Ferney Mejía Chitiva sigue esperando la verdad sobre la muerte de su hermano en el 2003. Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz lo reconoce como víctima y la Unidad para las Víctimas –UARIV- lo rechaza.
Durante 16 años, Ferney Mejía Chitiva pensó que a su hermano Wilder Antonio Mejía lo habían asesinado las FARC-EP en el municipio de El Castillo, Meta. Era 2003 cuando ocurrió la tragedia. “Se fue de Villavicencio el lunes 08 de septiembre como a las dos de la tarde y por la noche dejó la razón de que se madrugaba para la finca, él ya llevaba tres o cuatro meses trabajando allá. Al otro día la novia nos llamó y nos dijo que habían matado a todos los que estaban en la camioneta”, recuerda Ferney.
Ese mismo día en la noche le entregaron el cuerpo a Ferney y a su familia. “Nos dijeron que habían sido las FARC, que no fuéramos por allá a preguntar que eso era para problemas”.
Su madre, años después, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 hizo la declaración, con la que accedió al Registro Único de Víctimas -RUV- y es la única integrante de la familia que ha recibido indemnización. Ferney dice que ya estaba superando la pérdida de su hermano, pero en 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- se comunicó con él para informarle sobre los posibles responsables del asesinato de su hermano.
“No hemos recibido verdad”
Según el Colectivo de Abogados y Abogadas Orlando Fals Borda, el departamento del Meta es el segundo con mayor registro de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Son por lo menos 394 víctimas entre el 2002 y el 2008. Quienes han comparecido en la JEP en el marco del Macrocaso 03 son militares que pertenecieron al batallón de infantería N°21 “Batalla Pantano de Vargas”, adscrito a la brigada VII de la IV División del Ejército Nacional.
La JEP ya reconoció a Ferney y a más de 20 integrantes de su familia dentro del Macrocaso 03. Según esta Jurisdicción, “los grupos, organizaciones o sujetos colectivos que hayan sufrido daños colectivos a causa del conflicto armado podrán solicitar la acreditación como víctimas”.
Son tres los pasos que Ferney siguió para acreditarse como víctima ante la JEP: manifestarle primero a la Sala o Sección que esté procesando el caso, su interés y voluntad de ser acreditado como víctima; relatar los hechos, especificando cuándo y dónde ocurrieron; y presentar una prueba de su condición.
Las personas que como Ferney reciban la acreditación ante la JEP “tendrán derecho a ser informadas de los avances del proceso, a aportar pruebas, a participar en las audiencias y a interponer recursos en contra las decisiones que se dicten. Al ser intervinientes especiales, también podrán recibir acompañamiento psicosocial y representación judicial gratuita, en caso de necesitarlo. Además, si en el contexto de su participación en la JEP se presentan riesgos asociados a su seguridad, podrán solicitar medidas de protección”.
Este tribunal de Justicia Transicional expone que “las víctimas, sus familias y comunidades cumplen un papel protagónico”, ya que su participación “es fundamental para esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado, conocer los daños y afectaciones que sufrieron como consecuencia de estos, determinar los responsables, definir las sanciones, y para contribuir a la construcción de la paz y a la reconciliación de todos los colombianos”.
A pesar de esto, Ferney asegura que no ha recibido las respuestas que esperaba. “Desde el 2019 empezamos el proceso y las indagatorias de los comparecientes, pero uno le echa la pelota al otro, el otro al otro y ninguna de las declaraciones coinciden. No hemos recibido verdad”, explica.
Además, Ferney dice que en las indagatorias la JEP no deja contrainterrogar. “No les hacen preguntas directas. Los hacen ver como si ellos fueran las víctimas y nosotros los victimarios, porque los consienten en todo, no dejan que uno les pida la verdad”. Entre las críticas está el hecho de que “a algunos de ellos les dieron beneficios, porque son supuestamente gestores de paz, mientras tanto nosotros estamos esperando respuestas”.
El 23 y 24 de febrero del 2023, la JEP se reunió en Villavicencio con víctimas del Macrocaso 03 en donde la abogada Olga Nazir del Colectivo de Abogados y Abogadas Orlando Fals Borda, y representante legal de Ferney, expuso que no se logra establecer una verdad exhaustiva y detallada de lo sucedido. “Nosotras creemos junto con las víctimas que para que la magistratura entienda el carácter genuino del aporte a la verdad de estos militares que han sido convocados a versión voluntaria es importante que ellos reconozcan de forma clara y expresa que existía un conocimiento generalizado así como una amplia aceptación de la tropa de las ejecuciones extrajudiciales y el paramilitarismo”.
Por su parte, Iris Parra, enlace territorial de la JEP para el Meta, explicó que este Macrocaso se encuentra todavía en el proceso de investigación y no se ha realizado aún la Audiencia de Reconocimiento en la que los comparecientes le entregan la verdad y le reconocen responsabilidad a las víctimas. Además, añadió que esto se puede demorar, ya que “se está ampliando para recibir versiones de terceros civiles paramilitares”.
En la JEP sí pero en el RUV no
La UARIV no ha aceptado a Ferney y al resto de su familia en el RUV. Esto, según Olga, “le pasa a muchas víctimas del Ejército, ya que este no es considerado como grupo armado ilegal, aun sabiendo que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
Esta entidad reconoce a “las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 01 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado”, como víctimas.
Estar inscrito en el RUV permite a las víctimas acceder a medidas de atención y reparación integral, como indemnizaciones, apoyo psicosocial y subsidios para educación, vivienda, proyectos productivos y participación ciudadana. Son derechos a los cuales las víctimas pueden acceder.
Por ejemplo, sobrinos y sobrinas de Ferney han tenido dificultades para entrar a la educación superior, que se podrían haber evitado si estuvieran en el RUV. “Se ha perdido la oportunidad de estudiar”, dice. Él es un campesino de Cumaral, Meta, que desde que murió su hermano ha luchado por tener una empresa de lácteos: “tengo la creatividad, pero no tengo el impulso para generar empresa, generar empleo. No cuento con los recursos y a los proyectos productos del Acuerdo de Paz le cierran la puerta a uno”, cuenta.
Por otro lado, también le han cerrado las puertas en la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas para incidir, ya que les dicen que tienen que estar en el RUV. “Uno ya está cansado de que le digan que no tenemos derechos como víctimas».
La comunicación con la UARIV al momento de solicitar la acreditación como víctima fue una dificultad. Al mandar la solicitud adjuntaron correos y números de teléfono para recibir la respuesta, pero la entidad emitió la resolución correspondiente y la informó por medio de una cartelera “lo cual es ridículo”, cuenta Ferney. Cuando se dieron cuenta ya habían pasado los tiempos para apelar.
Olga enfatiza en el hecho de que estos casos son “totalmente revictimizantes porque se le niega a las víctimas de crímenes de Estado acceder a una reparación integral que garantiza, en teoría, la UARIV”. Como colectivo le solicitaron a la JEP que las víctimas acreditadas como tal en el Macrocaso 03 en el Meta puedan ser incluidas en el RUV. “Eso está en proceso y esperamos que con el auto que imputa responsabilidades en el Meta, salga esta decisión”.
La JEP, el 20 de diciembre de 2022, se pronunció al respecto y le expuso a la UARIV que tiene competencia para ordenarle a esta entidad que se inscriban los afectados y afectadas por hechos del conflicto como los “falsos positivos”. Las víctimas de crímenes de Estado, como las ejecuciones extrajudiciales, siguen esperando la reparación integral.
Marina Sanmiguel, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, capítulo Meta, explica que la lucha histórica de este movimiento ha sido “la visibilización de los crímenes de Estado”. Es enfática en decir: “existimos, aunque no se nos reconozca en la UARIV”.
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