“No podemos aceptar que el Estado no cumpla con sus deberes de garantía y protección de los DDHH”: Yessika Hoyos, presidenta de CAJAR
Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), recibió un mensaje de texto con una amenaza que, según el colectivo, puede estar relacionada con el caso de la Masacre de Mondoñedo perpetuada en 1996.
No es la primera vez que integrantes del colectivo reciben amenazas que ponen en riesgo su integridad. En este caso, la intimidación fue recibida el pasado 22 de enero, pero desde los inicios del colectivo, hace más de 45 años, han sido víctimas de estigmatización y persecución.
El origen de sus amenazas puede estar relacionado con el caso de la Masacre de Mondoñedo
Esta masacre que aún está por esclarecer, aconteció en 1996, “porque empezaron a estigmatizar a unos jóvenes que estaban en la Universidad Distrital, algunos de ellos señalados de ser de la red urbana de las FARC en Bogotá”.
Según la abogada, a las y los jóvenes les hacen seguimiento, los infiltran y se les hace señalamientos: “los capturan de forma ilegal con intenciones claras de desaparecerlos, se los llevan a un lugar que todavía no está claro después de tantos años, los torturan y luego se los llevan hasta el basurero de Mondoñedo en donde indefensos, amarrados y torturados, los asesinan, riegan gasolina y prenden sus cuerpos con la firme intención de desaparecerlos”, relata Yessika Hoyos.
La madre y el padre de una de las víctimas, Alfonso Mora y Dolores Moncaleano, llegaron hace muchos años en medio de la búsqueda de su hijo Jenner Alfonso Mora. “Se descubre que quien hace toda esta operación es la DIJIN y es una operación coordinada, calculada y planeada por mucho tiempo”, explica Yessika.
En el desarrollo del caso, uno de los policías confiesa y acepta cómo fue toda esta operación. “A este policía de apellido Chitiva lo asesinan, asesinan a sus dos hijos y amenazan a varios familiares, entre ellos a Alfonso Mora, que tiene que salir exiliado para salvar su vida por unos años”.
También es asesinado el abogado de uno de los integrantes de la policía y amenazan a otra serie de testigos. En el 2013 y 2017 se condenan un excoronel y otros agentes que hacían parte de la DIJIN, quienes luego se acogen a la JEP, continuando su proceso desde este mecanismo de justicia transicional.
Desde el CAJAR se ha denunciado que los policías ya condenados por la justicia ordinaria no han contado toda la verdad. “¿Quiénes ordenaron estos crímenes? ¿Quiénes más sabían? ¿Quiénes estuvieron detrás? No lo han querido contar”, puntualiza Yessika.
Esta masacre duró dos días: en el primero capturan a varios jóvenes en diferentes lugares de la ciudad y en el segundo asesinan a otras dos personas. Según lo investigado por esta organización, los perpetradores utilizaron “armas y radios de teléfono de la DIJIN, todo esto utilizado desde la Policía para cometer estos crímenes de lesa humanidad y, sin embargo, a la fecha no han dicho el lugar a dónde los llevaron… Ellos dicen que no se acuerdan, pues esa historia no la podemos ni creer, ni aceptar”.
Las familias, por su parte, siguen reclamando la verdad plena sobre quiénes ordenaron la masacre.
Las amenazas a CAJAR y quienes defienden los DDHH no es un asunto nuevo
Los abogados y abogadas de CAJAR han sido víctimas de diferentes amenazas y hostigamientos, en diferentes ocasiones. “Hoy en día nos siguen diciendo que somos los abogados de las FARC, que somos terroristas y se nos sigue estigmatizando por reclamar que existan DDHH, por reclamar a la Policía Nacional y a todos los funcionarios que cumplan con su deber de protección a la población civil y garantizar nuestros derechos”, comenta Yessika.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR, fue fundado con el objetivo de defender los derechos humanos de la ciudadanía y promover su protección. Su creación fue en el marco de los tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay “en donde se estaban afectando los derechos de muchísimas personas que estaban siendo capturadas y juzgadas por militares”, cuenta Yessika.
Desde entonces, el CAJAR se ha dedicado a representar principalmente víctimas de crímenes de Estado, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Acompañan comunidades que defienden su territorio y se enfrentan a grandes multinacionales y promueven una salida negociada en el país porque “a través del diálogo, es como podemos superar el conflicto interno armado sin que haya más víctimas en el país”, explica Yessika.
Yessika Hoyos Morales llegó como estudiante de derecho CAJAR. Hizo parte de la Escuela de Auxiliares Jurídicos en la que trabajó por medio tiempo para que los abogados y abogadas en formación, aprendan cómo ser defensor o defensora de derechos humanos.
“Lastimosamente, en el país son muy pocas y muy pocos los abogados que quieren dedicarse a la defensa de los DDHH entre otras por la estigmatización que existe, entonces a mucha gente le da miedo y es totalmente entendible”, dice Yessika
Uno de los picos de persecución fue cuando existía el Departamento Administrativo de Seguridad DAS: “no sólo escucharon nuestras llamadas, sino que también se hizo seguimiento completo.” Tenían fotografías de hijos, niños, niñas de diferentes abogados y abogadas; les seguían a diferentes lugares del país y también a nivel internacional. Se pudo establecer cómo salieron amenazas terribles en contra de integrantes del colectivo, tenían incluso la copia de las llaves de la casa de uno de los abogados”. Incluso Yessika recuerda que el DAS tenía cuentas bancarias de abogados y abogadas de CAJAR. Este colectivo de abogados y abogadas, espera que en el presente año se emita la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sobre persecución y hostigamiento en su contra por parte del Estado colombiano. En la actualidad cuentan con un esquema de protección como medida cautelar de la CIDH.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en el país?
En Colombia la estigmatización contra los defensores y defensoras de DDHH sigue siendo una problemática latente. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional, y en lo que va corrido del 2024, ya son cinco las personas lideresas asesinadas en el país.
Las amenazas que recibió Yessika Hoyos no son un hecho aislado frente a la situación de riesgo que persiste ante quienes defienden la vida y por ende los derechos humanos.
Se espera que aumenten las medidas de protección porque: “las amenazas, los homicidios, la estigmatización en contra de defensores y defensoras que están en los territorios continúa”, manifiesta la defensora. También es crucial el papel de la Fiscalía para que realmente investigue de dónde vienen estas amenazas y quiénes son los responsables de los homicidios que se han cometido en los territorios.
No obstante, también es primordial el papel de los medios de comunicación para “que no repliquen la voz estigmatizante, sino que, al contrario, se rodee y se visibilice la labor importante de estos defensores y defensoras de DDHH”, y por ende sea abrazado su trabajo.
