El pasado 28 de enero, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estableció la responsabilidad de ocho miembros del secretariado de la antigua guerrilla de las FARC-EP en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ordenar secuestros y omitir la gravedad de los tratos que padecieron las víctimas.
El secretariado de dicha guerrilla deberá responder por toma de rehenes, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado entre otros actos cometidos durante los secuestros.
Por medio de relatos de víctimas, firmantes de paz e informes de la Fiscalía General de la Nación y organizaciones sociales se logró conocer en 322 páginas el caso No.01 denominado ‘Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad comeditas por las FARC-EP’ donde se evidencia la forma en que operó este grupo al margen de la ley durante el conflicto armado en Colombia.
La Sala de Reconocimiento contó con el testimonio de 1.028 víctimas de las 2.456 registradas por secuestro, resaltando allí la vulnerabilidad de niños, niñas y mujeres. Quienes deberán reconocer o no la responsabilidad de sus actos son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. En caso de no reconocer su responsabilidad individual en estos hechos, podrán ser condenados hasta con 20 años de prisión.
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Uno de los motivos principales por los que realizaban estas tomas de rehenes, secuestros o también conocidas ‘pescas milagrosas’ a empresarios, políticos y funcionarios públicos, era con un fin económico, para garantizar así la financiación de su lucha armada, también para presionar el intercambio de guerrilleros presos y ejercer poder y control en diferentes territorios.
Tras conocerse la responsabilidad del secretariado en estos actos, las opiniones de diferentes líderes políticos a través de las redes sociales no se hicieron esperar, como el caso de Paloma Valencia quién fue enfática al decir que las personas involucradas en estos hechos que expuso la JEP no tienen la moral ni la ética para continuar en sus cargos. “Colombia empieza a ser de los países que tiene criminales de lesa humanidad como políticos”. a su paso aparecieron comentarios de quienes decían “refrescarle la memoria” a la Senadora mencionando a los militantes de su partido político, el Centro Democrático y los múltiples procesos abiertos que los investigan.
La presentación de este Auto ha sido considerada uno de los grandes pasos de la JEP que ayudará en el proceso de reconstrucción de memoria e historia de Colombia, pues cumple con la reparación de las víctimas del conflicto armado y el reconocimiento de la verdad. “Nosotros las víctimas de las Farc hemos acompañado el proceso de paz-la mayoría- y dimos la cuota inicial en el proceso de paz y esa cuota inicial es aceptar que nuestros verdugos no vayan a la cárcel, esto es algo que para nosotros es muy difícil porque todos tenemos sed de justicia, pero al mismo tiempo entendíamos que era la única manera para garantizar que lo que nosotros vivimos no lo fueran a vivir otros colombianos”. Fue el mensaje que envío Ingrid Betancourt; quien como víctima, apoya y cree en el proceso de paz.
Los miembros del secretariado cuentan con 30 días hábiles para reconocer de forma individual y colectiva los hechos cometidos, además de aportar evidencias y relatos que sumen al esclarecimiento de los miles de secuestros en el país.
Luego de este plazo establecido, se realizará una Audiencia de Reconocimiento donde se conozca la verdad plena y allí se dará las sanciones emitidas por el Tribunal de Paz, estas sanciones son consultadas a las victimas siendo incluidas y reparadas. En caso de que el secretario no acepte su responsabilidad este caso será enviado a la Unidad de Investigación y Acusación (UAI) de la JEP.
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Según la JEP, el mayor tiempo que una persona estuvo en cautiverio fueron 14 años. También identificaron que el 8.7% de las victimas de secuestro fueron desaparecidas y el 2.9% asesinadas y sus cuerpos entregados.
A la fecha el pueblo colombiano está a la espera de que se culmine el plazo para conocer la respuesta del secretariado de la extinta FARC-EP, dejando un antes y después para la historia de reconocimiento, memoria y perdón de un país violentamente golpeado por diversos conflictos.
