“… Han tenido encima de sus bolillos y sus uniformes mucha, mucha, mucha sangre de colombianos que vienen a reivindicar sus derechos…” Yuri Neira, padre de Nicolás Neira, joven de 15 años asesinado el 01 de mayo de 2005 por el ESMAD.
24 de febrero de 1999, día en que bajo el mandato presidencial del conservador Andrés Pastrana se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En su momento, como un cuerpo policial de seguridad temporal, bajo el supuesto de la instrumentalización de la protesta ciudadana en el país, y las infiltraciones de los grupos armados en ellas, todo en medio del inicio de las negociaciones del Caguán con la extinta FARC – EP.
Sin embargo, las acciones de trasfondo de esta fuerza de choque que cumple ya 22 años terminan siendo: la represión ciudadana, la violación de los derechos humanos y constitucionales de quienes salimos a las calles, así como la defensa ligada a la idea de la seguridad nacional en medio de un contexto de conflicto armado desbordante. Sus inclinaciones ideológicas han marcado el actuar de esta fuerza policial, que nos ha visto por décadas en medio de las manifestaciones colectivas como los subversivos que hay que enfrentar, y en ocasiones exterminar; los otros “enemigos internos” del Estado.
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Pese a que el ESMAD tiene como objetivo la protección ciudadana en las diversas acciones colectivas, bajo el principio de no letalidad y en teoría la utilización de armas no mortales, entre 1999 y 2019, han asesinado, torturado, desaparecido, mutilado, amenazado y abusado sexualmente de hombres y mujeres. Cifras recolectadas por distintas ONG como MOVICE, CINEP, PARES; entre otras, atribuyen 59 asesinatos de personas a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ciudadanos/as pertenecientes a movimientos sociales de oposición, indígenas, campesinos, bebés, niños y niñas, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad, estudiantes y líderes afrodescendientes; todas y todos reconocidos como bajas extrajudiciales y víctimas de crímenes de Estado.
Días después de su primer aniversario como fuerza antidisturbios, empiezan los asesinatos a civiles. La primera víctima registrada es Mauricio Otavo Fonseca Cantor, un habitante de calle quien fue asesinado el 01 de marzo del 2000 en Bogotá, por una recalzada disparada por un agente en medio de un desalojo en El Cartucho.
La lucha, la vida y los sueños de personas como: Carlos Blanco, Jaime Acosta, Harold Alandete, Nicolás David Neira, Jhonny Silva, Marco Antonio Soto, Belisario Camayo, Oscar Leonardo Salas, José Uldarico Gallego, Pedro Pascué, Herney Silva, Jesús Pérez, Myriam Bainama, Laurise Rivera, Alfonso Eljaick, Tarquinas Valencia, Mariano Moreno, Celestino Rivera, Cesar Hurtado, Nicolás Valencia Lemus, Jesús Antonio Nene, Elberto Ipia, Edgar Bautista, Edison Franco, Yoel Jácome, Diomar Quintero, Hermides Téllez, Juan Carlos León, Víctor Triana, Jeiner Mosquera, Jhonny Velasco, Cristian Delgado, Arnoldo Muñoz, Guillermo Pavi, Miguel Ángel Barbosa, Brayan Mancilla, Wellington Quibarecama, Gersain Cerón, Marco Aurelio Díaz, Naimen Lara, Camilo Córdoba, Luis Orlando Saiz, Daniel Basto, María Efigenia Vásquez, Christian González, Juan Mayorga, Iván Tróchez, Fredy Julián Conda, Deiner Yunda, Jefferson Tróchez, Dylan Mauricio Cruz, Orlando Doria, y las demás víctimas con nombre sin identificar, siguen vigentes en la memoria de sus territorios y de nosotros/as, quienes agradecemos profundamente la resistencia de salir a la calle a defender los derechos de forma colectiva, enfrentarse a los escuadrones de miedo y de muerte, proteger la vida, la madre tierra y apostarle a la transformación del tejido social desde prácticas simbólicas, la palabra y el caminar constante.
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22 años después, la petición inamovible del desmonte del ESMAD es necesaria y urgente. No puede seguir estando la ciudadanía en línea de fuego, arriesgando la vida ante un gobierno que patrocina el genocidio y la barbarie con miles de millones y defiende cínicamente las atrocidades de sus fuerzas policiales, quienes utilizan estos actos criminales como persuasión a la movilización social.
La digna rabia sigue y seguirá en las calles, gritando más fuerte ante el silencio y la impunidad; voces aturdidoras en contra de la violencia sistemática seguirán organizando las acciones políticas que garanticen las demandas ciudadanas. La lucha por la paz no se puede solventar con muerte y más muerte, ni puede ser la excusa injuriosa del Estado para justificar las formas de enfrentarse a los conflictos.
El contexto no es el mismo, mucho menos la época. El país necesita una nueva fuerza pública para el posacuerdo, no reformas tibias ni reestructuraciones a los antimotines, pues en la realidad político-social, ellos también son los enemigos, enemigos de la vida y de la paz.
Por Nicolás Neira, Dylan Cruz, Mauricio Otavo, Ana Benavidez y las miles de víctimas, ¡Desmonte del ESMAD ya!
