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¿Refugio para animales o elefante blanco en Inírida, Guainía?
Sin una caracterización actualizada de la población animal ni estudios específicos sobre las condiciones del terreno, la Alcaldía de Inírida, Guainía, impulsa la construcción de un lugar que, para activistas, podría convertirse en una solución que no garantiza el bienestar animal.
En algunos andenes de Inírida es común ver tacitas con agua o comida. Algunas familias y negocios se preocupan por los perros y gatos que viven en la calle y recorren cada esquina. Muchos nacieron allí, y otros, en cambio, fueron abandonados.
A excepción de esas familias y negocios que brindan alimento e hidratación a los animales, la población en general aún no se ha apropiado de lo que implica el bienestar animal. Esto se refleja en la cantidad de perros y gatos en situación de calle que recorren el municipio.
Ante la falta de alimento, muchos de estos animales sobreviven hurgando entre los residuos sólidos mal dispuestos en las calles y avenidas, donde consumen desechos y comida en estado de descomposición. Esta situación evidencia el abandono que enfrentan, pero también representa un grave riesgo para su salud y bienestar.
Al menos así lo percibe la representante del Consejo Municipal de Juventudes y activista de Inírida, Laura Echavarría: “La situación de bienestar animal en el municipio es preocupante. Ver cientos de animales en todas y cada una de las calles es un reflejo de la sociedad que tenemos”.
El anuncio con bombos y platillos
La Alcaldía de Inírida anunció en diciembre del 2025 la construcción de un Centro de Bienestar y Protección Animal, aprobado por regalías. De acuerdo con la información pública del portal web del SECOP, la inversión es de 3.377.280.278 pesos. El espacio, según la entidad municipal, contará con quirófanos y consultorios para atención médica, corrales y zonas de estancia para el cuidado diario, sala de observación para recuperaciones seguras, zona administrativa para garantizar su operación, parqueadero para facilitar el acceso y plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable.
“Inírida es una ciudad privilegiada en bienestar animal. Es de las únicas ciudades en toda la Amazorinoquía que va a poder contar con este Centro de Protección y Bienestar Animal. Inírida es pionera. Inírida piensa en nuestros animales”, afirma el alcalde Alexander Sánchez Escobar en el video.
Según la Administración municipal, el Centro de Bienestar y Protección Animal ofrecerá servicios de recepción y valoración de animales rescatados; atención veterinaria básica y de urgencias; programas de vacunación, esterilización y desparasitación; procesos de recuperación y adopción responsable; jornadas de educación y sensibilización sobre tenencia responsable, así como articulación con las autoridades competentes para atender casos de maltrato animal.
Además, contará con personal técnico —entre ellos un médico veterinario, auxiliares y personal de apoyo—, áreas de alojamiento temporal y una unidad de transporte para el rescate y traslado de animales.
Sin embargo, la Alcaldía no logró certificar la fuente de financiación para su funcionamiento, justificando que en la vigencia actual no existe un rubro presupuestal destinado a este tipo de actividades, por lo que la certificación de recursos solo podrá realizarse una vez se asigne el presupuesto de la siguiente vigencia.
“Una pésima elección”
De acuerdo con el estudio previo, el proyecto se ubica en el barrio Brisas del Palmar (Carrera 16 Calle 33 Lote 25) y cita que el abandono genera un «menoscabo en el bienestar de estos seres sintientes» e incluso menciona que cuenta con viabilidad técnica, social y ambiental emitida por la autoridad competente.
Pero esa “viabilidad”, no es una autorización para construir o poner en funcionamiento el centro. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico —CDA— aclaró que aunque sí emitió un Certificado de Viabilidad Ambiental (DG No. 063 de 2024), el documento no exime al proyecto de tramitar los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales que lleguen a ser necesarias. Tampoco autoriza de manera definitiva la ejecución de obras.
Por eso y varios otros motivos, para Laura, el Centro de Bienestar y Protección Animal responde a una decisión apresurada y desproporcionada en el uso de los recursos.
Lo que más le preocupa es la ubicación del lugar, que considera “una pésima elección”. El Centro está sobre una avenida principal, en la vía que conduce a Coco Viejo, una zona con alto flujo vehicular. Además, a su alrededor hay distintos focos de ruido como los llamados “amanecederos”, donde las personas continúan la fiesta después de bares y discotecas; la Planta de Beneficio Animal (matadero); y la planta generadora de energía de GENSA.
Eso sin contar que además deben convivir con los ruidos propios del entorno, como las tormentas eléctricas —cuyos truenos y rayos pueden generar altos niveles de estrés en perros y gatos— y con el “uso de pólvora pirotécnica, que tampoco es prohibida, usadas por demás, por las mismas instituciones en sus ferias y fiestas (…) La Alcaldía debió solicitar un concepto y medición de la CDA que es la competente para medir el ruido”, mencionó el antropólogo y activista Leonardo Ladino.
Todo este entorno, marcado por ruidos constantes, vibraciones y condiciones sensibles del territorio, podría terminar afectando directamente el bienestar de los animales.
Según el estudio “Una revisión del impacto del ruido en perros entre 2018 al 2023”, el ruido afecta directamente el bienestar de los perros, generando cambios de comportamiento, miedo y ansiedad, debido a su alta sensibilidad auditiva.
Por su parte, el artículo “El ruido en las clínicas veterinarias provoca miedo en los gatos”, afirmó que el ruido provoca en estos animales un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, además de conductas de miedo y estrés, generando agresividad, evitación y tensión.
En ese sentido, el documento sostiene que la Alcaldía debió solicitar a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental competente, un concepto técnico acompañado de mediciones de ruido para evaluar si las condiciones del lugar son compatibles con el bienestar de los animales que serían atendidos en el centro.
Pese a este riesgo, la Alcaldía no aportó un estudio acústico específico que permitiera establecer los niveles de ruido a los que estarían expuestos los animales y se limitó a explicar que cuenta con un certificado de viabilidad ambiental y que el diseño del proyecto “incorpora medidas para minimizar afectaciones”.
Como si fuera poco, a unos metros de la construcción está el Caño Matadero que, según Leonardo, actualmente se encuentra seco debido a la construcción de asentamientos que afectaron su nacedero. Sin embargo, durante la temporada de lluvias vuelve a recargarse. Esto, dice él, representa un riesgo para los animales, ya que el agua tiende a extenderse hacia zonas de expansión. Cuando crece el afluente, especies como las culebras buscan refugio en lugares más secos —como el Centro de Bienestar—, lo que representaría un peligro.
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Además, estas condiciones favorecen la proliferación de zancudos, generando otros riesgos para la salud. A esto se suma que la Alcaldía Municipal señaló que actualmente no cuenta con documentos técnicos relacionados con el plan de control de vectores ni con el plan de manejo sanitario. De hecho, la entidad confirmó que el proyecto no cuenta con un estudio hidrológico específico y actualizado sobre el comportamiento del Caño Matadero durante temporadas de lluvia.
Esta ausencia dificulta establecer con precisión cómo podría comportarse el sector durante temporadas de lluvia y cuáles serían los riesgos potenciales para la infraestructura y los animales.
En contraste, bajo el amparo del Decreto 1220 de 2005, el estudio previo señala que, bajo el marco normativo aplicable, el proyecto no requiere licencia ambiental y contempla un aval junto con un Plan de Manejo Ambiental.
Sin embargo, las advertencias sobre el predio no son nuevas. En 2013, ante la posibilidad de elaborar un proyecto de Vivienda de Interés Social en la Granja Experimental Cubanare, GENSA elaboró un documento técnico dirigido al Ministerio de Minas y Energía en el que advirtió sobre los riesgos de urbanizar los alrededores de la Central de Generación de Inírida.
La Granja Experimental Cubanare era un predio ubicado junto a la Central de Generación de Inírida. En ese momento, GENSA sostuvo que, además de prestar servicios ambientales, el terreno cumplía una función estratégica como zona de mitigación y contingencia frente a una eventual emergencia en la planta eléctrica. Por esa razón, consideró que no debía destinarse a nuevos desarrollos.
Pero no solo la infraestructura resulta ser una preocupación. Laura señala que hace falta un trabajo de pedagogía en las Juntas de Acción Comunal —JAC— y en los colegios, que permita generar cambios reales en la relación con los animales.
Pero, ¿por qué es importante el bienestar animal?
La importancia del bienestar animal la define la Agencia de Desarrollo Rural como “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”. Para evaluarlo, no se trata solo de que tenga comida. También implica contar con agua limpia y una alimentación adecuada, vivir en un entorno libre de estrés y acorde a su especie, edad y estado de salud, y poder desarrollar sus comportamientos naturales como socializar, jugar y ejercitarse.
También comprende el acceso a medidas de prevención, así como a diagnósticos y tratamientos veterinarios oportunos cuando su condición lo requiera. Estos principios coinciden con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, que fija el mínimo de cuidados que deben garantizar los tenedores o responsables de los animales.
Actualmente, no hay cifras públicas recientes desagregadas para el departamento del Guainía. El último censo es de 2017, donde el Ministerio de Salud y Protección Social reportó y contabilizó un estimado de 5.053 mascotas, dentro de las cuales 4.016 eran perros y 1.069 gatos; de lo anterior, 3.108 estaban vacunados. No obstante, la cobertura del registro fue solamente del 62%.
Sin embargo, para 2024 existen estimaciones operativas sobre la población y la cobertura de vacunación. En este sentido, el Ministerio de Salud reportó una población canina y felina en el departamento de Guainía cercana a los 4.800 animales, con coberturas de vacunación que rondan el 75%. Estos datos corresponden a proyecciones utilizadas para la planificación de campañas antirrábicas y no a una caracterización poblacional integral.
Ante esta situación, la Alcaldía de Inírida indicó que “el municipio actualmente no cuenta con un censo o caracterización integral y actualizada” y que la capacidad del Centro fue diseñada con criterios funcionales y normativos, no con base en datos poblacionales.
La resistencia desde la autogestión
En el municipio, principalmente dos iniciativas se han dedicado a hacerle frente a esta problemática: “Hogar de Paso el Arca de Noé” y “Fundación Compañeros de Planeta”, las cuales desde la autogestión, rescatan, cuidan y le dan un hogar a animales domesticados en situación de vulnerabilidad.
Esto no es tarea fácil. Su labor nace de la vocación y el amor por los animales, pero no es remunerada y exige grandes esfuerzos económicos, emocionales y de cuidado.
“Nuestra vida diaria es de poco dormir y ningún descanso. El día comienza a las 3:30 de la mañana con el aseo, las medicinas, la alimentación y el agua fresca. Luego viene el trabajo formal y, al regresar, todo se repite: limpieza, tratamientos, observación constante, caricias, atención individual. Después vienen las diligencias y el traslado al refugio principal en el sector de Tierra Alta.
Allí contamos con 13 espacios distintos, sin contar los de los gatos, donde los animalitos son ubicados según sus necesidades. Mantener estos lugares limpios, funcionales y lo más dignos posible demanda todo el tiempo disponible. Podríamos contratar personal, de aseo y veterinario pero nos es imposible: no contamos con los recursos. Aun así, seguimos, porque el bienestar de los animales está por encima del cansancio, del desgaste y de la vida personal incluso”, cuenta Deisy Tavera, de la Fundación Compañeros del Planeta.
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Los costos mensuales de la fundación, agrega Deisy, rondan los nueve millones de pesos, destinados a alimentación, tratamientos médicos, infraestructura, elementos de aseo, vacunas y esterilizaciones. Además, los cachorros que se dan en adopción se entregan, en la medida de lo posible, vacunados y desparasitados; y los adultos, esterilizados. Cada uno de estos procesos implica un esfuerzo económico considerable y un alto desgaste físico y emocional.
La mayor parte de esos gastos son asumidos por la profesora Dianey y su esposo, Javier Blandón. También cuentan con el apoyo de un pequeño grupo de padrinos que realiza aportes mensuales, algunos en alimento y otros en dinero para cubrir medicamentos, atención veterinaria y el mantenimiento de la infraestructura. Además la fundación tiene el respaldo del resguardo indígena, que ha facilitado el espacio donde permanecen los animales rescatados.
Sin embargo, ese apoyo sigue siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades. Por ello, la fundación considera fundamental que se cumpla lo establecido en el parágrafo del artículo 7 de la ya mencionada Ley 1774 de 2016, el cual dispone que los recursos recaudados por concepto de multas por maltrato animal deben destinarse exclusivamente a la formulación, ejecución y seguimiento de políticas de protección animal, campañas de sensibilización y educación ciudadana, así como a la creación de fondos de protección animal, con la participación activa de las organizaciones animalistas y juntas defensoras de animales.
A esto se suma que, en 2025, el veterinario gestionado por la fundación esterilizó 205 animales, mientras que la Alcaldía solo realizó 14 esterilizaciones entre las dos fundaciones del municipio durante todo el año, según Deisy.
De hecho, para algunas la percepción de la gestión por parte de las entidades territoriales frente a la situación de abandono que viven los animales domesticados en el municipio, no es positiva. Por ejemplo, para Laura, “la Alcaldía, la Policía y otras instituciones han brillado por su ausencia. No hay voluntad, no hay determinación de un cuidado real y eficiente de los animales”.
Por su parte, la entidad mencionó que no cuenta con un plan de articulación formal, convenio o mesa de trabajo oficialmente constituida con las fundaciones y reconoció que la experiencia de estas organizaciones no se ha incorporado formalmente al diseño de protocolos del proyecto.
Ordenan suspender obras
El optimismo del anuncio oficial de la Alcaldía chocó de frente con la realidad técnica, porque mientras la Alcaldía presentaba lo que llevaba la construcción del Centro, el Ministerio del Trabajo sellaba la obra. La inspección reveló tal nivel de inseguridad laboral que la decisión fue drástica y ordenó la suspensión inmediata por riesgo vital. Tal falta de rigor administrativo resultó doblemente irónica, pues el estudio previo establece como obligación ineludible del contratista la protección de su personal, una cláusula que, en la práctica, fue letra muerta desde el primer día.
Y es que, durante la visita del Ministerio, se encontraron jornadas laborales excesivas sin pausas para alimentación, turnos de hasta 16 horas, falta de agua potable y ausencia de medidas básicas de seguridad. Además, varios trabajadores no contaban con elementos de protección, certificaciones para trabajo en alturas ni claridad sobre su afiliación a salud y riesgos laborales, en medio de condiciones sanitarias deficientes.
Ante estos hallazgos, la autoridad laboral ordenó en diciembre de 2025 paralizar la obra de forma preventiva hasta que se corrijan las fallas, garantizando el pago de salarios y prohibiendo despidos durante la medida. También advirtió posibles sanciones y el acompañamiento de autoridades para asegurar su cumplimiento.
Sin embargo, la Alcaldía informó a este medio que la medida fue levantada el 14 de enero de 2026.
“Uno podría sospechar que están afanados porque si ponen a trabajar a la gente más del horario previsto, sin comer ni nada, pareciera que hay un afán, como si estuviesen evitando que la obra se les paralice por cuestiones técnicas si las autoridades competentes actúan”, comenta Leonardo. De acuerdo con datos suministrados por el antropólogo defensor de los derechos de los animales, la Personería Municipal tiene conocimiento y copia de las peticiones efectuadas a la Alcaldía, sin que, según dice, se vean resultados.
Dudas sobre los costos del proyecto
El camino para la construcción del Centro de Bienestar Animal de Inírida no fue directo. En lugar de que la Alcaldía de Inírida contratara la obra por su cuenta, el proceso se delegó a una entidad intermedia, lo que en el sector público se conoce como «gerencia de proyectos».
En este caso, el proceso de licitación pública No. LP-035-2024 no fue abierta por la administración municipal, sino por la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso (ASOSUPRO), con sede en Villavicencio. Bajo este esquema, la Alcaldía le entrega los recursos a la organización para que esta, a su vez, busque quién haga la obra.
El 15 de enero de 2025, la oficina de ASOSUPRO recibió la propuesta formal de Wilmer Torres García, un comerciante y persona natural residente en Inírida. Para participar, el oferente presentó una garantía de seriedad por más de $333 millones de pesos. Pero debido a que el proponente no cuenta con título de ingeniero, la propuesta fue avalada técnicamente por el ingeniero civil Andrés Carrillo Umaña.
La adjudicación del proyecto fue el 31 de enero de 2025. A partir de ese momento, Wilmer Torres García se convirtió en el responsable directo de ejecutar los más de $3.300 millones destinados al bienestar de los animales en Guainía.
Cabe destacar que, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el contratista Wilmer Torres García registra actividades como la construcción civil y el mantenimiento de aires acondicionados, pero no registra actividades que permitan inferir experiencia directa en la construcción de infraestructura especializada para atención animal, un requisito que la Agencia Nacional de Contratación Pública define vital para el éxito de la obra pública, pues considera que la experiencia es la capacidad del proponente para ejecutar el objeto del contrato basándose en su historial. No obstante, ASOSUPRO aseguró que verificó el cumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos en el proceso.
Pero dentro del proyecto existen más dudas. Como ya se mencionó antes, el presupuesto oficial del Centro es de más de 3.370 millones de pesos. De este monto, $2.517.550.710 corresponden al costo directo de obra —es decir, materiales, mano de obra y maquinaria—. A su vez, el rubro de suministros (equipamiento) asciende a $43.586.919, equivalente aproximadamente al 1,3 % del total.
El restante, $755.265.213, corresponde a los gastos administrativos, desglosados en administración (24 %), imprevistos (1 %) y utilidad (5 %).
Ahora bien, ¿cuál es la duda? Que en algunos artículos podrían haber inconsistencias. Aun así, cabe señalar que en Inírida, los costos suelen ser entre un 30% y 50% más altos que en el centro del país debido al transporte fluvial o aéreo de materiales.
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La diferencia entre el valor presupuestado y algunos precios comerciales consultados plantea interrogantes sobre la forma en la que fue calculado el costo del ítem del transformador de 45 KVA, que el documento cotiza por $43.247.554. Por ejemplo, en la web de Inter Eléctricas se encuentra por cerca de $10.500.000. Si se suma el 50% de aumento que tendría por el traslado a Guainía, el valor sería de $15.500.000. A menos que el costo de transporte desde Bogotá o Villavicencio —las capitales más cercanas— sea extremo, el valor presupuestado supera ampliamente algunos precios comerciales consultados por este medio.
Cabe destacar que el precio de este aparato puede oscilar entre los $10.000.000 y $16.000.000 según la marca (Magnetron, Siemens, Rymel) y especificaciones técnicas como 13200 V/208-120 V.
Ante esto, ASOSUPRO aseguró que “el valor corresponde al análisis de mercado contenido dentro de los estudios previos y presupuesto oficial del proyecto entregado por la Alcaldía”.
Sobre esta situación, Leonardo considera que el análisis no puede limitarse al precio comercial del transformador. «A ello habría que agregarle los descuentos de ley en materia de tributos que manejan las entidades en la contratación», afirma.
Según explica, en su experiencia como contratista de prestación de servicios profesionales, las retenciones rondan el 13 %, aunque aclara que desconoce cuáles son los porcentajes que aplican en contratos de obra pública, compraventa o suministro —de hecho, depende del tipo de contrato, del régimen tributario del contratista y de las estampillas y tributos que aplique cada entidad territorial—. También sostiene que, en algunos procesos de contratación de la Gobernación, los presupuestos oficiales suelen fijarse por encima del precio comercial de los bienes para cubrir los costos asociados al proceso.
Otro punto que llama la atención aparece en el 30% asignado al A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad). Si bien no existe un tope legal estricto, este porcentaje adquiere otra dimensión, teniendo en cuenta que corresponde a más de $750 millones destinados a la “administración, imprevistos y utilidad” de una obra que fue suspendida temporalmente por el Ministerio del Trabajo debido a hallazgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
La distribución interna del rubro refuerza esa tensión, pues de los $755.265.213, cerca de $604 millones (24%) corresponden a “administración”, mientras que apenas $25 millones (1%) se reservaron para “imprevistos”.
Teniendo una inversión de más de $600 millones en administrar el proyecto, se podría poner en duda la forma en que se estaban gestionando las condiciones laborales en una obra que destina una proporción significativa de recursos al componente administrativo.
A esto se suma el punto técnico clave de destinar sólo 1% a imprevistos en un territorio como Guainía —con retos logísticos, climáticos y de transporte fluvial o aéreo—. Esto resulta, como mínimo, riesgoso. En contextos así, cualquier contingencia operativa puede agotar ese margen ($25.000.000) en cuestión de horas.
Cabe señalar que ASOSUPRO afirmó que ese 1 % fue el porcentaje ofertado por el contratista.
Como si fuera poco, muchos ítems de equipos médicos aparecen como «UND» (unidad) sin especificar marca, modelo o ficha técnica. Entre ellos figura un ecógrafo presupuestado en $9.600.000, pero la ausencia de especificaciones impide verificar si el equipo proyectado corresponde a los requerimientos de una clínica veterinaria especializada.
Ante esta duda, ASOSUPRO mencionó que: “Si bien es cierto dentro del presupuesto de suministros se encuentra contemplado dicho elemento por valor de $9.600.000; a la fecha no se ha realizado inversión sobre este ítem; en consecuencia, una vez se efectúe su adquisición, se podrá compartir la ficha técnica correspondiente del equipo”.
A pesar de la incertidumbre que rodea la obra, ya se desembolsó el 50% de la inversión —unos 1.689 millones de pesos— bajo la figura de anticipo.
Entonces, ¿Cómo se diseñó un centro de más de 3.370 millones sin contar con información actualizada sobre la población animal que atenderá, sin un estudio hidrológico específico del sector y sin protocolos operativos definidos para su funcionamiento?
La Alcaldía sostiene que, con corte al 30 de abril de 2026, la obra presenta un avance físico acumulado del 58,01 %. Pero, mientras la institucionalidad destaca los avances de la construcción, las organizaciones de protección animal insisten en que la discusión no debería centrarse únicamente en la infraestructura, sino también en la sostenibilidad operativa del proyecto y en las políticas de bienestar animal que lo acompañarán.
Los animales, que no eligieron nacer en el abandono ni sobrevivir en el olvido, siguen siendo los principales afectados por este entramado de decisiones institucionales. Mientras el Centro de Bienestar y Protección Animal continúa sin entrar en funcionamiento, cientos de perros y gatos permanecen expuestos al hambre, las enfermedades, el maltrato y los peligros de la calle. Una realidad que evidencia que, una vez más, quienes menos pueden defenderse terminan pagando el costo más alto.
Desde la perspectiva de Leonardo, el proyecto parece responder más a intereses humanos que a las necesidades reales de los animales en situación de abandono. Por ello advierte que, de no atenderse las observaciones técnicas que han planteado las y los activistas por los derechos de los animales, “este Centro de Bienestar Animal apunta a ser un posible elefante blanco. Amanecerá y veremos”.
