Se logró evitar desalojo que pretendía realizar la Policía Nacional a comunidad indígena en Puerto Gaitán, Meta

Este 12 de marzo, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció la amenaza de desalojo violento por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en el asentamiento indígena de San Rafael Warrojo, perteneciente al municipio de Puerto Gaitán. 

De acuerdo con la Corporación, sobre las 10:30 de la mañana del 11 de marzo de este año, junto a algunos funcionarios de la Alcaldía, llegó al asentamiento el coronel de la Policía de Puerto Gaitán, Carlos Muñoz, quien según la comunidad, le dijo que tenía que salir del territorio o de lo contrario sería desalojada con el ESMAD al día siguiente. 

Es necesario resaltar que la comunidad de San Rafael Warrojo, pertenece al pueblo Sikuani y cuenta con protección del territorio ancestral en el marco del Decreto 2333 de 2014 por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Por lo tanto, la Corporación solicitó a la Policía y la Administración Municipal suspender todos los procesos de desalojo en la zona, y no dar inicio a nuevos. 

Precisamente, anotó la organización de derechos humanos, fue la misma ANT la que le confirmó al cabildo gobernador de esta comunidad, en una reunión que tuvieron el 11 de febrero con la Alcaldía de Puerto Gaitán, que desde la institucionalidad se habían comprometido a cumplir el Decreto 2333-2014 y a no realizar procesos policivos. “Sin embargo, el Coronel Muñoz desconoce estas medidas y les exige abandonar el territorio ancestral, llevando una querella policiva de manera ‘oficiosa’”.

Desde El Cuarto Mosquetero conversamos con el secretario de la Asociación Indígena Unuma de Puerto Gaitán, Manuel Estrada, quien comentó que los territorios ancestrales han sido ocupados por acaudalados finqueros o ganaderos quienes, ahora que las comunidades están retornando, están buscando un nuevo desplazamiento con ataques o amenazas. 

Pero las tierras, según Estrada, también están en la mira de grandes empresas petroleras y de la agroindustria, que han entorpecido el proceso de retorno de las comunidades indígenas -que lleva cinco años- a sus territorios ancestrales. “La mayoría de los resguardos están en proceso de ampliación y la mayoría están en zonas de bloques petroleros”, comentó.  

A esto se suma que las empresas que actualmente se benefician con las riquezas del municipio, provienen de otros países y a su paso, están dejando problemáticas socioambientales. “Nosotros somos dueños del territorio y tenemos que defenderlo de manera colectiva porque individualmente no estamos logrando nada”, mencionó Estrada. 

La comunidad amenazada también recibió el respaldo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la cual se pronunció ante la amenaza de desalojo emitiendo una alerta temprana en redes sociales. 

Por su parte, la Corporación Claretiana advirtió que estos hechos se suman a sistemáticas conductas de corte racista y excluyente en contra de las comunidades indígenas, por parte de las autoridades locales, así como a otras conductas que pretenden negar el derecho de estos pueblos ancestrales a su territorio. “En este momento hay un grave riesgo de la vida, honra y derecho al territorio de estos pueblos originarios de San Rafael Warrojo”. 

Finalmente, la Corporación logró que las autoridades no procedieran con el desalojo solicitando el apoyo de la Personería Municipal e insistiendo en que deben respetar la medida cautelar que protege los derechos territoriales de la comunidad indígena. Así mismo, se les dejó claro que no podrían volver a intentar desplazarla de su hogar ancestral.

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