
Dos periodistas y líderes sociales son declarados “objetivo militar” en Puerto López, Meta
José Adriano Reyes Jiménez y Apolinar Beltrán Villazón fueron amenazados a través de un audio que circuló en Puerto López y que les dio 48 horas para abandonar el municipio. Esta amenaza también iba dirigida a dos concejales, un abogado, un líder social y otras dos personas.
Un audio con amenazas contra ocho personas comenzó a circular en Puerto López, Meta, durante el lunes 10 de agosto. En la grabación, una voz habla sobre “limpieza social”, asegura tener identificadas a varias personas y les da un plazo de 48 horas para abandonar el municipio. De permanecer allí, advierte que serían considerados “objetivo militar”.
Entre las personas mencionadas están los periodistas José Adriano Reyes Jiménez, director de José 24/7 Noticias, y Apolinar Beltrán Villazón, de Revista La Nueva Conciencia. La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- señaló que ambos fueron declarados “objetivo militar” y que las amenazas podrían estar relacionadas con el cubrimiento y las publicaciones que han realizado sobre un proyecto de mantenimiento de la Vía 14, adelantado por la actual administración municipal.
También aparecen los concejales Jhon Ermel Ríos Cubillos y Carlos Ernesto Mogollón Martínez; el abogado y exconcejal Jaime Macías Hernández; Julio César Cruz Marón, Luis Tabares y Antonio Pino. La FLIP señala que, al igual que los periodistas, algunos de los concejales, abogados y líderes sociales mencionados se han pronunciado o han publicado información relacionada con el proyecto vial.
Desde la Alcaldía de Puerto López se emitió un comunicado en conjunto con la Policía Nacional en donde “se ha determinado preliminarmente que estos no corresponderían a actores criminales con injerencia en esta jurisdicción. Asimismo existen indicios de que la grabación pudo haber sido manipulada o generada mediante herramientas de inteligencia artificial, por lo que su autenticidad se encuentra en proceso de verificación.
La FLIP, sin embargo, advirtió que la posibilidad de que el audio haya sido generado o manipulado mediante inteligencia artificial no debe restar gravedad a las amenazas contra los periodistas ni impedir la activación de las rutas de protección. La organización pidió a la Policía realizar los monitoreos de seguridad correspondientes y a la Fiscalía investigar oportunamente las denuncias presentadas por Reyes y Beltrán.
El concejal Jhon Ermel Ríos Cubillos le dijo a El Cuarto Mosquetero que “automáticamente me di cuenta que la persona que hablaba en ese audio pues tenía como acento costeño y casualmente todas las personas que mencionaba ahí son personas que acá tienen una connotación de líder social o líder político y que hemos venido haciendo control político al actual alcalde de Puerto López, Pedro Velandia”.
Según explicó el concejal, las amenazas no son recientes: “aquí en Puerto López ya hemos puesto otras denuncias con anterioridad de otras amenazas, de otros actos extorsivos y de actuaciones contra la integridad física”.
El Alcalde de Puerto López, Pedro Velandia, le dijo a El Cuarto Mosquetero que envió “el audio a los sistemas para que se identifique la persona. Una de las hipótesis que se plantea es que sea alguien por molestar, pero genera miedo e incertidumbre en las víctimas. Ningún grupo armado se ha responsabilizado”.
Pedro Velandia negó tener cualquier responsabilidad y además explicó a este medio de comunicación que realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que fueron escuchadas las personas mencionadas en el audio. Sin embargo, el concejal Jhon Ermel Ríos Cubillos aseguró a este medio de comunicación que no fue convocado a esta reunión y, por tanto, no asistió.

Puerto López, nuevamente en el centro de las alertas
Las nuevas amenazas se conocen pocas semanas después de que una familia campesina de la vereda Nare denunciara un ataque en la finca La Primavera, en Puerto López. El 24 de junio, cinco personas, entre ellas una menor de 14 años, fueron agredidos y amenazados por hombres armados que, según su denuncia, les exigieron abandonar el predio. También reportaron la destrucción y quema de algunas de sus pertenencias.
La familia hace parte de la Asociación Regional de Víctimas del Conflicto Social y Población Desmovilizada para la Producción Agropecuaria -ASOREGVIC- y había sido reconocida como beneficiaria de un predio en el marco de la Reforma Agraria. La comunidad y organizaciones sociales rechazaron el ataque y pidieron garantías para las personas que adelantan procesos de acceso a tierras en el municipio.
Lea también: Violencia contra familia campesina beneficiaria de la Reforma Agraria en Puerto López, Meta
Puerto López tiene además una historia marcada por la presencia y el control de estructuras paramilitares. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó la actuación de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada -ACMV- en el municipio entre 1990 y 2005. Durante ese periodo, la estructura cometió múltiples victimizaciones contra la población civil y utilizó distintos repertorios de violencia para ejercer control territorial y poblacional.
Entre esas prácticas estuvo la llamada “limpieza social” o exterminio social, que, según el CNMH, representó el 61 % de los repertorios de violencia documentados en el accionar de las ACMV, seguida por los homicidios selectivos -39 %- y la desaparición forzada -37 %-. Para esta entidad, dichas acciones hicieron parte de una estrategia de intimidación de la población civil y de imposición de un orden paramilitar en la región. Aunque se trata de hechos ocurridos principalmente entre 1990 y 2005, este antecedente permite dimensionar una parte de su historia que ha estado marcada por la violencia y control armado en la que se inscribe Puerto López, en un municipio donde actualmente vuelven a conocerse amenazas contra personas con participación política, social y comunitaria.
Este contexto también incluye el asesinato del periodista y excandidato a la Alcaldía de Puerto López Hilton Eduardo Barrios, ocurrido el 26 de abril de 2024. Él dirigía el medio local Ciudadanías y había realizado denuncias sobre asuntos políticos y de interés público, fue atacado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta mientras se encontraba en un establecimiento del municipio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- registró su asesinato como un ataque contra un periodista y excandidato a la Alcaldía de Puerto López.
La FLIP documentó 469 agresiones contra 305 periodistas durante el año 2025. Las amenazas fueron la forma de violencia más recurrente, con 192 casos, equivalentes al 41 % del total registrado. Además, más de un centenar de periodistas fueron intimidados en 29 de los 32 departamentos. Como consecuencia de estos hechos , 14 periodistas tuvieron que desplazarse dentro del país y siete fueron exiliados.
Una situación similar enfrentan quienes ejercen liderazgos sociales y defienden derechos en los territorios. Indepaz registró 187 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en 2025, 14 casos más que el año anterior. Desde 2016, el observatorio contabiliza 1.891 asesinatos. La organización ha advertido que esta violencia no es aislada, sino que responde a dinámicas estructurales y puede ser utilizada para ejercer control político y social, mientras cuestiona la capacidad de las instituciones para garantizar la protección de quienes denuncian y defienden los intereses de sus comunidades.
Imagen principal: tomada de https://www.puertolopez-meta.gov.co/
Las nuevas amenazas se conocen pocas semanas después de que una familia campesina de la vereda Nare denunciara un ataque en la finca La Primavera, en Puerto López. El 24 de junio, cinco personas, entre ellas una menor de 14 años, fueron agredidos y amenazados por hombres armados que, según su denuncia, les exigieron abandonar el predio. También reportaron la destrucción y quema de algunas de sus pertenencias.
La familia hace parte de la Asociación Regional de Víctimas del Conflicto Social y Población Desmovilizada para la Producción Agropecuaria -ASOREGVIC- y había sido reconocida como beneficiaria de un predio en el marco de la Reforma Agraria. La comunidad y organizaciones sociales rechazaron el ataque y pidieron garantías para las personas que adelantan procesos de acceso a tierras en el municipio.
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Entre esas prácticas estuvo la llamada “limpieza social” o exterminio social, que, según el CNMH, representó el 61 % de los repertorios de violencia documentados en el accionar de las ACMV, seguida por los homicidios selectivos -39 %- y la desaparición forzada -37 %-. Para esta entidad, dichas acciones hicieron parte de una estrategia de intimidación de la población civil y de imposición de un orden paramilitar en la región. Aunque se trata de hechos ocurridos principalmente entre 1990 y 2005, este antecedente permite dimensionar una parte de su historia que ha estado marcada por la violencia y control armado en la que se inscribe Puerto López, en un municipio donde actualmente vuelven a conocerse amenazas contra personas con participación política, social y comunitaria.
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Imagen principal: tomada de https://www.puertolopez-meta.gov.co/

