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“Operación contundente” del Gobierno Nacional deja tres menores de edad asesinados en Guaviare
La Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño liderada por alias “Calarcá”, dejó diez personas muertas. Medicina Legal confirmó que tres tenían 15 y 16 años. Otro menor fue recuperado con vida.
Tres menores de edad murieron el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare cerca al río Inírida, en el segundo bombardeo ordenado por el gobierno de Abelardo de La Espriella. La operación, denominada Amón, fue contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes -EMBF-, grupo armado bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
El balance inicial presentado por el Gobierno hablaba de ocho integrantes de la estructura muertos. Tres días después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que había recibido diez cuerpos relacionados con la operación. Nueve de ellos ya habían sido plenamente identificados y uno permanecía en abordaje forense debido a su estado. De los nueve, cuatro correspondían a mujeres y cinco a hombres. Tres eran menores de edad.
El Ministerio de Defensa afirmó este lunes que se trataba de dos adolescentes de 15 años y uno de 16, a quienes calificó como “combatientes que se encontraban en función continua de combate». En la misma operación, según la cartera, fue capturada una persona y otro menor de edad fue recuperado y quedó bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.
Alejandra Gonzales, perteneciente a la Corporación Justicia y Democracia, explicó que nombrar a menores de edad de esta forma hace parte “de la ideología guerrerista de ‘combatientes ilegales’, ‘máquinas de guerra’, etc. Los niños y niñas son sujetos de especial protección, que además son víctimas, reclutamiento forzado, posiblemente a trata de personas. No están ‘en función continúa de combate’. Están obligados a estar en la guerra”.
El Estado está obligado a aplicar los estándares nacionales e internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes. Tiene que seguir la Convención sobre los derechos del Niño, el artículo 44 de la constitución y Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia que establece que son sujetos y sujetas de especial protección. “El gobierno se lava las manos y no puede hacer eso. Deben garantizar los derechos. Antes de los bombardeos deben de haber operativos de inteligencia para determinar cómo actuar y la última opción deben ser los bombardeos y por ende los asesinatos. Pero no les importa, es un gobierno que quiere resultados, que no ve a los niños y niñas como víctimas”, explica Alejandra.
El balance inicial presentado por el Gobierno hablaba de ocho integrantes de la estructura muertos. Tres días después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que había recibido diez cuerpos relacionados con la operación. Nueve de ellos ya habían sido plenamente identificados y uno permanecía en abordaje forense debido a su estado. De los nueve, cuatro correspondían a mujeres y cinco a hombres. Tres eran menores de edad.
El Ministerio de Defensa afirmó este lunes que se trataba de dos adolescentes de 15 años y uno de 16, a quienes calificó como “combatientes que se encontraban en función continua de combate». En la misma operación, según la cartera, fue capturada una persona y otro menor de edad fue recuperado y quedó bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.
Alejandra Gonzales, perteneciente a la Corporación Justicia y Democracia, explicó que nombrar a menores de edad de esta forma hace parte “de la ideología guerrerista de ‘combatientes ilegales’, ‘máquinas de guerra’, etc. Los niños y niñas son sujetos de especial protección, que además son víctimas, reclutamiento forzado, posiblemente a trata de personas. No están ‘en función continúa de combate’. Están obligados a estar en la guerra”.
El Estado está obligado a aplicar los estándares nacionales e internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes. Tiene que seguir la Convención sobre los derechos del Niño, el artículo 44 de la constitución y Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia que establece que son sujetos y sujetas de especial protección. “El gobierno se lava las manos y no puede hacer eso. Deben garantizar los derechos. Antes de los bombardeos deben de haber operativos de inteligencia para determinar cómo actuar y la última opción deben ser los bombardeos y por ende los asesinatos. Pero no les importa, es un gobierno que quiere resultados, que no ve a los niños y niñas como víctimas”, explica Alejandra.
Una operación presentada como un golpe militar
Según el Ministerio de Defensa, el ataque fue realizado de manera conjunta y coordinada por las Fuerzas Militares y la Policía contra tres zonas de campamento. La institución aseguró que la operación cumplió los estándares legales para este tipo de ataques y que, posteriormente, se realizaron los procedimientos correspondientes, entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal.
En el lugar, las autoridades reportaron la incautación de 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. El presidente Abelardo De la Espriella había presentado la operación como parte de la ofensiva de su Gobierno contra las estructuras armadas y señaló que los grupos que operan bajo el mando de alias ‘Calarcá’ no tendrían “escondite” en el territorio nacional.
Pero el resultado conocido tres días después abrió otra discusión: tres de las personas que murieron tenían menos de 18 años. El Ministerio de Defensa atribuyó la presencia de los adolescentes al reclutamiento y utilización de menores por parte de los grupos armados. Recordó que estas prácticas constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.
El reclutamiento de menores por parte de los grupos armados no es desconocido para el Estado. La Defensoría del Pueblo había advertido en la Alerta Temprana 001 de 2025 sobre los riesgos para la población civil derivados de la confrontación entre las estructuras de alias ‘Calarcá’ y ‘Iván Mordisco’, donde se incluyó a El Retorno entre los municipios afectados y se señaló expresamente el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Lea también: Crisis humanitaria y desplazamientos en Guaviare intensifican llamado del cese al fuego
En junio de este año, además, la propia Defensora del Pueblo estuvo en San José del Guaviare haciendo seguimiento a esa alerta y pidió a los grupos armados liberar a los menores de sus filas; en ese momento, la entidad informó que un enfrentamiento entre las dos estructuras había dejado 48 personas muertas, entre ellas 11 menores reclutados.
Esto plantea una pregunta sobre las medidas de precaución adoptadas antes del ataque: el Derecho Internacional Humanitario obliga a quienes planean y ejecutan operaciones a verificar, hasta donde sea factible, que el objetivo sea militar y a tomar todas las precauciones posibles para evitar o reducir las muertes de civiles.
Save the Children, ONG que trabaja por la protección de la niñez lanzó un comunicado de alerta donde hacen «un llamado urgente a los grupos armados para que cesen de inmediato estas prácticas, y al Estado para que fortalezca la prevención del reclutamiento y la protección de la niñez en los territorios afectados por el conflicto armado».
Según el Ministerio de Defensa, el ataque fue realizado de manera conjunta y coordinada por las Fuerzas Militares y la Policía contra tres zonas de campamento. La institución aseguró que la operación cumplió los estándares legales para este tipo de ataques y que, posteriormente, se realizaron los procedimientos correspondientes, entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal.
En el lugar, las autoridades reportaron la incautación de 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. El presidente Abelardo De la Espriella había presentado la operación como parte de la ofensiva de su Gobierno contra las estructuras armadas y señaló que los grupos que operan bajo el mando de alias ‘Calarcá’ no tendrían “escondite” en el territorio nacional.
Pero el resultado conocido tres días después abrió otra discusión: tres de las personas que murieron tenían menos de 18 años. El Ministerio de Defensa atribuyó la presencia de los adolescentes al reclutamiento y utilización de menores por parte de los grupos armados. Recordó que estas prácticas constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.
El reclutamiento de menores por parte de los grupos armados no es desconocido para el Estado. La Defensoría del Pueblo había advertido en la Alerta Temprana 001 de 2025 sobre los riesgos para la población civil derivados de la confrontación entre las estructuras de alias ‘Calarcá’ y ‘Iván Mordisco’, donde se incluyó a El Retorno entre los municipios afectados y se señaló expresamente el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
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En junio de este año, además, la propia Defensora del Pueblo estuvo en San José del Guaviare haciendo seguimiento a esa alerta y pidió a los grupos armados liberar a los menores de sus filas; en ese momento, la entidad informó que un enfrentamiento entre las dos estructuras había dejado 48 personas muertas, entre ellas 11 menores reclutados.
Esto plantea una pregunta sobre las medidas de precaución adoptadas antes del ataque: el Derecho Internacional Humanitario obliga a quienes planean y ejecutan operaciones a verificar, hasta donde sea factible, que el objetivo sea militar y a tomar todas las precauciones posibles para evitar o reducir las muertes de civiles.
Save the Children, ONG que trabaja por la protección de la niñez lanzó un comunicado de alerta donde hacen «un llamado urgente a los grupos armados para que cesen de inmediato estas prácticas, y al Estado para que fortalezca la prevención del reclutamiento y la protección de la niñez en los territorios afectados por el conflicto armado».
Vivamos Humanos, organización que hace seguimiento a los eventos violentos en el marco del conflicto armado interno y examina las principales violaciones a los Derechos Humanos -DD.HH.- e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- ha reportado que para el 24 de agosto, tres de las 13 operaciones del actual gobierno rompieron con estos principios.
En El Tambo, Cauca el 09 de agosto, en Tibú y San Calixto, Norte de Santander el 10 de agosto y Cajibío, Cauca el 14 de agosto. Según la organización, “estos operativos militares rompieron con todos los principios del Derecho Internacional Humanitario”.
En El Tambo, Cauca el 09 de agosto, en Tibú y San Calixto, Norte de Santander el 10 de agosto y Cajibío, Cauca el 14 de agosto. Según la organización, “estos operativos militares rompieron con todos los principios del Derecho Internacional Humanitario”.
