Bonos de carbono en la Amazorinoquía: comunidades reclaman mayor información y participación en las decisiones sobre sus territorios

El auge de los bonos de carbono estaría llegando a los territorios indígenas y campesinos en medio de dudas sobre sus implicaciones sociales, ambientales y económicas.

El mercado de los bonos de carbono se ha convertido en uno de los mecanismos más promovidos por gobiernos, empresas y organismos internacionales para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, para muchas comunidades de la Amazorinoquía colombiana sigue siendo un concepto complejo de comprender, situación que limita su capacidad para tomar decisiones informadas sobre proyectos que pueden transformar sus territorios y formas de vida.

Así lo plantea la investigación Mercantilizar la vida: Mercados de carbono en la Amazorinoquía, presentada recientemente por un equipo interdisciplinario liderado por la ambientalista y feminista Andrea Echeberry. El estudio sostiene que el debate sobre estos mercados no puede reducirse a cifras sobre captura de carbono o compensación de emisiones, sino que debe incorporar la dimensión territorial, cultural y política de las comunidades que históricamente han protegido los bosques.

“Las comunidades que son quienes habitan estos territorios tienen muy poco acceso a la información completa sobre qué son estos bonos de carbono”, afirmó Andrea durante la presentación de la investigación en Villavicencio, realizada en días recientes.  

Comprender el carbono para entender los mercados

La investigación explica que para comprender cómo funcionan los bonos de carbono es necesario entender primero el papel que cumple el carbono en la naturaleza.

El efecto invernadero, recuerda el documento, es un proceso natural indispensable para la vida en la Tierra. Gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO₂) y el metano retienen parte del calor proveniente del Sol, permitiendo que la temperatura promedio del planeta sea cercana a los 15 grados centígrados. Sin este fenómeno, la temperatura rondaría los -18 °C, haciendo inviable la vida como se conoce.

El problema aparece cuando las actividades humanas alteran ese equilibrio. La quema de combustibles fósiles, la expansión del extractivismo y la deforestación han incrementado aceleradamente la concentración de gases de efecto invernadero, intensificando el calentamiento global.

Como señala el informe, aunque estos gases cumplen funciones ecológicas esenciales, cuando sus niveles aumentan por encima de lo normal provocan que una mayor cantidad de calor quede atrapada en la atmósfera, impulsando  la crisis climática.

La redistribución desigual de la crisis climática

La investigación también cuestiona la idea de que todos los países y actores son igualmente responsables de la crisis climática. Retomando planteamientos de la justicia climática, sostiene que quienes más contaminan no son necesariamente quienes enfrentan los mayores impactos ambientales y sociales.

Según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), durante 2023 el planeta alcanzó un nuevo récord al emitir 57,1 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, un aumento del 1,3 % frente al año anterior.

La mayor parte de esas emisiones provino de la quema de carbón, petróleo y gas, que alcanzó 37,8 gigatoneladas de CO₂, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Otro dato revelador es que 180 empresas concentran buena parte de las emisiones. Para identificar a los principales responsables, la investigación retoma los datos de Carbon Majors, una base de datos internacional que atribuye las emisiones acumuladas desde 1854 a grandes productores de combustibles fósiles y cemento.

El análisis evidencia una fuerte inclinación de la responsabilidad. Solo 36 entidades fueron responsables de la mitad de las emisiones mundiales provenientes de combustibles fósiles y de la producción de cemento durante el 2023. Además, apenas 20 actores concentraron el 42,7 % de las emisiones globales registradas ese año. Si se analiza el acumulado histórico desde el siglo XIX, más de un tercio de todas las emisiones puede atribuirse a únicamente 26 entidades.

Entre los principales emisores históricos aparecen compañías como ExxonMobil, Shell, Chevron, Coal India y Saudi Aramco.

La conexión con la Amazorinoquía

Aunque estas emisiones ocurren principalmente en otros países, la investigación advierte que sus efectos terminan conectándose con territorios como la Amazonía y la Orinoquía colombianas mediante el mercado de bonos de carbono.

“Encontramos que los mercados de carbono ya están transformando la Amazorinoquia. No son algo de un futuro lejano, están presentes seguramente en este departamento y en los cercanos”, advirtió Andrea, quien además, dentro de la investigación, confirmó que “el territorio no puede reducirse a una mercancía ni a una cifra de carbono. Para las comunidades indígenas y campesinas, el territorio no es solamente tierra o bosque, es memoria, espiritualidad, alimentación, cultura, movilidad, identidad y vida colectiva”.

Varias de las empresas identificadas por Carbon Majors como grandes emisoras también figuran entre las compradoras de créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Colombia. 

En la Amazorinoquía, estos proyectos se han centrado principalmente en iniciativas REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), como los de Matavén y Peliwaisi en Vichada, Kúvay Mäcärö Vidi en Vaupés, Dabucury en Guaviare, Monochoa en Caquetá y El Tigre en el Meta. 

Para la investigadora, la situación plantea interrogantes sobre el papel que cumplen estos mercados en la respuesta al cambio climático y sobre quiénes obtienen realmente los beneficios económicos derivados de la conservación de los bosques.

“Este tema se presenta únicamente como una solución ambiental o climática, sin embargo, cuando uno escucha las comunidades aparecen preguntas mucho más profundas (…) y es ¿Qué pasa con la autonomía territorial? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué implica realmente esos contratos que están firmando en los territorios? ¿Qué ocurre con las prácticas tradicionales? ¿Qué sucede con el control sobre el territorio a largo plazo?”, cuestionó Andrea. 

Comunidades reclaman información y participación

Uno de los principales hallazgos del estudio es que muchas comunidades indígenas y campesinas aún no cuentan con información suficiente para comprender el alcance de los contratos asociados a los proyectos de carbono. El uso de conceptos técnicos y jurídicos dificulta que conozcan plenamente los compromisos, beneficios y posibles restricciones que asumen al participar en estas iniciativas.

Esto coincide con lo relatado por Juan Carlos Ahué, indígena tikuna e integrante de la organización Aticoya, una de las organizaciones que denunció haber sido defraudada por el proyecto Ticoya en el departamento del Amazonas. En una entrevista con Climate Tracker, afirmó:

«Yo entiendo que esto debe ser un proceso largo, donde las comunidades deben conocer bien el proceso, leer el contrato… no correr. Aquí se hizo corriendo y por eso nos estrellamos.»

Incluso, autoridades tradicionales y representantes de 16 resguardos y cabildos indígenas del Putumayo, agrupados en la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Kichwa (AMPII-CANKE), manifestaron su rechazo a los proyectos de bonos de carbono en sus territorios. Según afirmaron, estos mecanismos han provocado:

«Diferentes formas de despojo del territorio, contaminación de fuentes hídricas, cooptación de líderes/as, desestructuración del tejidos social y comunitario, impunidad corporativa por parte de las empresas y daños acumulativos que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas «, además de representar una forma de mercantilización de la naturaleza que desconoce sus formas de gobierno propio y sus planes de vida. 

Por eso, la investigación concluye que el territorio no puede entenderse únicamente como un espacio para almacenar carbono. Para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas representa memoria, cultura, espiritualidad, alimentación e identidad colectiva, por lo que cualquier proyecto que modifique su manejo también puede transformar profundamente sus formas de vida.

En ese contexto, Andrea hace un llamado para que las decisiones relacionadas con los mercados de carbono incorporen procesos de información transparente, consulta efectiva y participación comunitaria, reconociendo el papel histórico de quienes han conservado los bosques mucho antes de que existieran los mercados ambientales.

“Entonces entendimos que no estábamos hablando solamente de carbono de conservación ambiental. Estamos hablando de formas de vida. Estamos hablando de relaciones históricas con el territorio, de autonomía comunitaria. Estamos hablando de pueblos que han protegido estos ecosistemas durante siglos y que hoy enfrentan nuevas formas de presión económica, territorial y comunitaria”, concluyó Andrea. 

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