Familia de adolescente que denuncia violencia sexual contra concejal de Villavicencio pide garantías y justicia

La Fiscalía investiga como presunto agresor al concejal Javier Francisco Robayo García por el  delito sexual contra una menor de edad. La familia de la adolescente hizo público un comunicado en el que pide que se investiguen los hechos y se evite la revictimización. La Veeduría Mujeres Libres de Violencia también solicitó a la Fiscalía garantizar la protección de la víctima y aplicar el enfoque de género.

La familia de la adolescente que denunció ser víctima de violencia sexual y señaló como presunto responsable al concejal de Villavicencio, Javier Francisco Robayo García, pidió que las autoridades investiguen el caso con independencia y garanticen la protección de la menor.

Actualmente, la Fiscalía adelanta una indagación contra Robayo por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 16 años.

Ante la situación, un representante de la familia difundió un comunicado en el que cuestiona algunas de las versiones que han circulado en redes sociales y reclama garantías para la adolescente durante el proceso.

Conozca el comunicado aquí: Javier Francisco Robayo García: el silencio y la indiferencia nunca estarán de su lado 

La familia pide que se investiguen los hechos

El comunicado asegura que la adolescente y sus familiares decidieron denunciar a pesar del miedo que, según relata, les genera enfrentarse a un funcionario público que consideran tiene una posición de poder.

“Hoy tomo la palabra y hago eco de la denuncia de una menor de edad y su familia, quienes, a pesar del miedo, valientemente decidieron denunciarlo por presunta agresión sexual”, señala el representante de la familia en el documento.

También aclara que “Esto no es una disputa política. Esto es el deseo de justicia y de que ninguna otra joven tenga que pasar por una situación como esta”.

En el comunicado, se cuestiona además la diferencia de edad entre la joven -de 16 años cumplidos hace tres meses- y Robayo, a quien se identifica como un hombre de 37 años. También se señala su puesto de concejal, el cual supone una posición de poder que debe ser tenida en cuenta durante la investigación.

“La política no puede convertirse en una herramienta para generar relaciones de dependencia, privilegios o silencios”, sostiene el comunicado.

La familia también afirma que la adolescente habría sido retirada de su institución educativa durante horarios académicos y de prácticas para encontrarse con el concejal en un motel. Según su relato, en algunas ocasiones habría estado acompañada por otra menor de edad.

Además, el documento plantea varias preguntas que considera necesario esclarecer cómo: ¿Quién autoriza las salidas de la institución educativa?, ¿Bajo qué circunstancias se permitían? ¿La condición de concejal del investigado pudo haber influido en la ausencia de controles?

El comunicado también menciona un supuesto uso del arma que portaría el concejal para intimidar a la adolescente y obligarla a borrar evidencias. La familia asegura que existen chats, audios, llamadas y otras comunicaciones que podrían ser analizadas por las autoridades. “No somos nosotros quienes debemos determinar qué valor probatorio tienen. Que lo hagan las autoridades”, señala el documento.

“Que hablen las pruebas”

La familia también pidió que se garantice igualdad de condiciones durante el proceso y que la adolescente pueda continuar con la denuncia sin ser atacada ni revictimizada. “Una menor de edad no debería tener que enfrentarse al poder político de un adulto para ser escuchada”, sostiene el comunicado.

La familia pidió además que los organismos competentes evalúen la posibilidad de apartar temporalmente al concejal de su cargo mientras avanzan las investigaciones, dentro de las garantías y procedimientos establecidos por la ley.

El comunicado concluye con un llamado a que sean las autoridades las que determinen lo ocurrido: “Que hablen las pruebas. Que él dé su versión. Y si la justicia determina su responsabilidad, que responda como cualquier otro ciudadano”.

Por su parte, el concejal ha negado los señalamientos y que revisará el caso con su equipo jurídico. Al cierre de esta publicación, sigue sin conocerse un pronunciamiento más amplio del señalado sobre las acusaciones. 

Tampoco se ha encontrado un pronunciamiento público del Concejo Municipal de Villavicencio ni de su Mesa Directiva frente a la denuncia que involucra al concejal. 

La Secretaría de la Mujer Municipal tampoco ha dado declaraciones sobre este caso.

Veeduría pide protección para la víctima

Mientras la investigación avanza, la Veeduría Mujeres Libres de Violencia, presentó el 03 de septiembre una solicitud dirigida a la Fiscalía 44 Seccional del Meta, en la que pidió que se garanticen a la víctima sus derechos y las garantías contempladas en el Protocolo de Investigación de Violencia Sexual de la Fiscalía General de la Nación.

Entre sus solicitudes, pidió incorporar el enfoque de género y de interseccionalidad, así como garantizar la seguridad de la menor mediante medidas de protección concertadas con ella.

La Veeduría también solicitó que la Fiscalía evalúe la condición del investigado como figura pública y titular de un cargo de poder, circunstancia que, según la organización, podría eventualmente afectar el desarrollo del proceso.

También en su comunicación, la Veeduría recuerda que la investigación de hechos de violencia sexual debe desarrollarse bajo estándares de debida diligencia. Por ello, cita el protocolo de la Fiscalía para señalar que las investigaciones deben adelantarse de manera “inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”, dentro de un plazo razonable y con una actuación activa de los funcionarios judiciales.

Acompañamiento sin revictimización

Por su parte, María José Zabala, abogada de la Veeduría Mujeres Libres de Violencia hizo énfasis en que, además de las actuaciones judiciales, la víctima debe contar con acompañamiento integral durante el proceso.

“Es importante que se le pueda prestar todo el acompañamiento, tanto psicosocial como jurídico, a la víctima, pero que se respete su intimidad”, señaló María José.

Además, la abogada señaló que la investigación debe desarrollarse de manera objetiva, teniendo en cuenta que el presunto agresor es un concejal y, por tanto, ocupa una posición de poder. A esto se suma, según expresó, su cercanía con la Alcaldía Municipal, circunstancia que considera relevante frente a la necesidad de garantizar independencia y evitar cualquier posible interferencia.

La abogada insistió además en la importancia de proteger la identidad de la adolescente. Hasta ahora, sus datos personales no han sido divulgados públicamente, lo que, según explicó, ha contribuido a protegerla.

El llamado de María José es, por tanto, “a que las instituciones eviten cualquier actuación que pueda exponer a la adolescente, revelar información que permita identificarla o someterla nuevamente a cuestionamientos públicos”.