Campesinos de la región del Guayabero, entre el abandono y la estigmatización

La violación de derechos humanos en la región del Guayabero en los últimos meses tiene múltiples razones, que van más allá de la siembra de coca o de la deforestación.

El sábado pasado fin de semana, el colectivo de prensa Voces del Guayabero, emitió un comunicado informando acerca de los atropellos y violaciones a los derechos humanos y del DIH por parte de las Fuerzas Armadas, las cuales ha disparado indiscriminadamente a la población civil desarmada en la finca el Chimborazo, de la vereda Nueva Colombia, perteneciente al municipio de Vistahermosa Meta. 

En dicho lugar, señaló el colectivo, el Ejercito encerró en la finca el Chimborazo -luego de que tres militares resultaran heridos a causa de la explosión de un artefacto explosivo-, a las y los campesinos: Jefferson Parrado, Víctor Julio Rey, Manuel Vargas, Yeison Mosquera, Alexander Navarrete, Jhon Wilson Grueso, Eladio Caicedo, Anderson Daza, Robinson Castro, Santiago Rojas, Jenny Parrado, Diego Acero, Luis Córdoba, y el periodista Fernando Osorio de la red de prensa comunitaria Voces del Guayabero, quien ya había sido herido antes con arma de fuego en una mano, en la vereda Tercer Milenio por parte de las Fuerzas Militares, pues allí también han llevado a cabo operativos de erradicación forzada.

“Desmentimos las falaces calumnias del general Raúl Hernando Flores, que dice que los confinados y heridos son guerrilleros, pues esto no es cierto, son campesinos moradores de la vereda Nueva Colombia; (…) además entre ellos se encuentran personas heridas por parte de las armas que portan las tropas del general Flores, los cuales derrochan valentía disparándole a los campesinos desarmados, como al señor Edgar Gómez”, aseguró la red de prensa campesina. 

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Asimismo, señaló que la comunidad ya ha agotado todos los canales y esfuerzos para interlocutar con el Gobierno y encontrar soluciones a la siembra de cultivos ilícitos pero no han sido escuchados, “por lo contrario los espacios que se han logrado, han sido saboteados mostrando el Estado solo la barbarie y la criminalidad de las Fuerzas Militares”, dice el comunicado. 

El colectivo solicitó a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las instituciones como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo municipal, departamental y nacional, al igual que a la Personería, y a las y los congresistas, fijar la mirada en su territorio “para que se pare ya la brutal y criminal agresión de las Fuerzas Armadas contra nuestras humildes comunidades compuestas de campesinos honestos y trabajadores, cuya única arma son sus manos encallecidas para labrar la tierra”.

Además, en redes sociales, la red de prensa, informó que las víctimas relataron lo vivido durante la intervención militar, asegurando que cerca de 15 campesinos fueron rodeados y uno de ellos, José Merardo Cardona, de origen afro, se encuentra desaparecido y el Ejército, al parecer, no se ha hecho responsable de la integridad del hombre.

“En el día de hoy, el Ejército secuestró y disparó contra nuestros campesinos, estando retenidos los golpearon y torturaron. También entraron a las casas lanzando granadas y gases lacrimógenos (…) Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional”, publicó Voces del Guayabero en redes sociales. 

La Corporación Claretiana Norman Perez Bello, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina,  Corpohumadea, la Fundación DHOC, la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, entre otras, se pronunciaron al respecto exigiendo al Gobierno Nacional, privilegiar la erradicación voluntaria, con garantías de vida digna; a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, cesar la estigmatización sobre campesinos que buscan soluciones y diálogo ante los operativos de erradicación y aclarar el paradero del campesino José Mercado Córdoba; y a los órganos de control, ser garantes de los derechos humanos de las comunidades de la Región del río Guayabero, en el marco de estos procedimientos militares.

Luego de haber sido liberados, las y los campesinos relataron que fueron torturados, pareados, quemados con las boquillas de los fusiles y las ametralladoras, golpeados con las culatas y las trompetillas de las armas. De igual manera, mujeres, niños y adultos mayores que corrieron al sitio para reclamar por sus seres queridos también fueron atacados con gases y disparos de fusil. Esto quedó evidenciado en los videos grabados por los periodistas que hacen parte de la red de prensa campesina y que se hallaban en el lugar de los hechos.

Esta clara violación de derechos humanos de las comunidades campesinas que se vivió durante el fin de semana, han venido ocurriendo una y otra vez durante los últimos meses y aunque mandatarios se excusan en que los enfrentamientos están ligados a la siembra de cultivo de coca, hay muchos factores que deberían ser analizados antes de utilizar la estigmatización como arma que además pone en riesto la vida de las y los implicados.

La deforestación como argumento de estigmatización

En el Meta, uno de los departamentos que compone la Amazonía colombiana, la deforestación ha dejado vastos estragos ambientales durante estos últimos meses. Datos de la Gobernación, indican que  22.000 hectáreas de bosque fueron talados durante los primeros seis meses de este año, lo que en contraste con las cifras del 2019, que fueron cerca de 23.000 hectáreas, refleja un panorama desolador. 

Como explicación a este fenómeno, el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le explicó a la Revista Semana que según informes de inteligencia y testimonios de la comunidad se determinó que Gentil Duarte obligó a las 5.000 familias campesinas que habitan en Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, a que tumben montaña para sembrar como mínimo dos hectáreas de coca. «Por cada hectárea de bosque tumbada y quemada, las mafias pagan hasta cinco millones de pesos”, mencionó el mandatario. 

Sin embargo, algunas investigaciones demuestran que la deforestación no ha sido exclusivamente por las amenazas de grupos disidentes al campesinado sino que es un efecto del posconflicto.

Por ejemplo, la investigación de la Universidad del Rosario, “Deforestación al final del conflicto: evidencia del acuerdo de paz de Colombia”, asegura que la presencia de grupos armados impidió la ocurrencia de actividades económicas intensivas en el territorio, y que estos negocios son responsables de la reducción de la cubierta forestal. Sin embargo, esto puede regularse siempre y cuando las instituciones estatales controlen y supervisen la explotación. 

En la investigación también se evidencia que tras el cese al fuego, en los municipios donde había presencia de las Farc y que se encuentran en abandono estatal, -medida en términos de juzgados y de oficinas de la Fiscalía y de la Procuraduría por habitante-, el incremento en la deforestación fue de 0.25 ppts más. El doble del promedio de los municipios ex Farc que es 0.12 ppts. 

Se evidencia además que, en estos municipios la deforestación masiva corresponde a personas que contratan maquinaria o una cuadrilla para que tale grandes extensiones de bosque, -igual a la estrategia usada para la ganadería extensiva-, el incremento ha sido diferencial en 0.10 ppts respecto a la deforestación en pequeños terrenos de esos mismos municipios.

Con estos antecedentes, queda claro que los extensos parches de tierra que han perdido el vivo verde de sus follajes no son responsabilidad exclusiva ni en mayor medida, de los campesinos de la zona.  

Aumento de militarización y presencia del ESMAD en zonas rurales

Según La Vía Campesina, el gobierno de Iván Duque se ha enfocado en la militarización de los territorios, en el marco del desconocimiento estatal de los compromisos asumidos dentro de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana.

«El actual gobierno no sólo ha decidido dejar de celebrar acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades, sino que ha priorizado operativos de erradicación forzosa. Este tipo de actividades no sólo se desarrollan en contravía de lo estipulado en el Acuerdo, sino que además están produciendo graves situaciones de violación de derechos humanos», señala el movimiento campesino. 

Por su parte, la senadora de la Unión Patriótica, Aida Avella, en entrevista con El Cuarto Mosquetero, señaló que, nunca en la historia del país, había visto que se enviara al ESMAD a zona rural, como sucedió hace poco en la región del Guayabero. Sobretodo, teniendo en cuenta que actualmente Colombia tiene un presidente joven, que irónicamente, no está dejando la mejor impresión sobre las juventudes en el país con este tipo de actos represivos.

Cabe señalar que desde el 20 de mayo de este año, se ha venido presentando en la región del Guayabero Medio -comprendida por el Sur del Meta y el Guaviare-, una operación militar con el fin de realizar la erradicación forzada de los plantíos de hoja de coca, lo cual sería un incumplimiento al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, enmarcado dentro de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana en el 2016. 

“Los uniformados adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA, bajo el mando directo del general Raúl Hernando Flores, han disparado a los campesinos dejando más  de 15 heridos graves  por proyectiles de fusil y esquirlas de granadas en los hechos ocurridos en la vereda Tercer Milenio”, afirmó Voces del Guayabero, señalando también que los militares han robado enseres y animales de corral y ganado, quemado casas y dañado cultivos de yuca y plátano. Eso, se suma a la estigmatización, persecución, y criminalización de la protesta pacífica, que según la red de prensa, ha hecho el Ejército a los voceros de la comunidad.

Aquí puede tener un contexto general de la situación: