Según denunció la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, en medio de  desalojos irregulares en los  terrenos ancestrales de Puerto Gaitán, Meta, personal de La Fazenda disparó en contra de las comunidades indígenas.

Esta situación se da en medio de los procedimientos que involucra los intereses la colonia Menonita que habrían acumulado indebidamente predios colindantes con  el arraigo ancestral de los asentamientos indígenas de  San Rafael Warrojo, Sikuani, Tsabilonia, Barrulia y  Iwitsulibo que habitan esos territorios.

La problemática se intensificó desde el pasado 11 de marzo cuando al resguardo de San Rafael Warrojo llegó el coronel Muñoz de la policía de Puerto Gaitán, quien al parecer, en tono desafiante amenazó a las y los indígenas con desalojarlos al día siguiente en compañía de el ESMAD. En esa ocasión Muñoz habría llegado con supuestos funcionarios de la administración municipal que se negaron a identificarse.

“Incurre en abuso de poder y extralimitación de funciones, tomando parte de tal manera, que es el mismo coronel Muñoz quien está probando y argumentando, y no los supuestos querellantes; es el mismo coronel, quien de manera oficiosa lleva a cabo todo este ejercicio, usurpando como ya se mencionó funciones que no le competen, para de esta manera desconocer, desalojar y atropellar como es de costumbre a las comunidades indígenas, en el día de hoy”, señaló la Corporación Claretiana NPB, explicando que estas comunidades volvieron el 25 de enero de este año a recuperar los terrenos ancestrales de los cuales habían sido desplazados.

Pese a que el decreto 23333 de 2014 de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, protege el derecho que los pueblos originarios tienen  sobre estos predios y que la misma ANT le aseguró al gobernador indígena de San Rafael Warrojo que se ordenó no realizar procedimientos policiales; en estos momentos se adelanta desalojos violentos en esta zona.

“Hoy estas comunidades exigen – al Gobierno y la ANT-,  que les entreguen estas tierras […] y lo que hace el Gobierno es dar la orden de desalojo en muchos para vender las tierras argumentando que las tierras para las comunidades indígenas no las producen, lo cual, reitero que las comunidades indigenas hemos venido sostenido equilibradamente estas tierras para no maltratar a la madre naturaleza, eso es lo que hemos hecho milenariamente”, indicó Julio Chamavarri, líder indígena de Puerto Gaitán.

Así mismo, en el sector de Barulia el ESMAD y la fuerza pública hace presencia en el terreno desde temprano. En este punto, de acuerdo con lo dicho por testigos y testigos, fue donde el personal de seguridad de la empresa La Fazenda hizo disparos para amedrentar a las y los indígenas que habitan allí.

Comunidades han sido amenazadas por retornar al territorio

En varias ocasiones estas comunidades han intentado regresar a sus territorios pero han sido amenazadas por exadministradores o personas que aseguran tener título sobre los predios, por lo cual,  en 2018 la ANT emitió un Auto notificándole al entonces alcalde de Puerto Gaitán que se debía frenar todo procedimiento que se estuviera cursando y no tramitar lo que se presentara, sin embargo, como ya se mencionó, hoy adelantan operativos de desalojos en esta zona.

En  agosto de 2020, Luis Eliberto Jiménez, representante de la comunidad indígena San Rafael Warrojo recibió la llamada de Floresmino Salgado, quien afirmó que con sus abogados adelantaba un proceso para reclamar esos terrenos que le dio Victor Carranza como parte de pago por su trabajo como exadministrador de la finca La Cristalina y que además, impediría el ingreso de estos con las armas de “ser necesario”. Es de resaltar que Salgado fue capturado por financiar durante más de 15 años  la estructura delincuencial Libertadores del Vichada.

El 21 enero de 2021, Ernesto Martínez, alías “Cajuche”, reconocido por las comunidades por sus nexos con paramilitares, en compañía de uniformados de la Policía llegaron a esta zona a desalojar a las y los indígenas. El 26 de ese mismo mes, Martínez y otros seis hombres contratados por él tumbaron dos viviendas improvisadas que habían hecho la comunidad. En esos días, alias “Cajuche” amenazó señalando que si con la Policía no podían desalojarlos, “se tendría que hacer con otro grupo”. Más tarde, el 27 de enero, crimales habrían iniciado un incendio a la sabana, a 500 metros de donde habían decidido construir sus viviendas las y los indigenas.

Así mismo, estas poblaciones han denunciado ser víctimas de conductas racistas y excluyentes por parte de las autoridades locales.

La situación actual en Puerto Gaitán es incierta  pues existe una orden de desalojo que se ejecutará mañana 21 de enero desde las 8:00 a.m. que podría dejar sin su hogar a cientos de familias indígenas que años anteriores han sido desplazadas.