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Daniela y Nicolás, los rostros del flagelo del juvenicidio que una laguna no pudo ocultar en Cartago, Valle
–Decisiones de la Procuraduría y la autoridad ambiental del Valle del Cauca, reconocieron irregularidades en la actuación de funcionarios públicos y confirmaron la responsabilidad ambiental del municipio de Cartago por la intervención del humedal donde fueron hallados los cuerpos de Nicolás Aristizábal y Daniela Santiago Díaz, dos jóvenes desaparecidos en 2023.
-Estas mujeres y madres buscadoras de Cartago protestaron pacíficamente entre el 13 y el 15 de octubre en la Fiscalía General de la Nación.
-Entre 2019 y 2024 se registraron más de 102 personas desaparecidas en el municipio, 52 de ellas menores de 28 años.
-Estas mujeres y madres buscadoras de Cartago protestaron pacíficamente entre el 13 y el 15 de octubre en la Fiscalía General de la Nación.
-Entre 2019 y 2024 se registraron más de 102 personas desaparecidas en el municipio, 52 de ellas menores de 28 años.
A Nicolás Aristizábal, un joven de 17 años, le gustaba la libertad y andar por las calles de su pueblo, Cartago, en el Valle del Cauca, junto a su novia Daniela Santiago Díaz. Era un muchacho alegre y profundamente apegado a su madre, Lina Gómez.
La tarde del sábado 03 de junio de 2023, Nicolás llegó a su hogar y su mamá le preguntó ¿qué iba a hacer? a lo que respondió que iba a ir a una chiva rumbera. “Se duchó, se bañó, me pidió para la gasolina, me dijo que no se demoraba y salió”, recuerda Lina. Pero no llegó.
“La mamá de Daniela se comunicó conmigo para preguntarme si estaban juntos. Le escribí y no le llegaban los mensajes. Empecé a ubicar a los amigos y me dijeron que se habían quedado esperándolo”. Lo que siguió, según las familias, estuvo marcado por obstáculos y actuaciones que hoy son objeto de cuestionamientos institucionales. Una de ellas ocurrió incluso antes de que se perdiera el rastro de ambos.
Cuatro horas antes de la desaparición, agentes de la Policía Judicial ingresaron a la vivienda de Daniela, en el barrio Santa Ana Norte. Según las denuncias de las familias, los uniformados alegaron un “error de nomenclatura, se equivocaron de casa”, pasan al frente y realizan una captura en la acera de enfrente, relacionada con tres presuntos integrantes de la estructura criminal “Los Flacos”.
La posible relación entre ese procedimiento policial y la desaparición de Nicolás y Daniela no está establecida judicialmente. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación determinó en 2026 que la investigación disciplinaria adelantada contra cuatro uniformados había omitido analizar de manera integral esa posible conexión. Por esa razón, anuló lo actuado y ordenó rehacer el proceso.
Días después, la motocicleta de Nicolás apareció en las afueras de Cartago. Las familias denunciaron que agentes que acudieron al lugar, lavaron y movieron el vehículo, una actuación que, según ellas, pudo afectar la preservación de evidencias. Estos hechos forman parte de los cuestionamientos que rodean la investigación.
Ante lo que consideraron una respuesta insuficiente de las autoridades, Lina Gómez y Juan Pablo Santiago, padre de Daniela, asumieron parte de la búsqueda por sus propios medios.
“Yo me volví fiscal, policía, les hice todo el trabajo que les competía a los entes públicos y ninguno responde”, contó Lina.
Durante esos primeros días, las familias buscaron en distintos lugares hasta concentrarse en la laguna de la vereda Santa Ana. Con motobombas, palas y linternas, permanecieron durante días en el lugar. En agosto de 2023 encontraron los restos de Nicolás y Daniela, que estaban sumergidos y sujetos con piedras y alambres.
La intervención de la laguna
Después del hallazgo de los cuerpos, las familias continuaron reclamando que el lugar fuera preservado y que se investigaran otros posibles indicios. En octubre de 2023, durante la administración del entonces alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía, el municipio intervino el terreno con excavaciones, movimientos de tierra y disposición de escombros.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) investigó esa actuación y, mediante la Resolución 0100 No. 0770-9231 del 27 de julio de 2026, confirmó en segunda instancia la responsabilidad ambiental del Municipio de Cartago.
Según la decisión, la administración municipal realizó las intervenciones sin contar con las licencias o permisos ambientales requeridos. La autoridad ambiental estableció, además, que las obras redujeron el espejo de agua de la laguna en un 69 %, al pasar de 0,81 a 0,25 hectáreas, y afectaron más de una hectárea de la franja forestal protectora y dos hectáreas de suelo.
La CVC mantuvo una multa de $1.080.823.808 contra el municipio y las obligaciones de restauración del predio.
Para Lina y las familias agrupadas en la Asociación Madres Buscadoras de Cartago –ASOMADCA-, la intervención de la laguna afectó un lugar que consideraban fundamental para continuar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido con sus hijos. Ellas sostienen que la actuación de la administración dificultó esa labor.
La decisión establece responsabilidades por las infracciones ambientales y el daño causado al ecosistema. No determina por sí misma responsabilidades penales por la desaparición o muerte de Nicolás y Daniela: eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueves penales. La sanción respaldó las denuncias de sectores políticos y sociales que señalaban un presunto encubrimiento. Tras conocerse la ratificación del fallo ambiental, el diputado del Valle del Cauca Johny Acosta cuestionó la actuación de la administración saliente: “Teníamos razón: un alcalde dilianista tapó la laguna donde estaban los cuerpos de jóvenes desaparecidos y sin ningún permiso”.
Para el diputado, la intervención apresurada del humedal trasciende la falta de licencias y sugiere interrogantes sobre la investigación penal: “¿A qué le tiene miedo y qué más ocultó?”. Lina cuestiona también que la sanción económica recaiga sobre el municipio y, por tanto, sobre recursos públicos.
“El municipio no debe pagarlo porque van a salir los impuestos del bolsillo de los ciudadanos. Tiene que pagarlo el que tapó la laguna, el señor Víctor Álvarez”, expresa la lideresa.
La afirmación de Lina corresponde a su interpretación sobre quién debería asumir las consecuencias de la intervención. La resolución de la CVC establece la responsabilidad administrativa y ambiental del Municipio de Cartago; cualquier responsabilidad individual de funcionarios deberá determinarse mediante los procesos correspondientes.
Después del hallazgo de los cuerpos, las familias continuaron reclamando que el lugar fuera preservado y que se investigaran otros posibles indicios. En octubre de 2023, durante la administración del entonces alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía, el municipio intervino el terreno con excavaciones, movimientos de tierra y disposición de escombros.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) investigó esa actuación y, mediante la Resolución 0100 No. 0770-9231 del 27 de julio de 2026, confirmó en segunda instancia la responsabilidad ambiental del Municipio de Cartago.
Según la decisión, la administración municipal realizó las intervenciones sin contar con las licencias o permisos ambientales requeridos. La autoridad ambiental estableció, además, que las obras redujeron el espejo de agua de la laguna en un 69 %, al pasar de 0,81 a 0,25 hectáreas, y afectaron más de una hectárea de la franja forestal protectora y dos hectáreas de suelo.
La CVC mantuvo una multa de $1.080.823.808 contra el municipio y las obligaciones de restauración del predio.
Para Lina y las familias agrupadas en la Asociación Madres Buscadoras de Cartago –ASOMADCA-, la intervención de la laguna afectó un lugar que consideraban fundamental para continuar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido con sus hijos. Ellas sostienen que la actuación de la administración dificultó esa labor.
La decisión establece responsabilidades por las infracciones ambientales y el daño causado al ecosistema. No determina por sí misma responsabilidades penales por la desaparición o muerte de Nicolás y Daniela: eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueves penales. La sanción respaldó las denuncias de sectores políticos y sociales que señalaban un presunto encubrimiento. Tras conocerse la ratificación del fallo ambiental, el diputado del Valle del Cauca Johny Acosta cuestionó la actuación de la administración saliente: “Teníamos razón: un alcalde dilianista tapó la laguna donde estaban los cuerpos de jóvenes desaparecidos y sin ningún permiso”.
Para el diputado, la intervención apresurada del humedal trasciende la falta de licencias y sugiere interrogantes sobre la investigación penal: “¿A qué le tiene miedo y qué más ocultó?”. Lina cuestiona también que la sanción económica recaiga sobre el municipio y, por tanto, sobre recursos públicos.
“El municipio no debe pagarlo porque van a salir los impuestos del bolsillo de los ciudadanos. Tiene que pagarlo el que tapó la laguna, el señor Víctor Álvarez”, expresa la lideresa.
La afirmación de Lina corresponde a su interpretación sobre quién debería asumir las consecuencias de la intervención. La resolución de la CVC establece la responsabilidad administrativa y ambiental del Municipio de Cartago; cualquier responsabilidad individual de funcionarios deberá determinarse mediante los procesos correspondientes.
Una investigación disciplinaria que deberá rehacerse
La otra decisión conocida en julio de 2026 provino de la Procuraduría General de la Nación. El organismo declaró la nulidad absoluta de la absolución que había favorecido a cuatro miembros de la Policía Nacional: el mayor Julián Fabrizzio Ramírez Vigoya, el subintendente Fabio Ernesto Parra Chavarro y los patrulleros Juan Camilo Duque Manrique y Andrés Felipe Luna Cabello.
La Procuraduría no estableció en esta decisión que los cuatro uniformados fueran responsables de la desaparición de la y él adolescente. Lo que determinó fue que la actuación disciplinaria de primera instancia no había realizado una investigación integral sobre la posible relación entre el procedimiento policial del 03 de junio de 2023 y la desaparición ocurrida ese mismo día.
Según el fallo, la primera instancia tampoco incorporó ni valoró de manera suficiente las investigaciones penales relacionadas con el presunto abuso de autoridad y la desaparición forzada. Se ordenó entonces que el proceso fuera retomado por la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda y que se incorporaran las pruebas que habían sido omitidas.
El nuevo proceso deberá establecer si existió alguna responsabilidad disciplinaria de los uniformados y si hubo un nexo entre el procedimiento policial y la desaparición de los adolescentes. Por ahora, esa relación continúa siendo materia de investigación.
Tres años de búsqueda
Desde la desaparición de Nicolás y Daniela han transcurrido más de tres años. En ese tiempo, las familias denunciaron amenazas, organizaron protestas y crearon ASOMADCA, una asociación integrada por familias que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos.
“Detrás de cada hijo ausente, hay una madre valiente y seguiremos en la lucha mostrando todo lo que ha pasado”, ha dicho Lina.
La organización está integrada por once familias que también levantaron un mural en el barrio La Paz de Cartago con los rostros de sus seres queridos ausentes. Según las familias, su labor de búsqueda y denuncia les ha generado amenazas. Lina, además, tuvo que desplazarse de Cartago.
La otra decisión conocida en julio de 2026 provino de la Procuraduría General de la Nación. El organismo declaró la nulidad absoluta de la absolución que había favorecido a cuatro miembros de la Policía Nacional: el mayor Julián Fabrizzio Ramírez Vigoya, el subintendente Fabio Ernesto Parra Chavarro y los patrulleros Juan Camilo Duque Manrique y Andrés Felipe Luna Cabello.
La Procuraduría no estableció en esta decisión que los cuatro uniformados fueran responsables de la desaparición de la y él adolescente. Lo que determinó fue que la actuación disciplinaria de primera instancia no había realizado una investigación integral sobre la posible relación entre el procedimiento policial del 03 de junio de 2023 y la desaparición ocurrida ese mismo día.
Según el fallo, la primera instancia tampoco incorporó ni valoró de manera suficiente las investigaciones penales relacionadas con el presunto abuso de autoridad y la desaparición forzada. Se ordenó entonces que el proceso fuera retomado por la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda y que se incorporaran las pruebas que habían sido omitidas.
El nuevo proceso deberá establecer si existió alguna responsabilidad disciplinaria de los uniformados y si hubo un nexo entre el procedimiento policial y la desaparición de los adolescentes. Por ahora, esa relación continúa siendo materia de investigación.
Tres años de búsqueda
Desde la desaparición de Nicolás y Daniela han transcurrido más de tres años. En ese tiempo, las familias denunciaron amenazas, organizaron protestas y crearon ASOMADCA, una asociación integrada por familias que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos.
“Detrás de cada hijo ausente, hay una madre valiente y seguiremos en la lucha mostrando todo lo que ha pasado”, ha dicho Lina.
La organización está integrada por once familias que también levantaron un mural en el barrio La Paz de Cartago con los rostros de sus seres queridos ausentes. Según las familias, su labor de búsqueda y denuncia les ha generado amenazas. Lina, además, tuvo que desplazarse de Cartago.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a integrantes de estas familias. Estas medidas constituyen una acción de protección internacional y no implican, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal sobre los hechos denunciados.
Las desapariciones de jóvenes en Cartago
El caso de Nicolás y Daniela también se inscribe en un contexto de múltiples desapariciones denunciadas en Cartago.
Según cifras citadas por la revista CAMBIO, entre 2019 y 2024 se registraron más de 102 personas desaparecidas en el municipio, 52 de ellas menores de 28 años. Esos datos corresponden al periodo y a la fuente citada por la publicación y no permiten, por sí solos, establecer las circunstancias o responsables de cada desaparición.
Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han utilizado el término “juvenicidio” para describir lo que consideran un patrón de violencia contra jóvenes en Cartago y el norte del Valle del Cauca. El término corresponde a una categoría utilizada por estos actores para interpretar los hechos y no constituye una calificación jurídica establecida en este caso.
Investigaciones periodísticas, entre ellas una publicada por Baudó AP, han documentado otros casos de jóvenes desaparecidos en la zona y han señalado patrones que, según esa investigación, presentan similitudes con el caso de Nicolás y Daniela. También se han señalado a estructuras criminales como Los Flacos y La Nueva Generación como actores de violencia en la región. Las responsabilidades individuales y las posibles relaciones entre estos hechos deben ser establecidas por las autoridades judiciales.
Para las madres de ASOMADCA, encontrar a sus hijos e hijas no significó el cierre de la búsqueda. Aún reclaman recuperar los restos que consideran faltantes, esclarecer las circunstancias de las desapariciones y determinar quiénes fueron responsables.
Entre sus solicitudes está que la Fiscalía General de la Nación asigne las investigaciones a un despacho especializado, que se realice un estudio técnico e integral de la laguna para continuar la búsqueda de restos y que se investigue la eventual responsabilidad penal de quienes hayan participado en los hechos.
Desde el 13 hasta el 15 de octubre, estas mujeres estuvieron protestando de manera pacífica en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. “Nos llovió, se mojaron las carpas, nos enfermamos, pero nos manifestamos pacíficamente, bloqueamos de manera intermitente la vía y logramos hablar con el vicefiscal que nos dio una cita para el 10 de noviembre”, dice Lina.
Las desapariciones de jóvenes en Cartago
El caso de Nicolás y Daniela también se inscribe en un contexto de múltiples desapariciones denunciadas en Cartago.
Según cifras citadas por la revista CAMBIO, entre 2019 y 2024 se registraron más de 102 personas desaparecidas en el municipio, 52 de ellas menores de 28 años. Esos datos corresponden al periodo y a la fuente citada por la publicación y no permiten, por sí solos, establecer las circunstancias o responsables de cada desaparición.
Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han utilizado el término “juvenicidio” para describir lo que consideran un patrón de violencia contra jóvenes en Cartago y el norte del Valle del Cauca. El término corresponde a una categoría utilizada por estos actores para interpretar los hechos y no constituye una calificación jurídica establecida en este caso.
Investigaciones periodísticas, entre ellas una publicada por Baudó AP, han documentado otros casos de jóvenes desaparecidos en la zona y han señalado patrones que, según esa investigación, presentan similitudes con el caso de Nicolás y Daniela. También se han señalado a estructuras criminales como Los Flacos y La Nueva Generación como actores de violencia en la región. Las responsabilidades individuales y las posibles relaciones entre estos hechos deben ser establecidas por las autoridades judiciales.
Para las madres de ASOMADCA, encontrar a sus hijos e hijas no significó el cierre de la búsqueda. Aún reclaman recuperar los restos que consideran faltantes, esclarecer las circunstancias de las desapariciones y determinar quiénes fueron responsables.
Entre sus solicitudes está que la Fiscalía General de la Nación asigne las investigaciones a un despacho especializado, que se realice un estudio técnico e integral de la laguna para continuar la búsqueda de restos y que se investigue la eventual responsabilidad penal de quienes hayan participado en los hechos.
Desde el 13 hasta el 15 de octubre, estas mujeres estuvieron protestando de manera pacífica en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. “Nos llovió, se mojaron las carpas, nos enfermamos, pero nos manifestamos pacíficamente, bloqueamos de manera intermitente la vía y logramos hablar con el vicefiscal que nos dio una cita para el 10 de noviembre”, dice Lina.
Las decisiones de la Procuraduría y la CVC no resuelven todas esas preguntas. La primera ordenó rehacer una investigación disciplinaria por las omisiones que encontró; la segunda confirmó una sanción ambiental contra el Municipio de Cartago por la intervención del humedal. Los procesos judiciales deberán determinar, por separado, las responsabilidades que correspondan por la desaparición y muerte de Nicolás y Daniela.
Mientras tanto, las familias continúan buscando respuestas. En el mural de ASOMADCA permanecen los rostros de quienes todavía son nombrados como hijos e hijas ausentes. Para ellas, la búsqueda no terminó con el hallazgo de Nicolás y Daniela.
Lea también: El cementerio comunitario que guarda la memoria del conflicto armado en El Castillo, Meta
Mientras tanto, las familias continúan buscando respuestas. En el mural de ASOMADCA permanecen los rostros de quienes todavía son nombrados como hijos e hijas ausentes. Para ellas, la búsqueda no terminó con el hallazgo de Nicolás y Daniela.
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