El estallido social del 2021 marcó el inicio de un paro nacional que se convirtió en un momento crucial en la historia del país. Quedó en la memoria colectiva y para conmemorar su tercer aniversario analizamos qué ha pasado en estos tres años.
Con los cuerpos y las voces de diversos sectores sociales en las calles, como rechazo a la propuesta de una reforma tributaria presentada por parte del entonces gobierno de Iván Duque, se fue aumentando la indignación por el posible cobro de impuestos en servicios y productos de la canasta familiar, que, posterior al desescalamiento de la economía como efectos de la pandemia, generó un impacto de movilización contra la desigualdad, la corrupción, la violencia policial y la falta de oportunidades para la juventud.
El 28 de abril de 2021 marcó el inicio de un paro nacional que venía cogiendo impulso desde el 2019 por parte del movimiento estudiantil en todo el país y que se transformó en un hito histórico.
Durante semanas, las calles y las redes sociales fueron el reflejo a lo largo de todo el país de las manifestaciones multitudinarias, que se caracterizaron por ser pacíficas. Sin embargo, también hubo episodios de violencia y represión que están en la memoria colectiva, con un saldo trágico de 80 víctimas mortales según la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, de los cuales 44 se habrían cometido presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD-, diez por parte de civiles armados y 25 sin identificar.
Las redes sociales fueron fundamentales para mostrar lo que antes no se veía en paros anteriores. Las y los usuarios desde la autonomía transmitían en directo cómo se movilizaban, pero también, cómo fueron las acciones represivas del Estado para contener y reprimir las concentraciones masivas en casi todos los rincones del país.
La disputa para contrarrestar la desinformación fue una tarea de los medios de comunicación alternativos y populares que estuvieron en las calles para contribuir a la desmitificación de la protesta social, y tener una postura sobre el derecho a la movilización como parte del reconocimiento de los sectores populares ante el rechazo de la desigualdad y la censura de las voces de los y las jóvenes.
Estas acciones sentaron las bases para transformaciones sociales significativas que posteriormente se vieron reflejadas en procesos electorales, el surgimiento de nuevos movimientos sociales y la lucha por la verdad, justicia y reparación de quienes fueron víctimas y sobrevivientes de los abusos policiales de ese año, y que aún persisten en que el estallido social fue más de una coyuntura.
Las promesas después del paro nacional
El impacto del estallido social no se limitó a las protestas en las calles. Este movimiento desencadenó un equilibrio en la balanza de la política en Colombia, que se vio reflejada en los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, como producto del descontento popular hacia quienes históricamente han estado en el poder. Así, fue elegido el primer presidente progresista y la primera vicepresidenta proveniente de los sectores periféricos, populares y feministas en la historia del país.
Gustavo Petro y Francia Márquez asumieron el desafío de gobernar en un contexto de profundos cambios sociales y expectativas ciudadanas. Con discursos de reivindicación de “los y las nadies” y promesas de “cambio”, tomaron la responsabilidad de trasladar las peticiones de las calles a la Casa de Nariño.
Entre sus posiciones políticas en cada discurso, estuvo el compromiso para lograr la libertad de las personas que fueron privadas de esta por marchar. Sin embargo, tras casi dos años de estar en la presidencia, estas promesas, según varios colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, aún no se han cumplido.
Según la Campaña Objetivo Libertad, más de 1 400 personas estuvieron detenidas, de las cuales más de 311 “fueron criminalizadas y llevadas a las cárceles del país en su mayoría con entrampamientos judiciales por parte de la Fiscalía”. Exponen que después de ganadas las elecciones, la libertad de estas personas fue asumida por la presidencia como un asunto prioritario en la agenda del gobierno, pero luego fue dejado como un tema relegado.
Para el año 2022, el Gobierno Nacional, mediante la expedición de la Ley 2272 de ese año, estableció la “política de paz, como política de Estado”, que en el artículo 8, parágrafo 1, precisa que, “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
Este anuncio generó entre el movimiento social una percepción favorable sobre el rumbo de los avances en los compromisos de campaña de Petro y Márquez, y rechazo en los sectores tradicionales que históricamente han estigmatizado la protesta social.
Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas de un estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades.
Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no… https://t.co/PftvJsc7Vg
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2023
A finales del 2022, el gobierno inició la designación de 17 “gestores de paz” y, para comienzos del 2023, el entonces ministro del interior Alfonso Prada, informó la identificación de 280 casos que podrían cumplir con lo establecido en la Ley 2272 para ser las próximas personas en recuperar su libertad mediante esta participación en el proceso de la “Paz Total”. Sin embargo, de los voceros y voceras que estuvieron en el marco de esta figura, sólo cuatro recuperaron su libertad.
La Ley establecida por el Gobierno Nacional, para lograr la libertad de algunas personas recluidas en centros carcelarios por su participación en las movilizaciones del estallido social, tuvo que enfrentar el 30 de noviembre del 2023, el fallo de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-525 donde se argumenta que, “la persecución penal de todos los delitos y, en especial, de aquellos que afectan gravemente los derechos de la población es un mandato constitucional”, dejando atrás la posibilidad de lograr la suspensión de las órdenes de captura y el restablecimiento de los proyectos de vida en libertad a la sociedad civil de los y las jóvenes.
El Proceso Colectivo Jhonatan Sabogal conformado por prisioneros y prisioneras políticos del estallido social desde el 01 hasta el 09 de abril del 2024, realizaron la cuarta huelga de hambre “debido a los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional frente a la ‘Mesa del Estallido Social, un Aporte a la Paz y a la Justicia Social’ la cual fue instalada en julio del 2023 en la cárcel de Palmira”.
Para poder levantar la huelga se acordó que la ‘Mesa del Estallido Social, un Aporte a la Paz y a la Justicia Social’ pasará a estar en cabeza del Ministerio del Interior con participación permanente del Ministerio de Justicia y de la Igualdad. Se realizarán gestiones para que la fiscalía revise los casos de judicialización.
Aunque el mandato de Petro y Francia Márquez ha estado marcado por un enfoque de justicia social, ambiental y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internos, el camino hacia la transformación está lleno de obstáculos. Solamente una de las reformas sociales, la pensional, ha avanzado en el Congreso. La laboral y la de salud, banderas del cambio social propuesto por el presidente, se han hundido, lo que puede rupturar el acumulado político de indignación por la que llegaron al Gobierno Nacional, al no poder concretar acciones tangibles para suplir las necesidades de condiciones dignas para la vida de las personas más precarizadas del País.
Los nuevos restos del movimiento social
Al conmemorar el tercer aniversario del estallido social en Colombia, es importante tener en cuenta que este no fue un evento aislado, sino el resultado de años de injusticia y exclusión. También es un recordatorio de la capacidad de la ciudadanía para generar cambios significativos a través de la movilización y la participación política en las calles y las redes sociales.
Luego de estas movilizaciones, la apropiación del espacio público. En Villavicencio, por ejemplo, algunos sitios de resistencia y de encuentro alrededor de las manifestaciones se convirtieron en lugares que ahora son referentes para las acciones sociales. El Parque Infantil, en el centro, continúo siendo un punto de resistencia de nuevos movimientos sociales, donde organizaciones feministas, de hip hop o estudiantiles, han generado diferentes actividades para mantener sus voces en las calles.
Por otra parte, uno de los lugares emblemáticos y además simbólicos, está en la ciudad de la resistencia, Cali. Dónde se encuentra el monumento que plasmó durante el 2021 hasta la actualidad, las secuelas de los impactos de las acciones desproporcionadas por parte de la Policía que enfrentaron las juventudes movilizadas, pero también, hace memoria del “estallido social” desde el arte como expresión de una generación que puso como precedente las diversas formas de amplificar sus voces contra la individualización, represión y desidia de los gobiernos de turno.
A pesar de que los murales han sido representativos para contar la historia del paro y las consignas de estos tiempos de movilización social, en varias ciudades los han ido borrando diferentes administraciones, lo cual ha generado nuevos retos al movimiento social para conservar la memoria de esta apuesta en las calles.
Más allá de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, las juventudes y parte del movimiento social sigue creyendo que es desde la movilización el camino para la transformación social, y esperan, una pronta libertad de quienes fueron judicializados por marchar, también, comprenden que la consolidación de los sectores “más retardatarios” les pone en un escenario “complejo” para lograr los objetivos trazados.
A 3 años del Estallido Social de 2021, recordamos la desenfrenada criminalización y uso de la cárcel en contra del pueblo movilizado. Así mismo, que los procesos de judicialización continúan, lo que debe llevarnos a seguir exigiendo en calles y carreteras la libertad de todxs. pic.twitter.com/QROK5tSQJD
— Objetivo Libertad (@ObjetivLibertad) April 28, 2024
Por: Alejandra Mayorga y Simón Zapata.
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