Más de 40 familias desalojadas en Puerto Lleras, Meta

Más de 40 familias están siendo desalojadas violentamente por la Fuerza Pública en Puerto Lleras, Meta.
Según denunciaron las y los habitantes del predio denominado La Aruba ubicado en la vereda Charco 13 en zona rural de ese municipio, la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, ordenó el desalojo sin hacer una caracterización ni tener un plan de contingencia para estas personas que en su mayoría son víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado.
En el operativo -que inició ayer-, ya se han derribado varias de las viviendas de estas personas, a las que no les permitieron sacar sus pertenencias ni recuperar algo del material que los uniformados y otros representantes de la institucionalidad están destrozando.
De acuerdo con la alcaldesa de Puerto Lleras, Marly Gutiérrez, el desalojo es una orden judicial que se venía notificando desde el mes de noviembre.
“Para el proceso solicitaron acompañamiento de la administración en cuanto a Comisaría de familia, sicóloga, trabajadora social u enlace de víctimas”, agregó.
No obstante el campesinado de esta zona denuncia que tal acompañamiento no ha existido y que la respuesta por parte del gobierno local es ubicarlos en el parque principal de ese municipio a los adultos y jóvenes y enviar a los menores de edad y adulto mayores a hogares de paso, solución que rechazan vehemente.
Por su parte la Personería municipal señaló que pese a que ella y diferentes lideres y lideresas sociales se han opuesto a este desalojo que deja sin viviendas y “revíctimiza a estas personas desamparadas por el gobierno”, no ha sido posible que la SAE se eche para atrás.
Así mismo aseguró que hasta el momento no se han presentado altercados mayores y que es personal de la SAE quienes estarían derrumbando las casas y empacando las pertenencias en camiones, que están dispuesto a llevar los objetos dónde le indiquen las y los campesinos, sin embargo, estos no tienen dónde dejarlos.
Entre tanto, la Defensoría aseguró que presentará una acción de tutela para apoyar varias de las ya presentadas y que no hizo presencia en el territorio porque la SAE no les avisó a tiempo del operativo.
Estos desalojos obedecerían a los adelantados por la SAE a nivel nacional para recuperar predios que administran y han sido habitados para adelantar temas de restitución, agrarios, entre otros. Estos mismos operativos se han hecho en municipios del Meta como Restrepo que afectó a más de 100 familias y se creería que ocurra en Villavicencio en el sector de Caño Grande.

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