuerza pública que suelen desconocer la realidad de las comunidades, o simplemente optan por suspender los diálogos sociales ante el primer signo de inseguridad, dejando a la población en un vacío de interlocución y garantías.
Ante este abandono, el campesinado se ha visto forzado a suplir las funciones estatales. La institucionalidad solo aparece para otorgar licencias de explotación a empresas extranjeras, confirmando que, para quienes habitan del río Caquetá, el Estado es una figura que renuncia a su responsabilidad social pero interviene para favorecer intereses extractivos.
Pese al miedo impuesto por los grupos armados y a las restricciones que afectan la vida cotidiana de miles de personas, las comunidades continúan sosteniendo procesos organizativos para defender sus territorios y su forma de vida. Aunque el paro armado se levantó por las elecciones, existe el temor de que luego de la jornada electoral se retome el confinamiento y los enfrentamientos entre los grupos armados.
Mientras se denuncia el impacto de la minería ilegal y la contaminación de los ríos, las comunidades insisten en que la paz no puede construirse desde el control armado, sino desde el fortalecimiento de la autonomía campesina e indígena, el acceso a derechos básicos y la protección de la naturaleza.
Ante este abandono, el campesinado se ha visto forzado a suplir las funciones estatales. La institucionalidad solo aparece para otorgar licencias de explotación a empresas extranjeras, confirmando que, para quienes habitan del río Caquetá, el Estado es una figura que renuncia a su responsabilidad social pero interviene para favorecer intereses extractivos.
Pese al miedo impuesto por los grupos armados y a las restricciones que afectan la vida cotidiana de miles de personas, las comunidades continúan sosteniendo procesos organizativos para defender sus territorios y su forma de vida. Aunque el paro armado se levantó por las elecciones, existe el temor de que luego de la jornada electoral se retome el confinamiento y los enfrentamientos entre los grupos armados.
Mientras se denuncia el impacto de la minería ilegal y la contaminación de los ríos, las comunidades insisten en que la paz no puede construirse desde el control armado, sino desde el fortalecimiento de la autonomía campesina e indígena, el acceso a derechos básicos y la protección de la naturaleza.
Imagen principal, foto cortesía de la comunidad.
