Aunque el Gobernador del Meta afirmó que los campesinos no necesitan coca para vivir, lo cierto es que, la realidad en el sur del Meta, específicamente en la región del Guayabero, es otra.
En la región del Guayabero, comprendida por el sur del Meta y norte del Guaviare, se ha venido presentando una crisis humanitaria en torno a los operativos de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, adelantados por el Ejército Nacional, desde mayo de este año. Por ello, las afirmaciones del Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga han causado múltiples reacciones, especialmente de los campesinos de la zona, quienes afirman que no son ciertas.
Dada la situación, el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, afirmó en el canal NTN24: “Estuve en La Macarena con el general Zapateiro, donde les dijimos a estos grupos ilegales, representados en unos campesinos que ellos presionan para que salgan a pedir que se retire el Ejército, que no se va a retirar el Ejército, que no aceptamos el discurso de que los campesinos necesitan sembrar coca para vivir”, fueron las palabras que causaron mayor rechazo en la zona.
Campesinos representando a las insurgencias
〤 Falso
Teniendo en cuenta dicha afirmación, algunos campesinos contaron a El Cuarto Mosquetero que, “si el Gobernador se asomara a esta zona miraría que aquí no tenemos ningunos lujos, las personas llegan aquí a sobrevivir” expresó Albeiro. Por el contrario, para Jeferson Parrado es el Gobierno el que termina llevándolos a dedicarse al cultivo de coca y rechaza que Zuluaga los exponga al afirmar que ellos representan a los grupos ilegales. “Nosotros estamos siendo obligados, no porque la guerrilla nos obligue sino el mismo Estado nos ha llevado hasta este punto. Venga Gobernador a estas tierras, nos está reprimiendo y enviando el poder militar, pero lo que necesitamos es inversión social, estamos dispuestos a un diálogo y a un cambio de economía (…) pero deje de tildarnos de guerrilleros, yo participé en una reunión y luego él en una entrevista nos tildó de guerrilleros”.
Posición que el mandatario reafirmó en sus redes sociales, luego de que una mina se activara afectando un campesino de Vista Hermosa: “Hemos denunciado que en el sur del Meta quienes están sembrando hoja de coca, también están sembrando minas antipersonal. El Ejército ha destruido más de 2.800 minas, pero hoy un campesino cayó en una de ellas y perdió sus dos piernas”.
Lo que para las comunidades del Guayabero no es sólo irresponsable porque podría convertirlos en objetivo militar de grupos paramilitares que operan en el departamento, sino que además no es cierto, inclusive las disidencias a través de comunicado del 15 de agosto del presente año, se atribuyen todo el accionar militar contra las fuerzas militares, pero además, mediante otro panfleto le informaron a la comunidad a partir de lo sucedido con el campesino herido por mina antipersonal, que no podían volverse a salir de los caminos, ya que habían minado toda la zona para enfrentar al Ejército Nacional, supuestamente por las violaciones de derechos humanos a “campesinos desarmados”.
El Espectador posteriormente buscó al Gobernador, quien reafirmó su posición e incluso señaló: “Cuando el marrano chilla es porque le aprieta el lazo”, agregó, que está de parte de los campesinos, pero no de “los narcotraficantes que nos quieren inundar de coca el sur del departamento y los campesinos están cansados de vivir en esa esclavitud”.
Si quiere leer más sobre la situación de violación de derechos humanos en el Guayabero:
Campesinos no necesitan sembrar coca para vivir
– Parcialmente cierto
La investigación “Sur del Meta: Territorio Amazónico” del 2005, asegura que en esta región “la coca se ha vuelto la principal fuente de ingresos para la población allí asentada y ha sido fundamental en la estructuración del territorio desde los primeros años de la década del ochenta del siglo anterior”.
El documento también revela que la coca subió tempranamente por los caños y los ríos desde el Guaviare hacia el Meta y, en particular, hacia la actual Área de Manejo Especial de La Macarena, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de los colonos antiguos y de los que en la pasada década del ochenta llegaron a pescar en el río revuelto de sus diversas bonanzas.
Es importante tener en cuenta que, en el país, hay familias que siguen subsistiendo de los cultivos de coca, especialmente donde no se ha invertido en carreteables ni proyectos sociales, lo que los ha llevado a sembrar este tipo de cultivos. Inclusive, en 1996, 240.000 familias se sublevaron bloqueando vías y haciendo ocupaciones en todo el país, después de intensas fumigaciones como resta en la revista El Círculo Vicioso del autor Martín Jelsma, quien en el año 2001 amplificaba el sentir de las comunidades quienes exigían una reducción gradual fijada a un periodo de varios años con planes rurales de desarrollo localizado. Ya que, aunque se han adelantado fumigaciones y erradicación forzada, sin garantías “los campesinos simplemente cortarán más árboles y sembrarán más coca” como concluía el gobernador de la época, Jorge Devia, debido a que las comunidades no dejaban de cultivar, sino que se iban adentrando a zonas poco habitables pues se oponían a irse a la ciudad a “pasar necesidades”. Lo que evidencia que lo que está sucediendo en la región del Guayabero y la dependencia del campesinado a los cultivos de coca no es un hecho aislado, sino persiste en la historia del conflicto armado en Colombia.
Por su parte la comunidad afirmó que son los cultivos de coca lo que les permite subsistir e inclusive tener la posibilidad de darle estudio a sus hijos. Por ejemplo, don Omar Cometa habitante de la vereda La Reforma, manifiesta que con la coca pudo darles estudio profesional a sus dos hijas. Así mismo, José Pineda de 73 años hace más de un año decidió erradicar su cultivo de coca por todos los conflictos que se han presentado con las fuerzas militares y decidió cultivar además del pancoger, cacao.
Esto lo pudo hacer ya que él logró darles estudio profesional a sus hijas antes de la erradicación y estas ahora les envían –a él y a su esposa- una remesa mensual para los gastos del mantenimiento del cultivo mientras ellos logran o comercializar el cacao o volver a sembrar coca. “A nosotros nos dijeron que cuando tuviera siete meses el cultivo, nos daban crédito y fuimos allá y nos dijeron que por ser zona roja no nos daban nada (…) nosotros quisimos cultivar cacao que para cambiar, pero parece que no se va a poder cambiar, los costos de todo son muy altos, es muy difícil no depender de la coca” nos explicó el único campesinado que se ha animado a cortar la dependencia de este cultivo, pero que sin la ayuda de sus hijas ya hace rato hubiera claudicado, quien además hizo un llamado al gobierno departamental y nacional, que si quieren realmente lograr que las y los campesinos dejen de sembrar coca para vivir, primero deben invertir en carreteables como la vía de Nueva Colombia a Puerto Rico, la cual les quedaría mucho más cerca que tener que dar la vuelta por San José del Guaviare.
En aproximadamente 52 años de conflicto armado que se ha vivido en Colombia, cientos de municipios han hecho el tránsito entre cultivar coca, amapola y/o marihuana a cultivos de pancoger, mora, cacao, entre otros; ligado al mejoramiento de la malla terciaria, a los carreteables en zonas rurales y en algunas ocasiones a la oportunidad de acceder a proyectos productivos sustentables. Sin embargo, en el Guayabero, las familias argumentan no contar con garantías para realizar una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y por ello siguen dependiendo del “cultivo maldito”, como se le conoce a la coca por estar ligada a la financiación de grupos armados y bandas delincuenciales.
“Los campesinos están cansados de vivir en esa esclavitud”
✓ Verdadero
A partir de la firma del Acuerdo de Paz, miles de campesinos del sur del Meta empezaron a acogerse al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, con el sueño de cambiar los cultivos de coca por proyectos productivos agrícolas y/o agropecuarios.
Según informe de UNODC a corte de 31 de octubre de 2019, se habían erradicado 2.478 hectáreas de coca en el Meta y había sido vinculadas al proceso 2.507 familias en La Macarena, 1.260 en Puerto Rico y 2.202 en Vista Hermosa, que evidencia la confianza que depositaron más de 5.000 familias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, para tener la posibilidad de cultivar productos lícitos en la región del Guayabero y/o zonas aledañas.
Sin embargo, otras familias de esta región decidieron no acogerse porque manifestaron que el proceso de sustitución debería hacerse de manera gradual y con garantías para tener cómo subsistir el tiempo en que empezaran los proyectos productivos a producir y a ser rentables, o de lo contrario no tendrían cómo suplir sus necesidades básicas, ya que lo primero que exigía el PNIS era la erradicación voluntaria.
Argumento que con el paso de los días se fue fortaleciendo ante el incumplimiento y retraso en lo pactado en el PNIS, que ha generado que múltiples familias hayan tenido que desplazarse e inclusive algunas, han vuelto a sembrar, ya que el cultivo de coca sigue siendo la única fuente de sustento que tienen familias con poco acceso de vías y de inversión social. Pero esto no significa que no quieran dejar de cultivar un producto que, en palabras de ellos mismos, simplemente sirve para suplir lo básico, pero no para amasar grandes fortunas. “La suerte no nos ha ayudado, estamos tal cual como llegamos (…) pero gracias a Dios si uno no come es porque no quiere, nosotros hemos aguantado hambre en muchas partes, pero aquí gracias a Dios no (…) yo se lo he dicho a la misma Ley, aquí sin vías toca vivir de lo que uno puede trabajar, porque con dos kilos en un bolso se va hasta muy lejos, pero con cosechas no vamos a ninguna parte ¿Cómo? sino hay vías de penetración” explicó a El Cuarto Mosquetero, Leonilde una campesina de 73 años de la vereda Nueva Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, la afirmación del gobernador Zuluaga de que los campesinos están cansados de vivir en la esclavitud, no sólo se ve reflejado en la masiva confianza que pusieron campesinos del sur del Meta en el proceso de sustitución -así desde el 2018 lo hayan hecho y a la fecha no les hayan cumplido en su mayoría-, sino que también representa el sentir de habitantes de la región del Guayabero que no se acogieron al PNIS.
“Somos dueños de la mata pero somos un obrero, si no trabajamos no nos va a quedar nada, todo el país sabe que nosotros los productores de la hoja de coca no nos queda sino las enfermedades de los insumos, porque la plata le queda es a quien la trafica” explica Héctor Parrado, quien además rechaza que Zuluaga los llame narcotraficantes, sentir además de toda la comunidad, quienes afirman que en la zona no hay grandes narcos ya que en su mayoría ninguno supera las dos hectáreas cultivadas. “Los que sí se benefician son los de la mafia, los que la trafican, ellos se bandean por las narices de los mandatarios ¿Y a ellos quién los persigue? A nosotros sí nos vienen a joder porque no tenemos con qué defendernos, somos campesinos” agrega Parrado, quien además reafirma que, si el Estado “viniera acá a darnos proyectos buenos y a darnos propiedad de nuestras tierras, créannos que nosotros no dudaríamos ni un minuto más para dejar de cultivar cultivos de coca”.
Mafias pagan por hectárea tumbada
〤 falso
El Meta hace parte de los departamentos que componen la extensa Amazonía colombiana. La zona sur hace parte del Área de Manejo Especial de La Macarena. Desde el Macizo de Sumapaz y la Cordillera de Los Picachos descienden los ríos Ariari y Guayabero ocupando la mayor parte de la región.
Actualmente, esta región de abismal valor ambiental, atraviesa una mala racha. Irónicamente, la pandemia que aisló a la humanidad en los cofines de sus viviendas, permitió que diferentes ecosistemas se recuperaran de los impactos generados por la intervención humana y que incluso animales que se mantenían ocultos ante la presencia del hombre, salieran a las calles y paisajes naturales desocupados.
Pero la Amazonía no corrió con esa misma suerte, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, pese a la cuarentena, la deforestación no cesó. Para el 15 de abril se habían deforestado más de 75.000 hectáreas de bosque en la Amazonia colombiana.
Este delito en la Amazonía colombiana estaría siendo perpetrado por industrias extractivas de minería y de petróleo pero también por organizaciones criminales diversas, como disidencias de las FARC, Los Puntilleros, entre otros grupos al margen de la Ley, según la Fiscalía General de la Nación. Estos actos están impulsados por actividades ilícitas como el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico en la Amazonía.
Dado este contexto, en un artículo de Semana Sostenible existe la siguiente afirmación, “según cifras extraoficiales de la Gobernación, en los primeros seis meses de este año fueron cercenadas más de 22.000 hectáreas de bosque por causa de la motosierra, cifra que en todo 2019 no superó las 23.000 hectáreas”. Así mismo afirmó que, “Por cada hectárea de bosque tumbada y quemada, las mafias pagan hasta cinco millones de pesos”
Intentamos comunicarnos con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, pero no hubo oportunidad de preguntarle directamente acerca de estas cifras extraoficiales. En su oficina de prensa nos dijeron que no habrá pronunciamientos nuevos y que se mantendrá lo que se ha dicho en los medios nacionales.
Sin embargo, los informes de las entidades encargadas de este monitoreo no arrojan información diferenciada que evidencie cómo ha sido el impacto en la región del Guayabero recientemente, donde además la tala siempre ha existido, pero que según la Fundación Paz y Reconciliación-PARES antes de la firma del Acuerdo de Paz era una actividad controlada por las FARC, quienes advertían a los campesinos que podrían talar cada tres meses una hectárea, media para cultivo de coca y media para cultivos de pancoger, pero que al no haber dicha regulación se ha disparado la deforestación. Asimismo, según PARES, solamente en el Guaviare se han talado en los últimos años 30.000 hectáreas, pero para cría de ganado vacuno.
No obstante, la deforestación no es como tal una realidad que se pueda negar y que será objeto de una futura investigación, pero lo que sí ha generado indignación no sólo en las comunidades involucradas, sino en las organizaciones sociales que han trabajado en la defensa de derechos humanos en el Guayabero y sur del Meta, es el argumento de la Gobernación del Meta en cabeza de Zuluaga, que a campesinos las mafias, específicamente las disidencias, son quienes les pagan por talar y un valor además elevado para lo que acostumbran a ganarse los cultivadores y/o recolectores de coca cada dos meses que dura el proceso.
“Eso es totalmente falso, a uno no le paga nadie nada, lo que uno se gana es lo que se hace a fuerza propia” explicó Parrado, quien además resalta que si a ellos les pagaran por sembrar coca no se vería montaña y selva “no sé qué estará pensando el Gobernador al decir que aquí le están pagando para que uno siembre, Virgen santísima, si a uno le pagaran 5 millones habría coca por todo lado”. Así mismo Albeiro explicó que “si eso fuera así, uno no estaría viviendo con una hectárea de coca o con media hectárea de coca, igual con 40 o 50 arrobitas cogidas. Si a mí me plantearan para sembrar harta coca, pues obviamente aquí no habría pobreza (…) aquí las personas solamente llegan a sobrevivir”.
Finalmente, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño San José, José Vicente Montoya, concluyó que el Gobernador “nos está poniendo una lápida en la espalda, porque ustedes están diciendo que la guerrilla nos está pagando para que nosotros tumbemos (…) además nosotros tumbamos un pedacito para sembrar lo que nos da la comida, sembrar comida, no para crear grandes latifundios”.
Los pronunciamientos del Gobernador Zuluaga en medios regionales ha causado gran rechazo no solo en los habitantes del sur del Meta, sino también en múltiples sectores, como lo evidencian las manifestaciones contra el abuso policial que se adelantaron en todo el país y que en la ciudad de Villavicencio, entre el pliego de peticiones se encuentra el rechazo contra el proceso de estigmatización y militarización que viven habitantes del Guayabero, ya que exigen que se cumpla lo pactado en la Habana y que la erradicación se haga de manera voluntaria y concertada.
Por: Lina Álvarez, Shirly Forero, Camila Huertas y Luisa Contreras. Equipo El Cuarto Mosquetero.
Fotografías: Lina Álvarez y Edilson Ariza.
