El futuro se construye con ellas
En 2027 se cumplen siete décadas desde que las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto en Colombia, en diciembre de 1957. Desde entonces, en el país se han dado importantes avances normativos e institucionales en materia de igualdad; sin embargo, la consolidación de una ciudadanía plena para las mujeres sigue siendo un proceso de no acabar, especialmente cuando se trata de acceder a espacios de poder y toma de decisiones.
Esa realidad es palpable en los territorios. Para Marina Sanmiguel, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – Capítulo Meta, participar en política continúa siendo un reto marcado por profundas desigualdades.
«La participación política es difícil, es difícil luchar contra hombres. De pronto acá en la ciudad, las que ya tienen un poquito de cancha pueden abarcar un poquito, pero si hablamos en lo rural, es bastante difícil porque no hay garantías de participación».
En las palabras de Marina está la evidencia de que el derecho a participar no se agota en la posibilidad de ocupar un espacio o tener voz, sino que también requiere garantías, condiciones materiales y oportunidades reales para incidir en las decisiones. Este desafío está presente en el Acuerdo Final de Paz, que incorporó compromisos para fortalecer la participación política de las mujeres y avanzar en la eliminación de las barreras que históricamente han limitado su liderazgo. Para hacer seguimiento a estos compromisos, el Plan Marco de Implementación (PMI) contempla indicadores de género que permiten observar qué se está haciendo, qué avances se registran y qué aspectos siguen pendientes.

Una paridad simbólica

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, las mujeres ocuparán apenas el 29 % de las curules del Congreso durante el periodo 2026-2030, mientras que los hombres representarán el 71 %.
Además, la representación femenina no aumentó frente al Congreso anterior. Para la Defensoría, esto evidencia que, pese a los avances en materia de igualdad política, el país permanece lejos de alcanzar la paridad, entendida como una participación equilibrada del 50 % entre mujeres y hombres en los espacios donde se toman las decisiones públicas.
Para Marina, esta realidad también refleja una participación que, en muchos casos, sigue siendo simbólica. «Es como ese tema de que colocan a las mujeres más para llenar un espacio, pero no para apoyarlas a hacer un proceso político real», dice.
Las brechas se profundizan cuando se analizan desde un enfoque interseccional. Según la Defensoría del Pueblo, la representación de mujeres pertenecientes a pueblos étnicos pasó de siete congresistas a solo cuatro, una disminución cercana al 43 %. A ello se suma que ninguna mujer resultó elegida en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), pese a que la participación de candidatas fue prácticamente paritaria.
Aunque las medidas afirmativas y las cuotas de género han contribuido a que más mujeres se postulen a cargos de elección popular, la Defensoría advierte que esos avances aún no se traducen en una representación política equitativa. Después de más de dos décadas de implementación de estas medidas, Colombia continúa sin alcanzar el estándar internacional de paridad.
Escucha mientras lees
Igualada, de La Muchacha, resignifica una palabra que durante décadas fue utilizada para descalificar a las mujeres que desafiaban el orden establecido. Hoy se ha convertido en un himno de resistencia, dignidad y participación política desde los territorios. Mientras avanzas por este capítulo, la canción acompaña esas voces de mujeres que, sin haber provocado la guerra, asumieron la tarea de reconstruir sus comunidades.
Un conflicto que no causaron, pero que las hirió profundamente
El tomo Mi cuerpo es la verdad, del Informe Final de la Comisión de la Verdad, advierte que, aunque las mujeres comenzaron a ganar espacio de forma progresiva en la política colombiana, el conflicto armado, las violencias territoriales y las acciones y omisiones del Estado terminaron restringiendo su participación. Quienes ya ocupaban cargos públicos o habían logrado abrirse paso en escenarios de decisión también fueron golpeadas, pues la violencia redujo aún más una representación que históricamente ha sido limitada y debilitó la democracia en los territorios.
Pero el conflicto también produjo otro efecto. Muchas mujeres convirtieron el dolor en organización y la resistencia en una forma de hacer política. Sin haber provocado la guerra, terminaron asumiendo el reto de reconstruir el tejido social y defender los derechos de sus comunidades.
Ese camino tampoco ha sido sencillo para las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz. No fueron las responsables de originar el conflicto armado, pero sus vidas fueron profundamente atravesadas por él. La guerra irrumpió en sus territorios, familias y proyectos de vida, las convirtió en víctimas de múltiples formas de violencia llevándolas a incorporarse a las filas de los grupos armados. Algunas fueron reclutadas por la fuerza; otras encontraron en estas organizaciones una alternativa frente a la pobreza, la exclusión, la desprotección estatal o una posibilidad de participación política.
De hecho, sobre la participación de las mujeres en la guerra, la Comisión de la Verdad señaló en el tomo Mi cuerpo es la verdad: «en la sociedad colombiana prevalecen discursos simplistas que las ubican como víctimas inermes o como victimarias atroces, desconociendo que hubo muchas situaciones diferentes».
Es decir, sus experiencias fueron diversas y estuvieron condicionadas por contextos sociales, económicos, políticos y de género que también hicieron posible su vinculación a la guerra.
Por eso, para ellas, incidir tampoco ha sido fácil, pues dejar las armas no significó encontrar abiertas las puertas de la participación. Por el contrario, han tenido que buscarlas, insistir y, muchas veces, abrirlas ellas mismas. Así lo cuenta Yorlei Parra, integrante de la asociación Xiomara Marín y habitante de la Nueva Área de Reincorporación Juan de Jesús Monroy, en Uribe (Meta).
«Por medio de las entidades, como a veces por Gobernación, a otros llegan convocatorias (…) A veces se gestiona por medio de la cooperativa, nosotras mismas, capacitaciones del SENA (…) Igual es la lucha, lo que yo le digo. Nosotras tenemos que ser resilientes en ese tema, buscar, porque tampoco todos nos van a decir: ‘Tome, venga’. Es parte de la lucha».
Su relato deja entrever que participar sigue siendo un ejercicio de persistencia. Las oportunidades aparecen, pero rara vez llegan solas.
El hilo conductor de exclusiones
Si existe una estructura que sostiene gran parte de los obstáculos para la participación política de las mujeres, esa es el patriarcado. Es el hilo que conecta las exclusiones cotidianas con las desigualdades que persisten en los espacios de decisión.
Para Yorlei, esa fue una realidad que encontró desde el primer día que dejó las armas. Con la reincorporación regresó a la vida civil, pero cambió de lucha, una que, asegura, las mujeres libran desde mucho antes del conflicto.
«El primer día que salimos, el primer día que entregamos las armas, lo comenzamos a hacer. Lo que pasa es que en este país no nos han escuchado, y no solo como mujeres firmantes, sino como mujeres, porque la política siempre ha estado más cobijada por el patriarcado. Nosotras salimos fue a sumarnos a la lucha de las mujeres del común que tampoco han sido escuchadas», mencionó.

Marina comparte esa lectura. Para ella, abrirse espacio en la política significa enfrentarse a estructuras construidas históricamente por y para los hombres, una realidad que se hace aún más evidente lejos de las ciudades.
«La participación política es difícil. Es difícil luchar contra hombres. De pronto acá en la ciudad, las que ya tienen un poquito de cancha pueden abarcar un poquito, pero si hablamos de lo rural, es bastante difícil», afirmó.
El tiempo también excluye
Mientras los roles de género continúen recayendo principalmente sobre las mujeres, participar seguirá siendo un privilegio difícil de ejercer, especialmente en las zonas rurales.
Juana Méndez, asesora del programa Paz Diversa de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ), desde su experiencia trabajando de cerca con temas de género, pone de ejemplo la cotidianidad de una mujer campesina, que además de atender las labores del hogar, el cuidado de sus hijos, de las personas mayores o enfermas; trabaja para contribuir al sostenimiento económico. Con esa carga, asistir a una reunión de incidencia termina siendo un lujo.
«Por eso es muy difícil asistir a los comités o a las sesiones de las instancias que convocan si son citadas a las siete, ocho o nueve de la mañana (…) Aun teniendo una vasta normatividad que reconoce las labores de cuidado, eso no necesariamente se traduce en bienestar o en un mayor acceso para las mujeres a los recursos públicos», explicó.
El riesgo de alzar la voz
“Las mujeres tienen mucho más estigma porque socialmente se espera que las mujeres no participen en las guerras. Más fácil reconocer e identificar que son los hombres los que hacen las guerras en todo el mundo. Las mujeres es muy difícil porque, pues, de las mujeres se esperan unos roles distintos, el cuidado de la vida, el cuidado de la familia, de la pareja, de la tierra, etcétera”, mencionó Salomé, con respecto a las firmantes de paz. Ella, además de haber liderado el equipo de género en la Comisión de la Verdad, fue asesora de la Dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Para ella, ese estigma se alimenta del lenguaje: «No es lo mismo decir, estamos entrevistando a un firmante de paz que decir, fue un excombatiente, es un exguerrillero, ¿no? Porque ahí se siguen tildando, ese lenguaje es bien importante, reconocer personas han decidido, porque ellos firmaron un acuerdo, si no pues estarían en procesos de justicia tradicionales y se acogerían a la cárcel, a las penas comunes”.
No basta con abrirse un espacio en una junta de acción comunal, un comité o una organización social. Muchas mujeres —firmantes o no— cargan, además, con los prejuicios que pesan sobre quienes nacieron en determinados territorios, sobrevivieron al conflicto armado o decidieron asumir un liderazgo.
Andrea Romero, de la Cooperativa Multiactiva Inchik, asegura que esos estigmas siguen cerrando puertas. «Siempre sigue la estigmatización por venir de un cierto lugar, siempre sigue la estigmatización, digamos, por el tema de dónde vienen, quiénes son (las víctimas del conflicto)”, afirmó.
Los prejuicios no solo afectan la manera en que son percibidas. También pueden aumentar los riesgos que enfrentan quienes deciden asumir liderazgos en sus comunidades. Juana sostiene que son las mujeres quienes han creado sus propios círculos de protección. “Una manera que tienen las mujeres de protegerse a sí mismas son estas redes conversacionales (…) que van creciendo, ¿no? Como el agua en el estanque».
Por eso, considera que también se debe salvaguardar sus vidas: «Las garantías de participación incluyen la protección de líderes y lideresas. Y pienso que ha habido una dificultad tremenda porque se ha planteado la seguridad en términos individuales humanos y no en términos territoriales”, es decir “las estrategias de protección y autoprotección en términos territoriales y colectivos, más que esto que hace la Unidad Nacional de Protección, que es ponerle un chaleco a las lideresas y es al contrario de protegerlas lo que pasa es que les visibiliza y les pone en un mayor riesgo”.
Según Indepaz, entre 2016 y mediados de 2026 fueron asesinadas 241 lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia. Tres de esos casos ocurrieron en el Meta. En ese mismo periodo, la organización documentó el asesinato de 12 mujeres firmantes, dos de ellas en el departamento.
Por eso, para Juana, hablar de seguridad implica ir mucho más allá de los esquemas de protección física. En línea con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, sostiene que una mujer solo puede ejercer plenamente su liderazgo cuando cuenta con condiciones para vivir con dignidad.
Aun así, las mujeres han resistido al conflicto, a los prejuicios, a la exclusión y a las barreras que aún limitan su participación. Hoy Colombia debate el futuro de la paz, mientras ellas continúan construyéndola desde los territorios, liderando procesos comunitarios, organizándose y reclamando sus derechos. Son ellas el recuerdo constante de que el verdadero desafío del Acuerdo de Paz no termina con firmar un documento, sino con la transformación de las desigualdades que siguen restringiendo el acceso de ellas a la tierra, la participación política y al ejercicio pleno de sus derechos.

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Pero, antes de irte, ¿Qué tal si pones a prueba lo aprendido durante este recorrido? A lo largo de este recorrido aparecieron conceptos clave para comprender el enfoque de género del Acuerdo de Paz.
¿Serías capaz de relacionarlos correctamente? Descúbrelo en el siguiente desafío.
Esta investigación fue desarrollada como parte del Trabajo Final del Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija.
Un producto de:

Investigación y Redacción: Shirley Forero Garcés
Producción Audiovisual y Fotografías: Archivo El Cuarto Mosquetero y Shirley Forero Garcés Diseño Gráfico: Shirley Forero Garcés
Diseño Web: Shirley Forero Garcés
Edición de la Investigación: Guillermo Paredes Otero
Agradecimientos a:
Ángela Cañaveral, Marina Sanmiguel, Doris Rivera, Ana Silvia Cortés, Miriam Moreno, Andrea Romero, Salomé Gómez, Juana Méndez, Yorlei Parra y cada una de las mujeres que sostienen la vida, incluso cuando los morichales se marchitan y los esteros se secan. A ellas, que siguen abriendo trocha entre selvas, sabanas y montañas, trasegando la esperanza en su búsqueda incansable de paz y dignidad.
Y a Camilo Rey, Vladimir Encina, Juan Esteban Espitia, Sara Montenegro, Julieth Barbón, Simón Zapata y los procesos formativos de Comunicación Transformadora, por nutrir el archivo periodístico, fotográfico y audiovisual de El Cuarto Mosquetero, que fue usado como insumo en esta investigación.