El 4 de junio del 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 811 del 2020, “Por el cual se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaría del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”, con esta premisa, el Gobierno Nacional pretende vender 105 empresas en las que el Estado tiene participación accionaria, una de ellas, la filial más rentables de Ecopetrol: CENIT.

El Gobierno Nacional ha usado como excusa la crisis generada por la pandemia del covid-19 para justificar este accionar. No obstante, las intenciones de privatizar empresas estatales, ya se venían gestando desde el 2006, cuando, durante la presidencia de Álvaro Uribe, se vendió cerca del 20% de las acciones de Ecopetrol, y continuó bajo el mandato de de Juan Manuel Santos, con la figura del Grupo Empresarial Ecopetrol, escindiendo importantes activos hacia empresas SAS, como en el caso de CENIT, que en el 2013 asumió los activos de transporte por medio de oleoductos y poliductos que antes estaban a cargo de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol.

Pero la resistencia sindical ha alzado la voz de protesta para impedir este accionar del Gobierno. Desde hace más de un mes, dos integrantes de la USO SUO, están encadenados frente al imponente edificio de Ecopetrol en Bogotá, exigiendo que se deroge el Decreto 811. A esta lucha se han unido un grupo de congresistas de diferentes bancadas, especialmente del Polo Democratico Alternativo radicando un Proyecto de Ley “Por medio del cual se deroga el Decreto 811 de 2020”, ante la Secretaría General del Senado de la República.

Para profundizar en la problemática: El pernicioso decreto que busca privatizar las empresas públicas del país en cuarentena

Uno de los congresistas partícipe de este Proyecto de Ley, es el senador Wilson Arias (WA), quien ha manifestado estar en contra del Decreto 811 y que recientemente conversó con El Cuarto Mosquetero (ECM) sobre las razones por las que no sería una buena idea la venta de CENIT y de otras 104 empresas públicas, para el país.

ECM: ¿El país podría soportar la venta de CENIT y de Ecopetrol, en medio de una crisis sanitaria, social y económica como la del covid-19?

WA: Nunca es buen momento para privatizar una empresa que es rentable y ahora, en medio de la pandemia del covid-19, menos. En la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 extendido por el Viceministerio de Hacienda Nacional, se prevé una reforma fiscal que será de carácter tributaria, de gasto público y enajenaciones por 12 billones de pesos, como una opción para obtener ingresos que permitan atender esta pandemia.

El Producto Interno Bruto -PIB- se contraerá en un 5,5% y el déficit fiscal será del 8,8% del PIB por lo que se requieren ingresos adicionales a los tributarios y en ese sentido CENIT es un activo estratégico.

Si Ecopetrol deja de ser pública tendríamos que cubrir esos recursos con más impuestos

Esta empresa se caracteriza por ser de las pocas que innovan en el país, a través del Instituto Colombiano de Petróleos ha generado 119 patentes nuevas. Si Ecopetrol deja de ser pública tendríamos que cubrir esos recursos con más impuestos, por lo que la solución que se plantea en el Decreto 811, terminaría siendo mucho más caro y afectando aún más los bolsillos de los colombianos.

El 31% de las utilidades netas de Ecopetrol las aporta CENIT, a través de la prestación del servicio de transporte que representa el 82% de la capacidad de transporte total de petróleo del país. Su venta implicaría eliminar la empresa que mayores ganancias genera, en palabras de los y las trabajadoras pertenecientes a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO, esta empresa es el corazón de Ecopetrol.

En materia laboral, se dejaría sin seguridad y protección a más de 80.000 trabajadores, de los cuales 30.000 hacen parte de ECOPETROL. En este sentido, los argumentos presentados por el Gobierno Nacional en las consideraciones que motivaron la expedición del Decreto Legislativo omitieron la situación a la que se enfrentarían miles de familias que viven de las empresas sobre las que se pretende la enajenación de las acciones, de acuerdo con la encuesta integrada de hogares (GRIH), publicada el 29 de mayo de este año, referida al Mercado Laboral del Departamento Nacional de Estadística – DANE, para abril de 2020 la tasa de desempleo nacional fue de 19.8%, es decir aumentó 9.5 puntos porcentuales respecto del 2019. Frente a la tasa de ocupación se tiene que fue de 41.6%, lo que significa que se redujo 14.2 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año pasado, que fue de 55,8%, esta venta sólo aumentaría el desempleo y con él, la pobreza.

ECM: ¿Cuánto más tendrían que tributar los colombianos para solventar el hueco fiscal que dejaría esa venta?

WA: Ecopetrol es dueña de la única refinadora del país, la cuarta petrolera de Latinoamérica, que durante el 2019 vendió́ 71 billones de pesos, tuvo 14,5 billones en utilidades, 5 billones de impuestos, 9,9 billones de regalías y que, en total, le aportó a la nación 26 billones de pesos.

Teniendo en cuenta que CENIT se encadena directamente con la capacidad de la Petrolera para rendir utilidades aun cuando los mercados internacionales no son favorables y la demanda internacional ha sufrido traumatismos, me atrevería a decir que la venta de CENIT tendría un impacto tributario de dos puntos del PIB en el largo plazo. Unos 20 billones de pesos que tendrán que ser repuestos en las cuentas fiscales a través de impuestos

ECM: ¿Por qué cree que el Gobierno quiere vender CENIT siendo esta una empresa tan rentable para el país? ¿Cree usted que están aprovechando la pandemia para hacer de las suyas?

WA: El Marco Fiscal de Mediano Plazo exhibe la intención del Gobierno de privatizar activos públicos por 12 billones de pesos. En total son 105 empresas sobre las que el Estado tiene participación, desde 2018 se sabe que siguen siendo las mismas 39 compañías sobre las que la Nación tiene participación mayoritaria, en este sentido, el Decreto 637 de 2020 estableció́ las medidas para la enajenación de acciones de empresas con las características de Ecopetrol, donde el Estado tiene el 88,49%, e ISA con una participación que suma el 60.23% entre el gobierno y EPM.

Desde diciembre del 2019, el Ministerio de Hacienda contempló la posibilidad de vender un 8,5% más de la participación en Ecopetrol, enajenación que ya cuenta con el aval del Congreso de la República.

En ningún caso destinar recursos de privatizaciones al pago de gasto corriente va a producir bienestar y crecimiento para la sociedad colombiana

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, ha salido constantemente en medios de comunicación en las últimas semanas indicando que el sector minero-energético será el protagonista de la reactivación económica luego de la pandemia, sin embargo, esto evidentemente se contradice con el infausto 811. El pueblo colombiano debe saber que este sector sólo aporta el 2% del PIB nacional, de este, el 85% proviene del sector petrolero, al que Ecopetrol aporta el 80% de las ganancias, defender esta empresa es defender una gran porción de nuestro patrimonio y una parte del futuro económico del país. En ningún caso destinar recursos de privatizaciones al pago de gasto corriente va a producir bienestar y crecimiento para la sociedad colombiana, pero el presidente Duque y el ministro Carrasquilla quieren dejar la olla raspada para el Gobierno que llegue, vender la joya de la corona es lo que lo demuestra.

Es propio de estos gobiernos que aprovechen los estados de emergencia para expedir decretos que les permitan privatizar activos del Estado, lo hizo Santos en el 2010, cuando en plena ola invernal emitió el Decreto 4820, que pretendía vender Ecopetrol, y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 2011. Lo hicieron Duque y Carrasquilla con este nefasto Decreto 811 del 2020 que permite la venta de activos del Estado, a un precio de mercado que puede no reflejar el valor real de las empresas en términos de activos y capacidad instalada, que no solo significaría el detrimento patrimonial de los activos del Estado, sino que implicaría la privatización del servicio de transporte, con un consecuente aumento en el costo de estos servicios para las actividades productivas de Ecopetrol.

ECM: ¿La lucha sindical podría evitar que se venda CENIT? ¿Está usted respaldándola?

WA: Siempre he defendido el patrimonio público, la lucha obrera a lo largo de la historia ha logrado conquistas históricas: la pensión, tener en Colombia entidades públicas y gratuitas como el SENA, tener empresas como Ecopetrol ha sido producto de la lucha de trabajadores y trabajadoras, así como las mejoras en las condiciones laborales. Creo firmemente que si quienes trabajan en estas empresas hoy tienen una posición de defensa y se movilizan y protestan, es posible que se siga manteniendo a Ecopetrol y muchas otras entidades, como públicas.

Claro que la lucha de los trabajadores de la USO tiene todo mi respaldo, ellos están defendiendo a CENIT y a Ecopetrol como un patrimonio de los y las colombianas, fueron ellos y otras generaciones los que han evitado que la empresa sea vendida, quienes han dejado su vida en ella y quienes la han alimentado para ayudarla a crecer. Venderla es perder a la gallina de los huevos de oro.

ECM: ¿Cómo pueden los colombianos unirse a los sindicalistas de la USO y evitar la venta de CENIT? ¿Qué opinión le merece el Decreto 811 del 2020?

WA: En estos 30 años de modelo privatizador las promesas no se han cumplido, el pueblo colombiano se ha venido empobreciendo paulatinamente y esta es la mejor prueba de que privatizar no paga. Es importante que los y las colombianas nos opongamos al Decreto 811 que en definitiva terminaría con una de las empresas públicas que más réditos le representa al país, que nos unamos y reconozcamos los varios días de protesta por parte de integrantes de la Unión Sindical Obrera y otros sectores sindicales a través de los medios, redes sociales y acompañando a quienes se encuentran desde hace días entendiendo y promoviendo lo que significa esta empresa para el patrimonio nacional.

Invito a la ciudadanía a reproducir esta denuncia, a hacer uso de las redes sociales y todos los mecanismos de difusión para despertar conciencia colectiva sobre la importancia de preservar el patrimonio público que genera utilidades, aunque estemos en pandemia hay que encontrar formas creativas de movilización, hay que estar atentos a los pronunciamientos de la USO y sumarnos a sus causas, propagar sus comunicados, etcétera.

¡El Decreto 811 hay que derogarlo urgentemente!

Además de todo lo que he mencionado, el articulado del Decreto 811 permite que la Nación lleve a cabo operaciones financieras en la bolsa de valores sin tener en consideración la volatilidad riesgosa del mercado en el momento histórico y económico al que nos enfrentamos, por lo que se le faculta para que pueda realizar compra y venta de acciones a pesar de que las proyecciones del mercado generen rendimientos iguales o menores a cero.

El Decreto es nefasto, por lo que presenté, junto con la bancada del Polo Democrático Alternativo el Proyecto de Ley 024 de 2020, cuyo único objetivo es la derogatoria del 811. También cursan otros dos proyectos de ley en el mismo sentido, acompañados por congresistas no sólo de la bancada alternativa, sino de otras fuerzas como la U y los Liberales. La rama legislativa no puede ser relevada de este tipo de decisiones, la democratización efectiva de las acciones de privatización es necesaria y esto ha sido repetido por los altos tribunales en sentencias como la C-644 de 2011 y la C-393 de 2012. Hago un llamado urgente a la ciudadanía para que esté pendiente también de este trámite legislativo.

Tema relacionado: Congresistas presentan Proyecto de Ley para evitar la venta de CENIT

Con este Proyecto de Ley, los congresistas han señalado que el Decreto 811 no se debió expedir como excusa al respaldo de la crisis del covid-19, pues con la enajenación y la privatización de las empresas públicas del país, no se resolverían los complejos problemas económicos que hoy inundan a Colombia.