¿Por qué se movilizó el país en el marco del Paro Nacional del 21 de septiembre?

Las razones de protesta del 21 de noviembre del 2019, siguen vigentes en la movilización del 21 de septiembre de este año, aquí le contamos porqué.

El 21 de noviembre del 2019 se adelantó un Paro Nacional que tuvo un auge histórico. Desde varias regiones del país salieron a las calles sindicatos, movimientos sociales, indígenas y estudiantiles, y ciudadanía indignada en general para protestar por unas reformas económicas, -que aún se quieren implementar- y el asesinato a líderes y lideresas sociales, y defensores de DDHH.

Pero esto no solo sucedió en Colombia. De hecho, América Latina terminó el 2019 sacudida por una ola de protestas que evidenció -y aún evidencia- un descontento colectivo que va en aumento y que no parece discriminar territorios ni ideologías.

En el caso de Colombia, en 2019, las y los ciudadanos se manifestaron por 10 razones principales, todas ellas siguen teniendo vigencia durante este año, uno de los más complejos gracias a la llegada del covid.19, una pandemia que agudizó las desigualdades socioeconómicas que siempre han estado vigentes en el país.

1. Reforma laboral

Organizadores y sindicatos aseguraron que una reforma laboral que supuestamente prepara el Gobierno destruye la estabilidad del empleo porque pretende que a los jóvenes que entran al mercado de trabajo se les pague el 75 % del salario mínimo legal.

También afirmaron que la reforma laboral abre paso a la contratación de trabajadores por horas con lo que sería casi imposible lograr la jubilación.

De hecho, el 27 de agosto de este año el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1175, que generó gran controversia porque para algunos expertos es una Reforma Laboral disfrazada, mientras que el Gobierno Nacional insiste que es una medida para favorecerá a los trabajadores.

No obstante, la norma permitirá a los empleadores que puedan realizar contratos de trabajo por un monto de horas inferior a la jornada reglamentaria y, en consecuencia, con remuneraciones inferiores a un mínimo. Aún así, el Ministerio del Trabajo, ha dicho que el decreto no modifica las condiciones laborales de quienes trabajen tiempo completo y, al contrario, se incluyen beneficios para quienes tienen ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

2. Reforma de las pensiones

Las centrales obreras afirmaron que el Gobierno busca eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones y dejar los aportes de empresas y trabajadores para la jubilación en manos de fondos privados, un modelo del que aseguran probó su «fracaso» en Chile.

Aseguraron además que esta reforma es promovida por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Cabe tener en cuenta que en Colombia las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62, siempre y cuando hayan cotizado al menos 1.300 semanas a la seguridad social.

Aquí también entra a colación el Decreto 1175 de este año porque también se especula que con esta norma, se dificultará aún más el acceso a pensión. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo afirmó que los regímenes pensionales permanecen tal cual como están. Pero se reglamenta la posibilidad para que aquellos que ganan menos de un salario mínimo puedan ahorrar para la vejez.

“Es necesario hacer claridad que muchas personas están en la informalidad; mañana pueden tener un trabajo formal y cotizar al sistema pensional, y con su ahorro, sumando al Piso de Protección Social, podrán incrementar su ahorro para la vejez”, se aclaró en un comunicado de esta entidad.

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3. Reforma tributaria

Igualmente se oponen a los planes del Gobierno de hacer una reforma tributaria para rebajar los impuestos a las multinacionales y empresas mientras se los suben a la clase media y trabajadores.

4. Privatizaciones

El Gobierno pretende, según los sindicatos, privatizar Ecopetrol, la eléctrica ISA, Cenit (filial de Ecopetrol para el transporte de hidrocarburos) y «todas las empresas en las que el Estado sea propietario del 50 % de las acciones».

Aquí es conveniente hablar del Decreto 811 del 2020 con el cual el Gobierno Nacional permite la enajenación y privatización de 105 empresas en las que el Estado tiene participación accionaria, entre esas está CENIT, una filial de Ecopetrol que se encarga del sistema de transporte de hidrocarburos por oleoductos. Si se realizan estas ventas, el país tendría un hueco fiscal enorme que los colombianos se verían obligados a cubrir con el doble o el triple de los impuestos que se pagan actualmente.

Cabe recordar que actualmente Fabio Díaz y Hernando Silva, dos sindicalistas de Unión Sindical Obrera, están encadenados al Machín de la Resistencia frente a las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá, desde hace más de 100 días para exigir que se derogue este Decreto.

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Además, de las 105 empresas en las que el Estado tiene participación accionaria, 39 de ellas son mayoritaria y 66, minoritaria.

5. Corrupción

La protesta también fue un rechazo a la corrupción que deja pérdidas de 50 billones de pesos al año, es decir, 14.560 millones de dólares. Los escándalos multimillonarios como el de Odebrecht y la Refinería de Cartagena (Reficar) también han estado envueltos en corrupción.

Cabe recordar que Reficar es propiedad de Ecopetrol, fue inaugurada en octubre de 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y tuvo un coste final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.

6. Tarifazo nacional

En la reforma fiscal «Ley de Financiamiento» el Gobierno incluyó un aumento del 35% de las tarifas de electricidad para los estratos 4, 5 y 6 para «salvar» a Electricaribe, empresa de la compañía española Naturgy que antiguamente se llamaba Gas Natural Fenosa y que fue intervenida en 2016.

Electricaribe presta el servicio a siete departamentos de la costa atlántica colombiana y para ese entonces, tenía un déficit de 1,3 billones de pesos (unos 407 millones de dólares). Además, ha gestado una fama negativa debido a lo precario de su servicio, pues en innumerables ocasiones, los usuarios han reportado fallas en la energía y apagones constantes.

En marzo de este año, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 444, el cual oficializa la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, con el fin de sobrellevar la crisis económica generada por el covid-19. 

Sin embargo, varios críticos han afirmado que el Gobierno Nacional aprovechó una emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales con el fin de otorgárselos a los bancos y las empresas, disminuyendo así los recursos destinados a la salud.

Es precisamente de este fondo que el Gobierno Nacional sacó 370 millones de dólares -equivalente a un billón cuatrocientos mil millones de pesos-, para realizar un préstamo a la aerolínea Avianca, que ya venía con dificultades desde antes de la pandemia, con un proceso de bancarrota en EEUU, y que además, no paga el valor correspondiente de sus impuestos en Colombia, dado que aparece radicada en el paraíso fiscal de Panamá. 

7. Salario mínimo

El salario mínimo vigente en Colombia en el 2019 era de 828.116 pesos (unos 240 dólares de hoy) y quienes lo cobran reciben además un subsidio de transporte de 99.023 pesos.

Según los sindicatos ese pago es insuficiente porque no alcanza para cubrir la «canasta familiar» y por eso las familias se ven obligadas al «rebusque» para completar el dinero de los gastos.

El presidente Iván Duque anunció el 26 de diciembre del año pasado que el aumento del salario mínimo del 2020 fue del 6 por ciento. Es decir, el salario mínimo mensual para el 2020 es de $877.803, con un auxilio de transporte de $102.854, para un total de $980.657. Muchos colombianos consideran que este monto es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, porque muchos viven arriendo, salud y transporte, teniendo en cuenta que los costos de vida han tenido un crecimiento desproporcionado con lo que se gana para sobrevivir.

8. Incumplimiento de acuerdos

Otro argumento para la protesta nacional es el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos firmados por esta Administración y las anteriores con varios sectores sociales y sindicales, especialmente con indígenas, campesinos y maestros.

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Por ejemplo, en la región del Guayabero se ha estado viviendo una crisis humanitaria por el incumplimiento del PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El Guayabero se conforma por el Sur del Meta y norte del Guaviare. Allí los campesinos se dedican al cultivo de coca debido a la precariedad en la que viven, en medio de estas actividades, el Ejército Nacional ha estado llevando a cabo operativos de erradicación forzada, sin que el Estado brinde garantías de subsistencia para cambiar su labor económica.

El equipo de El Cuarto Mosquetero estuvo en esa región documentando la crisis humanitaria que se ha venido presentando desde mayo de este año. Allí, nuestros periodistas presenciaron días de zozobra e incertidumbre, pues es un conflicto constante: mientras los campesinos se manifiestan pacíficamente para proteger sus cultivos de coca, el Ejército responde con represión. En ocasiones, han resultado heridas personas con impactos de bala.

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9. Defensa de la protesta social

Los convocantes rechazaban que el Gobierno pretendía reglamentar el derecho a la protesta social y criminalizar a quienes se manifiestan en las calles. Flagelo que sigue presentándose en la actualidad.

La represión de la fuerza pública durante las protestas del 2019 quedó en evidencia con Dilan Cruz, un estudiante de bachillerato que se dio a conocer por ser asesinado a manos de la policía colombiana.​ Mientras se movilizaba por las calles de Bogotá pidiendo garantías por parte del gobierno para acceder a la educación superior, fue víctima del ESMAD que se encontraba dispersando la manifestación.

La más reciente muestra de abuso policial, quedó demostrada durante las manifestaciones a causa del asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía, que se realizaron entre el 9 y 15 de septiembre, que dejaron más de 10 manifestantes muertos, al parecer, por parte de los uniformados.

10. Educación

Los estudiantes universitarios, que en el 2018 protagonizaron una huelga de dos meses, reclamaron al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y medidas contra la corrupción en las universidades públicas.

El citado acuerdo incluyó una inversión de 4,5 billones de pesos (unos 1.309 millones de dólares de hoy) en las universidades públicas durante cuatro años, la mayor suma destinada a la educación superior en la historia del país, argumenta Duque.

Pero durante este año, que la pandemia sumergió al país en una profunda crisis económica, los estudiantes en diferentes universidades públicas del país se estuvieron movilizando para que en el semestre de la segunda mitad de este año, se aprobara la Matrícula Cero, en la mayoría de las protestas, hubo toma pacífica de estos planteles educativos y huelgas de hambre que llegaron a prolongarse durante un mes.

La protesta en 2020

Las razones para protestar durante este 2020 aumentaron, pues la pandemia ha agudizado la pobreza en el país, la brutalidad policial ha ido en aumento y durante las últimas semanas, se han registrado masacres en diferentes zonas rurales del país, casi que diariamente.

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Por eso, desde temprano en la mañana de este lunes 21 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada nacional de manifestaciones denominada ’21S’, en rechazo a los hechos de violencia que se han dado en el país y por la crisis generada por la pandemia por el coronavirus.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016, el país no ha dejado de teñirse de escarlata con la sangre de cientos de líderes y lideresas sociales y ambientales, defensores/as de derechos humanos y excombatientes. A este flagelo se suman las masacres que con frecuencia casi diaria llenan la agenda mediática.

Según Indepaz, hasta el 15 de septiembre, se han registrado 57 masacres en el país durante este año en el país, dejando 230 personas fallecidas, es decir, que casi por cada día del año ha muerto una persona en medio de una masacre. La organización también señaló que los departamentos en los que más se han presentado estos crímenes son Antioquia con 13 casos, Cauca con 8, Nariño 8, Norte de Santander 5, Putumayo y Bolívar 3.

Esta convocatoria fue organizada por las centrales obreras, de pensionados, de estudiantes y demás entidades pertenecientes al Comité Nacional del Paro. En Villavicencio, hubo dos puntos de partida, uno en el puente del río Ocoa, y otro en el centro comercial Viva, desde allí los ciudadanos indignados se desplazaron por las avenidas principales de la ciudad hasta el parque Banderas. En medio de gritos y arengas, protestaron por el derecho a la vida, contra el abuso policial, la muerte de líderes y lideresas sociales, las masacres, entre otros temas.

Aquí puede seguir los momentos de la protesta que se llevó a cabo en Villavicencio: