AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Nueva amenaza al defensor de derechos humanos en el Meta Edilberto Daza
La persecución contra las y los defensores de derechos humanos en la Orinoquía registra un nuevo hecho. La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro Colombiano (DHOC) denunció una amenaza de muerte contra su presidente, Edilberto Daza Bejarano, tras el hallazgo de un panfleto intimidatorio en la puerta de su vivienda.
Edilberto se disponía a iniciar su jornada en la sede principal de la Fundación DHOC, ubicada en Villavicencio cuando encontró un volante que contenía amenazas explícitas contra su vida. Según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la Nación, la intimidación proviene de un grupo que se identifica como el “Frente Héroes del Alto y Bajo Ariari Los Juanitos”, una estructura que, de acuerdo con la organización a la cual pertenece el defensor, parece ser un actor nuevo en el panorama del conflicto regional.
Los hechos, ocurridos en la mañana del 17 de junio, encienden las alertas para los líderes y lideresas sociales que desarrollan su labor en el territorio. Ante la aparición del grupo denominado «Los Juanitos», DHOC hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo para que coordine acciones institucionales que garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas defensoras. Asimismo, instó a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a que, en el marco de su mandato, adelante sus «buenos oficios» ante el Estado para asegurar garantías mínimas de seguridad para Edilberto y quienes integran la organización.
Un ciclo de violencia que no se detiene
Esta nueva agresión no es una amenaza aislada, sino que se enmarca en un patrón sistemático de hostigamiento que Edilberto Daza ha enfrentado durante más de dos décadas de labor comunitaria en la Orinoquía. Desde 2007 ha sido objeto de este tipo de intimidaciones, una situación que lo obligó, en 2015, a abandonar Colombia y vivir en el exilio durante tres años para proteger su integridad. Sin embargo, su regreso al país no significó el fin del asedio.
Tan solo en 2024 se registraron múltiples incidentes. En mayo recibió mensajes amenazantes tras una reunión en el municipio de Vista Hermosa y, el 14 de septiembre del mismo año, volvió a ser víctima de mensajes de texto intimidatorios. Pese a las constantes denuncias, Edilberto ha señalado que las investigaciones judiciales no presentan avances significativos que permitan identificar y judicializar a los responsables.
Lea también: Persisten amenazas contra defensor de derechos humanos en el Meta
Exigencias ante la escalada de amenazas
La Fundación DHOC es una entidad civil sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en territorios rurales, con presencia en departamentos como Guaviare, Arauca y Vichada. La junta directiva de la organización ha expresado que estos ataques buscan desestabilizar los procesos organizativos que acompañan a las poblaciones víctimas en el sector rural.
La denuncia de la fundación exige al Gobierno Nacional una protección integral que permita la movilidad y sostenibilidad de su trabajo en los territorios y que Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones exhaustivas que permitan desarticular las estructuras criminales que emiten estos panfletos.
La violencia contra quienes defienden los derechos humanos continúa siendo una constante en Colombia. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz 67 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados y asesinadas en Colombia en lo corrido de 2026.
Por su parte, el Programa “Somos Defensores” registró 874 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el 2025, entre ellas atentados, judicializaciones, robos de información y asesinatos.
Estas cifras reflejan que las amenazas siguen siendo una de las formas más recurrentes de intimidación y un factor de alto riesgo para quienes ejercen liderazgo social en los territorios.
La persistencia de las amenazas contra Edilberto pone como urgencia una intervención que vaya más allá de recepcionar las denuncias. Mientras la impunidad prevalezca sobre las alertas previas, la vida de las y los defensores en la Orinoquía sigue estando en riesgo.
Los hechos, ocurridos en la mañana del 17 de junio, encienden las alertas para los líderes y lideresas sociales que desarrollan su labor en el territorio. Ante la aparición del grupo denominado «Los Juanitos», DHOC hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo para que coordine acciones institucionales que garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas defensoras. Asimismo, instó a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a que, en el marco de su mandato, adelante sus «buenos oficios» ante el Estado para asegurar garantías mínimas de seguridad para Edilberto y quienes integran la organización.
Un ciclo de violencia que no se detiene
Esta nueva agresión no es una amenaza aislada, sino que se enmarca en un patrón sistemático de hostigamiento que Edilberto Daza ha enfrentado durante más de dos décadas de labor comunitaria en la Orinoquía. Desde 2007 ha sido objeto de este tipo de intimidaciones, una situación que lo obligó, en 2015, a abandonar Colombia y vivir en el exilio durante tres años para proteger su integridad. Sin embargo, su regreso al país no significó el fin del asedio.
Tan solo en 2024 se registraron múltiples incidentes. En mayo recibió mensajes amenazantes tras una reunión en el municipio de Vista Hermosa y, el 14 de septiembre del mismo año, volvió a ser víctima de mensajes de texto intimidatorios. Pese a las constantes denuncias, Edilberto ha señalado que las investigaciones judiciales no presentan avances significativos que permitan identificar y judicializar a los responsables.
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Exigencias ante la escalada de amenazas
La Fundación DHOC es una entidad civil sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en territorios rurales, con presencia en departamentos como Guaviare, Arauca y Vichada. La junta directiva de la organización ha expresado que estos ataques buscan desestabilizar los procesos organizativos que acompañan a las poblaciones víctimas en el sector rural.
La denuncia de la fundación exige al Gobierno Nacional una protección integral que permita la movilidad y sostenibilidad de su trabajo en los territorios y que Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones exhaustivas que permitan desarticular las estructuras criminales que emiten estos panfletos.
La violencia contra quienes defienden los derechos humanos continúa siendo una constante en Colombia. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz 67 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados y asesinadas en Colombia en lo corrido de 2026.
Por su parte, el Programa “Somos Defensores” registró 874 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en el 2025, entre ellas atentados, judicializaciones, robos de información y asesinatos.
Estas cifras reflejan que las amenazas siguen siendo una de las formas más recurrentes de intimidación y un factor de alto riesgo para quienes ejercen liderazgo social en los territorios.
La persistencia de las amenazas contra Edilberto pone como urgencia una intervención que vaya más allá de recepcionar las denuncias. Mientras la impunidad prevalezca sobre las alertas previas, la vida de las y los defensores en la Orinoquía sigue estando en riesgo.
