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El Hatillo, Cesar: reasentamiento por minería de carbón de la empresa Drummond, 14 años después
El traslado de las familias de El Hatillo, Cesar, comenzó más de una década después de que el Estado ordenara su reasentamiento por los impactos de la minería de carbón. El proceso deja una historia de retrasos e incumplimientos y un documental audiovisual cuenta la historia de la comunidad antes y después de la llegada de la minería de carbón.
El 15 de mayo de 2026, la empresa Drummond entregó al municipio de El Paso, departamento de Cesar, los predios que quedaron libres después del traslado de las familias residentes del antiguo centro poblado de El Hatillo. Informaron que 200 familias fueron reasentadas individualmente y presentaron la entrega de los terrenos como parte del cumplimiento de su Plan de Acción de Reasentamiento -PAR-.
Pero ese acto llegó 14 años después de la fecha que inicialmente había establecido el Estado para que el traslado se hiciera efectivo. En 2010, el Ministerio de Ambiente ordenó el reasentamiento de El Hatillo debido a los impactos asociados a la actividad minera que rodeaba al centro poblado. El plazo fijado era de dos años. Sin embargo, el proceso se extendió durante la siguiente década y estuvo atravesado por discusiones sobre vivienda, tierras, salud, proyectos productivos, compensaciones y garantías para la participación de la comunidad.
Hoy, el traslado individual aparece como culminado para la mayoría de las familias, pero el proceso de reasentamiento no puede leerse únicamente como la entrega de una vivienda y la salida del antiguo centro poblado.
Un pueblo rodeado por carbón
El Hatillo estaba ubicado en el municipio de El Paso, en el centro del Cesar, en una zona donde durante décadas se expandió la explotación de carbón a cielo abierto. El informe El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras, elaborado por Pensamiento y Acción Social -PAS-, documentó cómo esa expansión transformó las condiciones de vida de la población.
La comunidad dependía, entre otras actividades, de la pesca, la agricultura y los jornales. El documento señala que la pesca prácticamente desapareció como fuente de sustento por las dificultades para acceder a las zonas pesqueras, la desviación del río y otros impactos asociados a la actividad minera. También registra una crisis alimentaria y problemas relacionados con el acceso al agua y la salud.
El reasentamiento fue una medida ordenada por el Estado frente a las afectaciones generadas en un territorio intervenido por la explotación de carbón. La Constitución establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que el Estado debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
La orden establecía un plazo que vencía en septiembre de 2012. Pero para entonces las familias todavía seguían en El Hatillo. El proceso continuó mediante mesas de concertación entre la comunidad, las empresas mineras y diferentes entidades estatales. Durante esos años se discutieron las condiciones para trasladar a las familias y restablecer sus medios de vida.
En las primeras reuniones aparecieron asuntos que mostraban que el problema era mucho más amplio que la vivienda. Se discutieron un fondo humanitario, una mesa de empleabilidad, atención en salud, cultivos, proyectos pecuarios y huertas. También hubo dificultades para definir el territorio al que sería trasladada la comunidad. En 2013, quienes representaban a la comunidad de El Hatillo reclamaron más tierras para los proyectos productivos, asesores independientes, acompañamiento psicosocial y una estrategia propia de comunicación e información.
El proceso terminó extendiéndose por años. La investigación de PAS revisó 1.841 documentos y 26.079 folios, además de entrevistas y registros de las reuniones. Su conclusión fue que las condiciones de la concertación estuvieron atravesadas por una marcada asimetría entre las empresas y la comunidad.
El Hatillo estaba ubicado en el municipio de El Paso, en el centro del Cesar, en una zona donde durante décadas se expandió la explotación de carbón a cielo abierto. El informe El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras, elaborado por Pensamiento y Acción Social -PAS-, documentó cómo esa expansión transformó las condiciones de vida de la población.
La comunidad dependía, entre otras actividades, de la pesca, la agricultura y los jornales. El documento señala que la pesca prácticamente desapareció como fuente de sustento por las dificultades para acceder a las zonas pesqueras, la desviación del río y otros impactos asociados a la actividad minera. También registra una crisis alimentaria y problemas relacionados con el acceso al agua y la salud.
El reasentamiento fue una medida ordenada por el Estado frente a las afectaciones generadas en un territorio intervenido por la explotación de carbón. La Constitución establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que el Estado debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
La orden establecía un plazo que vencía en septiembre de 2012. Pero para entonces las familias todavía seguían en El Hatillo. El proceso continuó mediante mesas de concertación entre la comunidad, las empresas mineras y diferentes entidades estatales. Durante esos años se discutieron las condiciones para trasladar a las familias y restablecer sus medios de vida.
En las primeras reuniones aparecieron asuntos que mostraban que el problema era mucho más amplio que la vivienda. Se discutieron un fondo humanitario, una mesa de empleabilidad, atención en salud, cultivos, proyectos pecuarios y huertas. También hubo dificultades para definir el territorio al que sería trasladada la comunidad. En 2013, quienes representaban a la comunidad de El Hatillo reclamaron más tierras para los proyectos productivos, asesores independientes, acompañamiento psicosocial y una estrategia propia de comunicación e información.
El proceso terminó extendiéndose por años. La investigación de PAS revisó 1.841 documentos y 26.079 folios, además de entrevistas y registros de las reuniones. Su conclusión fue que las condiciones de la concertación estuvieron atravesadas por una marcada asimetría entre las empresas y la comunidad.
Presión, saturación, dilación y omisión
La investigación identificó cuatro patrones en el proceso: presión, saturación, dilación y omisión. La saturación aparecía cuando la comunidad debía abordar simultáneamente asuntos complejos, como la caracterización de las familias y la selección del nuevo territorio. El documento recoge que quienes representan a la comunidad tenían tantas actividades que incluso tenían dificultades para reunirse con sus propios asesores.
La dilación fue identificada en asuntos como el diagnóstico de salud, la selección del nuevo territorio y la contratación de asesores. Para las personas investigadoras, en varios casos se discutían los temas en las mesas, pero su avance terminaba siendo mínimo o nulo.
La omisión se manifestó, entre otros aspectos, en la falta de garantías para quienes representan a la comunidad. La creación de una comisión de garantías fue discutida y aparentemente concertada, pero finalmente no contó con garantes requeridos. Según PAS, la combinación de estas situaciones produjo cansancio físico y mental, desmotivación, desarticulación de los lazos sociales y rechazo frente al proceso de reasentamiento.
Y aunque las empresas rechazaron la acusación de incumplimiento y sostuvieron que los tiempos habían sido concertados, la propia sistematización documentó que los retrasos fueron una constante en distintos componentes del proceso. La historia no se limitó a las discusiones entre la comunidad y las empresas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- ha realizado durante años seguimiento al proceso.
En 2018 se acordó finalmente el Plan de Acción de Reasentamiento. Para el tercer trimestre de 2019 se realizó el primer traslado individual de una familia de El Hatillo. Pero los avances fueron lentos. En documentos de seguimiento posteriores, la ANLA continuó registrando requerimientos y obligaciones para las empresas responsables.
La autoridad, por ejemplo, estableció en 2022 un programa para cumplir las obligaciones relacionadas con el reasentamiento colectivo de las familias que hubieran escogido esa modalidad. Allí quedaron previstas actividades como la adquisición de predios, el restablecimiento de viviendas e infraestructura comunitaria, medidas sobre el uso de la tierra y el recurso hídrico y la atención de las familias con diferentes formas de tenencia.
Es decir, el traslado de las familias no agotaba las obligaciones del reasentamiento. El propio esquema de seguimiento contemplaba indicadores para determinar posteriormente si los objetivos del proceso habían sido cumplidos. La entrega de los antiguos terrenos de El Hatillo al municipio en mayo de 2026 marca un momento importante. Las familias residentes ya no están allí y el antiguo centro poblado entra en una nueva etapa.
Pero quedan preguntas sobre qué ocurrió con aquello que no podía trasladarse en un camión: los medios de vida, las redes comunitarias, la relación con el territorio y las condiciones ambientales y económicas que hicieron necesario el reasentamiento.
Para la sistematización de PAS, un reasentamiento adecuado debía permitir que las familias recuperaran condiciones de vida relacionadas con salud, alimentación, empleo, vivienda, asistencia médica y bienestar. Por eso, la historia de El Hatillo no termina con la salida de las últimas familias ni con la entrega de los terrenos. El verdadero balance está en determinar si, después de más de una década de espera, el proceso consiguió restablecer las condiciones de vida que la comunidad perdió en un territorio transformado por la minería.
La ANLA mantiene el proceso de reasentamiento dentro de sus actividades de seguimiento y actualmente reporta que, de las familias censadas como residentes y sujetas al proceso, la mayoría ha culminado las etapas correspondientes.
La investigación identificó cuatro patrones en el proceso: presión, saturación, dilación y omisión. La saturación aparecía cuando la comunidad debía abordar simultáneamente asuntos complejos, como la caracterización de las familias y la selección del nuevo territorio. El documento recoge que quienes representan a la comunidad tenían tantas actividades que incluso tenían dificultades para reunirse con sus propios asesores.
La dilación fue identificada en asuntos como el diagnóstico de salud, la selección del nuevo territorio y la contratación de asesores. Para las personas investigadoras, en varios casos se discutían los temas en las mesas, pero su avance terminaba siendo mínimo o nulo.
La omisión se manifestó, entre otros aspectos, en la falta de garantías para quienes representan a la comunidad. La creación de una comisión de garantías fue discutida y aparentemente concertada, pero finalmente no contó con garantes requeridos. Según PAS, la combinación de estas situaciones produjo cansancio físico y mental, desmotivación, desarticulación de los lazos sociales y rechazo frente al proceso de reasentamiento.
Y aunque las empresas rechazaron la acusación de incumplimiento y sostuvieron que los tiempos habían sido concertados, la propia sistematización documentó que los retrasos fueron una constante en distintos componentes del proceso. La historia no se limitó a las discusiones entre la comunidad y las empresas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- ha realizado durante años seguimiento al proceso.
En 2018 se acordó finalmente el Plan de Acción de Reasentamiento. Para el tercer trimestre de 2019 se realizó el primer traslado individual de una familia de El Hatillo. Pero los avances fueron lentos. En documentos de seguimiento posteriores, la ANLA continuó registrando requerimientos y obligaciones para las empresas responsables.
La autoridad, por ejemplo, estableció en 2022 un programa para cumplir las obligaciones relacionadas con el reasentamiento colectivo de las familias que hubieran escogido esa modalidad. Allí quedaron previstas actividades como la adquisición de predios, el restablecimiento de viviendas e infraestructura comunitaria, medidas sobre el uso de la tierra y el recurso hídrico y la atención de las familias con diferentes formas de tenencia.
Es decir, el traslado de las familias no agotaba las obligaciones del reasentamiento. El propio esquema de seguimiento contemplaba indicadores para determinar posteriormente si los objetivos del proceso habían sido cumplidos. La entrega de los antiguos terrenos de El Hatillo al municipio en mayo de 2026 marca un momento importante. Las familias residentes ya no están allí y el antiguo centro poblado entra en una nueva etapa.
Pero quedan preguntas sobre qué ocurrió con aquello que no podía trasladarse en un camión: los medios de vida, las redes comunitarias, la relación con el territorio y las condiciones ambientales y económicas que hicieron necesario el reasentamiento.
Para la sistematización de PAS, un reasentamiento adecuado debía permitir que las familias recuperaran condiciones de vida relacionadas con salud, alimentación, empleo, vivienda, asistencia médica y bienestar. Por eso, la historia de El Hatillo no termina con la salida de las últimas familias ni con la entrega de los terrenos. El verdadero balance está en determinar si, después de más de una década de espera, el proceso consiguió restablecer las condiciones de vida que la comunidad perdió en un territorio transformado por la minería.
La ANLA mantiene el proceso de reasentamiento dentro de sus actividades de seguimiento y actualmente reporta que, de las familias censadas como residentes y sujetas al proceso, la mayoría ha culminado las etapas correspondientes.
Memorias de un territorio que ya no existe
Mientras El Hatillo entra en esta nueva etapa, su historia también está siendo reconstruida desde la memoria. El pasado 25 de agosto, en Bogotá, se presentó Memorias de Tierra, el último retrato de El Hatillo, un documental de 30 minutos dirigido por Juan Manuel Peña y producido por la Fundación Chasquis.
La película reconstruye la historia de la comunidad antes y después de la llegada de la minería de carbón y documenta las transformaciones que atravesó el territorio durante el proceso de reasentamiento. Su presentación ocurrió precisamente cuando el antiguo centro poblado ya fue desocupado y sus terrenos fueron entregados al municipio.
El documental hace parte de un proceso de documentación que durante años ha recogido fotografías, testimonios y registros audiovisuales de El Hatillo. Por eso, además de contar lo ocurrido, funciona como un archivo de un territorio que ya no existe como centro poblado.
La historia que queda registrada en Memorias de Tierra permite mirar el reasentamiento desde otra perspectiva: no solo como el traslado de 200 familias, sino como la transformación de una comunidad que durante generaciones construyó su vida alrededor de un territorio que terminó rodeado por minas de carbón.
Lea también: Corte Constitucional ordenó medidas urgentes para proteger por desplazamientos a la comunidad Jiw del Guaviare
Mientras El Hatillo entra en esta nueva etapa, su historia también está siendo reconstruida desde la memoria. El pasado 25 de agosto, en Bogotá, se presentó Memorias de Tierra, el último retrato de El Hatillo, un documental de 30 minutos dirigido por Juan Manuel Peña y producido por la Fundación Chasquis.
La película reconstruye la historia de la comunidad antes y después de la llegada de la minería de carbón y documenta las transformaciones que atravesó el territorio durante el proceso de reasentamiento. Su presentación ocurrió precisamente cuando el antiguo centro poblado ya fue desocupado y sus terrenos fueron entregados al municipio.
El documental hace parte de un proceso de documentación que durante años ha recogido fotografías, testimonios y registros audiovisuales de El Hatillo. Por eso, además de contar lo ocurrido, funciona como un archivo de un territorio que ya no existe como centro poblado.
La historia que queda registrada en Memorias de Tierra permite mirar el reasentamiento desde otra perspectiva: no solo como el traslado de 200 familias, sino como la transformación de una comunidad que durante generaciones construyó su vida alrededor de un territorio que terminó rodeado por minas de carbón.
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