Este 8 de septiembre la Procuraduría General de la Nación informó que la exsecretaria de Hacienda de Villavicencio entre el 2016 y 2019, Dolly Forero García y el exdirector Técnico de Impuestos del municipio, Miguel Antonio Meneses Garavito, fueron citados a audiencia pública por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato sin especificar el valor de la cuantía.
“La Procuraduría Provincial de Villavicencio endilgó un primer cargo a la exsecretaria porque al parecer, asumió un compromiso con el abogado Jaime Orlando Tejeiro Duque, bajo el Contrato 1149 del 29 de abril de 2019, con una duración de ocho meses sin un posible valor específico, y sin la previa disponibilidad y registro presupuestal. La posible falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo”, aseguró el ente de control.
El contrato tenía como objeto la “prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Impuestos municipales de la Secretaría de Hacienda de Villavicencio en los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los impuestos”.
Respecto a este contrato, la Contraloría Municipal de Villavicencio, había dado a conocer en julio un informe en el que evidencia el detrimento por un monto superior a los 365 millones de pesos. Según el ente de control, efectuado el análisis la parte precontractual y ejecución de dicho contrato, queda en evidencia, que no existía la necesidad de la celebración de esta prestación de servicio, dado que el Municipio había adoptado una amnistía para los contribuyentes morosos de impuestos con rebajas hasta del 80% de los intereses.
el Ministerio Público busca establecer por qué los investigados habrían cancelado al abogado por concepto del contrato un valor de $321.831.627 por el período comprendido entre el 29 de abril al 28 de mayo de 2019
La falta de idoneidad del contratista, fue otro factor que evidenció la Contraloría, pues el abogado no goza de experiencia en cobro persuasivo y coactivo con entidades públicas y además por la exigencia técnica que se pedía como requisito no se podía celebrar con este tipo de persona natural.
Por otro lado, la Procuraduría endilgó un segundo cargo a Forero García porque presuntamente omitió elaborar los correspondientes pliegos de condiciones y agotar la convocatoria pública que permitía la pluralidad de oferentes en la selección del contratista, y más tratándose de la administración y manejo de tributos públicos, y por el contrario habría utilizado la modalidad de contratación directa definida como prestación de servicios, presunta falta calificada como grave, a título de dolo.
Además, el ente de control imputó un tercer cargo a la exsecretaria de Hacienda y al exdirector Técnico de Impuestos como supervisor por presunto detrimento al patrimonio del Estado, porque habrían certificado la ejecución del contrato con un acta de terminación anticipada, fechada del 21 de agosto y publicada en el SECOP el 28, sin que supuestamente se cumpliera a cabalidad y de manera integral con las 11 actividades pactadas con el contratista, entre las que se encontrarían: sustanciar procesos de cobro persuasivo, requerimientos a los deudores y asesorías.
Aunado a esto, el Ministerio Público busca establecer por qué los investigados habrían cancelado al abogado por concepto del contrato un valor de $321.831.627 por el período comprendido entre el 29 de abril al 28 de mayo de 2019, como constaría en el comprobante de egreso 7350, sin el cumplimiento del periodo pactado, ni la posible existencia de los soportes de las actividades previstas en la primera cláusula de éste, con lo que pudieron comprometer las finanzas del municipio, presunta falta calificada como gravísima, a título de dolo.
El ente de control al considerar que los cargos presuntamente endilgados a los exfuncionarios pueden constituir actos de carácter penal ordenará la compulsa de copias a la Dirección Seccional de la Fiscalía de Villavicencio para lo pertinente.
