A falta de información, la JEP hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.
Muchos agresores expresaron a sus víctimas la frase ‘Eso le pasa por ser mujer’ antes de perpetrar actos de violencia sexual en su contra. Así lo narra la magistrada Julieta Lemaitre de la Sala de Reconocimiento de la JEP, después de analizar numerosos testimonios recopilados por esta entidad, que, además, ha documentado agresiones dirigidas hacia la población de identidades de sexo y género diversas. Un fragmento de los 1.154 testimonios de víctimas de violencias sexuales escuchados por la Comisión de la Verdad – CEV, devela cómo el cuerpo de las mujeres en medio de la guerra, representa un trofeo en disputa por los actores armados que hacen presencia en sus territorios.
“El mismo Camilo Díaz me mandaba a llamar. Que tenía que ir, pues, obligada a donde él, y lo que él me quisiera hacer. Y yo, pues, siendo una niña, yo a negarme y a negarme. Y ya comenzó a tocarme el pelo, a tocarme el cuerpo… Y yo le decía que… que qué iba a hacer, o que pa’ qué necesitaba. Entonces él dijo: «No, pa’ que me acompañe.» Yo le decía que no, que, pues… Que estaba ocupada, que no podía acompañarlo. Entonces yo le dije: «Bueno, ¿de qué manera quiere que lo acompañe?» Entonces él me dijo: «No, es que usted va a ser mía, usted va a ser mi mujer.» Entonces yo ese día me agarré a llorar y entonces yo le dije no, que no porque yo era una niña y me daba miedo. Entonces me dijo que no le importaba, porque si yo había escogido esa vida tenía que aguantarme lo que él me quisiera hacer.
Ya pasó lo qué pasó… Ya él me cogió a la fuerza, todo eso. Ya después me violaba cada vez que él quería. Mandaba dos muchachos. O sea, era como una burla para él. No, eso fue, fue, fue terrible… Yo les decía que yo para hacer eso… Que mejor me mataran porque, pues, a toda hora era violándome, y me decían que, si llegaba a quedar embarazada, que ahí si me mataban. Y no. Gracias a Dios no quedé embarazada.”
Las mujeres y las niñas representan el 92,5% de actos en contra de la libertad y la integridad sexual. Pero además de esta violencia, el desplazamiento forzado, amenaza, exilio y tortura fueron los hechos más reportados por las mujeres. A través de su ejercicio de escucha, la CEV logró exponer uno de los crímenes más invisibilizados en el marco del conflicto armado. Según un informe de Amnistía Internacional en 2011, la violencia sexual dirigida hacia las mujeres por parte de diversos grupos armados aún no se ha evaluado adecuadamente ni recibe la atención requerida. El reporte afirma que las autoridades colombianas le siguen negando a las sobrevivientes de este crimen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
En los testimonios recopilados por esta organización, el factor común son las instituciones poco interesadas en reconocer y enfrentar el problema, y la falta de voluntad política para acabar con la impunidad. Doce años después, y, tras la firma del Acuerdo de Paz que permitió la creación de la CEV y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, los esfuerzos por visibilizar un crimen invisibilizado han aportado a transformaciones a nivel integral desde lo social e institucional, aunque el camino para que las mujeres consigan una vida libre de violencias sigue siendo largo.
La investigación “Ley de justicia y paz. Se perpetúa la impunidad de los crímenes sexuales y de género cometidos contra las mujeres”, de Liliana Chaparro, para el libro ¿Justicia desigual? Género y derechos de las víctimas en Colombia, enumera los porqués de las mujeres como dolientes diferenciales de las afectaciones que causa el conflicto armado:
- Son las principales sobrevivientes del conflicto y, por tanto, las principales denunciantes.
- Han sido víctimas directas de violencias relacionadas con su condición de género, que exige de las autoridades una mayor comprensión de los patrones socioculturales que subyacen a esas violencias.
- El conflicto las ha golpeado de manera diferencial y agudizada por su condición de género, que las expone a riesgos particulares y específicos. […] requieren de medidas de protección que tengan en cuenta su situación y sus necesidades particulares y, especialmente, que consideren las razones que han provocado su victimización y consecuencias.
De la escucha a la justicia
Es de reconocer la gran labor de escucha, esclarecimiento y visibilización de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado que hizo durante más de tres años la CEV, incluso se convirtió en la primera comisión de la verdad a nivel mundial en incluir un apartado dedicado a las mujeres y la población de identidades de sexo y género diversas, pero su trabajo -que era extrajudicial-, terminó en 2022, dejando a la sociedad colombiana el Informe Final que cuenta con el capítulo Mi cuerpo es la verdad, el cual expone la diversidad y extensión de la violencia patriarcal en el contexto de la guerra, así como las formas específicas y tangibles en que las mujeres y la población diversa experimentan este impacto.
Ahora, desde la perspectiva legal, la JEP tiene como responsabilidad contribuir a la justicia para las mujeres a quienes les arrebataron la dignidad en medio de un conflicto que no provocaron, una guerra entre figuras de poder, que usaron el cuerpo de ellas como botín de guerra.
De hecho, la JEP cuenta con una Comisión de Género creada para promover la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación contra la población de identidades de sexo y género diversas y evitar su exclusión, así como también la de mujeres y niñas, tanto en el proceso de administración de justicia para víctimas y comparecientes, como en el funcionamiento interno de este organismo independiente, pero constitucionalmente parte del Gobierno Nacional.
Pero fue hasta septiembre del 2023, tras seis años de su apertura, que la JEP anunció el Macrocaso 11 denominado “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano.”
La Sala de Reconocimiento de la institución definió tres subcasos:
i) Subcaso 1, Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP.
ii) Subcaso 2, Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública.
iii) Subcaso 3, Violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las FARC-EP.
La Sala ha registrado 35.178 víctimas de este tipo de delitos perpetrados por todos los actores armados, en incidentes que tuvieron lugar entre 1957 y 2016. Para los y las magistradas, estos no son simplemente casos aislados, sino comportamientos que se manifestaron de manera generalizada a lo largo del conflicto, que constituye el marco de investigación de la JEP. Estos actos tendrían como motivación principal la discriminación, el prejuicio, el odio y el menosprecio, fundamentados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad o expresión de género de la víctima.
La JEP considera que la violencia sexual fue empleada como una táctica de guerra. En este sentido, la investigación se enfoca “en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de las armas y el ejercicio del poder». El pronunciamiento fue dado por la magistrada Lily Andrea Rueda durante una rueda de prensa realizada en la sede de la institución.
Dada la magnitud del subregistro y los vacíos de información que existen sobre los hechos a investigar, la JEP hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que amplíen sus informes y continúen acompañando a las víctimas que deseen participar en el proceso judicial.
El activismo en el territorio
En 1997 llegaron a la región del Ariari los paramilitares conocidos como los Urabeños, que venían de la costa. “Como no tienen arraigo al territorio, arrasaron con todo y empezaron a ejercer la violencia sexual casi de manera sistemática, fue una cosa aterradora”, recuerda Nancy Gómez, fundadora de la Asociación El Meta con Mirada de Mujer y quien, de manera incansable ha acudido a ONGs e instituciones para presentar denuncias colectivas que evidencian la violencia basada en género sufrida por las mujeres en territorios afectados por el conflicto.
En 2015, relata, más de 100 mujeres denunciaron la violencia sexual ante las entidades territoriales. “La misma institucionalidad del departamento del Meta negó que hubiese habido violencia sexual. Nos tocó hacer una defensa fuerte y ahí fue donde se hizo la primera denuncia colectiva a nivel nacional de víctimas de violencia sexual.”
Además, pese a que el gobierno colombiano había implementado algunas medidas legales relacionadas con los derechos de las víctimas para facilitar su acceso a la justicia, estas intervenciones preventivas y legales no resultaron suficientes. Esto se debió a que las víctimas evitaban denunciar por miedo. Además, existían delitos que no estaban debidamente tipificados, como la desnudez y el aborto forzado, la esterilización, así como otras formas de violencia sexual. En casos donde las pruebas no eran concluyentes, los perpetradores de los hechos quedaban impunes, lo cual iba en contra de lo establecido por el régimen probatorio.
La lucha que impulsa la dignidad
Con sus años de experiencia en la lucha por la eliminación de las violencias basadas en género, Nancy considera que la apertura del Macrocaso 11 fue producto de la resistencia colectiva de las mujeres durante los diálogos en La Habana, “Nosotras, las mujeres víctimas de violencia sexual, llevamos documentos a Cuba insistiendo en cómo había sido la violencia sexual. Se documentaron casos, se hicieron denuncias colectivas en donde yo creo que más de dos mil mujeres denunciamos. Entonces la JEP se vio obligada porque era una deuda que había con nosotras”, afirmó.
Y es que, la JEP inauguró su último macrocaso el 15 de julio de 2022, centrándose en la investigación de los delitos cometidos por las extintas FARC, tras tres años de inactividad en la apertura de nuevos procesos. Este paso se dio como respuesta a las observaciones presentadas por víctimas, organismos gubernamentales y diversas organizaciones, que destacaron la necesidad de abordar de manera específica la violencia basada en género. Fue así como la entidad consideró que estos eventos podrían configurar patrones distintos a los que se estaban investigando en otros macrocasos, justificando con esto la apertura de una investigación independiente.
De esta manera, la violencia de género se suma a otras amplias investigaciones, como los casos de secuestro, los asesinatos de civiles conocidos como «falsos positivos», la victimización de la Unión Patriótica, el reclutamiento de niños y niñas, y los crímenes contra comunidades étnicas, entre otros.
Y no solo el Macrocaso 11 es un logro del movimiento de mujeres junto a otras organizaciones en Colombia. Gran parte de los reconocimientos en el marco legal con respecto a las violencias basadas en género han sido producto de las luchas colectivas que impulsan las mujeres movidas por la indignación y el anhelo de dignidad que les es arrebatada en medio de un sistema que las invisibiliza, quizá más que las crueldades que se ejercen contra ellas, cuando su germen proviene de un conflicto armado interno.
Por ejemplo, en noviembre del 2020, la Alcaldía de Villavicencio, en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, anunciaron la posible construcción de un centro de salud especializado en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Colombia. Esta propuesta se logró gracias al trabajo en alianza de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Unidad, la OIM y la fundación Denis Mukwege, un médico congoleño que ganó el Nobel de Paz por su labor en el Hospital Panzi en Bukavu, el cual fundó y donde se especializa en el tratamiento de las mujeres que han sido violadas por las fuerzas rebeldes durante la guerra de Kivu y posteriores conflictos desarrollados en la República Democrática del Congo.
Con el cambio de administración municipal, el proyecto está en veremos, pero se espera que el lugar sea una realidad y pueda “habilitar y cualificar la participación de las víctimas a través de acciones y actividades con carácter reparador para víctimas de violencia sexual que no son el resultado de una decisión judicial ni administrativa”, dice un comunicado de la JEP.
Retos
En el contexto colombiano, las víctimas de violencia basada en género tienen retos significativos en la búsqueda de justicia y reparación. Estos son algunos de los desafíos clave que propone Nancy y que enfrentan las víctimas de violencia basada en género durante el conflicto armado, los cuales destacan la importancia de abordar estas problemáticas de manera integral:
- Garantizar la reparación integral de las mujeres afectadas, priorizando su bienestar y salud.
- Establecer una base de datos que registre a las víctimas de violencia basada en género, asegurando un seguimiento efectivo de su proceso de atención y reparación para evaluar la suficiencia de las medidas recibidas.
- Asegurar que Medicina Legal realice valoraciones médicas, teniendo en cuenta las secuelas físicas derivadas de abusos sexuales y/o físicos.
- Garantizar el acceso oportuno al aborto, especialmente para los y las hijas concebidos a raíz de abusos sexuales, con el objetivo de prevenir su repudio y desprotección.
- Exigir que las y los funcionarios públicos adopten un enfoque de derechos humanos y de género, cumpliendo rigurosamente con las leyes destinadas a erradicar las violencias basadas en género, con la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
- Proponer el traslado de las Comisarías de Familia de la rama ejecutiva a la judicial, garantizando una administración independiente de las estructuras municipales y asegurando una mayor garantía de justicia.
El Macrocaso 11 es pertinente dado que el reconocimiento de la violencia basada en género es un paso crucial para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas. Especialmente a mujeres, quienes han sufrido traumas físicos y psicológicos a causa de esta violencia, y, por tanto, es responsabilidad del Estado reconocer y abordar estas injusticias.
Además, con la apertura de este macrocaso, se espera prevenir la impunidad, pues al admitir la existencia de estos actos, la institucionalidad daría un mensaje claro de que no tolerará la violencia de género y que buscará la rendición de cuentas para los responsables.
Esto, sumado a la visibilización y transformación cultural, podría llevar a un mayor entendimiento de los patrones de violencia de género y crear conciencia sobre la necesidad de prevenir futuros casos, aportando a la construcción social que abrace la igualdad de género y repudie la violencia contra las mujeres.
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