Anteriormente, y debido a la clandestinidad de las interrupciones de los embarazos, la trazabilidad de las afectaciones en la salud mental quedaba en el campo del subregistro oficial. Ahora se presupone que ante el carácter legal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-existe un seguimiento riguroso relacionado con la salud mental de las personas que acceden a este derecho.
En Colombia se cumplen dos años tras el fallo histórico de la sentencia Causa Justa, la C-055 de 2022, en la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24 de embarazo, permitiendo que las mujeres, hombres trans y personas no binarias accedan a un aborto legal, libre y seguro sin ninguna berrera sobre esta decisión. Además, la sentencia C-355 de 2006 complementa la anterior, ya que garantiza la interrupción del embarazo bajo tres circunstancias: violación o incesto, peligro para la vida o la salud de la madre o malformación del feto.
La decisión tomada por la Corte Constitucional de Colombia marcó un antes y un después en materia de derechos sexuales y reproductivos, ya que abortar estaba penalizado bajo el marco del Código Penal. Estos avances permitieron el diseño de toda una ruta de atención para las personas con capacidad de gestar, que desean realizarse una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por parte del Estado.
En ese sentido, es importante revisar las consecuencias y establecer diferencias entre estas sentencias, como por ejemplo en la salud mental de las personas que se han sometido al procedimiento.
“A pesar del notable aumento de uso de anticoncepción en las últimas tres décadas, se estima que cada año ocurren 41 millones de abortos, cerca de la mitad en circunstancias inseguras. El número real de estos procedimientos en la región es desconocido por las características de clandestinidad, ilegalidad y penalización que le rodea en la mayor parte de países”, según el Protocolo de Prevención del Aborto Inseguro en Colombia.
La persona que solicita una IVE ante una entidad habilitada, es decir, dentro del marco normativo y por fuera de la clandestinidad, no está exenta de experimentar una serie de emociones durante todo el proceso de interrupción.
Abortar es un derecho en el territorio nacional, ahora bien, no quiere decir que las entidades lo garanticen de la manera correcta, teniendo en cuenta que dentro de todo el acompañamiento que se brinda durante la interrupción, no existe algún tipo de ayuda psicológica posterior al proceso, obteniendo como consecuencia personas que atraviesan por la depresión, ansiedad y cargan con un sentimiento de culpa por haber tomado dicha decisión.
“El proceso de mi IVE fue rápido, me dieron la primera cita y allí determinaron que la interrupción de mi embarazo se realizaría por medio de fármacos debido a la edad gestacional que tenía en ese momento. Días después de haber tomado los medicamentos llegaron los pensamientos de culpa y a cuestionarme si había tomado la decisión correcta.
Fueron horas de mucho llanto, de quedarme sin respiración porque sentía mucha culpa, a pesar de tener amigos que me apoyaban, nadie lograba dimensionar el dolor que estaba sintiendo, cansancio mental. No tuve ningún tipo de acompañamiento o control psicológico por parte de la entidad después de haber abortado”, Helena, una mujer que decidió realizar la interrupción voluntaria de su embarazo.
La revista British Journal of Psychiatry publicó un estudio científico desarrollado por Priscilla Coleman llamado “Aborto y salud mental: síntesis cuantitativa y análisis de investigaciones entre 1995 y el 2009”. En dicha investigación se recopilan 22 estudios, en los cuales se han evaluado 36 clases de enfermedades mentales en un total de 877.181 mujeres, 163.381 mujeres de la muestra total se realizaron abortos inducidos.
Las conclusiones de dicho análisis evidencian que las mujeres embarazadas que toman la decisión de abortar tienen el 81% de posibilidades de sufrir alguna dificultad respecto a la salud mental.
Si bien, hoy se conmemora dos años de una lucha constante del movimiento de mujeres y feministas para posibilitar el acceso a derechos fundamentales como el de la autonomía sobre los cuerpos, es importante señalar, que el Estado no garantiza una atención integral que contrarreste las posibles afectaciones en la salud mental, asociadas a la estigmatización que persisten aun cuando ya es ley, y que el camino por la despenalización social y cultural del aborto, es un desafío persistente.
El portal web de Profamilia en su sección de mitos y verdades, afirma que el aborto no causa trastornos psicológicos en las mujeres que recurren al bajo la sentencia C-355, pero “negar la realización de un aborto bajo condiciones seguras, a una mujer que está dentro de alguna de las tres causales aprobadas, sí produce consecuencias negativas en su salud mental y disminuye las condiciones que garantizan una calidad de vida óptima.
La condición de ilegalidad, la clandestinidad consecuente, la soledad y el silencio en que se practican los abortos en Colombia son las principales causas de sufrimiento y/o de sentimientos de culpa para algunas mujeres”.
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