Mujeres de Villavicencio siguen apostando a los espacios de pedagogización en materia de derechos reproductivos.
En la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, el pasado 12 de agosto se concertó el Foro-conversatorio: Sentencia C-055 de 2022 que abarca la despenalización del aborto hasta la semana 24, con el fin de generar espacios de diálogo en torno al ámbito social y cultural de la Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE, lo que implicó alcanzar este fallo, sus explicaciones jurídicas y los avances en materia de derechos de las personas gestantes.
Durante el encuentro participaron diversas mujeres de la ciudad de Villavicencio, la organización Agenda Feminista y Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, un movimiento autónomo de mujeres feministas católicas que trabajan por la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, la justicia social, las transformaciones socioculturales desde la laicidad y el ejercicio del derecho a decidir en Colombia.
Los espacios de diálogo que permiten seguir construyendo la unidad entre las mujeres y la posibilidad de decidir, son un avance significativo que requiere continuar trascendiendo no sólo en la capital del Meta, sino en los territorios apartados donde factores como la limitación en la comunicación impiden el acceso a la información. “Sostener y mantener los derechos es un reto indudable que seguimos teniendo, porque Colombia es un país muy hipernormativo y podemos tener leyes para todo, pero si la sociedad no es consciente de los derechos y los exige, es muy difícil sostener la agenda que tenemos todas las organizaciones de mujeres”, explicó Sandra Mazo, directora del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir.
De acuerdo con la información suministrada por la organización humanitaria “Médicos sin Fronteras” a través de su portal web, el aborto cuesta la vida de muchas personas gestantes al año debido a la falta de atención médica inmediata. “Muchas pacientes llegan con complicaciones y en algunos centros médicos el aborto no seguro es la causa de hasta el 30% de las emergencias obstétricas. Las consecuencias potencialmente mortales del aborto no seguro incluyen hemorragia excesiva, sepsis (infección general grave), perforación uterina, daños a otros órganos internos e intoxicación”, explicó la organización.
Según Laura Gil, ginecóloga de la Universidad Nacional y miembro del Comité de derechos humanos y salud de la mujer de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) para el periódico El Tiempo, “la mortalidad por aborto realizado en condiciones seguras es infrecuente y se puede calcular uno en un millón de procedimientos, mientras que la del aborto inseguro puede bordear 17 por cada cien mil”, lo que afirma que el aborto requiere verse desde perspectivas seguras que involucren la salud pública y la justicia social.
Conforme a la coordinadora de Católicas, es importante erradicar los prejuicios frente a la IVE, es por eso que la puesta de esta conversación en familias, escuelas, instituciones y barrios, contribuye a la desestigmatización de asuntos que conciernen con el cuerpo, la vida y los derechos de las mujeres. “La desinformación produce ignorancia en la sociedad civil, es por eso que estos espacios deberían frecuentarse más y no ser centralizados, sino más territoriales”, expresó Marian, participante del conversatorio.
De acuerdo a un reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- en 2020, 34 mujeres fallecieron por consecuencias relacionadas con aborto en Colombia. A su vez, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), estima que en Colombia se realizan anualmente 400.400 abortos a través de métodos no seguros. Cifras que continúan preocupando y parecen no disminuir.
Organizaciones y colectivos de mujeres hacen un llamado para que en la contienda electoral que se aproxima, se analice la agenda política de las candidaturas territoriales y sus apuestas en materia de derechos de las mujeres, para que los avances que se han logrado no se detengan. “Si elegimos mal cómo vamos a esperar que hayan políticas públicas buenas, creo que debemos empezar a comprometer más el lugar de la democracia participativa frente a quiénes estamos eligiendo, y empezar a hacer pactos para que las políticas públicas y normas realmente se cumplan”, concluyó Sandra.
¡Las mujeres le siguen apostando a la promoción de sus derechos!
Sobre la Sentencia C-055:
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, la Corte Constitucional decidió modificar el artículo 122 del Código Penal, declarando “exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y, sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales que trata la sentencia C-355 de 2006. finalmente, exhortó al congreso de la república y al gobierno nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia”.
De acuerdo a la sentencia, tras pasar el periodo de tiempo pactado, la IVE solo podrá ejecutarse bajo las tres causales declaradas en la sentencia C-355: cuando la continuación del embarazo presente un riesgo para la vida o salud de la madre, exista una malformación en el feto y este hiciera inviable su vida, y el embarazo fuera resultado de acceso carnal violento, acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial e incesto.
Conforme al dictamen de la sentencia, se declara que cualquier persona gestante que desee acceder a la IVE puede hacerlo de manera gratuita a través de su EPS, IPS u hospitales públicos, sin restricciones.
El fallo de esta sentencia se da como respuesta a la urgencia de modificar el código penal y preservar la vida de las personas gestantes. “La Corte concluye que el delito penal de aborto, que en principio busca proteger la vida en gestación, no es necesario y no logra el objetivo propuesto al no tener ningún efecto en la prevención del aborto”, explicó la UNFPA a través del documento “Importancia de la Sentencia C-055-2022 para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en Colombia”.
