Más de 200 voceros y voceras viajarán a Bogotá para exigirle al Gobierno Nacional que se garanticen los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en territorios del Guaviare donde hay enfrentamientos entre actores armados.
El resurgimiento de la violencia armada en el país y especialmente en el departamento del Guaviare es un tema crítico: el campesinado denuncia que el desplazamiento forzado ha vuelto a ser una realidad en la región, con familias obligadas a abandonar sus tierras debido a las amenazas de muerte y las intimidaciones de grupos armados. Las comunidades han visto cómo estas personas han regresado a sus territorios, instalando retenes ilegales y generando un clima de inseguridad que, según un comunicado de la Corporación Amazonía Verde, actúan con la aparente complicidad de algunas autoridades militares: «Nos preguntamos si realmente estamos solos en esta lucha, cuando vemos retenes ilegales a escasos metros de los puestos de control del Ejército».
Debido a estas razones, campesinos y campesinas del departamento del Guaviare se declararon en Asamblea Permanente por la Defensa de la Vida, el Territorio y los Derechos Campesinos. Esta decisión se adoptó en una reunión realizada el pasado 14 de noviembre en la vereda La Cristalina, del municipio de Calamar, como respuesta a la creciente crisis humanitaria que afecta a la región, históricamente marcada por el conflicto armado y, más recientemente, por la reconfiguración de actores en disputa por el control territorial.
«La retórica del presidente ante la comunidad internacional suena hermosa, pero en nuestro territorio es otra historia», dice el comunicado. Las expectativas iniciales han ido cediendo ante la frustración y la percepción de que el conflicto armado se ha reorganizado, poniendo a la población civil en el centro de la disputa. Esto ha generado, según el campesinado, nuevas dinámicas de violencia, desplazamiento y amenazas a líderes sociales y ambientales.
Carlos Efraín Díaz, uno de los líderes de la inspección Barranquillita del municipio de Miraflores, cuenta que tienen un pliego de peticiones y exigencias que se le va a hacer al gobierno, entre ellas que se garanticen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario “que quienes están en conflicto no nos metan a nosotros, a la población civil”.
Se está programando la salida para el próximo domingo 24 de noviembre, desde San José del Guaviare de las y los delegados, aproximadamente 200 personas, que van a interlocutar con el Gobierno Nacional. Ya se tienen contactos iniciales con el Ministerio del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.
Entre las principales preocupaciones expresadas en el comunicado está la defensa del territorio. En los últimos años, el campesinado ha tomado un rol activo en la preservación del ambiente, frenando la deforestación y promoviendo economías sostenibles que buscan un equilibrio entre la productividad agrícola y la conservación de la biodiversidad. A pesar de esto, la falta de apoyo estatal ha dejado a estas comunidades frente a las presiones de economías ilegales y la explotación de recursos naturales.
Además, la destrucción de la infraestructura vial construída por las mismas comunidades ha dificultado el transporte de productos agrícolas. «Nuestras vías rurales son la columna vertebral de la economía local. Si las destruyen, nos están condenando a la miseria«, expresó el comunicado. Se le exige al Gobierno Nacional y departamental que reconozca la importancia de estas vías para la vida digna de quienes habitan el Guaviare.
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Otro tema que alertan las comunidades campesinas es la creciente estigmatización que enfrentan los liderazgos sociales en la región. Hacen énfasis en el hecho de que esto lo sufren por parte del mismo Estado con el fin de sembrar un «miedo jurídico», para que las personas desistan de su activismo y abandonen los procesos sociales en defensa de los derechos del campesinado.
Un ejemplo de esto fue una denuncia pública realizada también por la Corporación Amazonía Verde en la que ponen en evidencia que uno de los campesinos del territorio fue víctima de la explosión de un artefacto denominado mina antipersona.
La Asamblea Popular del 14 de noviembre concluyó con una exigencia clara al Gobierno Nacional. El campesinado del Guaviare pide la creación de un canal de diálogo directo entre la Asamblea Permanente y las autoridades competentes para encontrar soluciones que respeten la vida y los derechos de las comunidades. En su comunicado, instaron a los actores en las mesas de negociación a cesar cualquier acto de violencia y a comprometerse con una paz que tenga en cuenta a la población civil como protagonista central.
También se hizo un llamado a la comunidad internacional y a quienes defienden los derechos humanos para que actúen como garantes de este proceso, con la esperanza de que la vigilancia externa pueda evitar una repetición de los errores del pasado.
En medio de la incertidumbre y la violencia, el campesinado del Guaviare mantiene firme su compromiso de proteger su territorio, su cultura y su vida, con la esperanza de que, algún día, la paz en su región sea algo más que una promesa incumplida.
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