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Denuncian bombardeo sobre finca que se encuentra en el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Cumaribo, Vichada
En la vereda Caño Cadá de Cumaribo (Vichada), las comunidades denuncian un bombardeo atribuido a la Fuerza Aérea Colombiana que destruyó la finca El Retiro, un predio sin presencia armada que avanzaba en la sustitución de cultivos ilícitos con la siembra de cacao.
En la vereda Caño Cadá, al sur del municipio más grande de Colombia, Cumaribo, del departamento de Vichada, la comunidad denuncia que al menos 48 impactos de bombas, presuntamente arrojados por la Fuerza Aérea Colombiana -FAC-, afectaron la finca de El Retiro, donde se cultivaba cacao y maíz, en el marco del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Los hechos ocurrieron el 05 de octubre de 2026, hacia la 1:00 de la tarde, donde según la Asociación de Colonos del Alto Vichada -ASOCOAVI-, el estruendo mortífero de una aviación militar que dejó a su paso la desolación.
El predio familiar entregado a la siembra de vida y paz, quedó reducido a cráteres de agua estancada y escombros, según denuncian organizaciones sociales. El fuego y la metralla borraron la vivienda familiar, la cocina, y los modos de vida con los que la comunidad intentaba germinar un futuro lejos de las economías ilícitas.
Cacao sepultado por bombas
El Retiro no era un campamento, afirman las comunidades: estaba vinculada al programa de sustitución voluntaria de cultivos. Apenas veinte días antes del ataque, técnicos y funcionarios del propio Estado habían visitado esa misma tierra para documentar la vivienda, caracterizar el predio y planificar la siembra de cacao.
Hoy, las familias que le apostaron a la paz se preguntan por qué la respuesta a su esfuerzo fueron toneladas de explosivos. El pasado 14 de octubre, una delegación de verificación comunitaria integrada por ASOCOAVI, recorrió la zona y confirmó la ausencia de cadáveres, armas o pertrechos militares; solo hallaron la devastación de la vida campesina.
En una de las parcelas vecinas, la denuncia de ASOCOAVI expresa que se sufrió hostigamiento militar. La familia de Oliverio Alvendaño e Irma, su esposa con ocho meses de gestación cuentan que fue retenido por tropas del Ejército durante unas tres horas, periodo en el que le retiraron su teléfono celular. Al recuperar el acceso a su hogar, sus víveres estaban destruidos, las gallinas muertas, la ropa tirada en el barro y la desaparición de $2.500.000 ahorrados y guardados dentro de la vivienda. Además Oliverio afirma haber sido amenazado con la desintegración de su hogar y la captura si no entregaba datos sobre supuestos grupos armados.
Tras el bombardeo, el pánico quebrantó la salud de Irma, obligando a coordinar su traslado de urgencia en ambulancia hacia el casco urbano de Cumaribo. Según la denuncia, las organizaciones sociales tienen indicios de que el operativo buscaba golpear a una disidencia de las FARC-EP atribuida a las estructuras de «Los Mordiscos», presencia que las comunidades de la vereda dicen desconocer en su territorio.
El Retiro no era un campamento, afirman las comunidades: estaba vinculada al programa de sustitución voluntaria de cultivos. Apenas veinte días antes del ataque, técnicos y funcionarios del propio Estado habían visitado esa misma tierra para documentar la vivienda, caracterizar el predio y planificar la siembra de cacao.
Hoy, las familias que le apostaron a la paz se preguntan por qué la respuesta a su esfuerzo fueron toneladas de explosivos. El pasado 14 de octubre, una delegación de verificación comunitaria integrada por ASOCOAVI, recorrió la zona y confirmó la ausencia de cadáveres, armas o pertrechos militares; solo hallaron la devastación de la vida campesina.
En una de las parcelas vecinas, la denuncia de ASOCOAVI expresa que se sufrió hostigamiento militar. La familia de Oliverio Alvendaño e Irma, su esposa con ocho meses de gestación cuentan que fue retenido por tropas del Ejército durante unas tres horas, periodo en el que le retiraron su teléfono celular. Al recuperar el acceso a su hogar, sus víveres estaban destruidos, las gallinas muertas, la ropa tirada en el barro y la desaparición de $2.500.000 ahorrados y guardados dentro de la vivienda. Además Oliverio afirma haber sido amenazado con la desintegración de su hogar y la captura si no entregaba datos sobre supuestos grupos armados.
Tras el bombardeo, el pánico quebrantó la salud de Irma, obligando a coordinar su traslado de urgencia en ambulancia hacia el casco urbano de Cumaribo. Según la denuncia, las organizaciones sociales tienen indicios de que el operativo buscaba golpear a una disidencia de las FARC-EP atribuida a las estructuras de «Los Mordiscos», presencia que las comunidades de la vereda dicen desconocer en su territorio.
Estigma e incertidumbre: la histórica disputa por la tierra en el sur del Vichada
A casi cuatro o cinco horas de camino desde la cabecera municipal de Cumaribo, en una geografía desconectada, sin señal telefónica y marcada históricamente por el abandono estatal, el conflicto armado sigue victimizando a las familias campesinas. Esta región, que en el pasado y todavía en el presente sigue siendo estigmatizada por conformar el llamado mediáticamente «triángulo de la coca», explican desde la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, ha sido el escenario de un constante esfuerzo comunitario por transformar su realidad.
Según el Monitoreo Integral de UNODC y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), en Vichada se formalizó la vinculación de 826 familias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la mayoría ubicadas en el municipio de Cumaribo, con más de 625 familias inscritas en los acuerdos individuales y colectivos.
Hoy la mayoría de estas familias, incluyendo la que habitaba El Retiro, se encuentran impulsando procesos de formalización ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la adjudicación y titulación de sus predios. Sin embargo, la persistente disputa por el control territorial por parte de actores armados y la falta de garantías institucionales vuelven a poner en grave riesgo la vida, la permanencia y el trabajo de estas comunidades.
«La casa quedó totalmente destruida, no había grupos armados alrededor, no había presencia de nada. Era muy extraño que haya sido sobre la casa«, señalan desde la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, al recalcar la perplejidad e impotencia ante la falta de explicaciones claras sobre la operación militar realizada en un predio netamente campesino.
A casi cuatro o cinco horas de camino desde la cabecera municipal de Cumaribo, en una geografía desconectada, sin señal telefónica y marcada históricamente por el abandono estatal, el conflicto armado sigue victimizando a las familias campesinas. Esta región, que en el pasado y todavía en el presente sigue siendo estigmatizada por conformar el llamado mediáticamente «triángulo de la coca», explican desde la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, ha sido el escenario de un constante esfuerzo comunitario por transformar su realidad.
Según el Monitoreo Integral de UNODC y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), en Vichada se formalizó la vinculación de 826 familias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la mayoría ubicadas en el municipio de Cumaribo, con más de 625 familias inscritas en los acuerdos individuales y colectivos.
Hoy la mayoría de estas familias, incluyendo la que habitaba El Retiro, se encuentran impulsando procesos de formalización ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la adjudicación y titulación de sus predios. Sin embargo, la persistente disputa por el control territorial por parte de actores armados y la falta de garantías institucionales vuelven a poner en grave riesgo la vida, la permanencia y el trabajo de estas comunidades.
«La casa quedó totalmente destruida, no había grupos armados alrededor, no había presencia de nada. Era muy extraño que haya sido sobre la casa«, señalan desde la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, al recalcar la perplejidad e impotencia ante la falta de explicaciones claras sobre la operación militar realizada en un predio netamente campesino.
Esta situación de vulnerabilidad para las comunidades de Cumaribo no es aislada ni imprevista. La Defensoría del Pueblo ha documentado de manera sistemática el riesgo latente para la población civil en sus Alertas Tempranas de Inminencia para el departamento del Vichada (entre ellas la Alerta Temprana 017 de 2024 y la Alerta Temprana 015 de 2025).
Según los informes, el sur del Vichada y la jurisdicción de Cumaribo sufren la reactivación y disputa de estructuras armadas ilegales que buscan el control de corredores estratégicos y de movilidad transfronteriza y fluvial. Entre los principales actores generadores de riesgo advertidos por la Defensoría en la zona se encuentran las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP (tanto frentes alineados con el Estado Mayor Central o «Los Mordiscos» como la Segunda Marquetalia) y el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los niveles de cumplimiento en la erradicación voluntaria por parte del campesinado inscrito en el PNIS superaron el 95% a nivel nacional y departamental. Sin embargo, los retrasos de varios años en la llegada del componente productivo y la falta de titulación de tierras ante la ANT crearon un ambiente de alta vulnerabilidad económica, aprovechado por grupos armados para disputar el control de los corredores transfronterizos.
Desde el Sur de Cumaribo y de Vichada, territorio históricamente azotado por el abandono estatal y la violencia, el campesinado levantó la voz para exigir respuestas concretas a la Fiscalía y a los organismos de control: ¿Quién dio la orden de bombardear un proyecto de sustitución? ¿En qué consistió la llamada «inteligencia militar»? Y, sobre todo, ¿cuándo se le devolverá la dignidad, la tranquilidad y la reparación a una comunidad que solo buscaba cultivar la paz?
Exigen también un informe oficial y transparente, esclarecer el objetivo militar, las unidades que participaron y los sustentos de la operación; investigación e indemnización, Evaluar los daños producidos a la vivienda y cultivos de cacao, e investigar la retención, despojo y amenazas a la familia campesina vecina; y garantías y protección: Medidas de seguridad urgentes para el campesinado que sustituye coca y que se le respete el derecho a la tierra y a la vida en el territorio.
Sergio Correa, personero de Cumaribo, expresó que desde esta entidad y con compañía de la Defensoría del Pueblo harán una visita al territorio el 30 de octubre. El Cuarto Mosquetero intentó comunicarse con la Fiscalía General de la Nación y con las Fuerzas Militares y el Ejército para obtener su versión de los hechos pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha recibido respuesta.
Lea también: Comunidad de La Macarena, Meta, denuncia un “falso positivo” y agresiones durante operativo del Ejército
Según los informes, el sur del Vichada y la jurisdicción de Cumaribo sufren la reactivación y disputa de estructuras armadas ilegales que buscan el control de corredores estratégicos y de movilidad transfronteriza y fluvial. Entre los principales actores generadores de riesgo advertidos por la Defensoría en la zona se encuentran las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP (tanto frentes alineados con el Estado Mayor Central o «Los Mordiscos» como la Segunda Marquetalia) y el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los niveles de cumplimiento en la erradicación voluntaria por parte del campesinado inscrito en el PNIS superaron el 95% a nivel nacional y departamental. Sin embargo, los retrasos de varios años en la llegada del componente productivo y la falta de titulación de tierras ante la ANT crearon un ambiente de alta vulnerabilidad económica, aprovechado por grupos armados para disputar el control de los corredores transfronterizos.
Desde el Sur de Cumaribo y de Vichada, territorio históricamente azotado por el abandono estatal y la violencia, el campesinado levantó la voz para exigir respuestas concretas a la Fiscalía y a los organismos de control: ¿Quién dio la orden de bombardear un proyecto de sustitución? ¿En qué consistió la llamada «inteligencia militar»? Y, sobre todo, ¿cuándo se le devolverá la dignidad, la tranquilidad y la reparación a una comunidad que solo buscaba cultivar la paz?
Exigen también un informe oficial y transparente, esclarecer el objetivo militar, las unidades que participaron y los sustentos de la operación; investigación e indemnización, Evaluar los daños producidos a la vivienda y cultivos de cacao, e investigar la retención, despojo y amenazas a la familia campesina vecina; y garantías y protección: Medidas de seguridad urgentes para el campesinado que sustituye coca y que se le respete el derecho a la tierra y a la vida en el territorio.
Sergio Correa, personero de Cumaribo, expresó que desde esta entidad y con compañía de la Defensoría del Pueblo harán una visita al territorio el 30 de octubre. El Cuarto Mosquetero intentó comunicarse con la Fiscalía General de la Nación y con las Fuerzas Militares y el Ejército para obtener su versión de los hechos pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha recibido respuesta.
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