A través de un comunicado, el sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP), se dirigió a la directora de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto (UBPD), Luz Marina Monzón, manifestando presuntos riesgos en la satisfacción de los derechos de las víctimas por el nombramiento de la exfuncionaria directiva de la Defensoría del Pueblo, Ana María Jiménez, en la citada entidad. 

En el documento, el sindicato expone que Ana María, quien fue Defensora del Pueblo en el Meta entre 2019 y 2020, no cumplió debidamente con el desarrollo de la Acción Humanitaria, sino que lo que hizo fue “implementar acciones contrarias a los principios de asistencia humanitaria, y por ende contradictorio con la misión institucional de la Defensoría del Pueblo”. 

SINDHEP aseguró que desde el orden nacional con Carlos Negret y el departamental con Ana María, desde la Defensoría del Pueblo, se le dio prioridad y rápida respuesta a la defensa de derechos en favor de la fuerza pública, empleando transporte helicoportado y aéreo brindado por esa entidad, “desconociendo los principios de la Acción Humanitaria, en regiones donde la Cruz Roja Internacional (…), ha reconocido la existencia de Conflictos Armados No Internacionales (CANI), uno de ellos en la región del Meta, entre el Gobierno y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP, que no se acogieron al proceso de paz”. 

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La organización sindicalista se refiere a lo sucedido el 7 de septiembre de 2019 en la vereda Nueva Colombia, municipio de Vistahermosa, cuando la comunidad retuvo a doce integrantes de la Infantería de Marina, como garantía para que el Gobierno Departamental les cumpliera con varias citas en el lugar y que habían sido canceladas. Dos días después, con intervención de la Defensoría del Pueblo y el Comité Cívico Defensor de los Derechos Humanos, los uniformados fueron liberados. Las y los habitantes de la zona exigían soluciones con respecto a la falta de servicios básicos como salud, tenencia de la tierra y sobre todo, exigieron el cese de represión por parte de las Fuerzas Armadas que es la única representación del Estado, que hace presencia en la zona. Estas problemáticas siguen vigentes al día de hoy. 

Otro caso es el del 25 de febrero de 2020, cuando campesinos de la vereda El Tapir en el municipio de La Macarena, retuvieron a dos soldados como protesta por los operativos del Ejército Nacional que generaron la captura de veinte personas señaladas de deforestación, en medio de la operación Artemisa, llevada a cabo en los Parques Nacionales, Tinigua, Sierra de la Macarena y la Cordillera de los Picachos. Un día después, la Defensoría del Pueblo junto al Comité de Derechos Humanos del Meta hicieron presencia en la zona y lograron la liberación de los militares. 

Esto en comparación con lo que está sucediendo en el Guayabero, ha dejado dudas sobre la labor de la Defensoría del Pueblo. Desde mayo del 2020, durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del covid-19, en esta región ubicada al sur del Meta, se intensificaron los operativos de erradicación forzada y en consecuencia, una serie de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de integrantes del Ejército Nacional sobre la población campesina de la zona. A esto se sumó el escalamiento del conflicto por las acciones bélicas ejercidas por las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP.

Las comunidades hicieron varios llamados a la Defensoría del Pueblo solicitando su intervención para proteger sus derechos. Sin embargo, la entidad, bajo el mandato de Carlos Negret, emitió un comunicado el 1 de junio de 2020, en el cual estigmatizó al campesinado, “manifestando la inobservancia de los principios de la acción humanitaria”, afirmó el sindicato. Postura que, según este, fue acogida por la exdefensora regional. 

Dados los argumentos, SINDHEP, manifestó su preocupación, pues considera que la satisfacción de los derechos de las víctimas sería entorpecida con el nombramiento de la funcionaria Ana María como directiva en la UBPD, “toda vez que su papel como Defensora del Pueblo Regional Meta fue ominosa respecto a un enfoque derechos en la implementación de acciones humanitarias, generando efectos negativos en las organizaciones sociales y comunidades campesinas del departamento del Meta”.

Por el momento, Ana María ha decidido no pronunciarse al respecto.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.